El estado/Agencia
La reciente información difundida en redes sociales sobre el ostentoso sueldo del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan Oscar Trinidad Palacios, que lo coloca como el ombudsman estatal mejor pagado del país, no puede generar otra cosa más que desacuerdo e indignación para quienes conocen del deficiente trabajo realizado por ese organismo.
Y es que, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pese a que Chiapas es la entidad con el mayor porcentaje de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional, durante todo el 2014 la CEDH apenas emitió 11 recomendaciones; cifra que ni siquiera alcanza el promedio de una al mes.
Según el propio informe de la CEDH, durante el presente año se concluyeron únicamente 28 expedientes de queja, por diversas razones como el desistimiento de la parte agraviada, la resolución durante el trámite, por no violación, por no competencia, por falta de interés, por no tener materia o por acumulación de expedientes, entre otros.
Hasta el mes de octubre, la gran mayoría las quejas resueltas se trataron de expedientes rezagados de años anteriores: dos de 2011 y 15 del 2014; por lo que durante todo el año en curso sólo se han resuelto 11 expedientes de 2015. Así lo demuestra el último informe emitido por el organismo estatal mediante su portal de transparencia.
Pese a la numeraria expuesta en el reporte anual de actividades, que parecen estar más ligadas a asuntos meramente políticos, los resultados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos generan dudas legítimas sobre su eficiencia y la falta de concordancia con su cuantioso presupuesto.
En datos duros, Juan Oscar Trinidad Palacios cobra actualmente un sueldo neto de 159 mil 513 pesos libres de impuestos y retenciones, seguido por su Secretario Ejecutivo con un salario de 112 mil 814 pesos y sus tres visitadores generales que también son de los mejores pagados en el país con sueldos mensuales netos de 87 mil 242 pesos.
Como señala la periodista Sandra de los Santos en su última publicación al respecto, los sueldos de la CEDH en Chiapas incluso superan a los devengados por titulares de comisiones estatales de derechos humanos como el del Distrito Federal que recibe un salario neto de 119 mil 418 pesos; el de Nuevo León con 95 mil 397 pesos y el del vecino estado de Oaxaca que percibe un salario mensual neto de 68 mil 535 pesos.
Ante todo lo anterior es inevitable señalar que el presupuesto destinado a pagar la nómina de los altos funcionarios en la CEDH resulta grosero para una entidad tan llena de carencias como Chiapas, pero sobre todo por la falta de resultados palpables al interior de un organismo donde la verdadera defensoría de los derechos humanos ya sólo forma parte de los discursos huecos.
Para nadie es un secreto que tan importante organismo funciona desde hace años como una simple agencia de colocación donde algunos de los tantos recomendados gubernamentales son impuestos para cobrar del erario público y cubrir las espaldas de los jefes. No hay oficio y mucho menos vocación de defensoría real.
Porque esperar que la CEDH en Chiapas funcione realmente como un organismo que se pronuncie de oficio contra las mayores violaciones a los derechos humanos en la entidad (mayormente cometidas por instancias gubernamentales) y se asuma como una instancia antagónica de los abusos cometidos por el gobierno resulta hoy simplemente un sueño muy lejano de la vergonzosa realidad.
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