La viabilidad de la transformación ofrecida por Andrés Manuel López Obrador pasará por la negociación de un Presupuesto que está atado al pago de rubros como intereses de la deuda y el costo de las pensiones y las jubilaciones.
- El nuevo Gobierno se comprometió a no incrementar la deuda pública, a no aumentar los impuestos y a no crear nuevos. Además, anunció el establecimiento de una «zona franca» en la frontera norte, en donde prevé aplicar la mitad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es del 16 por ciento.
- Estas medidas y un gasto comprometido que asciende al 80 por ciento de los recursos disponibles, confrontarán a la próxima administración a una reducida bolsa de recursos para cumplir con sus 25 prioridades y atender los rubros que no están catalogados como tales, pero que son necesarios para el país.
- Para Fernando Galindo, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, y Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, medidas como la austeridad, la reasignación del gasto y el uso eficiente de éste son necesarias; pero no está claro si serán suficientes para superar las restricciones de gasto y cumplir con las enormes expectativas ciudadanas creadas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Gasto comprometido
- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados calcula que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 será de 5.6 billones de pesos, cifra que representa un incremento inercial respecto al Presupuesto de 2018 (5 billones, 279 mil 667 millones de pesos).
- De los 5.6 billones de pesos calculados para 2019, la nueva administración contará con menos de un billón para poner en marcha su proyecto, debido a que la estructura general del gasto no se modificó.
Desde hace varias décadas, una enorme bolsa de recursos del presupuesto federal es gasto comprometido, es decir, se destina a obligaciones como el pago de los intereses de la deuda, pensiones y jubilaciones, Adefas y la nómina de la Administración Pública, lo que ha dejado un pequeño margen de acción a los gobiernos.
El diputado Fernando Galindo, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, afirma que sí es factible alcanzar la meta de completar el PEF 2019 con los ingresos disponibles, es decir, sin contratar deuda o modificar la miscelánea fiscal, como ha prometido el Presidente electo.
No obstante, advierte que esto generará fuertes restricciones de gasto, porque de la bolsa total de 5.6 billones de pesos, 3 billones se irán al costo financiero de la deuda, al pago de pensiones y jubilaciones y a estados y municipios.
- Alrededor de 1.5 billones serán para Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los organismos autónomos.
- Galindo, quien fue el encargado de diseñar los seis presupuestos de la presente administración, indica que aun cuando queda un billón de pesos para el gasto de las secretarías de Estado, dentro de esta bolsa también hay recursos que son difíciles de mover, como los destinados al gasto social, que representan alrededor de 500 mil millones de pesos y la nómina de las dependencias relacionadas con la seguridad pública.
- «Ya tienes 500 mil millones de pesos menos, bueno, 500 difíciles de mover. Te quedan otros 500 y tienes seguridad pública, ahí tienes Policía Federal, la PGR, la Sedena y Marina… entonces, sí, las restricciones del gasto se van complicando», advierte.
El economista sostiene que si bien habrá que ver cuántos recursos derivan de las medidas de austeridad, de las reasignaciones y de la eficiencia del gasto, aún no queda claro si éstas serán suficientes para solucionar los problemas derivados del reducido margen de acción con el que contará el gobierno de AMLO en su primer año. «Creo que van a ayudar, pero no te van a abrir un espacio de puntos del PIB», asegura.
Prioridades
Las cifras de Galindo coinciden con las de López Obrador, quien en un video difundido el 1 de noviembre pasado dijo que el gasto destinado al pago de intereses de deuda, participaciones a estados y municipios, Adefas, pensiones y jubilaciones y Servicios Personales será de 3.6 billones de pesos.
- El Presidente electo informó que sólo por intereses de la deuda, en 2019 se pagarán 725 mil millones de pesos.
- Esos recursos equivalen a seis veces el presupuesto del Programa de Adultos Mayores, el más importante del proyecto de política social propuesto por López Obrador, que para el próximo año tendría un presupuesto de 120 mil millones de pesos.
- Son superiores también al costo total de la construcción del Tren Maya, el proyecto de infraestructura emblemático de la «Cuarta Transformación».
