El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple tres años de haber asumido el cargo. En este tiempo, suma varias metas cumplidas –como ampliar los programas sociales, crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa o echar atrás la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior–, y si bien él incluso sostiene que ya sentó las bases de una «cuarta transformación» en el país, también mantiene pendientes en áreas clave y acumula varias contradicciones entre sus promesas y sus acciones, según lo muestran cifras oficiales y especialistas.
- Un ejemplo de esto es la postura que ha tenido hacia las Fuerzas Armadas. Cuando estaba en la oposición, López Obrador criticó el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y puso como plazo seis meses para regresar a los soldados a los cuarteles, pero ya como presidente no solo ha hecho que los militares sigan en labores de lucha contra la delincuencia, sino que también ha desplegado a más de 200,000 elementos y les ha multiplicado sus responsabilidades.
A lo largo de 36 meses en Palacio Nacional, esa ha sido una de las contradicciones entre el López Obrador candidato y líder opositor y el López Obrador presidente. En otros ámbitos —desde el combate a la corrupción hasta la política migratoria, pasando por la política exterior—, la realidad evidencia otras inconsistencias.
Corrupción: ¿barrer las escaleras de arriba hacia abajo?
El presidente ha mantenido un discurso constante contra la corrupción, al asegurar que es el principal problema del país. Por ello, prometió «barrer las escaleras de arriba para abajo», pero los datos no muestran un avance significativo ni que este combate haya alcanzado los últimos escalones.
- Si bien en dos años el país subió del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción, los puntajes obtenidos no han variado mucho: en 2019 fue de 29 y en 2020 fue de 31, en una escala de cero a 100 en la que cero es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo.
Además, México sigue siendo el país peor evaluado entre los 37 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). «Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014», señaló el organismo.
Para expertos, esto no significa mucho avance, sobre todo cuando el presidente se había propuesto llegar a los primeros lugares del ranking y los ciudadanos siguen padeciendo la corrupción cotidiana.
María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Estrategia Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señala que la ciudadanía sigue siendo víctima de la corrupción a nivel micro y que el hecho de que se haya detenido a un exfuncionario como Emilio Lozoya no cambia cómo se viven estas prácticas en el día a día.
«El caso Lozoya se resuelve en ámbitos que la mayor parte de la ciudadanía jamás va a poder tocar, aunque no quiere decir que no nos afecte porque es dinero público, pero el hecho de que él esté o no en la cárcel no tiene un efecto directo en cómo nosotros experimentamos la corrupción: nosotros seguimos yendo a un Ministerio Público y nos siguen pidiendo ‘mordida’ para presentar una denuncia, seguimos intentando ir a un hospital para que nos den una cama y nos van a poner en lista de espera a menos que demos 500 pesos. Esa es la corrupción a la que los ciudadanos estamos expuestos y esa no ha cambiado», comenta.
- Aunque la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% en 2017 a 87% en 2019, la tasa de prevalencia de corrupción y la de incidencia de estos actos aumentaron en el mismo periodo, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.
- El ejercicio del INEGI reveló que 15,732 personas por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público experimentaron algún acto de corrupción, cuando en 2017 la cifra fue de 14,635. Mientras, los actos de corrupción por cada 100,000 habitantes pasaron de 25,541 en 2017 a 30,456 en 2019, es decir, 19.2% más.
Adicionalmente, en un año México cayó del lugar 104 entre 128 países al 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho 2021 elaborado por la organización World Justice Project. La categoría en la que registró la calificación más baja fue ausencia de corrupción, que analiza el uso del poder público para beneficios privados; en ella, se colocó en el puesto 135 mundial y el último lugar en América Latina.
Del «no a la militarización» al amplio desplieuge
Antes de ser presidente, López Obrador no solo planteaba regresar al Ejército a los cuarteles y retirarlo de tareas de seguridad. Además, tenía un plazo para hacerlo: seis meses.
- En 2012, el entonces precandidato prometió que si ganaba las elecciones de ese año se encargaría de que los militares regresaran a sus instalaciones.
