Cárteles ACELERAN la MIGRACIÓN; DESPLAZAMIENTOS FORZADOS se dan mayormente en Zonas Rurales

En México hay alrededor de 380 mil personas desplazadas por la violencia de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Estas víctimas del crimen no solo enfrentan la pérdida de su patrimonio, sufren daño psicoemocional y hasta la pérdida de identidad.

Quienes enfrentan este fenómeno violento pierden documentos, bienes materiales e incluso se pueden dar casos de agresiones familiares y separación.

• De acuerdo con Lígia de Aquino, coordinadora del área de desplazamiento interno de la CMDPDH, la experiencia de las personas desplazadas depende del contexto en el que se encuentran, sin embargo, hay aspectos en común que suelen compartir: pierden su patrimonio, parte de su historia y terminan con un choque emocional una vez que regresan, si es que pueden.
• “La mayoría de los desplazamientos que documentamos son en áreas rurales, entonces, muchas personas tenían ganado, cosechas y todo eso queda atrás. Es muy común que se quemen casas y propiedades de las personas que huyen, lo cual genera un impacto emocional adicional porque no solo se vieron forzadas a dejar su hogar, sino que si logran regresar ya no tienen casa ni pertenencias”.

Incluso, señala que las propiedades de las personas desplazadas llegan a ser ocupadas por miembros del crimen organizado, “usan los inmuebles ubicados en lugares estratégicos como oficinas o para acampar”.

• Volver con la esperanza: Cuando la población desplazada se decide a regresar a su comunidad a veces lo hace acompañada de autoridades o en caravanas con el fin de resguardarse, y aunque saben que no pueden permanecer mucho tiempo en ese lugar, no pierden la esperanza de recuperar algo de lo que dejaron atrás.

“Regresan en caravanas solo para recuperar pertenencias, aunque no hay mucho que recuperar, hay animales muertos, las personas pierden documentos de propiedad, de identidad y eso también genera un impacto adicional porque dificulta el acceso a servicios públicos, de salud y el probar que tenían ciertas propiedades”, asegura Lígia de Aquino.

Además, señala que la burocracia en México, lejos de ayudar a las personas desplazadas, les complica la instalación en un lugar nuevo y seguro.

“Si se mudan de estado, para que puedan acceder al servicio público se les pide realizar un trámite en el que para solicitarlo les piden que regresen a su lugar de origen para pedir este cambio y eso pone en riesgo la seguridad de las personas”.

Por otra parte, retrata una realidad a la que se enfrenta la niñez. “En el caso, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes se interrumpe su acceso a la educación y eso hace que se queden sin poder asistir a la escuela.

“Conocemos casos en los que aunque sí logran volver al sistema escolar, tienen que esperar al siguiente ciclo”.

• Se pulveriza la dinámica de vida: La mayoría de los desplazamientos forzados se han dado en zonas rurales, lo que obliga a las personas a inmigrar hacia cabeceras municipales o ciudades, es decir, sustituyen el campo por la urbe.

“Cambia mucho su modo de vida y eso genera un impacto todavía más grave en sus derechos y necesidades básicas porque personas que podían sembrar y de eso subsistían, ahora en un espacio urbano no tienen donde hacerlo, lo que se traduce en inseguridad alimentaria”.

• Por otra parte, el analfabetismo, particularmente el digital, se torna en otro factor en contra. “Se vuelve difícil conseguir trabajo porque en las ciudades para la mayoría de los empleos necesitas saber cómo usar una computadora u otras tecnologías, que es muy diferente a los modos de vida que tenían estas personas antes”, pues muchas de ellas provienen de comunidades indígenas.

“Las disputas entre grupos criminales presuntamente desplazaron a unas 300 familias de Sinaloa en 2020, convirtiendo al estado en el sexto con mayor número de personas desplazadas en el país, según datos publicados por la CMDPDH.”

