En los últimos 14 años, el gobierno federal invirtió más de 40 mil 580 millones de pesos en seis de sus Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), monto que de poco sirvió pues todos estos penales se encuentran actualmente cerrados o inactivos.
- Entre 2006 y 2020, las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador asignaron ese monto a los penales federales, a través de los llamados Programas y Proyectos de Inversión (PPI).
Durante ese periodo se destinaron 15 mil 241 millones 788 mil 136 pesos al Complejo Penitenciario Islas Marías, que fue cerrado como penal a principios de 2019, para convertirlo en un centro educativo y cultural; se invirtieron 10 mil 795 millones 643 mil 740 pesos en el Cefereso No. 10 Nor-Noreste, ubicado en Monclova, Coahuila, que se encuentra inactivo desde enero de 2017; y se erogaron 9 mil 967 millones 775 mil 364 pesos al Cefereso No. 6 Sureste, localizado en Huimanguillo, Tabasco, desincorporado apenas en octubre pasado por la actual administración.
- En Veracruz, se asignaron 4 mil 305 millones 578 mil 167 pesos al penal federal de Papantla que, al día de hoy, aún se encuentra en obra negra; se gastaron 213 millones 53 mil 445 pesos en el Cefereso No. 2 Occidente “Puente Grande”, localizado en Jalisco, el cual fue inhabilitado como prisión federal por el gobierno del presidente López Obrador a finales de septiembre pasado; y se invirtieron 56 millones 957 mil 169 pesos en el Cefereso No. 3, ubicado en Tamaulipas, el cual se encuentra inactivo desde diciembre de 2015.
Los 40 mil 580 millones 796 mil 21 pesos invertidos a través de PPI en estos seis penales, cerrados o fuera de operación, tenían el objetivo de culminar obras en sistemas de alta seguridad o en el mejoramiento de la infraestructura.
Cárceles “olvidadas”
El caso más emblemático de “fuga” de presupuesto es el Complejo Penitenciario Federal Papantla. Actualmente esta cárcel es un cascarón desolado de más de 28 hectáreas, enclavado en la localidad Gildardo Muñoz.
- Cada uno de los últimos 7 años en que recibió recursos, estos fueron solicitados por el mismo concepto: “Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla”. Como ya se mencionó, el conjunto de cárceles de las Islas Marías es el penal federal que más recursos recibió en este periodo.
Aquí el drama es una paradoja. Todo el dinero invertido en las Islas Marías fue desperdiciado, a pesar de que era la cárcel más exitosa de México en su tarea de reinserción social, con los mejores resultados en las certificaciones nacionales a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Asociación Norteamericana de Correccionales (ACA) de Estados Unidos.
El argumento para decretar su cierre desde la Presidencia de la República fue el alto costo que significaba mantener pocos reos en ella. Su capacidad era para más de 5 mil 100 internos, pero solo había 659.
Un caso especial
El Cefereso No. 1, ubicado en el Estado de México, conocido como “El Altiplano” y famoso por haber sido el escenario de la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es el botón muestra de las pésimas condiciones en que sobrevivieron por años estos centros mal llamados de “alta seguridad”.
- Documentos del proceso judicial que se sigue a los funcionarios del penal tras el escape del narcotraficante sinaloense señalan las diversas denuncias y solicitudes que en su momento hizo el entonces director del penal, Valentín Cárdenas.
- En ellos se aprecia que, por ejemplo, desde 2012 no funcionaban los sistemas de detección por sensores infrarrojos de movimiento, cortes y escalamiento en mallas ciclónicas así como vía microondas.
Un oficio de la Secretaría de la Función Pública del 19 de mayo de 2014 señala que “los inhibidores de señal de teléfonos celulares, ubicados en el exterior no funcionaban, por un corto circuito, y que el ubicado en la Torre II estaba apagado”. El 13 de abril de 2015 se reportó también que “68 de las 117 cámaras de su sistema de Circuito Cerrado de Televisión presentan anomalías o fallas”.
Abunda corrupción, tratos inhumanos y degradantes
El 2020 empezó con una estela de muerte para una de las poblaciones más ignoradas del país: la penitenciaria. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de este año, se registraron dos riñas en el Penal de Cieneguillas, en Zacatecas, con un recuento de 17 personas muertas y 10 heridas. Hechos que desafortunadamente no son aislados para las cárceles del país.
