El elemento tiempo y ocho votos de los once ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudieran detener la aplicación de las leyes secundarias del Plan B en materia electoral aprobadas y las que restan de aprobar por el Poder Legislativo.
Dado que al cierre del periodo ordinario de sesiones del año pasado ya no le alcanzó a la Cámara de origen (Diputados) aceptar el trámite de revisión que pidió la Cámara de Senadores para que fueran aprobadas las reformas a cuatro de las leyes pendientes en materia electoral propuestas por el Ejecutivo, se formó la comisión permanente que representa a los congresos en los periodos de receso.
Sin embargo, ahí Morena no tiene mayoría calificada, de tal manera que se tuvo que alargar el proceso hasta el 1 de febrero en que iniciará el siguiente periodo de sesiones.
Para el experto en materia electoral Andrés López Muñoz se percibe una posible aprobación en fast track (método rápido) a las leyes secundarias pendientes, donde se incluyen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El siguiente paso inicia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las leyes que sean aprobadas, desde donde se dará 30 días naturales para que los actores políticos acudan a lo que ya han anunciado, explicó López Muñoz que son las acciones de inconstitucionalidad que deberán presentarse al Poder Judicial, porque desde su particular punto de vista una gran cantidad, si no es que la mayoría de las propuestas que se avalarían contravienen a la Constitución, “donde existe un principio jurídico que dice que ninguna ley secundaria puede contravenir la Constitución General de la República, ni siquiera las leyes y las constituciones de los estados, la Constitución es la ley máxima, es la ley de leyes y todas las leyes, de tal manera que los actores deberán acudir a este recurso”.
Destacó que estos actores pudieran ser dirigentes de partidos políticos, el 33 por ciento de diputados o 33 por ciento de senadores en desacuerdo, e incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tras la publicación de las leyes aprobadas en el Diario Oficial de la Federación, que podría darse entre el 2 y el 5 de febrero, en caso de que se dé el fast track como está previsto al ser Morena mayoría en las cámaras, deberán correr 30 días hábiles antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie el estudio de constitucionalidad, es decir, revisar que cada una de las reformas que se hayan hecho no contradigan la Constitución, porque de ser así sería rechazada y para que esto suceda, este organismo requiere del voto de 8 de los 11 ministros que lo conforman, según el artículo 105 de la Constitución que especifica las acciones de constitucionalidad.
Por otro lado, el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su fracción primera, establece que el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo a la elección, lo que significa que el proceso electoral ordinario del 2024 donde se elegirá al presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores, así como a 9 gobernadores y 30 legislaturas locales, el proceso inicia el 1 de septiembre de este 2023.
Asimismo, el artículo 105 de la Constitución establece que queda prohibida cualquier reforma en materia electoral 90 días antes de empezar el proceso electoral. “Si tomamos en cuenta que el proceso electoral inicia el 1 de septiembre y contamos hacia atrás 90 días naturales, estaremos hablando de que el día 2 de junio es la fecha límite para que se pueda avalar cualquier reforma en materia electoral, por lo que finalmente la SCJN tendría solo tres meses para resolver las acciones de inconstitucionalidad”, explicó López Muñoz.
De esta manera, López Muñoz, dijo, la única instancia que quedaría para poder resolver la confrontación entre el Ejecutivo y la 4T con los diversos actores políticos e instituciones que no comparten su punto de vista, entre ellos el INE, es la SCJN.
Depende de la SCJN
“Si la Corte, en el supuesto caso que llegue a determinar que ningún artículo contradice la Constitución, de acuerdo al Plan B avalado por el Congreso de la Unión, entonces se terminó la discusión y saldrá airoso el presidente de la República y podrá decir que tenía razón, pero puede ser lo contrario y lo contrario puede ser que diga todo es inconstitucional y va para atrás y se acabó la discusión, porque ya no habrá tiempo de hacer una nueva reforma o un nuevo proceso legislativo en el Congreso de la Unión”.