- «No debe seguir exponiéndose al Ejército ni socavarlo, regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad», dijo en uno de sus videos semanales.
- Un año después, en un tuit, criticó el uso de las Fuerzas Armadas. «Es perverso que los potentados utilicen al Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear», escribió.
Sin embargo, ya en su gestión, el Ejército no solo no regresó a los cuarteles, sino que incrementó sus tareas.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, refiere que una de las contradicciones del presidente se ha dado en el ámbito de la seguridad pública.
«Tenemos videos en los que se ve cómo AMLO candidato dice que cuando él sea presidente va a sacar al Ejército de las calles porque solo debe estar en cuarteles, y ya que llega al poder piensa diferente, donde sí requiere contar con una reforma para formar la Guardia Nacional con elementos de la Policía Federal, del Ejército y la Marina. Además de que eso fue una incongruencia, ahora propone otra: formalizar que la Guardia pase a la Sedena», señala.
Con la confianza del presidente y la aprobación ciudadana, a las Fuerzas Armadas se les facultó para estar en tareas de seguridad pública, control de migración, entrega de enseres en 11 estados, combate al robo de hidrocarburos, auxilio en la pandemia de COVID-19 y construcción de obras, entre otras acciones.
Actualmente, según cifras oficiales, en el país hay 210,620 efectivos desplegados:
- 91,737 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- 28,932 de la Secretaría de Marina.
- 89,951 de la Guardia Nacional.
Pese a este despliegue, la inseguridad no cede. Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el pasado 30 de octubre, se han registrado 103,133 homicidios dolosos y feminicidios, y es en este gobierno en el que se han registrado los tres años más violentos para el país.
Migrantes: ofrece puertas abiertas, después impone muro
«Donde come uno, comen dos». Con esa frase, antes de tomar posesión, López Obrador abría a los migrantes las puertas de México. Sin embargo, su política migratoria cambió ante la amenaza del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó gravar con 5% las mercancías mexicanas si continuaba el flujo de personas hacia territorio estadounidense. Este amago obligó a México a negociar y a desplegar a la Guardia Nacional en sus fronteras para contener la migración, en el fin de evitar la imposición de aranceles.
- «Me complace informarles que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas para el lunes quedan suspendidas indefinidamente. México tomará medidas sólidas para detener la marea migratoria a través de su territorio y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir en gran medida la inmigración ilegal», dijo Trump en sus redes sociales en 2019.
A partir junio de ese año, México desplegó a los primeros 10,000 elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras, cifra que en 2021 supera los 25,000 efectivos.
Según datos de la Sedena, actualmente hay 28,463 militares para el control migratorio:
- 15,016 en la frontera norte.
- 13,447 en la frontera sur.
Entre enero y octubre de este año, la autoridad reportó que se había «rescatado» a 39,620 migrantes en territorio mexicano y que se habían repartido 106,977 raciones alimenticias.
Para Germán Pérez, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt, bajo este gobierno México ha maltratado a los migrantes como nunca había sucedido.
«Nunca había sido un gobierno mexicano tan regresivo con los indocumentados y estos nunca habían sido tan maltratados como lo han sido en este gobierno. El presidente les dijo ‘vénganse, somos hermanos, donde come uno, comen dos, tienen puertas abiertas’, pero después no le quedó más remedio que implementar una política represiva, de contención y de sumisión frente a Estados Unidos», dice Pérez.
¿A favor de la transparencia?
Durante su gobierno, López Obrador ha asegurado que está a favor de la transparencia, aunque varias veces ha acusado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de ser omiso y de que sus comisionados «callaron como momias» en casos de sexenios anteriores.
- A la par, se ha incrementado el número de recursos de revisión en los primeros años de esta administración. Mientras la cifra más alta había sido en 2018, con 11,961, para 2019 estos pasaron a 18,523 y a 17,088 en 2020. En lo que va de 2021 se han reportado 13,158, según datos del Inai a septiembre.
