AGENCIAS
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala ha echado a perder la visión de un México próspero y seguro vendida por el presidente Enrique Peña Nieto y, según los expertos, deja en evidencia que las cosas están igual o peor y que la corrupción sigue reinando en muchos lugares del país.
Y es que la noticia de la desaparición el pasado 26 de septiembre de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha dado la vuelta al mundo por su magnitud, su horror y la incomprensión de que casi tres semanas después no haya una sola certeza sobre el paradero de los jóvenes.
Atrás queda la famosa portada de la revista Time con un Peña Nieto solemne bajo el titular «Salvando México» y el vender internacionalmente lo moderno de las reformas estructurales.
Ahora México llena páginas de periódicos con los pocos avances de este horrible caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional.
«Es un golpe contundente, un golpe que lo ha dejado realmente tambaleante (a Peña Nieto)» porque muestra «la debilidad institucional de los tres esferas de Gobierno, la municipal, la federal y la estatal», dijo a Efe el académico del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Gilberto Santa Rita.
Pese al supuesto interés del Ejecutivo en que se resuelva el caso, ni la investigación de las autoridades estatales, primero, ni de las federales «han dado el mínimo fruto» y sí han puesto en evidencia la enorme descoordinación entre entidades.
Con esto se echa por tierra una de las principales obsesiones de Peña Nieto, la coordinación interinstitucional, estrategia que formaba parte del primero de los cinco ejes de su política, la seguridad.
Aunque en un principio la procuraduría de Guerrero se encargó del caso de las desapariciones de Iguala y Peña Nieto atribuyó la responsabilidad al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la fiscalía general asumió finalmente la investigación tras constatar que había indicios de la participación del crimen organizado.
Este caso, por el que ya hay casi medio centenar de detenidos, la mayoría policías locales, se produjo pocos días después de que se conociera otro escándalo de seguridad, la ejecución de varios presuntos delincuentes a manos de soldados.
Las investigaciones de periodistas inconformes con la versión oficial de «mueren 22 delincuentes tras un enfrentamiento con el Ejército» sacaba los colores al Gobierno con la publicación del testimonio de una testigo superviviente que hablaba de que muchos de ellos fueron ejecutados a sangre fría.
Fue «un balde de agua fría» para Peña Nieto, especialmente porque pocos días antes incluso se había aventurado «a decir frente a (Barack) Obama que México iba a intervenir militarmente» en algunas zonas de conflicto para tareas humanitarias, añadió Santa Rita. Por este caso tres militares fueron acusados de homicidio calificado y uno de encubrimiento.
Pero lejos de reconocer que algo está fallando en su estrategia de seguridad, dijo Santa Rita, Peña Nieto y su Ejecutivo se van a centrar en «buscar compensar» esta mala imagen «mediante otras medidas políticas».
«El presidente quiere que se resuelvan las cosas, pero la cantidad de obstáculos y de hoyos negros que hay, que no permiten que las órdenes se cumplan, son tantos que no puede ya seguir trabajando en ello, entonces para no verse todavía más lesionado, más lastimado políticamente, va a buscar resaltar o reforzar otras medidas», apuntó.
Y es que dentro de los políticos latinos no hay «una cultura de ética», «son políticos, no son ciudadanos, no son demócratas».
En este sentido, René Jiménez Ornelas, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está convencido de que las autoridades seguirán con su «discurso triunfalista» que «no concuerda con la realidad», no solamente en Guerrero, sino en otras partes del territorio nacional.
«En el discurso inclusive nos hablan de disminución de la inseguridad a través de datos como homicidios dolosos. Sin embargo, hay que recordar que hay un control de la información muy fuerte en las autoridades actuales», apuntó.
Y es que no solo Guerrero está en crisis, sino que en Michoacán también continúa un fuerte problema de inseguridad y en otros lugares como Tamaulipas, Chihuahua, Durango o Veracruz, contó el experto en seguridad.
Pero en el Gobierno mexicano, añadió, «hay la creencia de que repitiendo mil veces una mentira se hace realidad» y por ello, aunque Peña Nieto aprenda que «lo que en el discurso se repite múltiples veces no concuerda con la realidad», «van a seguir con el mismo».
Aunque las cosas no vayan a cambiar por parte del Gobierno, con casos tan llamativos como Iguala o Tlatlaya los políticos por lo menos deberían «darse cuenta de que los ciudadanos no somos tontos», aseveró Santa Rita.
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