- Además, con esos recursos se podría financiar la construcción de 2 mil 100 caminos rurales, seis veces más que los propuestos por el Presidente electo para el próximo año.
- El futuro mandatario indicó que el costo de las pensiones y las jubilaciones también representan una enorme carga para las finanzas públicas, pues ascienden a 928 mil millones de pesos, es decir, 13 por ciento más que lo etiquetado para este año.
- Estos recursos corresponden a ocho veces el programa de becas para estudiantes universitarios, que en 2019 plantea entregar 2 mil 400 pesos mensuales a 300 mil jóvenes.
- Y podrían servir para pagar becas mensuales por 3 mil 600 pesos a 16 millones de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cifra equivalente a ocho veces lo proyectado para 2019.
- De acuerdo con la información disponible, 15 de las 25 prioridades anunciadas por López Obrador, tendrían un costo de más de 600 mil millones de pesos.
Estos recursos podrían ser financiados sólo con los intereses de la deuda.
Restricciones de gasto
- La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la panista Patricia Terrazas, asegura que su conclusión después de una primera revisión a las cifras es que los recursos disponibles no serán suficientes para dar cumplimiento a las promesas de López Obrador.
«Podría decirles que, desde mi perspectiva y viendo números a la ligera, no alcanzaría para todas las promesas que se han hecho, porque no tenemos un plan claro de trabajo», reitera.
- Terrazas se dice preocupada por el esquema tributario anunciado por López Obrador, el cual estará basado en la confianza de la gente, y por la incertidumbre que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México genera entre los empresarios. Y advierte que estas medidas podrían derivar en una reducción de los ingresos.
«En este momento ha crecido el ingreso porque hay un factor de riesgo; se está diciendo ‘me pueden revisar’, pero cuando sale el Presidente electo y dice: ‘voy a confiar en la gente y no se va a fiscalizar’, bueno, van a decir: ‘yo me espero a que me toque en la tómbola’, en ese momento la gente no va a contribuir… entonces no solamente tienes un gasto mayor, también tienes una recaudación menor, ¿en qué momento vas a empatar ese enorme gasto con esa recaudación menor?», cuestiona.
En septiembre pasado, durante una reunión con el sector industrial de Nuevo León, López Obrador anunció que habrá un nuevo esquema tributario que estará basado en la confianza de la gente y en el cual las revisiones de impuestos se harán mediante sorteo.
«Otra de las cosas que me preocupa muchísimo es la incertidumbre que se está creando con el generador de empleo y el generador de riqueza, que es el empresario, porque puede pensar: ‘voy a invertir, pero ¿van a respetar mi inversión?, ¿hasta dónde me la van a respetar?, ¿hasta dónde voy a poder crecer?'», señala.
- La panista reconoce que el Presupuesto 2019 no sólo dará viabilidad al proyecto del próximo Gobierno, sino que será un mecanismo fundamental para cumplir o no con las enormes expectativas ciudadanas que éste ha generado.
«La expectativa tan enorme que tiene la ciudadanía con el nuevo gobierno es una preocupación enorme que tengo, porque de la desesperanza viene el alejamiento de los ciudadanos», advierte.
Nuevo esquema de negociación
- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, reitera que el gasto para el próximo año se diseñará únicamente con los recursos que ingresen a las arcas públicas.
Lo anterior, dice, para cumplir con la promesa del Presidente electo de no contratar deuda -que este año está prevista en poco más de 500 mil millones de pesos-, no incrementar los impuestos y no crear nuevos.
- Además, agrega, se establecerá una zona franca en el norte del país, que incluirá ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa, en donde se prevé aplicar la mitad del IVA, que actualmente es del 16 por ciento.
El legislador indica que los montos derivados de conceptos como la deuda, serán compensados con los ingresos que obtendrán por la vía del combate a la corrupción, las medidas de austeridad, la reasignación del gasto, el ejercicio eficiente de éste y la liberalización de algunos recursos del Ramo 23. Además, agrega, se tomarán recursos que actualmente se encuentran en fideicomisos que no están normados por ley.
