En el último tramo de su mandato y pese a no contar con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante reformas constitucionales sin consenso, el presidente Andrés Manuel López Obrador manoteó un último esfuerzo para sentar las bases de su autodenominada Cuarta Transformación y condicionar a un futuro gobierno, al proyecto de nación que inició en 2018.
Antes de esta batería de propuestas, López Obrador había enviado al Congreso 10 reformas constitucionales de las que sólo cinco fueron aprobadas.
- A cuatro meses de las elecciones, en las que busca que su candidata Claudia Sheinbaum sea la vencedora del proceso electoral, el tabasqueño presentó 20 iniciativas de reformas, entre las que destaca la de elevar a rango constitucional programas sociales ya en vigor que amparan a los ancianos y jóvenes; grupos medulares en la elección en juego de este año.
- López Obrador ha reconocido que hay propuesta que tienen pocas o ninguna posibilidad de prosperar porque han sido rechazadas por toda la oposición. Por ejemplo, basta recordar que luego de un enfrentamiento abierto que ha sostenido por meses, admitió en noviembre del año pasado que no puede reformar al Poder Judicial, pues afirmó que le corresponderá a la siguiente administración realizar este ajuste.
Entre las principales reformas destaca una electoral para limitar los gastos de las campaña y de los partidos, o la eliminacióm de los diputados plurinominales –lo que reduciría la Cámara a 300 diputados de los 500 actuales–, aquellos que son elegidos por los partidos en base a los votos de las últimas elecciones.
- En plena contienda electoral, también se espera que algunas de las medidas propuestas por López Obrador puedan tener el apoyo de parte de la oposición. Entre ellas, la de cambiar la regulación sobre pensiones de 1997 y que los trabajadores puedan recibir la totalidad de su último salario al jubilarse.
- López Obrador ha criticado que los anteriores gobiernos avalaran reformas que no fueron más que «adulteraciones» que en ningún momento tuvieron como fin beneficiar al conjunto de la sociedad, sino «ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes de la nación a una minoría».
El presidente ha reconocido que con la presentación de todas estas propuestas a cuatro meses de las elecciones quiere blindar cuantos cambios sean posibles para que, llegue quien llegue al poder, “no va a ser fácil que los quiten”.
Esencia social y pública
El tabasqueño resaltó que las reformas promovidas en 36 años del periodo neoliberal representaron adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y, por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y, subrayo, público.
- Agregó: Jamás en ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría.
- Hoy, aseveró, se vive otro momento histórico en el país, y en caso de no actuar consecuentemente con los principios e ideales de los héroes y mártires nacionales, nos juzgaría mal la historia.
De ahí que para la elaboración de sus propuestas recuperó los postulados de Hidalgo, Morelos, Juárez, los hermanos Flores Magón, Madero, Villa, Zapata y Cárdenas.
- La esencia de estas normas y nuevos derechos es rencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes.
A sólo ocho meses de que concluya su sexenio, blandió la necesidad de seguir luchando por el humanismo y por los ideales y causas que han acompañado a las grandes transformaciones del país, así como no claudicar en el empeño de recuperar el sentido social para el actuar público.
- Sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y, sobre todo, eminentemente social.
- Dijo estar consciente de que el éxito de la transformación en marcha no depende exclusivamente de las reformas a la Constitución y a las leyes; otro elemento fundamental es el cambio de mentalidad del pueblo, que evitará cualquier retroceso antipopular en el futuro.
- López Obrador cerró su discurso de 42 minutos con arengas que exaltaron a los presentes: ¡Que viva la Constitución de 1824! ¡Que viva la Constitución de 1857! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Viva la transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Sello de 4T en la Constitución
Las iniciativas buscan acotar al Poder Judicial y obligar a jueces, magistrados y ministros a someterse al voto en las urnas.
- De aprobarse los cambios, se eliminarán los contrapesos con la desaparición de los órganos autónomos y reguladores; mientras que el INE quedará reducido.
- La proscripción de los transgénicos, que ha generado tensiones con Estados Unidos en el marco del T-MEC, pasaría de un decreto presidencial a una prohibición en la Constitución.
