En México la movilidad social ascendente es casi inexistente, ya que solo 4 de cada 100 personas logran entrar en el grupo de mayores ingresos económicos; en contraste, 3 de cada 4 mexicanos que nacen en la pobreza se quedan pobres toda su vida y solo 1 de cada 3 estados han sido capaces de desarrollarse en los últimos 40 años, así lo expuso Raymundo Campos, autor de Desigualdades. Por qué nos beneficia un país más igualitario, la más reciente publicación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), asociación civil que promueve la igualdad de oportunidades para la población mexicana.
“El desarrollo incluyente es un asunto de seguridad nacional. La integridad del país depende de que el crecimiento económico llegue a todos los rincones y regiones de México”, expuso el autor quien en 9 capítulos proporciona evidencia sobre cómo las diferentes desigualdades afectan a México y reflexiona sobre su alcance, profundidad y consecuencias. Afirma, por ejemplo, que desde 1895 no se han cerrado las brechas económicas y sociales entre el sur y el resto del país; así, la desigualdad regional no se ha podido disminuir en al menos 130 años. Este resultado “no es algo natural, sino una decisión en política”.
- Manifestó que México es un país que vive múltiples desigualdades y afectan a todas las personas. La más notable es la de ingresos. Pero el país sufre de otras desigualdades como son la de riqueza y la de oportunidades—que están estrechamente vinculadas con la infraestructura de escuelas, hospitales, transporte, espacios públicos o recreativos, trabajo y el hogar—; o la desigualdad en el trato, es decir la discriminación.
Con respecto a la desigualdad por motivos de género, Raymundo Campos refiere un estudio realizado junto a Eva Arceo (profesora de la Universidad Iberoamericana), que consistió en enviar miles de currículas falsas a diferentes empresas, el cual concluyó que a las mujeres las juzgan más por su apariencia, personalidad y estado civil al momento de postularse a puestos de trabajo, que a los hombres.
- Aseveró que tan sólo el 40% de las mujeres desocupadas se integrarán al campo laboral, el PIB de México aumentaría 43% en algunos años y detalló que actualmente, el 55% de las mujeres no tienen trabajos remunerados, y quienes sí perciben un salario, este es 23% menor que el de los hombres.
- Además tienen poca estabilidad laboral, realizan trabajos más precarios y se enfrentan a tener que dedicar más horas al trabajo doméstico. Por si fuera poco, la discriminación y los estereotipos de género contribuyen a que el 80% de las mujeres indígenas vivan en pobreza.
- Con respecto a la discriminación por el tono de piel, Campos señaló que las personas blancas perciben ingresos 54% mayores a los ingresos de una persona morena, y resalta la sobrerrepresentación de personas blancas en puestos directivos o cargos públicos de alto nivel.
En gran medida, el autor atribuye la falta de soluciones a lo poco que se ha abordado el tema de la discriminación en estudios sobre economía y ciencias sociales realizados por economistas mexicanos, pues halló que de todos los estudios realizados entre 2000 y 2017, sólo 1% habla sobre discriminación y apenas 4 artículos mencionan la palabra indígena.
- Por otro lado, en el país la esperanza de vida de una persona pobre es en promedio 20 años menor que una persona de mayores ingresos. Esto principalmente se debe a la falta de infraestructura y de servicios, además de la violencia que padecen las comunidades más rezagadas.
“Las desigualdades nos terminan afectando a todos. Un país más igualitario nos ayudaría a tener un desarrollo económico más equilibrado y más justo. Un Estado más fuerte y capaz es la única fuerza que puede reducir la desigualdad. Si el Estado no cambia, nos quedaremos sin armas para luchar contra ella”, concluye Campos.
Programas sociales insuficientes
Los programas sociales de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo los estatales y municipales, deben afinar su diseño para ser efectivos en la lucha contra la pobreza, subraya José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
- Los programas sociales de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo los estatales y municipales, deben afinar su diseño para ser efectivos en la lucha contra la pobreza, subraya José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En las entidades federativas y municipios del país todavía hay rezagos en su política de desarrollo social y esto limita el alcance de resultados efectivos. Entre mayo de 2020 y junio de 2021, recuerda, el Coneval realizó evaluaciones a 1,440 intervenciones o programas sociales de los gobiernos estatales y encontró que solo 52% tenía reglas de operación publicadas en sus gacetas oficiales y únicamente 42%% acompañó sus reglamentos con propuestas de indicadores de monitoreo, seguimiento y resultados.
