Alertan que “los Estados en América Latina son muy precarios y en muchos lugares están penetrados por el narcotráfico”, y les preocupa que “el respeto por la dignidad de la persona cada vez es menos”.
- En las esquinas de cualquier barrio de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, México, Belice, Perú o Ecuador las escenas matutinas arrastran muerte y terror, y exhiben los saldos sangrientos de las batallas en la noche anterior o la madrugada previa entre los sicarios de las redes narcotraficantes.
Ya sea envueltos en sacos grandes o al descubierto, los cadáveres descuartizados, calcinados o devorados por animales exponen a mujeres y hombres víctimas de las guerras por el control del tráfico de drogas.
- Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, argentinos, brasileños, mexicanos, beliceños, peruanos o ecuatorianos que se dirigen en las mañanas a sus labores cotidianas prefieren actuar indiferentes ante lo que es un decorado que se les presenta con frecuencia.
- Todo apunta a la normalización de la narcoviolencia en América Latina y el Caribe, en un fenómeno estimulado por una realidad: ante la impunidad que favorece a los criminales, los ciudadanos optan por el silencio y por aparentar actuar con alguna de las formas de la indiferencia: impasibles, imperturbables, insensibles, neutrales, apáticos, desinteresados, indolentes o displicentes.
“Esas formas de violencia son ‘normales’ en Colombia de tiempo atrás”, afirmó el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.
Al firmarse la paz en 2016 y desaparecer el choque del gobierno colombiano con las ahora disueltas guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “que ponía en riesgo la seguridad nacional y consumía gran parte de los recursos de seguridad estatal, ese tipo de violencia se hizo más visible que antes, pero siempre ha existido”, aseguró. “Es la violencia que explica la gran mayoría del homicidio en Colombia”, dijo Restrepo.
- Tras aclarar que “no se puede confundir esa violencia como si fuera nueva o creciente. Siempre ha sido el piso, un piso muy alto, de los homicidios en Colombia”, y relató que “es una violencia que se explica tanto por disputas entre grupos criminales como por disputas dentro de los grupos criminales y asociada con la forma de ‘cobro’ típica del crimen organizado (…) Las disputas han podido aumentar por el fenómeno de ruptura de los cárteles, como el del Golfo, ahora llamados clanes aquí [en Colombia], y en general de los grupos criminales que generan esas pugnas entre grupos ‘sucesores’ o emergentes. De allí la percepción del aumento y más visibilidad”, relató.
“Muchas de esas pugnas se hacen con formas de violencia públicas, atroces, con masacres, descuartizamientos y la disposición de los cuerpos en lugares públicos para enviar un mensaje a los contendores. De allí también la mayor visibilidad”, subrayó.
- Para la pedagoga y máster de género hondureña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de Honduras, “la gente se acostumbra a que la droga se venda y transite por espacios comunitarios y que los responsables vivan en sus barrios”.
Al destacar que los pobladores “no pueden denunciar porque las autoridades no hacen nada y todo se vuelve normal”, describió que “el narcotráfico se instaló” por factores como leyes ineficaces o inexistentes y controles deficientes de seguridad y defensa (…) [También] por funcionarios coludidos y que apoyan esa acción [criminal], comunidades que están siendo abatidas, desplazadas y que, por miedo, no hablan, y por políticas sociales poco eficaces que hacen que se perpetúe la pobreza y sin que salga adelante con necesidades básicas insatisfechas”, relató Ayestas.
“Mientras no se trabaje por una mayor calidad de la educación y por más fuentes de empleo especialmente para los jóvenes, esto seguirá prosperando porque es dinero fácil. Hay poca posibilidad de aplicarle la justicia a los grupos ilícitos”, planteó.
Vieja compañera
El fin de semana del 25 al 27 de marzo de este año, El Salvador registró 87 homicidios y el 26, con 62, pasó a la historia como la fecha con más muertes violentas luego de que, en enero de 1992, se firmó la paz entre las guerrillas izquierdistas y el gobierno derechista de turno en un conflicto bélico que se saldó con unas 80 mil bajas mortales y estalló en 1980.
- Las cifras salvadoreñas alertaron del más grave repunte de asesinatos en los últimos 30 años de posguerra. Más de 26 años después de suscrita la paz en Guatemala, con una Guerra Civil que, de 1960 a 1996, dejó más de 250 mil muertos y desaparecidos, la violencia tampoco cesa.