- Para especialistas, es cuestionable que el presidente diga que está a favor de la transparencia cuando acaba de publicar un acuerdo que consideran contrario al derecho humano al acceso a la información. Dicho acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) clasifica como asunto de seguridad nacional todo lo relacionado con los proyectos de infraestructura de este gobierno.
Fernando Nieto, investigador de El Colegio de México (Colmex), advierte que este acuerdo mantendrá la información como reservada, lo que viola los derechos de los ciudadanos.
«Una de las consecuencias de este acuerdo es que, al clasificarlos como de seguridad nacional, entonces potencialmente toda la información relativa a estos proyectos se mantendría como reservada, (el gobierno) no tendría que informar cómo se ejercieron los presupuestos, cuestiones relacionadas con la obra, contratistas, etcétera. Abre la puerta a la opacidad», señala.
En su defensa, el presidente ha insistido en que el acuerdo es para facilitar los trámites burocráticos y que nada tiene que ver en contra de la transparencia. En cambio, el Inai ya analiza presentar ante la Suprema Corte una controversia constitucional, por considerar que este documento está en contra del principio de máxima publicidad.
¿7 de cada 10 hogares se benefician con programas sociales?
En su discurso del 1 de septiembre pasado por la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el presidente aseguró: «El 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional».
Sin embargo, esto difiere de los datos publicados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, que señalan que en realidad son tres de cada 10 hogares. Desde marzo, en la publicación del Censo del Bienestar se advertía esta cifra, pues el 25% de los encuestados señaló que recibía algún programa del gobierno.
Un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), con base en los datos de la ENIGH, mostró que los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28% a 30% entre 2018 y 2020, es decir, prácticamente se han mantenido en estos porcentajes desde 2014.
«La transformación de la política social del país, de dar más dinero a través de transferencias, ha tenido como consecuencia que ahorita sean los mismos hogares en promedio los que reciben programas sociales, respecto a años anteriores», dice Máximo Jaramillo-Molina, director general del Indesig.
- Pero además, el análisis de Indesig reveló que, mientras en 2016 los programas sociales llegaban al 67% de los hogares en extrema pobreza, para 2020 el alcance es de 43% de las familias en esta situación, contrario a la premisa del gobierno de «primero los pobres».
- «El curso de la política social actual marcha sobre la discursiva de un gobierno que, lejos de favorecer a los más vulnerables bajo la retórica de ‘primero los pobres’, se mantiene pasivo ante las adversidades que la crisis representa», advierte la organización Signos Vitales.
A lo largo de la pandemia de COVID-19, que provocó el cierre temporal de actividades y con ello causó pérdida de empleos, el presidente ha reconocido el golpe económico de la crisis sanitaria, por lo que urge a la reapertura una vez que la mayor parte de los adultos está vacunada.
En agosto, luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que de 2018 a 2020 el número de pobres aumentó en 3.8 millones de personas — para situar el total en 55.7 millones de personas —, López Obrador rechazó esos datos y dijo que hay otras formas más certeras de medir el bienestar de las personas.
AMLO tiene muy poco que presumir de su lucha contra la corrupción
El estandarte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la ‘lucha contra la corrupción’, una bandera que lleva casi como insignia en la frente, pero que no logra saltar del discurso a la acción.
- El mandatario se esfuerza una y otra vez en ‘endiosar’ a la llamada Cuarta Transformación al destacar el combate que su administración está llevando a cabo contra uno de los males que históricamente ha aquejado a México, pero basta con revisar los datos y las victorias que presume para percatarse que no hay resultados, y que si los hay, no son precisamente gracias a su gobierno.
“El exjefe de la petrolera estatal de México, Emilio Lozoya, fue extraditado de España hace más de un año por presuntos sobornos. Pero fue solo después de que las fotos de él comiendo pato de Pekín en un restaurante de lujo desencadenaron la indignación pública el mes pasado que los fiscales solicitaron que lo pusieran en prisión preventiva”, sostiene un artículo del Financial Times publicado este lunes titulado López Obrador tiene poco que mostrar por su lucha contra la corrupción.