- Ramírez Cuéllar detalla que actualmente hay casi 900 mil millones de pesos en fideicomisos, de los cuales entre 150 mil y 200 mil millones de pesos se encuentran en instrumentos que no derivan de una ley, por lo que una parte de ellos podría ser considerada en el diseño del gasto para el próximo año.
El diputado por Morena y ex líder del Barzón asegura que este esquema de financiamiento garantizará al próximo gobierno los recursos que necesitará en su primer año, así como el pago de obligaciones financieras ineludibles, como el pago de intereses de la deuda y pensiones y jubilaciones.
«No le veo mayores complicaciones. Sí vamos a tener suficiencia de recursos, sí vamos a garantizar, aunque sea una carga muy pesada, el pago de servicios de la deuda, las exigencias en materia de pensiones, y sí vamos a garantizar el equilibrio en el presupuesto», afirma.
Sin embargo, reconoce que, en lo que se refiere al gasto comprometido, la nueva administración difícilmente podrá hacer modificaciones en el gasto de 2019. «Quizá ahorita no tengamos posibilidad de hacer movimientos bruscos.
A lo mejor este 2019 nos vamos con el esquema actual, haciendo ajustes, precisiones, pero quizá sea difícil que en el primer año se modifique de manera radical el esquema”. Lo que sí cambiará, asegura el legislador, es el esquema de negociación y etiquetación del presupuesto aplicado hasta ahora.
- Ramírez Cuéllar asegura que el Presupuesto 2019 será diferente porque los proyectos y la asignación de los recursos ya no serán una negociación entre los diputados, los presidente municipales, los gobernadores o los representantes de dependencias públicas.
«Nosotros vamos a suspender los usos y costumbres en materia de etiquetación del presupuesto, eso ya no va a tener cabida, no habrá legislador, gobernador, funcionario público o político que vaya o diga: ‘yo voy a etiquetar este dinero a una obra de mi municipio, de mi estado'», afirma.
El morenista sostiene que esta forma de negociación ha sido una fuente de corrupción, de extorsión («moches») y, al mismo tiempo, de ineficiencia y de dispersión de los recursos públicos.
«Es un círculo de complicidades, de ineficiencia, son obras, muchas de ellas, sin trascendencia o también son recursos que se aprueban y que no tienen sustento financiero, sin impacto», insiste.
Otra diferencia, agrega, es que en lugar del «esquema tradicional», la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública buscará acuerdos en materia presupuestal con gobernadores, presidentes municipales e incluso rectores de universidades públicas.
Con ello, indica, ya no será necesario que éstos acudan a la Cámara de Diputados, sino que la Comisión que preside, viajará a los estados y a los municipios para buscar consensos.
«Estamos construyendo acuerdos por entidad federativa, donde todos los actores social y político de la entidad, diputados federales, presidentes municipales, legisladores locales, gobernador, rectores, todos, hagamos un compromiso para que saquemos un acuerdo común en materia de desarrollo del estado y de las principales obras», precisa.
Dichos acuerdos, explica, deberán cumplir con ciertos criterios, entre los que se encuentran austeridad y eficiencia del gasto.
«Se va a ordenar el gasto, ahora estamos peleando en todos lados, estamos poniendo como una de las primeras condiciones que el gasto se ordene en tres sentidos: en la reducción de los costos de los gobiernos, de los Ejecutivos federal y locales, de los congresos, no solamente con su reducción sino, sobre todo, con una aplicación propia de austeridad y también con la reducción de los costos de los poderes judiciales de las entidades», detalla.
En opinión de Ramírez Cuéllar, el de 2019 será el presupuesto más debatido, pues desde hace meses, la sociedad conoce las prioridades de la administración entrante.
«Este será, quizá, el debate presupuestal más intenso porque, al mismo tiempo que andan visitando casa por casa, viendo las necesidades de las familias para darle fortaleza a los programas sociales, en muchos sentidos los proyectos y las principales obras del nuevo Gobierno están siendo debatidas desde hace muchos meses, a diferencia de otros, la gente ya sabe para dónde va a ir el presupuesto», reitera./REVISTA FORMA Y FONDO- PUNTOporPUNTO
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