AGENCIAS
Los autores materiales de la desaparición y presunta muerte de 43 estudiantes mexicanos mencionaron en sus declaraciones a la fiscalía apodos de algunos de los jóvenes, reveló hoy a Efe el director del centro de derechos humanos que representa a familiares de las víctimas.
En el vídeo del interrogatorio divulgado por la fiscalía en noviembre pasado, los testigos «hablan de que empezaron a interrogar a algunos muchachos y que, preguntando quién era el que los coordinaba, allí apareció un sobrenombre, un apodo de un estudiante», dijo el director de Tlachinollan, Abel Barrera.
En este vídeo tres miembros del cártel Guerreros Unidos detenidos en noviembre pasado confesaron que habían asesinado e incinerado a los jóvenes en un basurero de Cocula, un municipio vecino a Iguala.
Las autoridades mostraron el vídeo completo a los abogados de los familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes pidieron al Gobierno que se omitieran, a la hora de hacer público este documento, los sobrenombres por respeto a los padres.
«Cuando nosotros escuchamos esos sobrenombres les pedimos que los más conveniente era que no se escucharan así, los sobrenombres, que más bien se bajara el volumen», explicó.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, contó hoy en una entrevista radiofónica que hay cosas sobre el caso que «no se habían comentado públicamente» a solicitud de los abogados.
«Los abogados de los papás nos dijeron que eran muy fuertes (las declaraciones de los detenidos) para poder ser escuchadas por los papás, y que por favor diéramos un momento, en el que antes de darlo a conocer, pudiéramos buscar ese espacio».
«En pocos días habrá todo este proceso de mayor información al respecto», explicó el secretario.
Sin embargo, Barrera aseguró a Efe que lo único que se pactó con el Gobierno fue que se omitieran los sobrenombres de los estudiantes citados por los detenidos, al menos dos de ellos.
Estos, agregó, sí corresponden con los apodos que tenían algunos de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre a manos de policías locales, pero «un sobrenombre no es conclusivo, no es una investigación concluyente».
En una reunión celebrada el 7 de noviembre en Chilpancingo, la capital de Guerrero, «fueron los papás los que le dijeron al procurador (Jesús Murillo) que, como era una investigación preliminar, no la diera a conocer y él dijo: ‘yo no puedo porque la sociedad tiene derecho a conocer la verdad'», recordó Barrera.
Los familiares no creen en la versión oficial construida a partir del testimonio de los integrantes de Guerreros Unidos y aseguran que mientras no haya una prueba científica e irrefutable de que fueron asesinados, van a continuar con la búsqueda.
Por este caso hay 98 personas detenidas, entre ellas el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de los ataques a los estudiantes junto con el secretario de Seguridad, Felipe Flores, quien sigue prófugo de la justicia.
Según la investigación, que se mantiene abierta, policías locales atacaron a tiros a los estudiantes de la Normal por órdenes de Abarca, causando la muerte de seis personas, y capturaron a 43 de ellos para entregarlos a Guerreros Unidos.
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