AGENCIAS
En su tercera visita a México, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de 43 estudiantes pidió hoy que se active la búsqueda de los jóvenes y confirmó que algunos de los detenidos han denunciado torturas.
Dos de los cinco expertos que se encuentran en México examinando el caso presentaron en una rueda de prensa una serie de hallazgos y recomendaciones hechas tras estudiar parte del expediente y entrevistarse con detenidos, autoridades y familiares de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
A partir de testimonios y cruces de información, los expertos dijeron que tienen más claro lo que pasó la noche del 26 de septiembre pasado, cuando los estudiantes llegaron a Iguala después de que terminara un acto público de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de esa ciudad, José Luis Abarca.
El ataque, donde murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, se dio en otro lugar pero «las autoridades sabían desde el inicio que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo (recaudación de dinero en la vía pública) y toma de autobuses», leyó el experto español Carlos Beristain.
La Policía local detuvo entonces a 43 de los jóvenes, quienes según testimonios de los detenidos fueron entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, incinerados y sus cenizas echadas a un río, una versión oficial que los padres se resisten a creer.
Sin hacer todavía valoraciones sobre la veracidad de esta hipótesis, los expertos recomendaron hoy al Gobierno que continúe con la búsqueda, algo que el Ejecutivo acordó con los padres de familia en una reunión celebrada el pasado 5 de mayo.
En ella, contó Beristain, familiares acordaron con el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, continuar el proceso hasta que se tenga certeza del destino de los jóvenes y «asegurar la adecuada formación, medios y garantías legales» para llevar a cabo la búsqueda, con la participación de las familias.
Los miembros del grupo de expertos añadieron que se siguen gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del batallón 27 de la zona, quienes son señalados por los familiares por sus posibles vínculos con la tragedia.
«A un mes y medio de la solicitud, el grupo reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita», agrega el documento.
Sí han podido reunirse en estos dos meses y medio de visita con algunos detenidos, que en total son más de un centenar entre policías y autoridades corruptos, además de narcotraficantes.
El pasado jueves, agentes federales mexicanos realizaron la última detención importante al capturar a Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía municipal de Iguala cuando los jóvenes desaparecieron.
En total se entrevistaron con 16 detenidos y «hubo un grupo relativamente numeroso» que «sí nos dijo que habían sufrido malos tratos y torturas».
«Consideramos que las garantías legales, el análisis exhaustivo de esas denuncias, es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante», apunto el experto.
Beristain, quien estuvo acompañado por la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, dijo que un posible escenario en el que «no se hubieran respetado los derechos para los detenidos, sería muy negativo para el proceso y eso tendría consecuencias legales».
Por ello, lo importante ahora es hacer un estudio «sistemático» de las alegaciones, de los informes médicos y de los estudios basados en el Protocolo de Estambul (de la ONU, sobre tortura) que «ayuden a determinar la veracidad, fortaleza y consistencia de esas denuncias», agregó.
Pese a la voluntad del Gobierno de colaborar con los expertos, uno de los principales problemas a los que se están enfrentando es la fragmentación de la investigación, algo que fue señalado «con preocupación».
Y es que hay más de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco), mientras que los detenidos se encuentran en prisiones de otras localidades (Tepic, Jalisco, Altiplano).
«Sugerimos que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos», dijo Beristain, quien insistió en la importancia de que haya «una acumulación procesal» para investigar y juzgar de manera integral los hechos
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