• Comida primero, identidad después: El sector más vulnerable ante los desplazamiento es el de las comunidades indígenas y, aunque pareciera que lo primero que se vulnera es su identidad, Lígia de Aquino explica que en realidad es el acceso a sus necesidades básicas.

“Las comunidades indígenas son afectadas de manera desproporcionada por los desplazamientos y lo primero que se nos viene a la mente es la importancia de su relación con el territorio y cómo eso afecta su identidad, pero el impacto económico y sobre las necesidades básicas están más presentes al hablar con las propias personas”.

Asegura que cuando se entrevistaban con ellas, las víctimas se enfocaban mucho en que lo más importante era conseguir comida y dónde vivir, “porque ahora eran diez personas en una cama”.

Sin embargo, considera que sí hay una afectación a la identidad a largo o mediano plazo, “pero primero habría que entender estas necesidades más primarias que se generan cuando la población tiene que desplazarse”.

• Secuelas del terror

Lígia de Aquino considera que las secuelas tras vivir un desplazamiento forzado dañan severamente la salud mental de las personas.

“Las afectaciones psicoemocionales que sufren las personas desplazadas empiezan con el miedo”, explica Lígia de Aquino, investigadora del CMDPDH, pues asegura que dar un seguimiento de los casos es difícil, ya que las víctimas suelen ocultarse para evitar ser identificadas por el crimen organizado.

• “En Michoacán las mismas personas desplazadas enterraban o quemaban sus documentos para que los grupos del crimen organizado no pudieran identificarlas, porque a veces tener un apellido o ser de una comunidad vincula a la gente con un grupo”.

Además, acusa que las víctimas no reciben la atención psicológica necesaria por parte de las autoridades y faltan programas de apoyo y protocolos de prevención.

• “Los porcentajes de población que recibe atención psicológica son muy bajos, al igual que los de personas que logran recuperar algún bien, sobre todo porque no hay mecanismos para la recuperación de bienes en casos de desplazamiento, no existe tampoco un servicio de atención psicológica para personas desplazadas como tal”.

Con esto coincide Israel Galicia García, psicólogo clínico y especialista en tanatología.

• “Lo ideal por parte de las autoridades sería que no hubiera desplazamiento sino que lograran corregir esas problemáticas para que las personas no tuvieran que ser desplazadas a otros lugares”.

El especialista considera que si el Estado no puede frenar la violencia que genera los desplazamientos, lo ideal sería proporcionar a las víctimas las condiciones mínimas para que se respeten sus derechos humanos.

• “En el lugar al que llegan tendría que haber condiciones básicas para que puedan subsistir de una manera digna, puedan alimentarse y tener un trabajo que ayude a cubrir sus necesidades más básicas.
• “Se tendría que destinar un presupuesto significativo para esta situación porque no lo hay, pero no termina ahí, algo importantísimo es que hubiera programas con los cuales estas familias pudieran acudir a talleres donde se les brinde ayuda psicológica”.

De acuerdo con Israel Galicia García, las víctimas de desplazamiento forzado se enfrentan al miedo, la ira y la tristeza porque tienen que desprenderse de un lugar en el que han vivido, aunque haya sido en condiciones de violencia.

• “La emoción del miedo está presente todo el tiempo, esto genera ansiedad, estrés y muchas situaciones que finalmente se pueden convertir en enfermedades físicas como padecimientos respiratorios, neurológicos o alteraciones en el sistema digestivo”.

Ruptura social

Israel Galicia García explica que el desplazamiento forzado fragmenta a las familias nucleares, lo cual deriva en que, si hay menores de edad, crezcan en el abandono y puedan terminar en ambientes hostiles.

• “La tendencia lamentablemente tiene que ver con las familias con una dinámica disfuncional debido a todas las problemáticas a las que se van a enfrentar.

“Entonces termina desintegrándose porque todas estas presiones hacen que emocionalmente los padres estén inestables y eso se va a ver reflejado, van a sacar todas esas situaciones que se van acumulando y la manera en la que se expresa es con agresión”.

