AGENCIAS
Los más de 40 antiguos miembros de las autodefensas detenidos durante el desalojo el seis de enero de la alcaldía de Apatzingán, fueron liberados el viernes, con excepción de uno que fue mantenido en prisión, según confirmaron las autoridades.
Un juez federal no encontró elementos suficientes para procesar a 43 de los 44 detenidos por posesión de armas de fuego. Para 38 de ellos no existen cargos, cinco pagaron una fianza y sólo uno quedó sujeto a proceso penal por dicho delito.
Los 44 antiguos miembros de las autodefensas de Michoacán, que mantenían junto a mujeres y niños una acampada de protesta en la alcaldía municipal de Apatzingán, fueron acusados por el Comisionado Federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, de portación de armas durante su reivindicación.
Ese fue el motivo, siempre según la versión oficial, por el que la madrugada del seis de enero, después de dos semanas de protesta ante la alcaldía, la policía federal realizó la operación de desalojo en la que fueron detenidos. Durante el desalojo murió un hombre, presuntamente atropellado por sus compañeros en la huida y se decomisaron 13 armas y 23 vehículos.
Las autodefensas, un grupo de civiles que se levantó en armas contra el cártel de los Caballeros Templarios en 2013 y que han sido desmovilizadas y desarmadas gradualmente a lo largo de 2014 afirman que sin armas se les ha dejado desprotegidos ante un hipotético regreso del cártel al que expulsaron de Michoacán. Las autoridades señalan que han cumplido su cometido y que algunos de los civiles armados compiten ahora entre sí para ocupar el lugar dejado por el cártel expulsado. La protesta era oficialmente en reclamo de un descenso en el recibo de la luz, pero en realidad, porque los antiguos autodefensas se sienten utilizados y abandonados por el gobierno.
La decisión del juez que ahora los libera contradice a las autoridades que no solo argumentaron la posesión de armas que ahora niega la justicia sino que han cambiado tres veces de versión respecto a los hechos sucedidos a partir del desalojo de la alcaldía que dejaron un saldo de 8 muertos.
Castillo dijo primero que la operación había sido realizada por fuerzas policiales y militares. Después reconoció que el ejército no había participado.
La tercera versión llegó para explicar lo sucedido cuando los huidos del desalojo se reagruparon en una localidad cercana y regresaron a Apatzingán varias horas después del desalojo. Allí, se encontraron con una caravana de vehículos de la policía federal que transportaba algunas camionetas requisadas, según Castillo y decidieron seguirla para recuperarlos. Los antiguos autodefensas que sobrevivieron al convoy argumentan que si siguieron a la policía en sus vehículos, acompañados de madres y esposas de los detenidos, fue para presionar con el objetivo de la liberación de sus compañeros.
En un momento de la persecución de los civiles a los policías, éstos detuvieron sus vehículos. Y según explicó Castillo primero, los civiles armados atacaron a la policía, que se defendió con el resultado de ocho civiles muertos. Después, cambió nuevamente el relato de lo sucedido y explicó que los muertos fallecieron por disparos de sus propios compañeros durante el ataque al convoy policial.
En vídeos hechos públicos por las autoridades se aprecia que fueran armados solamente con palos. En fotografías del lugar de los hechos autentificadas por testigos y supervivientes, se observa que los civiles fueron baleados en numerosas ocasiones, alguien movió los cuerpos de los fallecidos, aparecieron cargadores de armas que no se corresponden con un arma tirada junto a los cuerpos y testigos consultados por Associated Press en el lugar afirman que los muertos no iban armados y pidieron que no les disparasen.
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