- El otorgamiento de concesiones para el uso de agua, quedaría limitado sólo al uso doméstico.
- En el sector energético, el mandatario busca que la CFE se convierta en una empresa de “carácter estratégico”, prohibir la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y no permitir que se entreguen concesiones para actividad minera a cielo abierto. Lo anunciado por el presidente intenta llevar a la Constitución el pago de pensiones, becas y apoyos del Bienestar como medida permanente.
- Eso incluye a los adultos mayores de 65 años, la universalización para discapacitados, becas para estudiantes pobres de todos los niveles educativos, un año de salario a menores y adolescentes aprendices, depósitos a jornaleros agrícolas, precios de garantía y entrega gratuita de fertilizantes.
- En caso de prosperar las iniciativas, el tabasqueño pretende asegurar el aumento anual del salario mínimo por arriba de la inflación y un nuevo mínimo para maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, que no podrá ser menor al ingreso promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS, que ronda los 16 mil pesos mensuales.
- Servicio de Internet para todos, público o concesionado, y trenes de pasajeros a lo largo de 18 mil kilómetros de vías férreas, también fueron incluidos en la lista.
Desde el viejo Recinto Parlamentario, ubicado en Palacio Nacional, el presidente reconoció que no sólo pretende dejar un legado de su proyecto en la Constitución, sino evitar cualquier retroceso, en caso de que “los corruptos” regresen al poder.
Las claves de la reforma al Poder Judicial
La propuesta del presidente propone reformar al Poder Judicial debido a que considera que la “ausencia de una verdadera independencia en las instituciones encargadas de la impartición de justicia” es una de las causas estructurales de la desigualdad económica y social que ha padecido México.
“La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”, dice la iniciativa.
- Integración. La propuesta del presidente es reducir el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 11 ministros se propone que el máximo tribunal de justicia se componga de nueve integrantes.
- Ministros por voto. “Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de Distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda”, plantea la iniciativa.
Para la elección de los ministros el Senado de la República emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección que corresponda.
“El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta diez personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta diez personas por mayoría de seis votos”, se lee en la iniciativa.
- Sueldo. Una de las críticas que más ha hecho el presidente López Obrador es por los altos sueldos de los ministros. En su propuesta plantea que los ministros no podrán tener un sueldo mayor al del presidente de la República.
“La presente iniciativa propone modificar diversos artículos para establecer que las y los Ministros de la SCJN, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, perciban una remuneración que en ningún caso podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, dice la propuesta.
- Duración de ministros. Otro de los cambios que propone la iniciativa es que los ministros no duren en su cargo 15 sino 12 años. Se plantea eliminar su “derecho a un haber por retiro”.
- Eliminación de salas. La propuesta también incluye la la eliminación de las dos Salas con las que actualmente cuenta la SCJN, esto permitirá que el pleno sea quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal.
- Justicia expedita. Para garantizar el derecho de cualquier persona a la justicia, se propone fijar plazos de hasta seis meses para que un asunto sea resuelto.
“En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos”, plantea la iniciativa.
Vigilancia y disciplina de jueces
La propuesta plantea que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
Hoy la vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual será sustituido por esos dos nuevos órganos.
- «La presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Constitución en lo relativo a las facultades y atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que se propone sustituir con la creación de dos órganos: el de administración judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial», dice el texto de la iniciativa.
- El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Estará integrado por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional.
- “Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministros… Sus decisiones serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas”, se establece.
¿Qué pasará con los ministros actuales?
Los cambios que el presidente López Obrador propone surtirán efecto una vez aprobados por el Legislativo, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los actuales ministros, magistrados, jueces permanecerán en el cargo hasta que sean electos y tomen protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial.
- “Las ministras y ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y magistrados de Circuito, las juezas y jueces de Distrito, las magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre”, dice la propuesta.
Votos necesarios en el Congreso
- Debido a que esta que esta reforma es Constitucional, para que sea aprobada se requeriría del apoyo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, algo con lo que Morena y sus aliados no cuentan en este momento. Ese bloque lo conforman 273 votos, pero requieren 334 de los 500 legisladores que componen ese cuerpo legislativo.