• El especialista señala que cuando una persona enfrenta una cuestión de pérdida va a entrar en un proceso de duelo que consta de varias fases.

“La primera es negar su realidad, a la cual poco a poco se van a ir adaptando, pero es un proceso largo y obviamente no se va a dar de la mejor manera, entonces se va a juntar con una segunda etapa: la ira.

“Después de esto se viene una situación en la que ellos quisieran negociar, pero es una negociación idealista, situaciones que no van a tener, por lo tanto, van a acumular más frustración y pueden caer finalmente en trastornos mentales y psicológicos que empiezan a guiarse hacia un trastorno de la personalidad.

• El fenómeno Zacatecas: El estado gobernado por David Monreal fue el centro de atención durante 2022 en el tema de desplazamiento forzado de personas.

En noviembre pasado, habitantes de El Durazno, en Jerez, denunciaron que su comunidad se convirtió en un pueblo fantasma. Era la tercera ocasión que levantaban la voz para pedir atención de las autoridades de Zacatecas ante el asedio de los grupos delictivos.

• Otro caso es el de Valparaíso, donde en abril de 2022, el alcalde Eleuterio Ramos Leal, señaló que al menos 200 familias se habían visto obligadas a dejar sus hogares y reconoció que desde junio de 2021, al menos 17 regiones del municipio han corrido con la misma suerte.

“Durante 2021 nos llamó mucho la atención el tema en Zacatecas, un estado que había aparecido en nuestro mapa, pero por desplazamientos relacionados con la explotación de recursos naturales, a partir de donde se generaba violencia”, señala Lígia de Aquino.

• Para 2022, la tendencia se mantuvo, pero cambiaron los motivos, los desplazamientos siguieron en el estado, pero ya más vinculados con la violencia.

La investigadora señala que los focos se centraron en Jerez y Valparaíso, “ahí hemos identificado múltiples eventos de desplazamiento”, pero la lista también la integran Fresnillo, Calera, Zacatecas, Monte Escobedo y Tepetongo.

• La hipótesis de la CMDPDH sobre por qué se acentuaron los desplazamientos en Zacatecas giran en torno a la expansión territorial de los grupos del crimen organizado.

“En Zacatecas, pero también en Jalisco, vemos cada vez más desplazamientos porque hay disputas entre grupos del crimen organizado que están peleándose por dominio territorial y lo quieren expandir en esas regiones del país”.

Cinco estados concentran mayor número de desplazados en México

Por haber sido víctimas de agresiones contra ellos, su familia o amigos; por la presencia de la delincuencia organizada en su entorno o por extorsiones y cobro de derecho de piso, los mexicanos que más huyen de sus localidades son de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California y Oaxaca, revela el estudio «Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades».

• El reporte, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), evidencia que más del 75 por ciento de los casos son desplazamientos forzados, a causa de la violencia generalizada en esas cinco entidades.

Al presentar los hallazgos de la investigación que realizaron entre octubre y diciembre de 2022 en los albergues de 12 ciudades de la frontera norte de México, Pablo Cabadas, integrante de la OIM, aclaró que no es una muestra nacional, pero alertó que estos datos son preocupantes porque dos de cada 10 de las personas entrevistadas en los albergues confesaron que tenían un familiar desaparecido, lo cual refleja que un alto porcentaje de los desplazados encuestados salieron de manera forzada, es decir, se vieron obligados a huir porque sus vidas corren peligro o porque ya perdieron a un familiar y desconocen su paradero

• Los datos de este estudio, en el que entrevistaron cara a cara a personas que llevaban en promedio tres meses en albergues ubicados en 12 ciudades de la frontera norte del país, también muestran que 70 por ciento son mujeres.
• De estos, tres de cada cuatro admitieron haber salido de manera forzada de sus localidades, sobre todo por el dominio de narcotraficantes o por la presencia de grupos armados no solo del crimen organizado, sino también paramilitares.

Estos datos indican que «detrás de cada desplazado hay una omisión de los tres niveles de gobierno», lamentó la titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, Rocío González Higuera.

