Foto: Francisco Rubio/MVS
AGENCIAS
El Congreso del estado de Guerrero en el sur de México realizó hoy una sesión en un recinto contiguo al salón de plenos, incendiado ayer por un grupo de maestros en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes el 26 se septiembre en el municipio de Iguala.
Durante la sesión, los 26 legisladores locales tomaron la palabra y coincidieron en que la violencia no debe ser el vehículo a través del cual los ciudadanos expresen sus inconformidades y diferencias con el Gobierno.
El diputado Alejandro Arcos manifestó su solidaridad con las familias de las seis personas que fallecieron en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre, así como con las de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos.
A su vez, Héctor Astudillo ratificó la exigencia de intensificar la búsqueda y lograr la presentación con vida de los desaparecidos, y confió en que la participación en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «garantizará de impartición de justicia».
El Congreso de Guerrero informó en un comunicado que ayer diputados de la Comisión de Gobierno recorrieron las instalaciones, corroborando los daños que se registraron en la biblioteca, el salón de plenos, el área de oficinas administrativas y el estacionamiento, donde fueron incinerados cinco automóviles.
Posteriormente, los miembros de la Comisión se reunieron para evaluar la situación y fijar un posicionamiento unánime de rechazo al uso de la violencia.
Finalmente exhortaron a los activistas «a evitar que haya hechos violentos o que afecten a la sociedad» y propusieron establecer «un diálogo abierto» para que los Gobiernos federal y estatal, organizaciones civiles y las familias de los desaparecidos «encaucen las inconformidades y exigencias de justicia».
Por su parte el Senado de México hizo esta tarde un pronunciamiento de condena a los ataques que recibió el Congreso de Guerrero.
Ayer, alrededor de 600 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero radicalizaron con estos hechos sus protestas por la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros el 26 de septiembre pasado.
Además de incendiar las instalaciones del Congreso local, ubicado en Chilpancingo, capital de ese estado, hicieron lo mismo en la Contraloría de la Secretaría de Educación estatal en la ciudad.