En el mismo sentido, Jaime González Ochoa, autor de diversos libros en materia electoral, resaltó que generalmente la SCJN se toma un tiempo razonable para el análisis de las acciones de constitucionalidad, puesto que debe turnarlo a un ministro ponente que recibe toda la información y en cuanto lo considere oportuno lo somete al pleno.
“Generalmente, la Corte se toma su tiempo porque debe turnarlo a un ministro ponente que recibe toda la información y cuando lo considera oportuno lo somete al pleno. Los tiempos ya no le darían para el inicio del proceso electoral si consideramos que es el 1 de setiembre y 90 días antes no puede haber reformas a ninguna ley en materia electoral, por lo que debería quedar resuelto antes del último día de mayo y los tiempos no están para que se apruebe ese Plan B”.
Destacó que habría que ver si la Corte acelera el proceso, pero es algo poco común, porque no es sencillo de revisar y si se ajusta a lo que establece la Constitución, agregó, todo está sujeto a que primero se apruebe en el Poder Legislativo, después se presenten las acciones de inconstitucionalidad, estas lleguen a la SCJN y finalmente se dé una revisión y todo queda en las manos de los 11 ministros que la conforman.
Plan B sólo busca que AMLO pueda ser vocero de ‘corcholata’
Los cambios a las leyes electorales planteado por el llamado plan B de reforma electoral sólo tienen el propósito de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pueda ser el vocero del candidato o candidata de Morena a la Presidencia, lo cual será la única ventaja de los morenistas frente a la oposición, consideró Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.
«Para mí el único objetivo que tienen los cambios a la ley es que se permita al presidente hacer campaña. Que no estén molestando ni el INE ni el Tribunal con que se metió a la elección, con que dijo que no hay que apoyar a tal, con que hay que seguir con tal proyecto. Porque la única ventaja que va a tener el candidato o candidata de Morena es el vocero; va a tener un gran vocero: el presidente», señaló el analista político.
Roy Campos argumentó que este propósito se ve todo en el cambio de definición de ‘propaganda gubernamental’, en el sentido de que lo que use recursos públicos ya no sea considerado propaganda, y ésta solo abarque lo contratado con recursos públicos. El especialista en encuestas apuntó que con este cambio, la mañanera sale totalmente de la definición de este concepto.
Roy Campos destacó que la práctica de «destapar» al que el presidente busca que sea su sucesor no se hacía anticipadamente porque se consideraba que el presidente iba a perder poder. Sin embargo, en tanto que la Cuarta Transformación y Morena, que son el gobierno y el partido de una persona, según considera Roy Campos, eso no iba a ocurrir.
Al contrario, con un temprano «destape» lo que hacen los presidenciables de Morena es tomarle ventaja a los adversarios, señaló.
El plan B de reforma electoral plantea una reducción del concepto de propaganda gubernamental lo que no sea financiado con recursos públicos, además de que excluye las manifestaciones y opiniones de servidores públicos de lo que compete al proceso electoral. En este sentido, los dichos de los servidores públicos tampoco tendrían que cesar antes de la elección, cuando hay un breve periodo de veda.
Esta legislación resulta contraria a los artículos 41 y 134 constitucionales, razón por la cual está siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, Roy Campos difirió con José Fonseca en que esta reforma electoral era un paso más al desmantelamiento de las instituciones del Estado; sin embargo, concordó que es la primera vez que la mayoría en el poder no busca el consenso con las minorías.
‘Plan B’ electoral es también peligroso
El ‘Plan B’ a la Reforma Electoral presentado al Congreso por el presidente López Obrador, luego de que se rechazara la constitucional, es un conjunto de modificaciones a las leyes secundarias también peligrosas para la democracia, al menos así lo señala el analista político Alejandro Medina
Medina explicó que con estas modificaciones se le quita capacidad operativa al instituto, así como facultades en diversas áreas del mismo.
El analista agregó que con el freno a la Reforma Electoral, al menos se logró detener un ataque frontal contra la democracia, sin embargo la avanzada continuaría con las reformas a las leyes secundarias.
