Desinformémonos
Ahí, en el centro deportivo municipal, en el que se colocará una imagen de la fachada de la Catedral de San Cristóbal, colorido estandarte de la ciudad cuya plaza principal es ambientada por los artesanos de la región, oficiará una misa. El protocolo oficial contempla que, al término la homilía, el primer mandatario de la iglesia católica en el mundo reciba una Biblia traducida al tzotzil de manos de una selecta representación de indígenas.
Posteriormente, durante su primera visita oficial a México, el Papa Francisco se trasladará a Tuxtla Gutiérrez, sede de los poderes públicos de Chiapas, en donde se reunirá, en un deportivo de 60 mil metros cuadrados, con un grupo igualmente selecto de feligreses.
Símbolo de la mexicanidad, estará ahí el “indio bueno”; el “buen mexicano”. Esa fragmentada realidad que el gobierno del país desea mostrarle.
Del erario público se han destinado cerca de 100 millones de pesos para la organización de la visita papal. Otra paradoja para un lugar cuyos índices de pobreza van en ascenso, según lo muestra la estadística institucional, incluidos los índices de educación, salud e infraestructura. Se trabaja ya en el embellecimiento de la imagen urbana del lugar; en los recorridos de campo para identificar y atacar posibles riesgos; en el reclutamiento de más de 30 mil voluntarios.
El catolicismo no tiene la hegemonía en Chiapas. El 60 por ciento de los indígenas, que representan más del 50 por ciento del total de la población y que habitan en más del 70 por ciento del territorio, no son católicos. Muchos son evangélicos, “una avanzada apabullante”, a decir del antropólogo experto en Chiapas, Arturo Lomelí González. Es evangelista, incluso, Marco Antonio Cancino, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.
Dado que el discurso de la cúpula de la iglesia católica es el del perdón y el olvido, habrá que estar atentos a la paradoja principal de la vista papal a Chiapas, entidad que como muchas otras regiones de México y Centroamérica acarrea problemáticas de largo aliento, cuya resolución se ha postergado en conveniencia de intereses de índole diversa.
Una de las principales representaciones de esta paradoja es Las Abejas de Acteal, grupo de origen maya-tzotzil. Se trata, según refiere Arturo Lomelí, de la organización más vulnerable de la entidad puesto que no se asume como zapatista aunque sí mantiene una lucha de resistencia hacia el gobierno.
La demanda principal de Las Abejas, quien ha “rebasado el catequismo evangélico de la iglesia católica” y “autocreado su forma religiosa” al incorporar al catolicismo tradicional elementos indígenas y del maya clásico, es la justicia por la masacre del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron ultimados 45 miembros de su comunidad mientras rezaban en una iglesia.
“El discurso católico es el perdón y el olvido, pero la resistencia de Las Abejas es por justicia. Ahí es donde los curitas conservadores les dicen que deben dejar en paz a sus muertos. Esta es la paradoja principal. El Papa habla de justicia pero a ver qué ocurre con este caso”, dice Arturo Lomelí, autor de Las instituciones político religiosas de los pueblos indios de Chiapas.
Paramilitarización, despojo y corrupción
De acuerdo con Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de las Casas, en el Chiapas gobernado por Manuel Velasco Coello, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), “se vive un panorama bastante oscuro que se pondrá más complicado por una sostenida acción institucional, corrupta y perversa de generación de escenarios violentos”.
Consecuencia de ello, en la entidad habitada por 13 pueblos originarios de raíz maya y zoque, existe “una fuerte crisis humanitaria y de derechos humanos y una persistente negación y ocultamiento de los conflictos, los cuales son administrados, en vez de resueltos”.
Esta oscuridad es la que no verá el Papa Francisco. Tampoco la del control y el despojo territorial, que hoy, a la luz de la imposición de las reformas estructuraLes, se agudiza y vuelve “tierra fértil”.
Panorama adverso frente al cual emergen diversas alternativas de defensa del territorio, “la columna vertebral de los pueblos originarios”, y de la vida: la del movimiento zapatista, la de los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y, en general, la de todos aquellos esfuerzos que pugnan la autonomía.
En contraposición con la cúpula de la iglesia católica distanciada del pueblo, el Frayba –organización laica de inspiración católica fundada por iniciativa del obispo Samuel Ruíz García– se articula en torno a “la iglesia del pueblo creyente, la cual es fuerte, dinámica y activa”, asegura Pedro Faro. Se trata, precisa, de “una iglesia que reivindica las demandas históricas de los pueblos”.
En entrevista con Desinformémonos, Arturo Lomelí y Pedro Faro refieren las principales problemáticas que convulsionan a la entidad sureña y a sus pobladores, en su mayoría indígenas. Panorámica que, por supuesto, no figura en el itinerario de la visita papal.