“La violencia ha sido el común denominador en la vida de los centroamericanos”, lamentó el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
- Mencionó que “la violencia es cada vez más fuerte, ataca, afecta y se extiende a niñez, juventud, adolescencia y mujeres. El narcotráfico ejerce una presencia bastante fuerte en Centroamérica, punto de tránsito [de droga] a los grandes mercados del norte (…) Preocupa que el respeto por la dignidad de la persona cada vez es menos. Observamos actitudes más crueles, más deshumanizadas y sin ningún respeto por el ser humano… aun después de muerto. No sólo ejecutan a personas para venganzas y acciones para sembrar terror. No se conforman con ejecutarlas”, señaló.
Por vivir en uno de los países más violentos de América Latina y el Caribe, Rodenas conoce a profundidad los extremos y las atrocidades en actos sanguinarios: “Han desmembrado personas para generar más terror y mandar un mensaje de miedo a la población. Lo más conveniente es no aceptar estos hechos ni verlos como normales. Debemos revelarnos contra la violencia y el mal, y generar una actitud para asumir con responsabilidad y valentía el momento que nos toca vivir”.
Impunidad
Aunque sin estar generalizada, la impunidad persiste en la zona: sin castigo a los criminales, la población calla ante la narcoviolencia.
“Para que no se normalice la violencia se requieren sistemas judiciales que funcionen y policías que hagan un trabajo efectivo y sin violar los derechos humanos”, sugirió la abogada venezolana Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Ri- ghts Watch (HRW), organización mundial no estatal de Washing- ton de defensa de los derechos humanos: “Se necesita que quienes cometan delitos sean investigados y juzgados. Lamentablemente en muchos lugares eso no ocurre, porque no hay independencia judicial o hay independencia judicial limitada o las policías no hacen su trabajo, son corruptas”, aseveró.
“Influye la sobrepoblación carcelaria. En muchas cárceles de la zona hay vínculos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad y desde allí se controlan las acciones criminales. Con todos esos elementos se genera un caldo de cultivo para que la violencia continúe”, reiteró.
Sin control
La narcoviolencia se posesionó del continente. En una calle de Rosario, capital de la central provincia (estado) argentina de Santa Fe, la policía halló cuatro cadáveres, dos a la intemperie y dos calcinados en un automóvil, en la noche del 18 de abril pasado.
- Con un promedio preliminar oficial de un homicidio cada 31 horas y con 85 asesinatos de enero a abril de este año frente a 77 en el mismo periodo de 2021, “la escalada de violencia” en Rosario “enciende todas las alertas”, por lo que “las cifras cotidianas corren el riesgo de naturalizarse”, advirtió el periódico Tiempo Argentino, de Buenos Aires.
“Siempre me he planteado por qué la violencia en general, no sólo narcoviolencia, o la falta de empatía por el otro genera en la sociedad que la violencia esté naturalizada”, comentó a este diario el sicólogo argentino Mario Dupont, sicoanalista de la Dirección General de Salud del gobierno de Buenos Aires: “Tiene que ver con una forma síquica del ser humano de defenderse de tanto sufrimiento social. Por el consumismo, la gente se aísla cada vez más dentro de un mundo de tecnología. Cada vez hay menos vínculos. Se deshumaniza. Hay una mezcla de deshumanización, de desinterés y desvalimiento social frente al dolor por el sufrimiento de otro ser humano”, agregó.
Los focos rojos en México en 2021
La ola de violencia en el país crece de forma exponencial con enfrentamientos entre cárteles, levantones y asesinatos. El titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán presentó los focos rojos de México.
Ojeda Durán detalló que debido a la cantidad de homicidios que se cometieron de enero a mayo de 2021, Tijuana, en Baja California, fue la ciudad más violenta del país. De acuerdo con el ranking de la secretaría, en la región fronteriza ocurrieron al menos 749 homicidios.
- La violencia en la ciudad sin ley vive un peligroso repunte. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llegado para arrebatarle la plaza a la organización criminal de Ismael el Mayo Zambada, cuyo imperio empieza a tambalearse.
- Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido escenario de homicidios en escalada, por lo que se ha apuntado el número dos de la lista. Hace 27 años esta urbe encendió las alertas a nivel internacional por sus altos niveles de feminicidios los cuales, según los expertos, se dispararon en el inicio de la guerra contra el narcotráfico (2006).
En los primeros cinco meses del 2021, León, Guanajuato contabilizó 295 homicidios dolosos. Según el experto y analista en seguridad, David Saucedo, la zona lleva más de cuatro años en guerra. Detrás de esta se encuentra el interés del CJNG por tomar las calles de la ciudad zapatera. La intención del cártel de las cuatro letras de apoderarse de la ciudad no ha sido simple, ya que las mafias locales lo han impedido.