Sin embargo, solo cuando ocurre alguna tragedia o incidente mayor al interior de las cárceles se recuerda la deuda que tiene el Estado de crear un sistema penitenciario que proporcione las condiciones necesarias y sea capaz de reinsertar a la sociedad a aquellas personas que cometieron algún delito.
- El diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH, revela que del 1 de enero al 31 de octubre pasado hubo mil 29 incidentes como homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos en las prisiones mexicanas.
- De ellos, 902 ocurrieron en Centros de Readaptación Social (ceresos) y 127 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Los sucesos más comunes en este periodo fueron las riñas, con 482 en los ceresos y 124 en los ceferesos; los abusos, con 196 solo en los ceresos; y en el tercer sitio los desórdenes, con 92 en ceresos y 2 en ceferesos, indican los datos.
- Uno de los eventos más trágicos fue el ocurrido el 10 de febrero de 2016, cuando se registró la que es considerada la peor masacre dentro de un penal en el país: el de Topo Chico, en Nuevo León, donde murieron 49 internos.
La masacre, según las investigaciones, se originó por la disputa que existía entre dos bandos de un mismo grupo delincuencial que operaba al interior de la cárcel.
Sin embargo, pese a los múltiples informes sobre la situación de las personas privadas de la libertad, los incidentes y las quejas dentro de los centros penitenciarios del país continúan registrándose año tras año.
“Son los grandes olvidados de los olvidados, los que están hoy prisioneros en las cárceles”, dice la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, quien es integrante de la Comisión de Justicia.
- En México hay 255 mil 638 personas privadas de su libertad, de acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, una iniciativa de la organización Documenta A.C.
- De ellas, 13 mil 200 son mujeres; 107 mil 295 no tienen sentencia y 8 mil 743 pertenecen a pueblos indígenas.
La cifra de personas en esta condición en el país equivale a llenar casi tres veces el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, cuya capacidad es de 87 mil 523 personas, por lo que no es un tema menor.
“La cárcel es el lugar más seguro para delinquir con la protección del Estado a través de sus custodios y directores, quienes están ahí como grandes delincuentes”, acusa Villavicencio.
La legisladora también señala que en las prisiones se ha normalizado el autogobierno y el co-gobierno, por lo que la primera medida que se tendría que adoptar es que las autoridades retomen el control y separen a las personas por el grado de sus delitos.
- También esa depuración debe incluir a los custodios y a los directores que están totalmente corrompidos, o sea, que incurren permanentemente en la corrupción y están incluso sometidos a este régimen de control de muchos delincuentes”, dice.
Para asegurar a las personas internas una verdadera inserción a la sociedad y que tengan una nueva oportunidad en la vida, se deberían de garantizar trabajos y educación en todas las cárceles, explica.
Gonzalo Levi Obregón Salinas, doctor en Derecho de la UNAM, explica que es necesario replantear el sistema penitenciario porque no cumple con su objetivo que es la readaptación social.
- “Tendría que cumplir con la reinserción social de estas personas que de alguna forma tuvieron alguna equivocación, pero no tiene por qué marcar toda su vida, porque precisamente no es una sanción.
- “Va más allá en relación a cumplir una readaptación social desde el punto de vista de su educación, desde el punto de vista de su libertad, de sus sentimientos, de su libertad para cumplir una función social, que es lo que está esperando todo el grupo social”.
El abogado explica que aunque un juez dicte una sentencia contra una persona y se le prive de su libertad, ésta aún goza de los derechos humanos que establece el artículo 1 constitucional, como el derecho a la educación, el trabajo y la salud, los cuales suelen ser transgredidos en las cárceles mexicanas.
- “Cuando la autoridad tiene la facultad o la obligación de comportarse de una forma, en realidad lo que se le está imponiendo es que garantice con su actuar la protección de los derechos humanos de las personas, incluyendo a las de los reclusorios”.
El profesor en el posgrado de Derecho de la FES Acatlán señala que los servidores públicos que violen los derechos humanos deberían ser sancionados económicamente, ya que así se les pegaría en el bolsillo y eso podría lograr cambios.
- “Pareciera que la regla precisamente es transgredir los derechos humanos cuando debería ser la excepción, debería de ser lo raro, pero lamentablemente nos encontramos que las autoridades son los transgreden”, asevera./Agencias-PUNTOporPUNTO
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