Rita Magaña Torres
El Senado aprobó la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contempla medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, desde amonestaciones públicas hasta multas.
Con 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el pleno senatorial avaló dicha ley, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su posible ratificación.
El dictamen también abroga la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La nueva ley establece que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) podrá imponer amonestaciones públicas o sanciones económicas de 150 a mil veces el salario mínimo vigente, a servidores que incumplan con las nuevas obligaciones de transparencia.
También, incluye 272 obligaciones específicas de transparencia adicionales a las establecidas en la Ley General de Transparencia, de las cuales 79 son para los Poderes Ejecutivo, 23 para el Legislativo y 8 para el Judicial de la Federación.
Asimismo, 85 a distintos organismos autónomos y 77 a sujetos obligados en materia energética, como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros.
Establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
En la nueva norma se establecen obligaciones específicas para garantizar el derecho de acceso a la información pública a autoridades y organismos, como los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial, así como de los tres órganos de gobierno.
También, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales; los organismos garantes de los derechos humanos nacional u de las entidades, así como organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Además, las instituciones de educación superior dotadas de autonomía, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituida en asociación civil, creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente.
Asimismo, los fideicomisos y fondos públicos, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral y los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos.
En el dictamen se establece que la Secretaría de Hacienda deberá publicar los créditos fiscales condonados o cancelados por el SAT, desglosados por nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes, así como los montos vinculados con los datos de identificación de los contribuyentes.
Al dictamen establece la obligación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de hacer pública las respuestas que las autoridades educativas sobre las directrices que emita, así como su grado de cumplimiento o atención.
El INEE debe informar sobre mecanismos de rendición de cuentas sobre los procesos de evaluación del Sistema Nacional Educativo, declaraciones de nulidad de procesos y resultados de evaluaciones que no se sujeten a lineamientos que expide el Instituto y sanciones a la autoridad educativa responsable.
Todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, incluida la Suprema Corte, de Justicia de la Nación (SCJN), debe propiciar el acceso del público a audiencias y sesiones donde se resuelvan asuntos jurisdiccionales y procurar el uso de un lenguaje sencillo en sus resoluciones.
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