La presencia de militares en labores de seguridad pública genera un claro riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos de las personas, advirtió Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
• Entrevistado en las oficinas del organismo en Ginebra, Suiza, el director criticó que México se ha caracterizado por tener buenas leyes, pero aun así continuar con altos niveles de impunidad.
• «Los militares no están entrenados para la seguridad pública, no es un servicio policiaco, por supuesto puede haber situaciones en conflicto en las que no hay otra opción, pero cuando tienes detenciones por miliares es muy, muy problemático», comentó Staberock, quien dirige la OMCT desde 2011.
• «Cuando pones personal militar a cargo del tratamiento provisional de la gente, es muy probable que tengas torturas, es un riesgo predecible y hay evidencias de ello, en su continente (por ejemplo) las hay por todas partes, cuántos veces más necesitan aprender la lección».
El especialista, formado como abogado, advirtió también que la presencia militar en labores de seguridad puede terminar por convertirse en un «cáncer» para el sistema legal, pues los militares, al no estar preparados, pueden cometer actos de tortura en contra de un presunto delincuente que terminar por viciar el proceso de justicia.
Por ello aseguró que la prueba más débil dentro de un proceso de justicia es la declaración, por lo que tachó como no profesionales las investigaciones que se basan en declaraciones, como ocurre en México. Tras reconocer que la Ley General contra la Tortura de México es muy buena, lamentó que eso se refleja en menos casos.
• «México está lleno de grandes agujeros, está el procedimiento, pero no funciona; y puedes decir 20 veces que quieres erradicar la tortura, pero si no acabas con la impunidad eso tiene muy poco valor. Cambiar una ley es fácil, lo difícil es cambiar la mentalidad de los funcionarios», sentenció.
• «Los Estados siempre quieren decirnos que (en los casos de tortura) fueron malos elementos, que alguien cruzó la línea; bueno, primero dicen que eso no pasa. Pero la tortura nunca es coincidencia, es parte de una política o no hay política para prevenirla, porque si quieres prevenirla sabes cómo hacerlo, a quién castigar para mandar el mensaje de que no se tolerará, pero no lo hacen».
• Para Gerald Staberock, los Estados deberían investigar por su propio beneficio, pues hay casos, como el 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en los que el impacto es tal que la gente sabrá lo que ahí ocurrió, sin embargo en las instituciones también se suele trabajar bajo un corporativismo en el que los mismos funcionarios se protegen entre ellos.
Destacó que a diferencia de otras violaciones graves, una víctima de tortura lleva consigo el resto de la vida las secuelas, además de puede tener impactos en la sociedad, como generar terror.
Sin embargo, dijo, a nivel mundial este delito no es visto como un problema, e incluso en distintos países se está reivindicando el uso de la tortura en aras de la seguridad nacional, sobre todo después del atentado contra torres gemelas de 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
En este contexto, el secretario general de la OMCT llamó a prestar atención a lo que reportan las organizaciones civiles locales, ya que ellas son el contrapeso al discurso oficial de los Estados, como se observa en las sesiones del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, a las cuales se enfrentará México entre abril y mayo del próximo año.
DUDOSAS EXPERIENCIAS… El análisis de cuatro procesos de pacificación ¬–España, Irlanda del Norte, Colombia y Brasil– es esencial en México
• En las realidades que han enfrentado España, con la ETA; Irlanda del Norte, con el IRA; Colombia, con los cárteles de la droga y las guerrillas; y Brasil, con la violencia del crimen organizado en las favelas, se ha buscado erradicar la violencia armada, insurreccional o criminal para entrar en procesos de pacificación y reconciliación nacional. Las similitudes con el caso de México existen en más de una situación, y también las lecciones.
• En los casos de Euzkadi e Irlanda del Norte, hay un gran factor que empata ambas experiencias y es el factor externo de poder que influye en forma determinante en el desarrollo de los procesos de conflictividad social exacerbada.
En ambos casos es relativo a un pasado colonial con fuerte presencia política, cultural, ideológica y económica: Inglaterra (y la corona británica) y el Estado español, ambos con una organización monárquica. Esto determina un centralismo político, mayor en el caso de la corona británica, y menor en la España contemporánea (por la autonomía regional constitucional otorgada), sin que el vínculo del pasado colonial haya desaparecido completamente.
• Esto es una cualidad de ambos procesos, que en el caso de Colombia, Brasil y México se traduce, no en imbricación de tipo colonial, pero sí en un factor de hegemonía regional desde Estados Unidos con fuertes connotaciones militares y jurídicas, convertidas en instrumentos de cooperación y asistencia militar, de inteligencia, policial, económica, con tratados de extradición y de tipo fronterizo, con amplia influencia ideológica y cultural desde hace 1 siglo, por lo menos.
