RITA MAGAÑA TORRES
La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, advirtió que con la “renovada” versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos en Iguala, Guerrero, el gobierno federal pretende cerrar el expediente.
Con ello, agregó, limitar la actuación de los expertos internacionales, pretendiendo demostrar que México tuvo la capacidad de resolver el caso, aunque su versión sea insostenible, parcial y claramente insuficiente.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, manifestó que no se pueden encontrar elementos para contravenir en la hipótesis que ya presentó la PGR, porque su función es construir pruebas, investigar y presentar ante los jueces los resultados.
“El procurador pretendió atajar algunas dudas de la investigación, pero se centró en ‘fortalecer’ la hipótesis que desde noviembre ha pretendido presentar como la ‘verdad histórica’, en la que se les concede veracidad a la versión de presuntos sicarios”, afirmó.
Consideró que esta nueva conferencia de prensa aporta información distinta que permite desprender más dudas sobre estos mismos hechos, y que ni antes ni ahora, la PGR ha tenido la capacidad de responder y de clarificar frente a los familiares de las víctimas y frente a la sociedad en general.
Recordó que la PGR sustenta sus hipótesis fundamentalmente en “testimonios” de presuntos participes en dichos hechos violentos.
Sin embargo, mencionó que carece de pruebas periciales y científicas en relación a la mecánica en la que sucedieron los hechos, los automóviles utilizados para cometerlos, grabaciones de video de comercios u oficiales que lo corroboren.
También, agregó, dictámenes en criminalística que clarifiquen como pudieron haber sido “capturados” todos los estudiantes, dictámenes de rastreo hemático, entre otras, que permitirían dar mayor certeza a esta versión.
Dijo que las interrogantes más complejas surgen de lo que no dice la PGR en su versión “oficial”, ya que omite de la historia el ataque ocurrido al cuarto camión de los normalistas sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo a la altura del crucero de Mezcala.
A pesar de que en dicho autobús viajaban varios de los estudiantes normalistas que hoy se encuentran desaparecidos y de que el autobús presentaba varios impactos de bala y huellas de sangre en su interior, precisó.
Lamentó que la actuación del gobierno federal ante los hechos ocurridos en Iguala, no sea congruente con el discurso que se presenta ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las familias de los normalistas desaparecidos.
Señaló que las afirmaciones de la PGR desacreditan el acuerdo de cooperación suscrito con la CIDH, lo cual además de confundir a la opinión pública, puede constituir una forma de simulación del Estado mexicano y un intento de acallar las voces que exigen justicia y verdad histórica.
Por su parte, Roberto confió que la PGR tuviera las suficientes evidencias, dado que el Ministerio Público es una institución que actúa de buena fe.
Dijo que estas hipótesis fueron presentadas con elementos de prueba, pero será el juez quien determine si tienen sustento, son contundentes y permiten concluir la responsabilidad penal de quienes sean presentados ante el juez.
“Ninguna persona y eso hay que decirlo con toda claridad, bajo una lógica de responsabilidad, a menos que tengan pruebas en la mano, a menos que se tenga evidencia, a menos de que se haya realizado una investigación alternativa, se pueden controvertir esas hipótesis”, destacó.
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