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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido imputada por negligencia en el caso Tapie, por un presunto delito de corrupción y de abuso de autoridad en Francia, cuando se encontraba al frente de la cartera económica. Hasta ahora, Lagarde no había sido imputada y era un testigo asistido en el proceso.
La responsable del organismo internacional, por su parte, ha asegurado este miércoles que tiene previsto continuar con sus funciones y que, por lo tanto, no dimitirá de su cargo en el FMI. De hecho, ha señalado que retomará su puesto de trabajo en Washington esta misma tarde. Lagarde ha calificado de «totalmente infundada» su imputación por negligencia.
Después de tres años de investigación y docenas de horas de preguntas, el comité concluyó que no era culpable de infracción alguna y se limitó a asegurar que había sido insuficientemente vigilante durante el proceso de arbitraje, afirma Lagarde en un comunicado.
Lagarde, que declaró este martes durante 15 horas ante la Corte de Justicia de la República —instancia habilitada para juzgar a los ministros por delitos cometidos durante su estancia en el Gobierno—, ha sido interrogada por este organismo hasta en cuatro ocasiones, sin embargo, no había sido imputada y se mantenía con el estatus de «testigo asistido».
La investigación estudia la indemnización millonaria, de 403 millones de euros, que Christine Lagarde, ministra de economía del conservador Nicolás Sarkozy en 2007, atribuyó al empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas en el año 1993.
Esta adjudicación pretendía solventar las pérdidas de Tapie cuando el banco Crédit Lyonnais vendió la empresa de equipamiento deportivo a un precio muy inferior al de mercado. A partir de entonces y tras años de litigio, la entonces ministra de economía recurrió a un arbitraje en lugar de dejar actuar a la justicia ordinaria entre el empresario y el banco.
El tribunal arbitral decidió que el banco debía pagar a Tapie 285 millones de euros en concepto de reparación. El hecho de que no fueran los tribunales los que calcularan el monto de la indemnización provocó que se abriera una investigación judicial por presunta corrupción.
Cinco personas han sido acusadas en este sumario por los jueces instructores, entre ellos el empresario y exministro Tapie —conocido por su amistad con Sarkozy— y el anterior director del gabinete de Lagarde en el departamento de Economía, Stéphane Richard, actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange.
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