RITA MAGAÑA TORRES
La Comisión Permanente del Congreso declaró aprobado el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.
Con ello, se faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan, como mínimo, tipos penales y sanciones en materias de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de secuestro, trata de personas y electoral.
Luego de dar cuenta que 19 congresos estatales respaldaron el proyecto, el presidente de la Comisión Permanente, Miguel Barbosa Huerta, emitió la declaratoria de aprobación e informó que el decreto se remitirá al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Por el PRI, el senador Arturo Zamora Jiménez destacó que por acuerdo de todas las fuerzas políticas se aprobaron normas para asegurar la tutela efectiva de los derechos de los mexicanos.
Con la reforma, agregó, se podrán generar ordenamientos procesales asequibles y permitan investigar el paradero de personas que han sido sujetas a desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por la acción de un particular con la colaboración del Estado e incluso por actividades de particulares.
La senadora Pilar Ortega indicó que estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales que garanticen una adecuada tipificación de estas violaciones graves a derechos humanos, acordes a los instrumentos internacionales.
La legisladora del PAN enfatizó que la credibilidad internacional de México en esta materia debe construirse sobre la base de una política coherente que garantice el respeto a los derechos humanos dentro de su territorio.
En tanto, el senador del PRD, Zoé Robledo, dijo que la reforma constitucional “no es una victoria de los políticos y de quienes rechazaron durante muchos años” que la desaparición forzada se cometiera en nuestro país, sino que se trata de un triunfo de la sociedad civil, de las víctimas y de casos como el de Rosendo Radilla.
Hizo un llamado para que en septiembre, en el siguiente periodo de sesiones ordinarias, dé inicio el trabajo para procesar las leyes reglamentarias en la materia.
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