“Me parece que ahí todavía tenemos un área de oportunidad muy fuerte en esos dos niveles de gobierno”, sostiene en entrevista.
- Hasta ahora, los programas sociales federales, estatales y municipales no han logrado disminuir los indicadores de pobreza en el país. De 2018 a 2020, en 19 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de la población en situación de pobreza, reporta el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022.
- Durante ese periodo, Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala fueron los estados con el mayor aumento de población en situación de pobreza, mientras que Nayarit, Colima y Zacatecas lograron reducir en mayor proporción el número de habitantes en pobreza.
Además, en 26 de las 32 entidades federativas incrementó la población en situación de pobreza extrema. En 2020, Chiapas, con 29%; Guerrero, con 25.5%; Oaxaca, con 20.6%; Veracruz, con 13.9%, y Tabasco, con 13.7% fueron los estados con el mayor porcentaje de población en pobreza extrema.
¿Programas sociales contuvieron aumento de pobreza?
En cuanto a los programas sociales del gobierno federal, el funcionario asegura que, después de evaluarlos en 2019, varias secretarías de Estado encargadas de ellos han aplicado las recomendaciones del organismo para mejorar el funcionamiento de los mismos, pero aún se tienen muchos programas sin mejoras.
“Al momento de que emitimos esas recomendaciones, parte de ellas, no todas, también debo decirlo, parte de ellas se retoman por los responsables de los programas sociales”, explica.
- Y, aunque en 2020 disminuyó el impacto de esas iniciativas en la mejora de los ingresos de las personas más pobres, el doctor Nabor Cruz sostiene que, sin los programas sociales, la pobreza habría aumentado en mayor proporción.
- “Este incremento en los niveles de pobreza multidimensional que tuvimos de 2018 a 2020, pues pasamos de un 41.9 a un 43.9% de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional, se contextualiza claramente por la pandemia”, refiere.
Al estimar los niveles de pobreza sin efecto de los programas sociales, los resultados arrojan que habrían crecido cuatro puntos porcentuales, o sea, el doble de lo que subieron.
“Estamos hablando de poco más de 7 millones de personas, cuando de 2018 a 2020 fue, en realidad, de 3.8 millones de personas. Entonces, al menos en 2020, lo que sí podemos plantear es que los programas sociales de los tres niveles de gobierno contuvieron la afectación, en términos de pobreza por covid, que no fuera mucho mayor a la esperada”, subraya.
- Pero será en agosto de 2023 cuando se confirme si los programas sociales han sido efectivos en un contexto distinto: sin confinamientos por la pandemia de Covid-19, con una recuperación laboral, aunque frenada por la inflación y el alza de precios de algunos alimentos básicos. En ese mes, el Coneval presentará sus estimaciones de pobreza para el año 2022, después de que el Inegi publique la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH).
“Después del fuerte choque que tuvimos, en términos de pobreza multidimensional y pobreza laboral durante 2020, ha habido un proceso de recuperación, pero en términos de pobreza multidimensional, habrá que esperar ahora en agosto para ver el saldo que tenemos”, apunta.
- Carencias sociales: Entre 2018 y 2020, tres de las seis carencias sociales que mide el Coneval se agudizaron a nivel nacional. La proporción de población con rezago educativo pasó de 19% a 19.2%; la carencia por acceso a los servicios de salud subió de 16.2 a 28.2%, y la gente con falta de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% a 22.5%.
- Las mujeres viven en pobreza en mayor proporción que los hombres. En 2018, 27.1 millones de mujeres se encontraban en esa situación y, para 2020, la cifra ascendió a 29.1 millones. En contraste, 24.7 millones de hombres vivía en situación de pobreza en 2018, y dos años después, 26.6 millones.
- La carencia de seguridad social se presenta en mayor medida en la población indígena, con 77.2% sin acceso a ella; tampoco cuenta con este derecho 46% de las personas con discapacidad; 58% de las niñas, niños y adolescentes, ni 71.8% de las personas jóvenes, de 12 a 29 años.
Ante esas cifras, el titular del Coneval asegura que actualmente tienen convenios de colaboración con 20 entidades federativas para apoyarles en el desarrollo o el diseño de las intervenciones o programas sociales, con el fin de que incidan positivamente en el combate a la pobreza.
«Es, justamente, la tarea que en el día a día hacemos desde Coneval, ese acompañamiento técnico que hacemos a estados, sobre todo, y a algunos municipios», destaca.
