Colima, Oaxaca y Michoacán, las entidades con Más Contratos otorgados por ADJUDICACIÓN DIRECTA

• 10 Entidades en donde las adjudicaciones directas fueron el mecanismo más utilizado: Colima (93.8%), Oaxaca (70.5%), Michoacán (64.6%), Hidalgo (62.7%), Querétaro (54.4%), Veracruz (54.2%), Chiapas (52.3%), Guanajuato (49.4%), Tabasco (45.2%), Aguascalientes (44.2%).
• 9 Entidades en donde la invitación restringida fue el mecanismo más utilizado: Guerrero (100%), Tlaxcala (91.4%), Tamaulipas (83.5%), Jalisco (60.8%), Baja California Sur (57.6%), Sinaloa (52.4%), Coahuila (45.2%), Nayarit (39.3%) y Campeche (37.2%).
• 13 Entidades en donde la licitación pública fue el mecanismo más utilizado: Puebla (91%), Durango (80.2%), Nuevo León (74.3%), Yucatán (70.6%), Baja California (63.5%), Sonora (62.9%), Morelos (58.5%), Chihuahua (56.4%), Estado de México (54.5%), San Luis Potosí (49.4%), Zacatecas (47.1%), Quintana Roo (45.8%) y Ciudad de México (33.7%).

La preeminencia de las licitaciones públicas en algunas entidades no es una garantía de ausencia de corrupción, pero sí demuestra al menos un comportamiento diferenciado con respecto al de la mayoría de las entidades y al gobierno federal en su conjunto. Igualmente, es notable que existen casos llamativos en donde el mecanismo favorito es la invitación restringida a cuando menos 3 personas, que si bien ofrece menores riesgos que la adjudicación directa, sigue poniendo en manos de la autoridad la decisión unilateral de a quién se invita y a quién no. En este caso, resultan preocupantes los casos de Guerrero, Tlaxcala y Tamaulipas, en donde las invitaciones restringidas son casi la regla con la que se dan todos los contratos.

En cuanto a los montos totales de los contratos, la perspectiva cambia un poco, pues en este caso el 56.7% del total de recursos fueron dados por licitación pública, 21.8% por invitación restringida y 15.4% por adjudicación directa.

• En términos generales, esta proporción de adjudicaciones directas es inferior a la del gobierno federal (que en 2021 fue de 38.1%), aunque hubo cuatro entidades en donde la mayoría de los recursos sí se dieron mediante este mecanismo: Sinaloa (90.6%), Colima (83.4%), Nayarit (46.2%) y la Ciudad de México (44.5%). Estos son los casos más preocupantes, pues representan los mayores montos entregados por el mecanismo de contratación más riesgoso para la corrupción.

Ahora bien, al realizar una revisión histórica de los procedimientos realizados en cada estado, podemos identificar comportamientos alarmantes en cuanto al porcentaje de montos adjudicados por mecanismos riesgosos de adjudicación. Entre las 32 entidades destacan Colima, Sinaloa, Guerrero y Jalisco.

En el caso de Colima y Sinaloa, sobresalen por ser las dos entidades con mayor porcentaje de montos contratados por adjudicación directa. No obstante, este comportamiento se ha acentuado en los últimos años por diferentes factores. Como puede observarse en las siguientes gráficas, Colima y Sinaloa aumentaron notablemente sus adjudicaciones en el último año.

• En el caso particular de Colima, las adjudicaciones pasaron de representar el 19.9% al 81.4%. Es decir, aumentó 61 puntos porcentuales en un sólo año. Esto se debe a que el monto total de las contrataciones se redujo 82% en términos reales y porque no se realizó ninguna licitación.
• Por su parte, Sinaloa pasó de adjudicar 3.4% de los montos contratados al 90.6%. Tal cambio es preocupante porque, a diferencia de Colima, este estado mantuvo prácticamente el mismo monto contratado que en 2020 (aumentó 3.4% en términos reales). Sin embargo, durante este año prácticamente se dejaron de realizar licitaciones e invitaciones restingidas en favor de los procedimientos con mayores riesgos de corrupción.
• En los casos de Guerrero y Jalisco sucedió un proceso similar que en las entidades antes mencionadas, pero tendiendo al crecimiento de la invitación restringida. En Guerrero, la tendencia histórica muestra que durante 2021 sólo realizaron contrataciones por invitación restringida.

Sin embargo, en este punto es importante señalar que tal cambio no se explica sólo por un aumento en estos procedimientos, sino porque esta entidad prácticamente no realizó contrataciones por medio de CompraNet, salvo 13 contratos por tres millones de pesos. Al respecto cabe señalar que Guerrero ha contratado por medio de esta plataforma más de 300 millones cada año de los que tenemos registro. Sin embargo, en 2021 el monto total tuvo una caída de 99% en precios de 2021 con respecto al año previo.

Las contrataciones de Jalisco también muestran una caída importante en los montos totales y de un marcado crecimiento de la invitación restringida. En los cinco años previos a 2021, se realizaron contrataciones por un monto total promedio de 2,792 millones (a precios de 2021). Para 2021 esto pasó a representar 911 millones (el 36% en comparación con los años previos). Dicho comportamiento es resultado de una notable caída del 92% en los montos absolutos licitados y un aumento del 35% de los montos absolutos contratados por invitación restringida.

Para un análisis pormenorizado de lo que sucede en las entidades federativas es necesario ampliar las fuentes de información más allá de Compranet, lo cual realizaremos en investigaciones futuras, pero esta primera imagen nos permite identificar el crisol de situaciones que deben atenderse en los diferentes puntos de la república, en donde son una minoría las entidades que no acuden de manera preferencial por la entrega directa o restringida de contratos.