Y claro, el caso de Lozoya, que ahora podría ser la aportación más grande de la 4T en el combate a la corrupción, fue solo porque la periodista y columnista de El Financiero, Lourdes Mendoza, reveló la foto del exdirector de Pemex cenando en el Hunan.
- Eso desató un gran escándalo mediático, pero, de no haber sido así, ¿Lozoya seguiría gozando de privilegios?
- El discurso contra la corrupción de AMLO se le ha vuelto casi una obsesión que lo llevó como un ‘tesoro preciado’ a las Naciones Unidas el pasado nueve de noviembre. Y esa obsesión no le permite ver que del ‘dicho al hecho, hay mucho trecho’.
“Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países. El fiscal federal anticorrupción solo ha logrado asegurar dos sentencias por delitos en más de dos años y medio en el cargo, dijo un experto. Los casos de alto perfil tardan en avanzar”, destaca en la edición de hoy el periódico británico.
“No tienen una política de enjuiciamiento penal (…) eligen casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en la fiscalía”, comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, en entrevista para el Financial Times.
Y volvemos a lo mismo, López Obrador está más preocupado por mostrar una imagen de austeridad, que por las acciones y los resultados que su gobierno está teniendo.
“Seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones. El presidente no ha invertido nada de su capital político o recursos, no es parte de su proyecto el fortalecimiento de las instituciones”, dijo Edna Jaime, directora del Think-Tank México Evalúa.
- Un claro ejemplo es la Guardia Nacional, una institución debilitada que no tiene una estrategia clara de seguridad. La política de ‘abrazos, no balazos’ tiene desatados a las organizaciones criminales sin que los elementos de la GN puedan hacer algo al respecto. La tarea del ejército ya no es enfrentarse al crimen organizado, sino ‘cuidar’ el territorio de los carteles.
López Obrador utiliza las ‘mañaneras’ para hacer propaganda de la Cuarta Transformación, pero con muy pocos datos que lo respalden.
“En una de sus conferencias de prensa matutinas diarias el mes pasado, López Obrador prometió publicar detalles de quienes han sido sancionados o acusados de corrupción. El comunicado posterior dijo que miles de funcionarios habían sido excluidos del gobierno y se habían presentado cientos de denuncias penales, pero no mencionó una sola condena penal”, critica Financial Times.
Imparable violencia
En este clima de tensión, problemáticas tan acuciantes como la violencia parecen quedar a menudo en un segundo plano. Y aunque el mandatario tiene una reunión de seguridad cada día, las cifras no han disminuido sustancialmente.
- México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,558 en 2020.
- Ello en medio de una creciente violencia de género con casi 1,000 feminicidios el pasado año, la tragedia de los desaparecidos -que suma más de 95,000 casos desde 1964- y los ataques continuos contra periodistas y activistas.
“Desafortunadamente no ha habido avances”, lamentó Singer, quien recordó la dura valoración del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su reciente visita al país.
Además, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad conformado en su mayoría por militares, ha generado muchas críticas en un país todavía afectado por la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) junto con las Fuerzas Armadas.
“Los fracasos son muy notables, pero en términos de imagen pública él los compensa a través de esta narrativa en la que parece que es creíble su afán” para acabar con la corrupción, expuso Puente.
“Muerte, dolor y angustia”: PAN describió los primeros años del gobierno de AMLO
Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que van tres años perdidos del actual gobierno en materia institucional, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha caracterizado por el desprecio que tiene a la legalidad.
- Durante conferencia virtual con motivo del Tercer Año de Gobierno del mandatario federal, Rementería del Puerto aseguró que Morena se ha dedicado al debilitamiento de las instituciones democráticas.
“El presidente quiere volver a un régimen de presidencialismo extremo como en el siglo pasado. No sorprende la advertencia que hizo en 2006 cuando dijo: Al diablo las instituciones. Y lo ha ido cumpliendo”, precisó el legislador.
