Barrales calificó de irónica iniciativa para la Protección de niñas y niños de EPN

 RITA MAGAÑA TORRES

La senadora del PRD, Alejandra Barrales, consideró irónico que el Ejecutivo federal haya presentado ante el Senado una iniciativa preferente de Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes, y el pasado 15 de septiembre sea la responsable de tratar de manera inadecuada a los pequeños.

Advirtió que los menores de edad son los que mayor protección necesita, por lo que lamentó las imágenes que circularon en redes sociales el pasado 15 de septiembre, donde se observan revisiones físicas a niños para ingresar al Zócalo en el marco de la ceremonia del Grito de Independencia.

Alejandra Barrales detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven cerca de 32 millones 515 mil 796 de niñas y niños de 0 a 14 años, lo que representa cerca de la tercera parte de la población.

Agregó que sólo en el Distrito Federal la población infantil suma 2 de los casi 9 millones de capitalinos, de manera que los esfuerzos para brindarles plenas garantías para el ejercicio y protección de sus derechos debe ser una prioridad compartida tanto por el Gobierno como por el Legislativo.

Desde el Senado, dijo, en el marco del análisis de la ley preferente presidencial, se debe garantizar que actos como los del 15 de septiembre no vuelvan a suceder bajo ninguna circunstancia.

“No podemos justificar la transgresión a la integridad física de los menores de edad ni la violación de sus derechos fundamentales en aras de garantizar la seguridad pública”, destacó.

Mencionó que el plazo para aprobar la iniciativa del Ejecutivo federal vence a finales de septiembre, en ese proceso, se integrarán las opiniones de organismos y expertos en protección y defensa de menores de edad.

Señaló que niños y jóvenes, como nunca antes en la historia de nuestro país, enfrentan un difícil panorama en donde la falta de educación y oportunidades son una constante a lo largo de su desarrollo.

El respeto a sus derechos debe ser una de las principales tareas de la administración pública, y en particular, de aquellas áreas encargadas de garantizar la seguridad, dijo.

Puntualizó que estarán atentos del resultado de las investigaciones que realiza actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es necesario que se dé a conocer si se respetaron los protocolos de seguridad que se establecieron para el operativo del 15 de septiembre, y si la revisión a los menores de edad era parte de estos, agregó.

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