RITA MAGAÑA TORRES
El Senado aprobó un punto de acuerdo para que el gobierno federal, a través de la autoridad del ámbito laboral, investigue las condiciones laborales de trabajadores agrícolas rescatados en operativos de la Secretaría del Trabajo Previsión Social (STPS) en diferentes entidades.
Además, el pleno senatorial pidió un informe de las sanciones a empresas y centros de trabajo donde se detectaron violaciones a los derechos laborales.
En el punto de acuerdo, formulado con el consenso del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza, se solicitó a las autoridades impartir justicia, investigar y esclarecer a la brevedad los hechos, en caso de existir delitos, que finquen las responsabilidades y sanciones respectivas.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le requirieron iniciar los informes sobre la violación de derechos humanos de trabajadores rescatados, que laboraban en condiciones de sobre explotación y trato inhumano.
En tanto, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le exhortaron a informar sobre la atención y asesoría que han brindado a estos trabajadores.
El Senado llamó al Ejecutivo federal para que, a través de la STPS, profundice acciones y políticas públicas que tengan por objeto evitar el trato inhumano, vejaciones, sobre explotación y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores.
Adicionalmente, se pidió a las procuradurías de justicia de las entidades y a la General de la República que sus investigaciones se realicen con claridad, en su caso, el ejercicio de imputaciones o acciones penales.
Ello para diferenciar los delitos de explotación laboral o trabajos y servicios forzados, y consecuentemente se obtengan las sentencias favorables que permitan erradicar ambos delitos e informe de los resultados a la Asamblea.
Se conminó a la Comisión Intersecretarial para Prevenir Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas para que informe sobre la situación de los jornaleros y la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación y servicios forzados.
Los senadores solicitaron a la Junta de Coordinación Política conformar una Comisión plural para dar seguimiento a los acontecimientos presentados en el Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, a fin de vigilar el estricto respeto de derechos humanos de jornaleros agrícolas.
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