Comentó que los desplazamientos forzados en el país no son nuevos, pero este diagnóstico «visibiliza» una situación que es necesario abatir, porque demuestra que grupos criminales y narcotraficantes obligan a que gente de Michoacán, Guerrero o Chiapas abandonen sus hogares y traten de cruzar a Estados Unidos, aunque otros optan por asentarse en otras ciudades sin salir del país.

Mientras que la representante en México de la OIM, Dana Graber Ladek, advirtió que es muy preocupante que las mujeres son orilladas al desplazamiento forzado, por lo que las autoridades estatales y federales deben buscar la manera de protegerlas cuando abandonan sus hogares.

Estados del sur, los que más personas expulsan, por violencia

En México, más de la mitad de los casos de desplazamiento forzado por violencia ocurren en el sur del país.

• De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero de 2019 a julio de 2022, al menos 52% de los casos han ocurrido en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Si se consideran también los de Michoacán, la cifra se incrementa a 65 por ciento.

A escala nacional, de enero a julio de 2022, al menos 4,521 personas han sido obligados a salir de sus comunidades. Un promedio de 161 cada semana.

Los registros de esa organización civil señalan que, de 2019 a la fecha, se han registrado al menos 103 episodios de esa naturaleza en 14 entidades del país y, salvo Zacatecas, que desde el año pasado se ha convertido en un lugar sumamente peligroso para vivir en varias comunidades, las entidades del sur del país son las que siempre han estado entre las primeras de la lista de aquellas en donde más personas son obligadas a salir de sus lugares de origen.

• El año pasado, Chiapas, Oaxaca y Guerrero registraron 40% de los desplazamientos forzados a escala nacional, en 2020 el 58% y en 2019 el 69 por ciento.

Ligia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la CMDPDH explicó que se trata de tres entidades donde una buena parte de la población desplazada es indígena. Particularmente en Chiapas y Oaxaca, donde la mayoría de los que han sido obligados a salir de sus pueblos son indígenas.

• La especialista explicó que algunas personas se desplazan cerca de sus comunidades, en el mismo municipio, aunque otras se van más lejos, pero dentro del estado y otras atraviesan sus fronteras, sobre todo, rumbo al norte del país. Esto último ocurre particularmente con los expulsados de Michoacán, lo que, incluso, ha obligado al gobierno del estado a abrir oficinas de atención a desplazados en Tijuana, Baja California, donde hay un gran número de ellos.

“En un primer momento es común que se vayan a la cabecera municipal o se queden en el mismo estado, pero después puede ser que también busquen a otro estado”, mencionó.

Dijo que uno de los problemas que se tiene con este tipo de movilizaciones es que no hay certeza de qué es lo que está pasando con esas personas. No se sabe cuántos regresan o en qué tiempo lo hacen, en qué condiciones y quiénes jamás vuelven a pisar sus comunidades.

• La especialista comentó que, desde 2019, cuando el gobierno mexicano reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno, se han registrado avances a escala federal y en algunas entidades, pero es necesario que haya una buena coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para atender a esas personas que salen de sus comunidades en una situación de alta vulnerabilidad.
• A escala nacional, los mayores avances son en generación de información, particularmente en el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, así como el interés en buscar alianzas con organizaciones internacionales y de la sociedad civil en México, mencionó.
• Para la activista, es necesario contar con una ley nacional en la materia, la cual está congelada en el Senado de la República, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados en 2020, así como aprobar el presupuesto necesario para implementar programas de atención a desplazados por ese tipo de violencias.

Chiapas

Entre enero de 2019 y julio de 2022, Chiapas es el estado del país donde han ocurrido más desplazamientos, con al menos 28 episodios, seguido por Guerrero, con 16, Michoacán 13 y Oaxaca con 10. En esa entidad fronteriza del sur del país, comunidades enteras han sido obligadas a huir.