Gobierno adjudicó sin licitar 9 de cada 10 contratos el primer año de pandemia

En 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

• El órgano fiscalizador detalló que, de los 154 mil 297 contratos suscritos en 2020, el 88.3% no se sujetó a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• El gobierno federal adjudicó de manera directa −sin licitar−el 78.8% de los contratos; otro 6.5% lo asignó por invitaciones a cuando menos tres personas, y en el 3% recurrió a “otras figuras”. Sólo en el 11.7% de las contrataciones totales se convocó a licitación pública, esto es, en sólo 1 de cada 10 casos, según la ASF.

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones establece que, “por regla general”, las compras, arrendamientos y servicios se deben adjudicar a través de licitaciones públicas, con el objeto de favorecer la competencia y asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento.

Además, en el sistema CompraNet se detectaron deficiencias en el registro de los contratos suscritos en 2020, puesto que el 21.2% de los casos (32 mil 661 contrataciones) presentó al menos una de sus 24 características sin información, amén de que hubo discrepancias entre columnas en más de 18 mil contratos, por lo que la ASF urgió a establecer mecanismos que aseguren la confiabilidad y actualización de los datos contenidos en la plataforma, a fin de llevar a cabo el seguimiento del ciclo de contrataciones públicas.

• En medio de la emergencia que significó la pandemia de COVID-19, la falta de procesos de licitación pública para adquirir insumos médicos generó daños al erario, pues en muchos casos –detectados por la propia ASF— hubo sobreprecios, o no se cuenta con evidencia de que los proveedores cumplieran la entrega de materiales y equipos, o bien, fueron contratadas empresas sin el perfil adecuado.
• La Auditoría explicó que no existen leyes y reglamentos que permitan a la Secretaría de Hacienda supervisar adquisiciones en contextos de emergencia, garantizar la transparencia y combatir la corrupción.

“No se identificaron ordenamientos jurídicos específicos para regular y supervisar el proceso de compras y contrataciones ante situaciones de emergencia, a fin de garantizar que las condiciones de contratación sean las óptimas y que se apliquen los principios de economía, eficiencia y austeridad”, indicó la ASF en la auditoría de desempeño 39-GB.

“(Esto impidió) a la SHCP, como conductora de la política general de compras y contrataciones del Sector Público, asegurar la transparencia y seguimiento ante emergencias, debido a que no se cuenta con una definición en la normativa vigente que detalle, establezca y determine los supuestos y criterios de una contratación emergente, así como las facultades y atribuciones para operar, supervisar, dar seguimiento y vigilar dichas contrataciones, lo que provocó que no contara con elementos para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.

Señalan irregularidades presupuestales

La Auditoría señaló que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incurrieron en irregularidades de gasto al cumplir su función de conducir y vigilar la política general de contrataciones.

• Mientras que Hacienda es la encargada de planear, establecer, conducir y realizar el control presupuestario de las contrataciones públicas, la SFP tiene la facultad de conducir y aplicar la política de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de dichas contrataciones.
• Para cumplir sus funciones, la SHCP operó en 2020 el programa presupuestario “Regulación del proceso de compras y contrataciones” con un presupuesto de 23.6 millones de pesos, que tenía el objetivo de vigilar que las dependencias contraten bienes, servicios y obra pública propiciando la competencia y evitando actos de corrupción.

No obstante, indicó la ASF, Hacienda “no ejerció recursos por medio del programa debido a que no contó con un reglamento interior en el que se definieran las atribuciones de las unidades responsables de la política, por lo que las acciones en materia de compras públicas las realizó mediante el programa presupuestario ‘Actividades de apoyo administrativo’”, lo que constituye una irregularidad.

Por su parte, para conducir la política de vigilancia interna de las compras públicas, la SFP ejecutó el programa “Políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental”, que contaba con presupuesto de 2.7 millones de pesos; no obstante, lo gastado por la dependencia en este rubro fue de 107.6 millones de pesos, lo que significó un sobreejercicio presupuestal.

La ASF recomendó a la Cámara de Diputados dotar a la SHCP de un marco legal que le permita robustecer la conducción de las compras ante situaciones de emergencia, a fin de asegurar su transparencia y seguimiento.

Adjudicaciones directas, signo del gobierno

Las adjudicaciones de contratos sin licitación es una constante en la actual administración obradorista.

• Informes elaborados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que, de 2018 a 2019, hubo un repunte en la cantidad adjudicaciones directas y una caída en las licitaciones públicas.
• En 2019, la institución que más contratos por adjudicación directa otorgó fue el IMSS, seguido de Diconsa y el ISSSTE.

En el caso de Diconsa, la propia ASF documentó irregularidades millonarias en el ejercicio de recursos públicos, especialmente en lo relativo a las contrataciones. Incluso, tanto la SFP como la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a exfuncionarios de esa empresa paraestatal, así como de Segalmex y Liconsa, por posibles actos de corrupción.

En un reciente informe con datos de 2021, MCCI indicó que la práctica de brincarse las licitaciones públicas también es replicada por los gobiernos estatales.

El estudio señala que, de los 5 mil 534 contratos asignados a nivel estatal, el 36% se entregó por adjudicación directa, el 35% por licitación pública y el 28% por invitación restringida.

Colima, Oaxaca y Michoacán fueron los estados que más contratos otorgaron por adjudicación directa, mientras que Guerrero, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco son los que más recurrieron a la invitación restringida./Agencias-PUNTOporPUNTO