- El senador por el estado de Veracruz recordó que en esta administración se destruyó el Seguro Popular, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonden), las estancias infantiles, los fideicomisos, el Instituto Nacional del Emprendedor, entre otros.
- “Poco les importó si causan muerte, dolor, angustia o incertidumbre en millones de personas que dejaron de recibir atención médica, apoyos por emergencias o simplemente una ayuda que les permita salir adelante”, lamentó.
El integrante de Acción Nacional remarcó que este régimen ha tenido el control legislativo en ambas Cámaras, con la complicidad de Morena y sus aliados, y ha reducido el Congreso a una oficialía de partes, debilitando el Congreso de la Unión al imponer sus caprichos legislativos y exigir que no se le cambie ni una coma a sus iniciativas.
Asimismo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ha perdido su autonomía al olvidar el hacer cumplir la ley para cumplir las revanchas personales del presidente, así como proteger a los corruptos de su gobierno.
“El presidente pretende cooptar a todos los organismos autónomos, y cuando no lo ha logrado, amenaza con desaparecerlos. Ya lo ha intentado en la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), la CRE (Comisión Reguladora De Energía), la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos), y ahora lo intenta en el Banco de México al enviar para dirigirlo a una persona que no cumple con la experiencia que exige la ley, pero, sobre todo, que no cumple con la autonomía e independencia que requiere el cargo”, indicó.
- El coordinador panistas subrayó que este gobierno también ha atacado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al declarar que es caro e ineficiente, “que lo mejor sería que sus funciones las absorbiera la Secretaría de la Función Pública”; además, ha señalado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Coneval porque “sus evaluaciones no coinciden con sus otros datos”.
Así como a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tachándolas de conservadores y neoliberales.
“El presidente quiere que su gobierno se ‘autovigile’ y así ocultar su corrupción. Ha dicho que si el gobierno actúa con rectitud y transparencia no es necesario tener aparatos administrativos costosos y aunque esto fuera cierto, el problema es precisamente que esta administración es la más opaca y más corrupta que nunca”, añadió.
El legislador mencionó que “el decretazo presidencial” es prueba de la ambición que tiene AMLO, ya que ignora la ley, las regulaciones, los permisos, los testigos sociales, los expertos, y lo único importante son sus obras faraónicas.
Finalmente, Rementería del Puerto aseguró que las y los senadores de Acción Nacional seguirán alzando la voz y dando la batalla “para evitar que los 3 años que faltan a este gobierno catastrófico, sean tres años más perdidos”.
Quitan recursos al combate al secuestro
Por su parte, Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano destacó la efectividad de las medidas contra la piratería marítima, pero señaló que, ante el secuestro, esta administración ha recortado 31.3% los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro respecto a lo asignado en su origen.
- También alertó sobre el uso de la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Es de suma importancia, dijo, evaluar los alcances de esta disposición, pues a la fecha se desconoce si esta medida temporal ha resultado en más decomisos definitivos derivado de los procesos penales federales por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- En el análisis “Tres años sin gobernabilidad, resultados, ni rumbo fijo en seguridad”, examina las acciones para proteger los derechos humanos, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la atención a víctimas y la política social. De acuerdo con este informe, no hay evidencia de que exista una atención efectiva a las poco más de 270 mil víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia.
Según el documento, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” recibió 40 mil millones de pesos en 2019, 24 mil 958 millones en 2020, 20 mil 600 millones en 2021, y para 2022 se proyecta que recibirá 21 mil 196 millones, lo que representa el mayor recorte presupuestal que ha tenido, a pesar de ser uno de los proyectos prioritarios de esta administración.
- Francisco Rivas recordó que el discurso presidencial es reiterativo sobre el efecto de este programa en la paz, al asegurar que de esta manera evitan que los jóvenes sean reclutados por el crimen, sin embargo, aclaró, la política social no es política de seguridad. Refirió que este programa cambia constantemente de población objetivo lo que dificulta una evaluación rigurosa de su impacto en términos de seguridad.