La presencia entonces de un poderoso factor externo de poder que condiciona en amplia medida el desarrollo del proceso interno de la conflictividad social, está presente en los cuatro casos. Es por lo tanto, una constante visible y palpable en ellos.
Vienen grandes represiones…
En los cuatro casos podemos descubrir procesos represivos permanentes contra los retadores del Estado (patriotas-nacionalistas o izquierdistas insurrectos, y criminales organizados que, a pesar de ello, tienen derechos humanos; sin que la naturaleza social del reto sea el mismo), con episodios icónicos en cada caso.
• Por ejemplo, el “domingo sangriento” en Irlanda del Norte [ocurrió el 30 de enero de 1972, en el contexto de la convocatoria a una manifestación que pugnaría por los derechos civiles y en contra del encarcelamiento de sospechosos de pertenecer al IRA, sin juicio de por medio. La marcha pacífica fue repelida por el Primer Batallón de Paracaidistas del Reino Unido. Catorce personas murieron y más de 30 resultaron heridas.
• En España, la ejecución a manos de la Guardia Civil de Txabi Etxebarrieta, líder dirigente de ETA en 1968; así como el llamado “Proceso de Burgos”, en diciembre de 1970, cuando con 2 mil detenidos de ETA se celebró el juicio y dio como resultado seis condenados a muerte (incluyendo dos sacerdotes) que, finalmente, fueron ejecutados.
• En Colombia, la acción militar de noviembre de 1985 contra el M-19 (organización guerrillera de tendencia socialdemócrata), durante la toma del Palacio de Justicia por un comando de 35 guerrilleros, concluyó con la aniquilación del comando, unos 53 civiles y algunos magistrados heridos. Ésta es considerada una verdadera masacre, ícono de la represión brutal en Colombia contra la izquierda armada.
Además, muchos casos icónicos contra las Fuerzas Armadas Revolucionari8as de Colombia (FARC). Especialmente graves fueron: el asalto al campamento guerrillero en la frontera con Ecuador (en Angostura), llamada “Operación Fénix”, que derivó en la muerte de 22 guerrilleros y del segundo comandante de ese movimiento, Édgar Devia o Saúl Reyes (en marzo de 2008).
También, el asesinato de familiares de los comandantes guerrilleros a manos de las fuerzas paramilitares (la fuerza paramilitar en Colombia, enemiga de la izquierda armada, fue considerada parte de la fuerza oficial beligerante y/o parte de los ejércitos privados de los cérteles de la cocaína), el 24 de abril de 2017 en pleno proceso de paz. Ya habían sido firmados los acuerdos (desde el 24 de noviembre de 2016), cuando fueron asesinados en Taraza-Antioquia dos adultos y un menor, familiares del comandante Guillermo León Osorio.
El crimen se dio a pesar de que los acuerdos establecían la obligación del Estado colombiano de formar una Comisión Independiente que investigara todos los hechos similares por parte de fuerzas paramilitares, y proveer la seguridad necesaria a exguerrilleros y sus familiares, ya que se produjeron múltiples casos de secuestros y asesinatos (familiares degollados).
Hay organismos especializados de la sociedad civil, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que documentan 728 masacres cometidas por los actores combatientes de distinta naturaleza social, en el periodo 1982-2013. Sin embargo, con una retrospectiva más amplia superaría el doble: las fuerzas paramilitares perpetraron 1 mil 166; 139, por parte de las fuerzas armadas oficiales (entre ambas, 1 mil 305 masacres), y a las FARC se le atribuyen 295 masacres. La región de Antioquia (al Noreste del país) ha sido el epicentro de la mayoría de ellas. Un conflicto muy prolongado y aterradoramente violento. No obstante, los procesos de construcción de la paz se han abierto paso, aún con grandes conflictos y problemas.
• Finalmente, en el caso brasileño están las masacres que se llevaron a cabo en octubre de 1994 y mayo de 1995, en Nova Brasilia, una favela de Río de Janeiro, en donde la policía militar mató a 26 personas y algunos agentes violaron a tres adolescentes. Por estos crímenes relacionados con violencia policial contra población indefensa y por la impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos condenó al Estado brasileño.
Para la CIDH, ese Estado fue responsable, también, de violación del derecho a la garantía de independencia judicial y de imparcialidad en la investigación, la diligencia de los hechos en un plazo razonable, y del derecho a la protección judicial y a la integridad personal, relativas a las investigaciones de dichas masacres.
Investigaciones amañadas
Ante eventos de violación masiva de derechos humanos durante episodios de represión álgidos –como los antes enunciados– y ante la presión social nacional e internacional derivada de esos hechos, en esas cuatro problemáticas, los gobiernos recurrieron a “investigaciones judiciales amañadas” que pretendían validar una versión oficial de los hechos.