Desigualdad golpea más a los más pobres
La pandemia por COVID-19 ha exacerbado aún más la desigualdad en las ciudades, especialmente entre las personas más pobres, esto, derivado de una urbanización acelerada y desordenada, con grandes franjas de habitantes que viven en asentamientos informales y trabajan en la economía informal, así lo revela la síntesis del informe “Siete transformaciones para ciudades más equitativas y sostenibles”.
- El documento presentado por el World Resources Institute (WRI), destaca que, a nivel mundial, más de mil 200 millones de personas -o uno de cada tres residentes urbanos- carecen de algún servicio básico (como vivienda de calidad, transporte, agua, saneamiento o energía), y alerta que la mayoría de las ciudades globales del sur, permanecen en un camino de crecimiento desigual, inseguro y contaminante.
Predice que, de continuar por esta ruta las ciudades caerían en un ciclo de pobreza, baja productividad y degradación ambiental durante el resto del siglo y más allá, lo que socavaría la calidad de vida de todos y el progreso hacia los objetivos climáticos y de desarrollo. El documento asegura que las decisiones que se tomen hoy “pueden ampliar la brecha de los servicios urbanos” en formas que se vuelven más difíciles de revertir y empeoran los riesgos del cambio climático.
- África, Asia y América Latina: Esta nueva investigación, que es la culminación de seis años de trabajo de más de 160 autores y revisores de todo el mundo, ofrece a las ciudades un plan sobre cómo desencadenar un cambio transformador, especialmente en el sur global, donde los recursos y la capacidad son escasos. Documenta innovaciones revolucionarias en todos los continentes, y muestra soluciones reales para hacer crecer las economías, reducir la desigualdad y mejorar el medio ambiente.
- Revela siete transformaciones urbanas cruciales que se necesitan en las áreas de infraestructura diseño y entrega, prestación de servicios, recolección de datos, empleo en áreas urbanas, finanzas, gestión del territorio y gobernanza.
- Ani Dasgupta, CEO de WRI, asegura en el Prólogo del documento que nuestro planeta necesita ciudades exitosas, que sean centros de innovación y productividad, en la que cada familia prospere, y que cumplan la promesa de crecimiento con bajas emisiones de carbono.
“Todavía no estamos construyendo las ciudades que necesitamos. Una de cada dos personas vive en las ciudades, y 2 mil 500 millones más lo harán para 2050. Las ciudades producen más del 80% del PIB, pero también el 70% de las emisiones globales. Nuestras ciudades crecen, mientras se amplía la desigualdad y los medios de vida disminuyen”, señaló.
- Los ingresos y el PIB ya no son las únicas medidas de la pobreza: El informe ofrece una nueva lectura donde los ingresos y el PIB ya no son las únicas medidas de la pobreza y el éxito de una ciudad, y muestra que un mejor acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, energía, transporte y vivienda para las poblaciones desatendidas, puede generar prosperidad y sostenibilidad en toda la ciudad.
La pandemia de coronavirus, reconoce el reporte, ha puesto al descubierto las desigualdades en las ciudades entre aquellos que tienen dinero y posibilidad de acceder a un empleo y aquellos que no. Hoy, más de 1.2 mil millones de personas viven en barrios marginales urbanos y se encuentran entre los desatendidos, lo que representa aproximadamente un tercio de los habitantes urbanos en todo el mundo y dos tercios en los países de ingresos bajos.
“Aquellos que están desatendidos por los servicios urbanos sufren desproporcionadamente, no sólo por brotes de enfermedades, sino también por amenazas de todo tipo, incluidas las crisis económicas, la degradación ambiental y los desastres naturales”, advierte el documento.
- CDMX y Guadalajara fueron parte del análisis: La Ciudad de México y Guadalajara fueron parte del análisis, en el que se reconocieron los mecanismos innovadores que se han impulsado para captar valor de las inversiones públicas, como la emisión del primer Bono verde en 2016 por la capital, cuyos ingresos se utilizan para iluminación de bajo consumo, mejoras de tránsito e infraestructura hidráulica.
Guadalajara fue reconocida por la creación de la ciclovía Vía RecreActiva, la cual conecta con los nueve municipios conurbados con más de 60 kilómetros de calles principales que están cerrados a los vehículos de motor, lo que las hace en ampliamente accesible como espacio público.
El informe reconoce que esta iniciativa surge de una coalición de activistas y grupos de la sociedad civil que ayudaron a transformar la forma en que se ve y se utiliza el espacio público en la ciudad, con una gobernanza más inclusiva y, aunque no ha revertido la desigualdad sistémica, sí ha marcado un paso importante.