- En el Senado, los partidos de la llamada «4T» tienen 71 de los 84 votos que se necesitan para lograr dos terceras partes y conseguir la aprobación calificada. El número final puede variar y dependerá de los miembros presentes en las sesiones en las que se voten estas reformas.
Parecida a la de Zedillo
Durante los cinco años de su gobierno, López Obrador ha manifestado su descontento con el Poder Judicial, al cual ha señalado de estar «secuestrado por la oligarquía, de ser un bastión del conservadurismo y de servir a intereses de minorías».
Y en su momento, al hablar de la necesidad de la reforma aseguró que no lo haría al estilo del expresidente Zedillo.
- “Yo creo que lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces, los magistrados, los ministros, actúen con rectitud y con honestidad, y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos, sin injerencismos, lleven a cabo una reforma. Yo no voy a proponer ningún cambio a la Constitución como lo hizo Zedillo, no, porque quiero que haya división y equilibrio de poderes, al mismo tiempo voy a estar denunciando todos estos actos de corrupción que se dan en el Poder Judicial como cualquier ciudadano”, dijo el 10 de agosto de 2021.
Sin embargo, el presidente cambió de opinión y este lunes presentó su iniciativa —una de las más profundas y polémicas porque se trata de cambios a otro Poder— muy parecida a la que Zedillo presentó en su momento y que incluyó la reducción de 26 a 11 los ministros (con la jubilación inmediata de los 26 ministro restantes), la creación del Consejo de la Judicatura y quitar lo vitalicio al cargo, al establecer el límite de 15 años para ocuparlo.
Desaparece los órganos autónomos
Siete órganos autónomos que durante las dos últimas décadas operaron en la administración pública federal con el mandato de generar equilibrio enfrentan su desaparición. A meses de concluir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó en el paquete de reformas administrativas, una iniciativa para extinguirlos.
Desde que inició su gobierno, el primer mandatario planteó su intención de borrar de la burocracia a parte de estos organismos que empezaron a formarse en los noventa del siglo pasado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quedó en el centro de la mira del jefe del Ejecutivo.
- La alerta para desaparecerlos fue revivida en la conferencia “mañanera” del lunes 11 de diciembre de 2023 con la mención de otros tres: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Pero el camino no está plano por completo. La reforma debe ser aprobada por el Congreso y el presidente no cuenta con mayoría calificada que es la requerida para hacer cambios constitucionales. Los legisladores pueden detener su intención. De cualquier forma, para los organismos se trata de una etapa de definiciones. ¿Tienen futuro? Algunos, según sus contrataciones, tienen planeado vivir hasta 2027; es decir, cuando el próximo Gobierno federal esté en su tercer año.
- Los cuatro órganos en los que se mantuvo la mira del Ejecutivo federal concluyeron 2023 con una suma de gastos de 236 millones 690 mil pesos, de acuerdo con la localización de contratos por parte de Reporte Índigo en Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Es una foto de cómo operan estos organismos señalados por el jefe del Ejecutivo federal como onerosos. La cantidad apenas representa el 1.9 por ciento del dinero que no fue comprobado en Seguridad Alimentaria Mexicana en su primer año de operación, después de la fusión de Diconsa y Liconsa, de acuerdo con los informes al respecto de la Auditoría Superior de la Federación.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó en varias ocasiones a los órganos autónomos como “onerosos”, “facciosos” y “antipopulares”. El universo al que el primer mandatario se refirió empezó a gestarse en los noventa del siglo pasado con el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- Para el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint, esas tres instituciones significaron la “transición pacífica” a la democracia que en esa década tuvo una de las crisis más señalada con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, en 1994.
Luego, como astros, surgieron en las siguientes dos décadas el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, hoy INAI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, extinto), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica , el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Gustavo López Montiel, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, expresa que la desaparición propuesta por el Ejecutivo va en el sentido de que algunos “no sirven”. Entonces destaca que su historia de casi tres décadas va en contraposición: “En realidad le quitaron poder al Ejecutivo y al Legislativo”.
