RITA MAGAÑA TORRES
El Senado aprobó en lo general y particular el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de Reforma Política del Distrito Federal, a fin de establecer que la Ciudad de México será una entidad federativa, con un Congreso y las delegaciones ahora serán alcaldías.
Las modificaciones, que fueron enviadas a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, le dan autonomía a la Ciudad de México en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político-administrativa.
Al igual que los estados, tendrá la posibilidad de darse su propia Constitución, por lo que esta reforma es “un paso importante” para recuperar la eficacia del sistema local, a través de la reorganización de sus instituciones y dar soluciones eficientes a demandas sociales de los capitalinos.
Sugiere que el gobierno de sus demarcaciones territoriales esté a cargo de alcaldías, órganos político-administrativos que se integrarán por un alcalde y por un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un período de tres años.
Además, prevé que la Ciudad de México será, como hasta ahora, la sede de los poderes de la Unión y capital del país.
El proyecto también dispone que la dirección de las instituciones de seguridad pública de la ciudad de México corresponda al Jefe de Gobierno, en términos que establezca la Constitución y las leyes locales.
Así como la facultad de nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública.
Prevé que el Ejecutivo federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso.
A propuesta de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, el Pleno aprobó las modificaciones a la fracción VIII del artículo 122 del dictamen.
Dicha fracción dispone que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.
Plantea que dicho Tribunal tenga a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública local y los particulares; imponer en los términos que disponga la Ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Además, deberá fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos.
Con el cambio avalado, la Ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados.
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
La asamblea aprobó en sus términos del dictamen los artículos 2 y 40 del dictamen, luego de que el senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, retiró sus propuestas de modificación a estas disposiciones.
Además, el Pleno rechazó las reservas que presentaron los senadores Mario Delgado, Manuel Bartlett, del PT; Gabriela Cuevas y Juan Carlos Romero, del PAN, a los artículos 73, 122 y séptimo, octavo, noveno y décimo sexto transitorios del proyecto de decreto, así como para adicionar los artículos décimo octavo y décimo noveno transitorios.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, precisó que se incluyeron cambios para que se establezca una Asamblea Constituyente específica, integradas por 100 diputados que ejercerán su encargo de forma honorífica y deberán aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.
Dijo que este órgano estará conformado por 60 diputados constituyentes, electos por el principio de representación proporcional en una sola circunscripción de la Ciudad de México, y 40 designados por órganos de representación federal y local.
Detalló que los actuales órganos de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial del Distrito Federal se trasformarán en poderes locales con las mismas funciones.
Agregó que con la reforma se encomienda la titularidad de la Administración Pública Local al jefe de gobierno, con características relevantes en la concepción unitaria de la Ciudad para su adecuado funcionamiento en las haciendas pública, presupuestal, patrimonial, prestación de servicios y seguridad pública.
A nombre de la Comisión del Distrito Federal, su presidente, Mario Delgado Carrillo, indicó que con esta reforma deja de existir el Distrito Federal para darle paso a la Ciudad de México, sede de los Poderes de la Unión.
Con ella, dijo, se reconoce expresamente a la Ciudad como integrante del pacto federal con carácter libre y soberano, por consecuencia quedan subsanados los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad, ya que podrán opinar sobre las reformas constitucionales. Como parte de esta autonomía se deberá crear su nueva Constitución.
Precisó que el jefe de Gobierno nombrará directamente al secretario de Seguridad Púbica y el Senado de la República no podrá remover al titular del Ejecutivo local.
Se mantiene, agregó, la exención que tienen los inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México del pago del predial, asimismo se mantiene el esquema de deuda pública donde los adeudos de la ciudad son deuda federal.
Manifestó que se reconoce la condición de capital de la República Mexicana, en los artículos 44 y 122 se mandata al Congreso a considerar un bono de capitalidad por ser la capital del país, que será compartido con la Federación.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, destacó que el proyecto de decreto incluye modificaciones a un total de 50 artículos constitucionales, 9 sobre el régimen de la ciudad de México y diversas modificaciones para hacer referencia a la nueva entidad de la República.
Dijo que la integración, organización administrativa y facultades de las alcaldías se establecerán en la Constitución Política y las leyes locales, con base en las atribuciones que actualmente confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a las delegaciones y accederán a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevé la Ley de Coordinación Fiscal.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, expresó que se ha logrado un gran acuerdo político, “el más importante”, que crea una nueva entidad, que contará con un Congreso Constituyente, una Constitución propia, a la que se reconoce como ciudad capital y con pleno goce de derechos políticos para sus habitantes.
Afirmó que hay temas que no se resuelven en esta reforma constitucional, pero que puede solventar el propio congreso constituyente, como las facultades de las alcaldías y sus consejos.
Además, agregó, establecer el referéndum ciudadano para que sean los capitalinos quienes puedan avalar y ratificar la Constitución que surja de dicha asamblea.
Consideró que la aprobación de la enmienda debe dar paso a la discusión sobre el rediseño del municipalismo, que en México ha fracasado.
Indicó que la revisión a fondo de las facultades y competencias de una verdadera República federal que se encuentra en un proceso acelerado de centralización, como parte de las nuevas modalidades de gobierno.
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