AGENCIAS
El reciente asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo será uno de los casos por los que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas indagará al Gobierno mexicano durante la comparecencia que tendrá en Ginebra la próxima semana, informaron hoy a Efe familiares de la víctima.
Jorge Sánchez, hijo del periodista, afirmó que así se lo hizo saber el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, en un encuentro que sostuvieron en la capital mexicana la semana pasada.
La Oficina del Alto Comisionado en México «envió un acta al Comité por desaparición forzada» que será revisada el 2 y 3 de febrero, en el marco de la sustentación que hará el Gobierno mexicano de su primer informe sobre desapariciones forzadas, indicó.
Aunque el reporte que entregó al Comité el Gobierno mexicano es de principios de 2014, en la comparecencia los 10 expertos independientes que harán el análisis podrán hacer preguntas de hechos de desaparición forzada recientes.
Además del caso de Sánchez, en la audiencia los expertos cuestionarán al Gobierno sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala a manos de autoridades corruptas y el cártel Guerreros Unidos.
La familia de Sánchez afirma que agotará todos los recursos que tenga a su alcance para lograr justicia contra el ataque que sufrió el periodista del estado de Veracruz el pasado 2 de enero, cuando fue sacado de su vivienda por hombres armados que se llevaron su computadora y otro material de trabajo.
El director del semanario local La Unión fue hallado sin vida hace una semana en un paraje de la zona conocida como Jamapa y en su homicidio se vincula al alcalde Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Sánchez dijo que temen que Cruz Reyes, con quien su padre mantenía diferencias y lo había denunciado por inconsistencias de su Administración, «esquive la justicia».
La familia tiene información de que en los últimos días el funcionario no se ha presentado a su despacho y sólo «da instrucciones por teléfono».
«Tenemos miedo de que no se haga lo correspondiente, hemos estado exigido a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) que atraiga el caso en su fiscalía especializada contra delitos contra reporteros y libertad de expresión», demandó.
La familia de Sánchez también está a la espera de pruebas las forenses de la PGR para corroborar si el cadáver de Sánchez es el que se halló en Jamapa.
«Yo vi el cuerpo y hay unas cosas que no veo que coincidan. En unos días darán los resultados, estamos a la espera, pero estamos conscientes de la gravedad de la situación», señaló.
Los familiares de Sánchez han denunciado inconsistencias en la investigación, así como en el protocolo que siguieron las autoridades tras el secuestro del comunicador en su vivienda.
El hijo del periodista denunció que «cerca del lugar hay una cámara de seguridad que sólo se revisó nueve días después de la desaparición».
Veracruz es considerado por diversas organizaciones defensoras de los derechos fundamentales como uno de los estados mexicanos más peligrosos para ejercer el periodismo.
En los últimos 15 años en esta entidad se han asesinado unos 16 periodistas.
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