RITA MAGAÑA TORRES
El Senado aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, que cataloga el robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada, con penas que llegan hasta 35 años de prisión y multas acordes al daño patrimonial.
Con 80 votos a favor y siete en contra, el dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
El proyecto, presentado por el priísta Omar Fayad, prevé que las sanciones se establecerán de manera proporcional al daño causado y se considerarán responsables a todos los que participan en la extracción y venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos.
La norma establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo, a quienes participen en la venta de litros incompletos de gasolina y gas LP.
incluye la aprobación de reformas y adiciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; a los artículos 254 Ter, 254 , 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Omar Fayad, apuntó la necesidad de elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, por el daño patrimonial al erario público y pone en constante riesgo a la población que habita cerca a los ductos por posibles explosiones, fugas y derrames.
Destacó que hubo una intensa labor de consenso para avalar este dictamen, por lo que en la tipificación en el artículo 16, se agregó un segundo párrafo para salvaguardar derechos a la libre manifestación, expresión de opiniones e ideas y libertad de reunión, “esto no es sabotaje”.
El primer párrafo de ese artículo establece que se sancionará de 30 a 40 años de prisión y multa de 50,000 a 65,000 de salarios mínimo vigente, a quien por cualquier medio realice actos de sabotaje en los equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos.
Resaltó que se trata de una reforma de carácter estrictamente penal, en la que se consideraron opiniones de expertos académicos en la materia y de la Procuraduría General de la República, así como de funcionarios de Pemex y de las secretarías de Energía y Gobernación.
El dictamen aprobado apunta que el daño patrimonial para la industria en 2011 ascendió a 23 mil 900 millones de pesos; en 2012 a la cantidad de 33 mil 200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos.
El año pasado, apuntó Fayad, la merma fue por 2 mil millones de dólares, que representa seis veces más que el presupuesto destinado al programa de Comedores Comunitarios; cuatro por encima del Apoyo Alimentario, la mitad de Prospera y el 40 por ciento de los recursos destinados a Adultos Mayores.
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