• Así sucedió en el caso de la investigación del “domingo sangriento” en Irlanda del Norte: el gobierno británico exoneró de cualquier responsabilidad legal a quienes perpetraron la matanza, es decir a sus soldados. Después se realizó una investigación independiente, que los condenó por represión injustificada.
• Otro ejemplo ocurrió en España: en el caso de las masacres de militantes vascos de la ETA, que conformaron una verdadera guerra sucia española, no hubo investigaciones oficiales propiamente. Un pequeño grupo de periodistas (Diario 16 y El Mundo) evidenciaron ante la sociedad española y la opinión pública internacional los casos más representativos.
Las investigaciones periodísticas descubrieron la guerra sucia del gobierno español, presidido por Felipe González entre 1983 y 1987. En ese periodo se implantó la Ley Antiterrorista. La guerra sucia involucró a Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), un caso de terrorismo de Estado: su objetivo era eliminar a ETA; contaba con una estructura de apoyo mediante agrupaciones parapoliciales y acciones armadas.
Aunque decían combatir “el terrorismo”, realizaron acciones indiscriminadas que ocasionaron la muerte de ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. Este grupo de perfil oficial sustituyó a otros dos similares: Batallón Vasco Español y Antiterrorismo ETA. Las investigaciones periodísticas le atribuyeron cerca de 30 asesinatos. Uno de sus “brazos activos” actuaba en suelo francés.
En los GAL se integraban jóvenes de la extrema derecha española, expolicías españoles, “soplones” de la policía, veteranos militares y mafiosos de la ciudad de Marsella. En Francia asesinaron al dirigente de ETA Miguel Ángel Goikoetxea, en San Juan de Luz, el 28 de diciembre de 1983. Después fueron asesinados Javier Pérez Arenaza, cuñado de Domingo Iturbe Abasolo, el 23 de marzo de 1984, en Blarritz; el 15 de junio de ese año, támbien en Blarritz, el dirigente etarra Tomás Pérez Revilla; el 30 de marzo de 1985, Xavier Galdeano, cerresponsal del diario Egin en el País Vasco francés, en San Juan de Luz; el 25 de septiembre de 1985, en el bar Mon Bar de Bayona, los presuntos miembros de ETA José María Etxaniz, lñaki Astiazuinzarra, Agustín Irazustabarrena y Sabin Echaide. Una organización dedicada a “descabezar a ETA- militar”.
En el juicio celebrado en diciembre de 1985 contra acusados de pertenecer a los GAL –entre ellos, Fernández Aceña, Moraledo y Navascués–, Fernández confesó como testigo que todos los detenidos en marzo de 1984, excepto Navascués, formaban un comando de información de los GAL. Moraleda fue condenado a 29 años y 4 meses de prisión, Fernández Aceña a 29 años y 10 meses y Navascués fue absuelto por falta de pruebas.
• El tema de la impunidad, el encubrimiento oficial, la justicia a medias o la omisión-complicidad judicial configuran un ambiente institucional en donde los agentes del Estado se vuelven perpetradores directos de ejecuciones y asesinatos extrajudiciales y, por lo tanto, violadores masivos de derechos humanos.
Este factor –presente en los cuatro casos– convierte estas circunstancias del contexto legal en otra constante, que un nuevo proceso pacificador debe abordar para asegurar que no vuelva a haber impunidad ante los crímenes de Estado, no sólo de los cometidos por la izquierda armada o las organizaciones criminales: impunidad para nadie.
• En Brasil tuvo que llegar la sentencia judicial por crímenes de Estado ante la omisión del poder judicial nacional. Se estaba castigando a otros infractores, no a los agentes del Estado.
• En el caso español, fueron condenados dos de tres acusados; pero, ¿quién fue responsable desde el Estado de crear los GAL para “descabezar” a ETA militar? La respuesta es fundamental. Por ello, la prensa española cuestionó al jefe de gobierno Felipe González y al conservadurismo vasco (se señaló, por ejemplo, a la Confederación de Empresarios de Vizcaya); e incluso a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (consultar La CIA en España, de Alfredo Grimaldos, quien sostiene que en aquel momento, la CIA tutelaba al Partido Socialista Obrero Español). Hasta allá no llegó la investigación y la impartición de la justicia española.
Por ello es altamente necesario que en los procesos de pacificación orientados a la reconciliación, y dentro de un modelo de justicia transicional, los gobiernos nacionales –como el de México– sean asesorados por organizaciones internacionales: la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo./CONTRALINEA- REFORMA- PUNTOporPUNTO
Análisis Completo en el Enlace:
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/11/13/las-experiencias-de-pacificacion-en-el-mundo-y-el-aprendizaje-para-mexico/
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