Despojo territorial por megaproyectos, militarización, paramilitarismo, ingobernabilidad, desplazamiento forzado, vigilancia y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, tortura, encarcelamientos injustos, feminicidio, migración, presencia de grupos criminales.
“Las plegarias del Papa no alcanzarán para detener tanta violencia y tantas problemáticas”, sentencia Arturo Lomelí.
Megaproyectos
Sobre territorio chiapaneco pesan un sinfín de megaproyectos que implican despojo y que se fortalecen a la luz de las reformas estructurales. Éstos pueden ser mineros, de infraestructura, carreteros, turísticos y de energías renovables.
Hablando de concesiones mineras, se sabe que se trata de más de 200, distribuidas particularmente en la región fronteriza y norte del estado. Como precisa Arturo Lomelí, la minería en sí misma no es el problema, sino la forma de explotación, es decir, “el capitalismo extractivo, que destruye el territorio”.
A decir de Pedro Faro, los megaproyectos vulneran a las comunidades que defienden su autonomía. También los derechos de los pueblos indígenas consagrados en tratados nacionales e internacionales, como el de la consulta. “Los pueblos indígenas están claros en que no quieren esos proyectos porque implican el arrebato de sus territorios sagrados, de las tierras que han trabajado ancestralmente y de sus bosques”.
Militarización
Aunque, como refiere Arturo Lomelí, “en términos políticos hay un discurso de respeto al zapatismo, en los hechos es otra cosa”.
El Frayba asegura que las incursiones por parte de elementos del Ejército Mexicano continúan particularmente en los territorios zapatistas, además de la vigilancia y el hostigamiento militar hacia Junta de Buen Gobierno Zapatista de la Realidad.
A la fecha, Chiapas sigue siendo el estado con más presencia de campamentos militares, asegura Pedro Faro. Tan sólo en la zona gris o de conflicto hay cerca de 72. La ocupación militar como la “estrategia de guerra del yunque y del martillo que busca cercar al movimiento zapatista”.
Paramilitarismo y nuevas formas de contrainsurgencia
Desde el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se ha logrado documentar la presencia de al menos seis grupos paramilitares en Chiapas. Aunque su acción más fuerte data de la década de 1990, periodo en el que, con la permisibilidad y el apoyo del Estado, fueron responsables de desplazamiento, ejecución y desaparición de personas, éstos jamás fueron desmantelados en su totalidad.
El paramilitarismo se mantiene gracias a la “muralla de impunidad” y a la negativa de su actuar, sostenidos por el Estado mexicano. Los grupos y las armas están ahí y se rearticulan cuando el gobierno lo considera necesario, como es el caso, por ejemplo, del municipio de Tila, asevera Pedro Faro.
A partir del año 2000, el Frayba ha identificado un cambio en la estrategia de contrainsurgencia oficial, que antaño se ejercía de manera privilegiada a través de los grupos paramilitares. Ahora la cooptación y los programas sociales son las herramientas predilectas en este sentido.
Respecto de la cooptación, Pedro Faro comenta que diversas organizaciones que antaño eran identificadas como de izquierda, cambiaron drásticamente de orientación a cambio de prebendas. Es el caso, por ejemplo de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, que en 2014 declaró tener grupos de autodefensas, los cuales, con el cobijo del gobierno, son responsables de agresiones y desplazamientos contra diversas comunidades.
Estos grupos prevalecen, sobre todo, “en regiones zapatistas o en donde surgen proyectos que reivindican la autonomía o generan alternativas al sistema capitalista”, precisa.
Arturo Lomelí abona al tema. Refiere que en la década de 1990, alrededor de 70 mil hectáreas fueron ocupadas por grupos de zapatistas, algunas de ellas en coordinación con organizaciones que entonces se reivindicaban como de izquierda. Sin embargo, a raíz de la cooptación gubernamental de los líderes de estas organizaciones (entre ellas, la Organización Campesina Emiliano Zapata, la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo y la Asociación Rural de Interés Colectivo), a principios del 2000, éstas empezaron a desalojar a las familias zapatistas de alrededor de 70 lugares ubicados en los municipios de Chilón, Tila, Yajalón, Sitalá, Ocosingo y Las Margaritas.
Ingobernabilidad
En siete comunidades de Chiapas: Oxchuc, Chanal, Huixtán, San Juan Chamula, Ixtapa y Altamirano, se vive, en mayor o menor medida, una situación de ingobernabilidad y violencia generada desde el Estado.