“Asegurar que la pobreza o la falta de oportunidades llevan necesariamente a los jóvenes a delinquir es una visión incompleta del problema”, señala.
Los factores para que jóvenes se unan al crimen organizado
En el estudio: “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo”, señalamos que son varios factores a nivel individual, relacional, comunitario y social los que van sumando vulnerabilidades que orillan a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas desde edades muy tempranas”, indicó.
Y fue más allá, al destacar que no se vislumbra un cambio de abordaje en torno al combate a la pobreza como medida que condicione el descenso de la criminalidad. Se entrevé, en todo caso, seguir incrementando el subsidio social revictimizando a la población que vive en condiciones de pobreza, haciendo eco de añejos argumentos de que los pobres por necesidad pueden convertirse en delincuentes, advirtió.
Escasas transformaciones en la FGR
Respecto al desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Rivas condenó que a la fecha haya rendido solo 7 informes en los que se advierten escasas transformaciones de fondo, y más que avances, se han hecho notorios los retrocesos en la arquitectura normativa de la nueva institución.
- El presidente asegura que “hay gobernabilidad en nuestro país”, porque “no se ha registrado un desbordamiento social”; que no hay “violencia política”; que «no es lo mismo que pasaba antes y lo puedo probar», y que “se atiende al pueblo”.
Pese a las afirmaciones del presidente, indica que “en estos tres años, el ONC identificó que la gobernabilidad tendió hacia la centralización con tintes antidemocráticos en la ejecución de políticas públicas. Esto debería encender las alertas de todos pues el escenario para 2024 no tiene un pronóstico favorable”, concluyó Francisco Rivas.
Ejército moviliza a 80 mil elementos para labores de policía, cifra récord
Más de 80 mil elementos del Ejército Mexicano han sido movilizados por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para intervenir en tareas de seguridad pública en apoyo a las fuerzas policiales locales. Se trata de la cifra de militares desplegados en las calles más alta desde 2006, cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, e incluso duplica a la de años pasados.
- Estos soldados son elementos de las Fuerzas Armadas convencionales que siguen enlistados activamente en la Secretaría de la Defensa Nacional –a diferencia de los destinados a la Guardia Nacional– y cuya participación en tareas de seguridad se multiplicó luego de una reforma promovida por el actual gobierno y aprobada por el Congreso, que legalizó la intervención formal del Ejército en apoyo a tareas de seguridad hasta diciembre de 2024.
Organizaciones no gubernamentales y gobiernos municipales han denunciado en recursos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se trata de un despliegue desproporcionado al amparo de un “acuerdo militarista”, que no establece los límites de excepcionalidad que señalaba la Constitución.
- Los datos de la Sedena obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia evidencian el disparo en el despliegue de militares en la actual administración, y particularmente en los últimos dos años, luego de que se aprobara la referida reforma constitucional.
- De acuerdo con la información, al corte de septiembre pasado en el país se encontraban movilizados 80 mil 210 efectivos en tareas de apoyo a la seguridad pública y combate a la delincuencia. Es la cifra más alta de militares en estas tareas por lo menos desde 2006 cuando inicio la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Y es la primera vez que se rebasa el techo de 80 mil efectivos movilizados.
Se trata, además, de un nuevo incremento de militares desplegados luego de que al cierre de 2019 ya sumaban 76 mil 198 en las calles, la segunda cifra más alta en todo este periodo.
- En total, durante la administración del presidente López Obrador, la cifra de elementos de la Sedena desplegados en las calles ha crecido más de 45%. Si la comparación se hace con 2013, primer año del sexenio pasado cuando había 34 mil 520 soldados desplegados, el alza es superior al 132%.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, periodo en el comenzó a impulsarse la intervención de la Sedena en estas misiones, se alcanzó una cifra máxima de 52 mil 690 soldados desplegados en 2011. La cifra en el tercer año del gobierno de López Obrador es 52% mayor.
