El ánimo de los empresarios para invertir en México se encuentra en mínimos históricos, con 37 puntos de 100 reportados en noviembre, principalmente por la falta de apoyos del gobierno federal para hacer frente a la pandemia, mientras que la inseguridad y la corrupción se suman como factores que impactan en la desconfianza de los inversionistas, sostuvo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
- Al presentar el estudio Data Coparmex a noviembre del 2020, el dirigente empresarial lamentó que mientras en marzo pasado el indicador se ubicaba en 40 puntos, ahora se redujo a 37 puntos, por lo que “no hay un solo estado donde los socios tengan confianza en la economía”.
- Esto significa que sólo el 37% de los socios Coparmex considera que noviembre del 2020 es un buen momento para invertir, “el dato es extremadamente preocupante pues revela un panorama de retos para el crecimiento económico, la generación de empleo, y el poder adquisitivo de los mexicanos”, en el cual se está fallando en dar apoyos al empresariado y en proveer seguridad.
En conferencia de prensa virtual, Milen Cano, economista en Jefe de Coparmex, dijo que el índice de percepción corrupción tuvo una ligera disminución de 33 puntos en marzo a 32 puntos en noviembre de este año, al indicar que 32 de 100 empresarios han sido víctimas de los pagos extraoficiales.
Los niveles de corrupción son particularmente altos en Tabasco con 62% y Durango (58%), en donde a más de la mitad de los socios se les han pedido pagos extraoficiales por la realización de trámites de gobierno”, aseguró el líder de la Coparmex.
- El resultado de Tabasco preocupa porque actualmente se construye la refinería Dos Bocas, proyecto del gobierno federal, pues ante la realización de las licitaciones directas conllevará a la opacidad y discrecionalidad de los contratos.
“Observamos que ha habido un debilitamiento sistémico del sistema nacional anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción durante los años 17 y 16 se construyeron estructuras y se hicieron reformas constitucionales para tratar de dar una atención sistémica”, acusó De Hoyos.
Piden un alto a la actitud negativa del Gobierno
El sector empresarial del país llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a frenar la actitud negativa hacia el desarrollo de negocios, con acciones como la propuesta para prohibir de la subcontratación de personal, mejor conocida como outsourcing.
«Es necesario, imprescindible y urgente que el gobierno detenga la actitud negativa ante la inversión y el desarrollo de negocios que recientemente ha intensificado, con acciones como la presentación de reformas que prohíben la subcontratación de personal”, manifestó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su reporte semanal.
- La semana pasada el Ejecutivo envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para regular el outsourcing y castigar dicha práctica como defraudación fiscal y equiparla con la delincuencia organizada, lo cual afectará toda la planta productiva.
Por ello, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) puntualizó que existe una denostación hacia las empresas que han ajustado su personal, “en medio de la peor recesión que ha sufrido el país”, así como una intimidación a los contribuyentes.
Sanciones contra el outsourcing:
- La propuesta del gobierno federal establece que habrá prisión preventiva y penas agravadas contra quienes subcontraten o simulen contratación de servicios especializados.
- Las multas serán de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir desde 173 mil 760 pesos hasta cuatro millones 344 mil pesos.
- Con la reforma al Código Fiscal de la Federación, se castigará hasta nueve años de cárcel a quienes evadan el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE mediante la subcontratación de personal.
Hay mecanismos agresivos de recaudación: CEESP
El CEESP mencionó que si bien este año se ha logrado un importante aumento en la recaudación de impuestos, ha sido consecuencia de “agresivos mecanismos” para finalizar litigios a favor del (Servicio de Administración Tributaria) SAT con base en intimidación y amenazas de múltiples auditorias”.
Advirtió que aunque los mecanismos de recaudación se apeguen a la ley, podrían ser considerados arbitrarios por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros.
“Además, están las recientes reformas en materia penal que potencialmente llevan a la defraudación fiscal a delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio”, acotó.
- Recordó que de enero a septiembre de este 2020, el SAT recaudó 418 mil millones de pesos, monto que además de superar los 171 mil millones de pesos recaudados en el mismo periodo del año pasado, es la cifra más elevada que se ha recaudado a través de este medio en un periodo similar.
- Por ejemplo, en los primeros nueve meses del año, los actos de fiscalización se elevaron 26.3%, al pasar de 47 mil 983 a 60 mil 617.
- “Estas acciones han sido positivas para el erario al incrementar la recaudación, pero es claro que no logran compensar la debilidad de las fuentes de recursos del sector público, ya que no pueden ser permanentes o recurrentes”, reiteró.
Alertó que, excluyendo los recursos obtenidos por las medidas de fiscalización, durante los primeros nueve meses del año la recaudación fue 11.2% menor, en términos reales, a la del mismo lapso de 2019.
En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, señaló que se desaprovechó la oportunidad de hacer cambios para atender la contingencia sanitaria por el Covid-19, proteger el ingreso de los trabajadores, su empleo y la seguridad pública.
- «Una caída significativa aún considerando la contracción del PIB, ya que las empresas hacen sus enteros de impuestos con base en sus utilidades del año anterior, previo a la pandemia», refirió.
En este contexto, los especialistas del sector privado anticiparon que el crecimiento promedio para los próximos 10 años será 1.93%./Agencias-PUNTOporPUNTO
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