Los conflictos se derivan de pugnas entre las élites políticas que tiene que ver por, ejemplo, con la imposición de diversos presidentes municipales del PVEM, la fracción política a cargo de la gubernatura del estado.
Se trata de lugares en donde la “democracia simulada”, “democracia neoliberal”, resulta más evidente. Ahí los cargos oficiales se heredan entre familias, ya sea congénitas o de relaciones políticas; además de que imperan la manipulación y compra de conciencias, acorde con las peores prácticas del Partido Revolucionario Institucional, refiere Pedro Faro.
Al respecto, Arturo Lomelí aclara que a la par del mundo indígena de la izquierda zapatista, existe también un importante sector articulado al sistema político, el cual depende de los proyectos y apoyos gubernamentales. Se trata del mundo indígena progubernamental; ese que participa en las “ferias de recibir cosas” a cambio del voto.
Desplazamiento forzado
En Chiapas han ocurrido al menos cuatro desplazamientos forzados recientes que involucran a unas 70 familias, según el registro del Frayba: Viejo Velasco (2006), San Marcos Avilés (2010), Banavil (2011), Primero de Agosto (2012). Éstos se relacionan principalmente con conflictos armados internos orquestados por el Estado a través de grupos de poder.
Hay otros desplazamientos relacionados con conflictos religiosos o con la imposición de megraproyectos.
Como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II, en la actualidad existe un latente riesgo de que los pobladores de este municipio sean objeto de desplazamiento forzado.
Vigilancia y agresión contra personas defensoras
Símbolo del “terrorismo de Estado”, en 2015, el Frayba tuvo conocimiento de los siguientes casos de vigilancia y agresión contra personas defensoras de derechos humanos: hostigamiento hacia el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas; tres allanamientos y agresiones diversas en contra de Servicio Internacional para la Paz; allanamiento al domicilio de Julio Ortega, integrante de la Comisión Sexta del EZLN; agresiones, amenazas de muerte y difamación en contra del padre Marcelo Pérez y del Consejo Parroquial de Simojovel, quienes han destapado a los poderes criminales que operan en la región; infiltración de elementos del Ejército para labores de espionaje, como ocurrió en una caravana de solidaridad con La Realidad.
El mismo Frayba cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la constante vigilancia de que ha sido objeto, además de las labores de obstrucción a su trabajo de documentación al interior de los centros penitenciarios.
Tortura
En 2015, el Frayba documentó 17 casos de tortura, principalmente contra varones. El patrón identificado es el siguiente: a la tortura la antecede la detención arbitraria en la que se emplea un uso excesivo de la fuerza; su objetivo principal es incriminar sobre delitos prefabricados.
Anteriormente, el blanco predilecto de la tortura eran los luchadores sociales. Hoy se generaliza y emplea de manera indiscriminada contra cualquiera que manifieste algún reclamo o, incluso, contra quien de manera fortuita pase por el lugar en donde se desarrolla una protesta.
Encarcelamientos injustos
Si bien el Frayba no conoce ningún caso reciente de prisioneros políticos en la entidad, Pedro Faro señala que las cárceles chiapanecas están llenas de personas injustamente presas. Muchas de ellas, precisa, son indígenas encarcelados por no tener abogado, por acusaciones falsas o, simplemente, por su condición de marginación y pobreza.
El defensor destaca las malas condiciones carcelarias y las violaciones al debido proceso, características de estos casos. Y agrega: “Los centros penitenciarios del estado se convierten en zonas de tortura y terror para doblegar al ser humano”.
Feminicidio
Actualmente el Frayba da seguimiento a dos casos de feminicidio perpetrados en la entidad. Pedro Faro alude al repunte de esta problemática, ante la cual “las acciones gubernamentales resultan irrisorias” puesto que las instituciones estatales, “cimentadas en un sistema patriarcal”, permiten y toleran la violencia hacia la mujer.
Migración
Aunque la migración tuvo un repunte a finales de la década de 1990, entre
2000 y 2005 el fenómeno ha experimentado un descenso, derivado de causas diversas. Aun así, la mayor parte de los ingresos de las familias de Chiapas proviene de las remesas, comenta Arturo Lomelí.
La migración es pretexto para la prolongación de la presencia militar en Chiapas y, también, origen de otras problemáticas como la delincuencia y la trata de personas.
Grupos criminales
Pese al discurso oficial de que Chiapas es una de las entidades más seguras del país, el Frayba asegura que la presencia de grupos criminales es evidente, sobre todo en la zona fronteriza de la entidad: en Tapachula y Palenque. “Desde el Estado no se hace nada para desarticular a estos grupos. El Ejército y el gobierno local los protegen y la prensa local los encubre”, dice Pedro Faro.
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