El organismo México Evalúa consideró que la iniciativa de reforma constitucional en materia energética refleja una incomprensión de los cambios profundos en el sector energético que en la última década han habilitado derechos y libertades para una mayor autodeterminación de las personas en su vida diaria. Llevar a cabo la reforma propuesta iría en sentido contrario a estos avances, y afectaría severamente el bienestar general de la población, al trastocar múltiples esferas de la economía, el medioambiente y las finanzas públicas.
México Evalúa está convencida de que un replanteamiento tan drástico del rol del Estado como propietario de empresas públicas en una estructura tan centralizada, al punto de excluir a los sectores privado y social, no puede ejecutarse sin una deliberación profunda de todos los impactos que podría provocar en el corto, mediano y largo plazo.
La iniciativa de reforma implicaría
- Un estatus legal para la CFE superior al de las secretarías de Estado, que dibujaría un nuevo esquema de gobernabilidad en el sector público.
- La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
- Una CFE autorregulada, sin contrapesos y sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- Un limbo jurídico, político y regulatorio para Pemex, al no proveer más información sobre el diseño de su estructura y mandato.
- Aumentos sustanciales en el costo de la electricidad que, junto con la promesa del presidente López Obrador sobre no aumentar las tarifas domésticas de bajo consumo, derivarían en un alza en el monto de recursos que el gobierno destina a subsidios eléctricos, que ya suma en promedio 74.4 mmdp.
- Un freno a la innovación en el sector por rigidez financiera de la CFE, dada la magnitud de sus pasivos, que al primer semestre del 2021 sumaban 1.6 billones de pesos.
- Pérdida de competitividad del país y del bienestar de la población reflejados en incremento de precios con su respectivo impacto en los precios generales de la economía. Por ejemplo, un aumento promedio del 30% en las tarifas eléctricas implicaría un aumento promedio del 20.4% en los precios de insumos intermedios de la industria.
- Mayor dificultad para atraer inversiones por falta de condiciones para proveer a la industria de suficiente energía limpia que les permita disminuir sus propias huellas de carbono, según la normatividad internacional.
- Dificultad para ampliar inversiones en el campo de las fuentes de energía renovable.
- Afectaciones ambientales y complicaciones diplomáticas para el país, a causa de la imposibilidad de alcanzar los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Incertidumbre jurídica para el sector privado en la venta de energía a la CFE, dada la ambigüedad en el mecanismo para el despacho eléctrico y por el régimen de excepción al artículo 134 constitucional, el cual dicta en condiciones normales que las licitaciones son el mecanismo prioritario para las compras públicas.
- Esquemas arbitrarios para la toma de decisiones de la CFE, que podrían promover nuevos y mayores patrones de corrupción.
- Quiebra de empresas proveedoras de la CFE, que podrían configurar los requisitos para calificar como expropiaciones indirectas en los términos del T-MEC y otros tratados internacionales.
- Arbitrajes internacionales y litigios para reclamar indemnizaciones que podrían sumar alrededor de 1 billón de pesos.
- Litigios por cancelación de contratos y permisos vigentes con la CFE.
- Afectaciones a los planes de negocio en el subsector de generación distribuida (paneles solares) ya que, bajo la figura de “área estratégica”, podría adueñarse del derecho exclusivo de uso del sol y del viento, recursos que son bienes públicos bajo el marco legal vigente.
México Evalúa somete a consideración de los legisladores las recomendaciones que emitió en 2020, respecto de elaborar para México una política de propiedad del portafolio de inversiones productivas del Estado. Destaca en este esquema la figura de “entidad propietaria”, que podría formar parte de un Consejo Fiscal o similar. Se trata de un ente del Estado encargado de ejercer de una forma más estratégica y eficaz la vigilancia del desempeño de sus empresas.
A través de una entidad propietaria sería posible normalizar procesos continuos de revisión y vigilancia, para acreditar el interés general que sustenta la existencia de las empresas del Estado, a fin de dar mayor certidumbre sobre su conveniencia para el país, independientemente de ideologías.
Se elevará subsidio a tarifas de CFE
La iniciativa de reforma eléctrica que el Ejecutivo propuso al Congreso va a incrementar la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que traerá como consecuencia el aumento del subsidio actual a las tarifas, advirtió el centro de análisis México Evalúa.
- La coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, expuso que las tarifas eléctricas de la CFE son muy altas, pero con los subsidios que da a los consumidores, se piensa que es barata, pero “nada es gratis, porque se paga con los impuestos”.
- En un taller para medios sobre la propuesta de paquete económico para 2022, afirmó que la necesidad de subsidios a las tarifas eléctricas se puede interpretar como ineficiencia de la empresa.
“Si la ineficiencia de la empresa incrementa, y creo que lo que vamos a hacer con esta reforma eléctrica es incrementar eso, es que puede subir el subsidio”, añadió al afirmar que el diseño de subsidio a las tarifas eléctricas que se tiene en México es para disimular una gran ineficiencia que se tiene en el sector.
“Mi preocupación es que los analistas del sector apuntan a que esta reforma va a producir más esa ineficiencia”, abundó Campos, al alertar que esto se traducirá en un aumento de los subsidios.
Reforma eléctrica requiere un estudio de impacto, indican
La especialista de México Evalúa calificó como preocupante que una reforma de este calado no vaya acompañada de un estudio de impacto presupuestario, por lo cual es necesario tener un consejo fiscal que tenga la capacidad técnica y la obligación de hacer estudios de impacto presupuestario de todas las reformas que se presenten.
- “La reforma eléctrica va a tener un efecto en la economía por completo, dado que la electricidad es un insumo elemental para la producción, la vida, va a impactar en los precios de toda la economía. Es un aspecto que debe exigirse en una reforma”, sostuvo.
- Además, apuntó, de cada 100 pesos en inversión física que se propone para 2022, seis se destinarán a la CFE, mientras que para salud y educación son dos pesos, en cada caso.
“Es una mala noticia, creo que nos va a comprometer mucho por el lado del gasto a que el Gobierno esté haciendo inversiones en la CFE, en lugar que lo haga directamente en las personas”, comentó.
- Por otra parte, respecto al nuevo régimen simplificado de confianza, que forma parte de la miscelánea fiscal para 2022, opinó que será muy difícil sumas 30 millones de contribuyentes al padrón y que realmente paguen impuestos.
“En el número de personas que paguen impuestos no se ve fácil llegar a esos 30 millones de pagadores de impuestos porque no los hemos tenido nunca”, precisó al informar que sólo entre dos y cuatro millones son los que realmente pagan impuestos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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