AGENCIAS
Para incrementar la productividad y mejorar el desempeño del mercado laboral, México requiere aumentar el logro educativo y reducir la informalidad en el empleo, estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el informe “Apuesta por el crecimiento 2015”, dado a conocer este lunes, señala que la persistentemente amplia brecha del PIB per cápita de México en relación con la mitad superior de la OCDE se debe a un bajo nivel y una baja tasa de crecimiento de la productividad laboral.
En la nota país sobre México, el organismo internacional menciona que se han puesto en marcha importantes reformas de políticas públicas en la mayoría de las áreas prioritarias.
En ese sentido, abundó, se aligeró de manera sustancial la protección del empleo en contratos regulares y se aprobó una reforma energética de gran calado, que permite el riesgo compartido con el sector privado.
Además, los sectores de telefonía inalámbrica, fija y vía satélite, medios, seguros y arrendamiento financiero se abrieron de manera considerable a la inversión extranjera directa.
También se establecieron nuevas regulaciones de telecomunicaciones, encargadas de hacer cumplir las leyes sobre competencia.
La OCDE apunta que en México disminuir las barreras a la inversión extranjera directa y bajar las barreras de entrada a las industrias de red ayudaría a estimular la inversión y reforzar la competencia.
“En términos más generales, es necesario mejorar las instituciones jurídicas para proporcionar un entorno más favorable para las empresas”, subraya.
En el reporte en el que evalúa las reformas logradas en todos sus países miembros e identifica nuevas prioridades para reactivar el crecimiento estimó que además de incrementar la productividad, la mejora de los logros educativos en México fomentaría la acumulación de capital humano.
Además, reduciría el grado de desigualdad en los ingresos, mientras que realizar reformas para promover el empleo formal también podría ayudar a mejorar la igualdad.
El informe “Apuesta por el crecimiento 2015”, la OCDE identifica como prioridades para México el aumentar el logro educativo.
Refiere que entre las acciones emprendidas por México, en 2013 se implementaron estándares nacionales de desempeño docente en los niveles de educación primaria y secundaria, que incluyen un sistema de evaluación y profesionalización de la formación y selección de directores de escuela.
Así, a mediados de 2014 se llevó a cabo en todos los estados la primera ronda de evaluaciones de profesores, añadió el organismo internacional.
A su vez, recomendó poner en marcha en forma completa los nuevos estándares nacionales de desempeño docente en los niveles de educación primaria y secundaria, el nuevo sistema de evaluación docente, así como la profesionalización de la formación y selección de directores de escuela.
Asimismo, proporcionar a las escuelas financiamiento confiable mediante una asignación de recursos más eficaz.
La OCDE considera que otra prioridad para México es reforzar las políticas de innovación, pues la falta de una inversión adecuada en investigación y desarrollo (I+D) y alta tecnología limita la capacidad de absorción y contribuye a la baja en productividad.
Al respecto, recomienda promover el financiamiento en las etapas tempranas y la cooperación de la industria con los institutos de investigación mediante el fortalecimiento de industrias de red, en particular por medio de la facilitación de clusters.
Para el organismo internacional, otra prioridad de México es reducir las barreras para la inversión extranjera directa, ya que tiene en servicios e infraestructura algunas de las más rigurosas de la OCDE, lo cual perjudica el comercio, la inversión y la modernización tecnológica.
Menciona que entre las acciones emprendidas al respecto, en 2014 los sectores de telefonía inalámbrica, fija y vía satélite, medios, seguros y arrendamiento financiero se abrieron de manera más considerable a la inversión extranjera directa.
También se aprobaron las leyes secundarias para poner en marcha la reforma de 2013 del sector energético, la cual permite compartir riesgos con el sector privado (incluidas empresas extranjeras).
Recomienda abrir el transporte y la banca a la IED; reducir las restricciones a la inversión extranjera en sectores relacionados con las telecomunicaciones, así como garantizar la implementación eficaz de la reforma energética, y establecer un marco regulatorio que ofrezca un mercado atractivo y competitivo a inversionistas privados.
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