• Entre las causas de la violencia que obliga a familias enteras al destierro son principalmente conflictos agrarios y entre comunidades, a los que se suman otros tipos de violencias, incluida la que ejercer organizaciones paramilitares y del crimen organizados que también se involucran en conflictos entre comunidades.

En marzo, más de cinco familias tzotziles de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó, fueron obligadas a huir de sus hogares y refugiarse en comunidades cercanas al ser atacadas con armas de fuego por presuntos habitantes del municipio de Aldama.

Asimismo, en mayo ocurrió un desplazamiento masivo en el municipio de Ocosingo, concretamente en el municipio autónomo Moisés Gandhi, luego de ataques armados de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo.

• Fueron obligados a huir al menos 83 personas de las localidades de Emiliano Zapata y La Resistencia, parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En julio nuevamente se registraron al menos dos eventos de desplazamiento interno por violencia en Chiapas.
• En el primero, alrededor de 400 personas de 850 familias fueron desplazadas de los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria como consecuencia de la violencia generada por la irrupción de grupos armados y por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública.
• Asimismo, en el municipio de Larráinzar, 15 personas de dos familias se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad de Chuchiltón, tras recibir amenazas por no haber pagado la multa que les impusieron por no cooperar para la realización de una fiesta religiosa, ya que pertenecen a otra religión. Las familias desplazadas también fueron despojadas de sus pertenencias, según el monitoreo de la CMDPDH.
• En esa entidad, durante 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo nueve desplazamientos forzados incluidos masivos, es decir cuando se desplazan más de 10 familias; en 2020 ocurrieron, en 2021 11 y de enero a julio pasado van al menos cuatro. Si se toman encuentra los desplazamientos desde 2016 esa entidad ocupa en tercer lugar con 22,000 personas desplazadas.

Oaxaca

De 2019 a julio pasado se han registrado al menos 10, de los cuales tres ocurrieron en 2019, cinco en 2020, uno en 2021 y uno en este año.

• En este caso las violencias se deben más a conflictos locales, ya sea de tipo político y claramente relacionados con procesos electorales y conflictos territoriales entre comunidades, particularmente en la región triqui.
• En enero pasado, al menos 30 personas, de seis familias indígenas mixes fueron expulsadas de la comunidad de San pedro Chimaltepec, municipio de San Juan Mazatlán.

Previo a eso, al menos seis hombres que profesan la religión evangélica habían sido detenidos y mantenidos incomunicados por motivos religiosos.

Guerrero

En Guerrero, de enero de 2019 a julio pasado ocurrieron al menos 16 desplazamientos forzados, de los cuales ocho tuvieron lugar en 2019, cinco en 2020, dos en 2021 y uno este año.

• Si se toman encuentra los desplazamientos desde 2016 esa entidad ocupa en segundo lugar, con alrededor de 24,000 desplazados.
• Aquino Barbosa comentó que la mayoría de los desplazamientos en ese estado tienen que ver con la operación de grupos criminales, así como con ataques.

En marzo, a menos de dos semanas de haber retornado a la comunidad de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, más de 200 personas tuvieron que abandonar de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen organizado. Las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento en enero de 2020.

Michoacán

• En Michoacán, de 2019 a julio pasado, se han registrado al menos 13 eventos de ese tipo, de los cuales tres ocurrieron en 2019, tres en 2020, cinco el año pasado y al menos dos en lo que va de 2022.

Ligia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la CMDPDH explicó que si se consideran los datos desde 2016 Michoacán es donde más ocurren ese tipo de violencia, sobre todo porque en 2021 más de 13,000 personas tuvieron que salir huyendo de sus comunidades por temor a su vida o que atenten contra a su integridad física.

• En enero de este año, varias comunidades del municipio de Tepalcatepec, fueron atacadas con armas de alto calibre y artefactos explosivos lanzados desde drones. La agresión fue atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Eso ocasionó el desplazamiento de habitantes de El Bejuco y La Romera, donde al menos una persona resultó herida y varias viviendas fueron dañadas./PUNTOporPUNTO