La excepción convertida en regla
La reforma constitucional publicada en marzo del 2019 en materia de Guardia Nacional estableció que mientras se consolidaba la creación y formación de dicha fuerza el gobierno federal podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero solo de forma “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
- Para tal efecto, el 11 de mayo del 2020, ya con una creciente movilización de militares en las calles, el presidente López Obrador publicó un acuerdo en el que ordenó de forma general la movilización de los militares en el país para intervenir en tareas de seguridad, y se dio facultad al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para coordinar los despliegues.
En dicho acuerdo no se detalló en qué puntos debería ser dicha movilización de los soldados, el total de efectivos en los operativos ni los objetivos de estos.
- Tras la publicación organizaciones ciudadanas reclamaron que se trataba de un “acuerdo militarista”, toda vez que normalizaba la intervención de las Fuerzas Armadas sin mayores controles, en vez de propiciar el fortalecimiento y desarrollo de las corporaciones policiales de seguridad pública.
- Tres gobiernos municipales y la Cámara de Diputados interpusieron cuatro controversias constitucionales ante la Corte en contra de este acuerdo, en los que solicitaron que sus efectos sean anulados. Hasta ahora sigue pendiente que el máximo tribunal del país se manifieste.
Expertos entrevistados en su momento por este medio consideraron que la normalización de los militares en labores de seguridad pública, además de contravenir convenios internacionales en materia de derechos humanos, podría ocasionar el desgaste del propio Ejército.
“Estamos haciendo uso de las fuerzas militares como si fueran el último recurso y como si fueran incorruptibles y eso es falso. Los militares también se corrompen. Pero si esta es nuestra última frontera y no estamos construyendo los mecanismos civiles que nos permitan seguir avanzando en materia de seguridad pues este último recurso también se nos puede caer. El gran desafío en México es construir paz, pero en ningún sentido la paz se construye con militares en las calles”, dijo el investigador Luis Daniel Velazquez de la UNAM.
Los otros “soldados policías”
De forma paralela al despliegue del Ejército convencional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha fortalecido su intervención en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
- Animal Político ha podido documentar que pese a tratarse –por definición constitucional– de una policía civil, hay 79 mil 126 elementos de la Guardia Nacional que son en realidad efectivos de las fuerzas armadas separados temporalmente de sus funciones. Es el 76% de los 102 mil 944 efectivos enlistados en esta fuerza.
Pero no solo eso. Todos los mandos estatales de esta corporación son en realidad generales del Ejército. El liderazgo operativo, el reclutamiento y las instalaciones de esta fuerza de seguridad están bajo control pleno de la Sedena.
Por otro lado, cada vez se ha vuelto común colocar a militares retirados o con licencia al frente de fuerzas policiales de seguridad. El diario Reforma publicó que en 10 entidades federativas los secretarios de Seguridad Pública estatales son personas provenientes del Ejército y la Marina.
Gobierno verde olivo
La expansión de las actividades del Ejército no se limita únicamente a tareas de seguridad. Un análisis denominado “Inventario Nacional de lo Militarizado” realizado por expertos del CIDE y la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) evidencia el involucramiento de los militares en la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; el reparto de vacunas; entre otros.
- El estudio realizado por los expertos incluso demuestra que, gracias a la expansión del Ejército en diversas tareas, los militares también han conseguido absorber más de 4 mil 500 millones de pesos que originalmente estaban destinados a instituciones civiles. Esto del año 2012 a la fecha.
- “Es claro que la militarización se ha expandido a esferas de la administración pública diversas a la seguridad. Sin embargo, los procesos de militarización de la vida pública van más allá de facultades y funciones. En algunos casos, la militarización se observa con la adopción de reglas o prácticas castrenses en instituciones civiles; en otros, con la transferencia de recursos originalmente asignados a instituciones civiles”, indica el referido análisis.
En total, según el “Inventario Nacional de lo Militarizado” hay 26 instituciones federales que han delegado funciones y presupuestos las Fuerzas Armadas a través de múltiples convenios. La construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y del Aeropuerto Felipe Ángeles han significado las mayores transferencias de recursos a las cuentas castrenses./Agencias-PUNTOporPUNTO
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