- Viajes largos y costosos: Sin embargo, también señala los retos, particularmente en el desarrollo desordenado de las ciudades mexicanas, donde los programas de vivienda suelen evaluar la asequibilidad en términos de los ingresos y los costos de la vivienda por sí solos, sin tener en cuenta el alto precio de desplazarse o conectar la vivienda con los servicios.
Esta periferia urbana se caracteriza por viajes largos y costosos que reducen la productividad, exacerban el tráfico y la contaminación. Por estas razones, los residentes en varias ciudades han abandonado algunas de estas viviendas.
Menciona en particular un programa nacional de vivienda en la capital de México que costó 100 mil millones de dólares entre 2001 y 2012 y construyó millones de viviendas a las afueras de la Ciudad. “Hoy en día, una gran proporción de estas viviendas, aún carecen de agua corriente y electricidad y no están conectados al transporte público”, alerta.
- Hogares gastan en promedio alrededor de 40%: Asimismo, la investigación reconoce que el 62% de los habitantes de la Ciudad de México, invierte cantidades superiores al promedio en términos de tiempo y dinero para llegar a sus destinos.
Este análisis está respaldado por un estudio de los residentes de viviendas sociales que viven en áreas periféricas de ciudades de Brasil, Colombia, y México, el cual encontró que los hogares gastan en promedio alrededor de 40% menos de lo que lo harían por una vivienda ubicada en el centro de un área de bajos ingresos, pero sus desplazamientos cuestan el doble y tardan tres veces más en traslados que los hogares céntricos.
Una consecuencia importante, según muestra el documento, es que esta mala accesibilidad afecta directamente la productividad de las personas y, en última instancia, sus ganancias. Las proyecciones del estudio predicen que, para 2030, la expansión de las ciudades amenazará la biodiversidad y los ecosistemas.
Adultos mayores en Pobreza
El derecho a la seguridad social “sigue presentándose como un reto estructural importante” en el país. Entre 2018 y 2020 el acceso a este sistema, además de presentar un desafío creciente, la mayor parte de la población sigue experimentándolo como carencia social, alcanzando a más de la mitad de las personas.
- Por ejemplo más de 50 por ciento de los ocupados “de 65 años o más en pobreza nunca han cotizado en alguna institución” de este tipo, establece el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Subraya que “para este mismo año, sólo un tercio de la población de 65 años o más recibía una pensión contributiva”, es decir la que se obtiene de la cotización, “evidenciando la baja cobertura del sistema”.
El estudio que emite el Coneval cada dos años deja ver que “un reto para la atención de los riesgos por curso de vida es que los relativos a salud, trabajo, seguridad social e incluso educación siguen anclados a las condiciones de derechohabiencia o de empleo formal”.
- Sistema fragmentado: Otro desafío estructural es “la fragmentación del sistema de salud, que conlleva la atención diferenciada a la población entre los distintos subsistemas”. De acuerdo con las últimas modificaciones normativas, la parte sin seguridad social será atendida a través del programa IMSS-Bienestar, que funcionará como organismo descentralizado del lnstituto Mexicano del Seguro Social, el cual absorbe los objetivos planteados inicialmente para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Aunque es relevante “avanzar hacia la cobertura universal en salud, este programa enfrentará importantes retos, ya que, por ejemplo, el catálogo de atención que proporciona incluye únicamente servicios de primero y segundo niveles, lo que sigue siendo un desafío frente a la necesidad de equilibrar los servicios y beneficios” en este rubro para derechohabientes y quienes no tienen ninguna afiliación.
Indica que actualmente “los programas y acciones de desarrollo social buscan contribuir en la reducción de la pobreza a través de la redistribución de los ingresos” y gran parte de los esquemas y acciones vinculados a los riesgos atienden a la población en condiciones transversales de vulnerabilidad.
- Lo anterior “se considera un acierto y avance en la construcción de una política de protección a lo largo del curso de vida; sin embargo, no se cuenta con información o evidencia que permita observar si los programas efectivamente están cubriendo estos grupos”.
Otra carencia que se incrementó durante el periodo medido, agrega, fue el acceso a los servicios de salud. Ocurrió en el contexto de la contingencia sanitaria y fue más marcado en la población de menores ingresos y residentes del ámbito rural. “Sin embargo, este aumento se enmarca en el proceso de transición administrativa y operativa de la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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