Cómo afectaría a las elecciones en México
El pasado 15 de diciembre de 2022, el Senado mexicano aprobó el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una opción planteada a inicios de mes luego de que viese frustradas sus intenciones de llevar adelante una reforma constitucional al no conseguir consenso con la oposición.
Este Plan B, que propone reducir el presupuesto y estructura del órgano electoral mexicano, genera diversas críticas tanto de opositores como analistas por cómo debilitaría gravemente al Instituto Nacional Electoral (INE), por el intento de imponerlo desde el oficialismo junto a sus aliados sin buscar un consenso con la oposición y por la proximidad del inicio de la campaña presidencial para las elecciones del 2024.
- La propuesta de reforma, ahora a las leyes, una salida que le encontró el gobierno de AMLO ante la imposibilidad de modificar la Constitución, ha seguido un largo camino en el que se ha visto ampliamente modificada desde su versión original y cuya última edición ahora espera ser aprobada por la Cámara de Diputados antes de llegar al presidente.
Fiel a su estilo, sin embargo, el mandatario lanzó el jueves 15 la advertencia de que podría vetar esta última versión luego de las modificaciones parlamentarias.
“Sí. Si lo considero, lo puedo vetar”, dijo durante una conferencia matutina al ser consultado sobre una clausula dentro de la reforma referida a la preservación de partidos pequeños y los votos que les serían transferidos de organizaciones aliadas para evitar su desaparición.
Lo que el mandatario olvidó mencionar es que esta propuesta partió desde su misma base partidaria. “Está la disposición para que los partidos pequeños aliados con uno grande, si tienen un convenio electoral, pueden recibir los votos que le hagan falta para conservar su registro electoral y así tener tanto financiamiento público como diputados y senadores a su nombre. Pero esta propuesta fue incluida por Morena, buscando los votos de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo”, explica a El Comercio Raúl Trejo, investigador en el Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM y columnista en el diario “Crónica”.
El 13 de octubre, AMLO envió su iniciativa a la Cámara de Diputados, en la cual buscaba modificar 18 artículos de la Constitución y, principalmente, convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), modificando tanto su estructura organizacional como los procesos de nombramientos.
Algunos de los cambios presentados por AMLO para la reforma contemplaban:
- Reducir de 11 a 7 consejeros electorales, quienes serían propuestos por los tres poderes del Estado y electos por voto popular.
- Eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores conocidos como plurinominales.
- Desaparición de los Organismos Públicos Locales (oficinas electoral descentralizadas).
- Reducir del 40% al 33% la participación necesaria para que el resultado de una consulta de revocación de mandato sea vinculante para las autoridades.
- Reducción a financiamiento público para los partidos.
- Implementación del voto electrónico en el país.
Según AMLO estas medidas representarían un ahorro de 15 mil millones de pesos (unos US$755′461.950 aproximadamente) para el Estado.
Para ser aprobada, la reforma constitucional requería de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. Entre los votos de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, no alcanzaban dicha cifra, por lo que AMLO aseguraba que la oposición, con la que nunca negoció, quería que se vote el paquete lo antes posible para enterrarlo.
- El 13 de noviembre, sin embargo , se produjo un evento inédito en México. Cientos de miles de ciudadanos se movilizaron en la capital y en más de una treintena de ciudades en defensa del INE y en contra de la reforma.
“En México hemos tenido un sistema electoral con la capacidad de convocar a elecciones libres e independientes porque está organizado a partir del INE, que es autónomo respecto del Gobierno. Tiene su propio presupuesto, lo maneja según sus funciones, organiza su propia estructura. Siempre al margen del gobierno. Esto es muy importante porque por más de 70 años tuvimos en México que el partido que gobernaba organizaba las elecciones y decidía los resultados. Las elecciones democráticas se realizan en México gracias al acuerdo entre diferentes fuerzas políticas hace 25 años para crear a este organismo electoral independiente”, explica Trejo.
La respuesta de AMLO fue convocar a una manifestación dos semanas más tarde, organizada desde el Gobierno, en defensa de su propuesta.
