AGENCIAS
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la desaparición del periodista mexicano José Moisés Sánchez Cerezo y urgió a México a adoptar las medidas necesarias para encontrarlo con vida.
Sánchez Cerezo, de 49 años, es director y editor del semanario comunitario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz.
Los familiares de Sánchez dijeron a los medios locales que el pasado viernes un grupo de desconocidos armados y vestidos de civil irrumpió en su casa y se llevó por la fuerza al periodista, así como su computadora, cámara fotográfica y teléfono.
En un comunicado, la Relatoría de la CIDH señaló que, a través de La Unión, «de distribución gratuita», el periodista «denunciaba la corrupción de las autoridades locales y la situación de inseguridad de la zona»; además conducía un taxi y manejaba «un comercio informal para sustentar económicamente el semanario».
«De acuerdo con sus familiares, Sánchez habría sido amenazado días antes de que un grupo armado de personas que se desplazaba en tres vehículos irrumpiera en su casa para llevárselo. En el secuestro también se habrían llevado el material de trabajo del periodista, su computadora y cámara fotográfica», dijo la Relatoría.
«La Relatoría Especial toma nota de esta información y urge al Estado mexicano a adoptar todas las medidas necesarias para encontrar con vida al periodista, así como a no descartar en la investigación que la desaparición pueda estar relacionada con el ejercicio de su profesión», señaló.
La oficina de la CIDH indicó también que, según la información recibida, este lunes «las autoridades habrían arrestado a tres policías municipales como sospechosos de la desaparición del comunicador».
«Asimismo, el Estado informó a la Relatoría Especial que las autoridades federales estarían emprendiendo acciones en este asunto», apuntó.
La Relatoría agregó que la situación «de violencia contra los y las periodistas en México -especialmente en el Estado de Veracruz- ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina».
En ese sentido, exhortó «a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen está asociado con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima o su labor de defensa de los derechos humanos».
«De la misma manera, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales», añadió.
Por último, insistió en que «se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas».
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