El politólogo plantea que la desaparición es poco probable dado que el presidente carece de mayoría calificada en el Congreso, pero no es imposible. En ese escenario, “las dependencias tendrían que volverse funcionales” para asumir tareas que realizaban estas instituciones. Un panorama, indica López Montiel, como el que había antes de la conformación del universo de los autónomos, cuando el Ejecutivo contaba con un gran nivel de poder.
Estatales energéticas, públicas y preponderantes
El Ejecutivo mexicano pretende transformar la naturaleza legal de las empresas estatales energéticas y proteger su preponderancia de mercado sobre los participantes privados, particularmente la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para ello plantea reformar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana.
- En cuanto al primero, propone modificar eliminar la definición de “empresa productiva del Estado” que se le dio en el 2013 a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la CFE y cuyo propósito era asegurar que la misión de estas empresas era la generación de valor. En su lugar, se propone la definición de “empresa pública del Estado”, para asegurar que su principal objetivo sea la provisión de bienes y servicios públicos.
- El Artículo 27 cambiaría para especificar que los privados pueden participar en el sector eléctrico, pero “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”. Finalmente, el Artículo 28 se modificaría para detallar los objetivos del control del sistema eléctrico nacional, lo cuales serán “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro”.
Limitan Concesiones de agua a la industria
En un escenario de sequías persistentes y lluvias escasas, limitar las concesiones de agua se vuelve un tema crucial para garantizar el consumo personal y uso doméstico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca reforzar este derecho y limitar los permisos para la industria como la minera.
- El contenido de la iniciativa pretende modificar el párrafo sexto del Artículo 4 de la Constitución para establecer la preferencia del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso.
“De igual forma, la iniciativa propone reformar el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua, es decir, que esté en riesgo la disponibilidad de agua para consumo de las personas y uso doméstico”.
- De acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, México tiene en promedio una disponibilidad natural media de agua de aproximadamente 4,471.5 km3 al año. Esta cifra ubica a nuestro país en una situación de estrés hídrico alto.
El gobierno federal estima que actualmente, 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad.
Expertos advierten un retroceso por reformas de AMLO
Expertos y políticos expresaron su rechazo al paquete de 20 reformas enviadas por el presidente al Congreso.
- Los comentarios coincidieron en señalar que los planteamientos del Ejecutivo representarían un retroceso en la Constitución que nos rige actualmente y tiene algunos tintes electorales.
- La politóloga Denise Dresser puntualizó que ayer fue “un día lamentable para México” por las reformas de una supuesta transformación, a las que consideró como una “demolición”.
“Nada más alejado del humanismo que un gobierno que arrebata y pisotea derechos democráticos”, publicó en su cuenta de X.
- Por su parte, el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde, afirmó que el paquete de propuestas del mandatario “parece la plataforma de una segunda campaña presidencial”.
“Quiere dejar agenda para siguiente gobierno”, añadió desde sus redes sociales.
- Mientras que el diplomático Arturo Sarukhán aseguró que con esto, el presidente López Obrador demuestra su falta de interés para un diálogo y un consenso.
- “Su desprecio por el diálogo con la oposición es revelador: no quiere una Constitución que refleje y construya un marco nacional de coincidencias y acuerdos esenciales”.
- Integrantes de partidos como el PRI y el PAN, aunque criticaron a las reformas, coincidieron en que apoyarán aquellas que beneficien a los mexicanos.
“Todo lo que perjudique a nuestra democracia lo vamos a rechazar. Y a la mayoría en ambas Cámaras les recordamos que existen cientos de iniciativas (incluso de ustedes) rezagadas desde hace años (…) Por si de paso les gustaría también votar por su dignidad legislativa”, publicó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero.
Mientras que la secretaria del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el presidente López Obrador no presentó las reformas desde antes porque busca “rescatar a Claudia” y “distraer a la gente de violencia, salud y casos de corrupción”.
”Nos quedamos esperando las reformas para erradicar a la delincuencia, garantizar las medicinas, contener la inflación de alimentos y prohibir, mentir, robar y traicionar”, escribió.— Latinus/Agencias-PUNTOporPUNTO