La reforma terminó siendo rechazada en la Cámara de Diputados la mañana del 7 de noviembre, pero horas más tarde la Secretaría de Gobierno ya presentaba el famoso Plan B, el mismo que fue aprobado en ‘fast-track’ por el oficialismo, sin consulta ni consenso con la oposición.
Al tratarse de una reforma a leyes solo hacía falta una mayoría simple para que progrese.
Al no ser una reforma constitucional, la nueva propuesta del oficialismo tuvo que evitar varias de sus propuestas originales. Esta versión, podríamos llamarla de emergencia, planteaba ahora los siguientes puntos principales:
- Reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial.
- Reducir las oficinas distritales del INE de 300 a 264 y eliminar la carrera electoral profesional.
- El INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no podrán establecer criterios para anular candidaturas.
“Hay dos grandes temas cuestionables aquí. Uno es la desaparición de la estructura nacional y local del INE. En México la organización electoral implica muchas cosas, entre ellas la elaboración del padrón y la credencial electoral, reclutamiento de ciudadanos para los comicios, todo esto lo hace la estructura local del INE que ahora quedaría desarticulada con la reforma. La estructura nacional también quedará desarticulada, el funcionario más importante, que es el secretario general del INE, quedará cesado con esta nueva ley. Es decir, al INE lo golpean en su estructura interna”, alerta Trejo.
“La columna vertebral del INE es el servicio profesional de carrera de sus miembros, que han seguido concursos para ser admitidos y llevan más de 20 años en ese trabajo. Son independientes de los partidos y organizan las encuestas, las elecciones, etc. Esto quedará desarticulado por la reforma, el INE tendrá que despedir a 2 mil profesionales y quedará muy limitado para poder organizar comicios”, advierte el experto.
Estos cuestionamientos en torno a la propuesta de reforma se vieron reflejados incluso entre las filas del propio AMLO. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, votó en contra del Plan B durante la sesión del jueves 15 y posteriormente aseguró que esto se debió a que busca “defender la Constitución”.
Al ser consultado sobre esta postura, AMLO aseguró que no habría “nada de purgas” dentro de su partido, pero le advirtió a Monreal que “el pueblo está muy politizado” y serán ellos quienes “juzguen la conducta del legislador”.
- La advertencia de López Obrador se produce en un momento en el que la sociedad mexicana parece dirigirse a la polarización política que ya hemos apreciado en otros países, incluido el Perú. Las alertas suenan más fuerte si tomamos en cuenta que esta reforma podría opacar los eventos electorales más cercanos, a realizarse en el 2023 y 2024.
“En 2023 tenemos elecciones en los estados de Coahuila y el Estado de México. La elección presidencial, además, será en junio del 2024, pero la campaña empieza a mediados del próximo año. En México solemos tener reformas electorales de forma frecuente, pero en todos los casos han sido propuestas o consensadas por la oposición. Es la primera vez en casi 40 años que tenemos una reforma impuesta desde el Gobierno y contra la oposición. Además, la forma en la que desarticula al INE es un golpe fuerte a la transparencia y legitimidad del instituto”, alerta Trejo.
Cronología de posibles escenarios
En caso de que las leyes pendientes del Plan B en materia electoral sean aprobadas el 1 de febrero por el Poder Legislativo, se publicarían en el DOF.
- Feb. 2023: Se prevé que los legisladores de Morena aprueben fast track las reformas pendientes del Plan B, las cuales podrían publicarse entre el 1 y el 5 de febrero en el DOF.
- Abril 2023: Los actores políticos tendrán 30 días naturales para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en caso de que consideren inconstitucional lo aprobado.
- Mayo 2023: La SCJN no tiene fecha definida para resolver las acciones de inconstitucionalidad, pero para que se logre alguna reforma deben ser resueltas el último día de mayo.
- Sept. 2023: El 1 de septiembre de 2023 inicia el proceso electoral para las votaciones presidenciales de 2024 y 90 días antes no deberá hacerse ninguna modificación a la ley electoral./Agencias-PUNTOporPUNTO
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