- La violencia criminal también se ha asentado en la ciudad de Cajeme, Sonora, donde en mayo de ese año fue asesinado a balazos el candidato de Movimiento Ciudadano por aquella alcaldía, Abel Murrieta. El político, de 58 años, cayó tendido en la calle mientras repartía panfletos de su campaña electoral.
El glamour del puerto de Acapulco (Guerrero) se ha aniquilado a fuerzas de balas, según lo revelado por las autoridades. En el caso de este balneario, se registraron 197 asesinatos.
- Entre las primeras diez ciudades más violentas, en el puesto número seis se encuentra el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Esta ciudad, con casi 250 mil habitantes, y la más poblada del estado, es considerada la ciudad con más miedo. De acuerdo con una encuesta nacional del Inegi, 95 por ciento de los habitantes de Fresnillo considera que vivir en la ciudad no es seguro.
- Los expertos advierten que el enclave geográfico de Fresnillo, la ha convertido en objeto de deseo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En la ciudad se ha reconocido también la presencia de Los Zetas, el Cártel del Golfo y del Noreste. Fresnillo es la cuna de la familia Monreal que gobernará el estado de Zacatecas.
La situación de la ola de violencia también envuelve a Guadalajara, Jalisco, con 186 asesinatos; Iztapalapa, Ciudad de México con 94 asesinatos; Gustavo A. Madero, con 66 y Venustiano Carranza, con 48.
Tremenda violencia vive México, derivado de la incompetencia de las autoridades
México padece tremenda violencia, pero también una gran incompetencia de las autoridades que aventuran hipótesis irresponsables en los crímenes, afirmó el Centro Católico Multimedial, al cuestionar: ¿cuántas víctimas han sufrido lo mismo? ¿Cuántas carpetas de investigación han sido archivadas?
¿Cuántas denuncias están mal integradas? Miles de víctimas sufren esta incompetencia que ha paralizado la justicia. Y eso es también una forma de violencia, se preguntó.
- Expuso que en el sexenio de López Obrador, cinco sacerdotes han muerto bajo circunstancias violentas. Algunos ataques fueron perpetrados directamente contra las víctimas; otros, fueron parte de las circunstancias cuando estuvieron en el lugar y hora equivocados padeciendo lo que millones en México han sufrido.
- En el editorial titulado “autoridades irresponsables y la muerte del sacerdote”, recordó que la muerte del padre José Guadalupe Rivas Saldaña, del clero de la arquidiócesis de Baja California, vuelve a demostrar cómo se pueden manipular varias hipótesis que contradicen las versiones de las autoridades sobre las posibles causas del crimen.
Hallado de una manera inhumana, sus restos fueron tratados de una manera bárbara. El primero en aventurar una posible causa fue el alcalde de Tecate, Darío Benítez, quien pronto apresuró descartar el homicidio porque “no había casquillos percutidos” afirmando lo que parecía una “explosión” que pudo quitar la vida al sacerdote y a otra víctima sin identificar.
Pronto la Fiscalía de Baja California descartó esa inaudita posibilidad dirigiendo las investigaciones por las del homicidio. Algunos antecedentes son importantes considerar, especialmente sobre la actividad pastoral de Rivas Saldaña como director de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe.
Tras difundirse la noticia, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR, condenaron los hechos exigiendo el esclarecimiento de la muerte del sacerdote, indicó.
“Sabemos que las personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas están expuestas a contextos de mucha adversidad y violencia, por lo que se hace imprescindible que el Estado garantice la protección de las personas que ejercen este compromiso”, señaló la organización a la vez de que presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar “el respeto y protección a los derechos humanos de la familia del padre José Guadalupe Rivas, la familia de la persona aún desconocida y para las personas que trabajan dentro de las instalaciones de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tecate”.
- En 2016, el padre José Alfredo López Guillén fue señalado de haber entrado a un hotel junto a un menor provocando el revuelo en redes que acusaron al sacerdote de no haber padecido un secuestro.
- Pronto, una usuaria de redes sociales señaló que no era el sacerdote, sino que se trataba de su ex pareja y escribió: “Es muy triste todo lo que está pasando, lo que no se me hace justo que los periódicos den información falsa, amiga, a las personas que captaron en video saliendo del hotel no es el padre desaparecido (José Alfredo López) es el padre de mis hijos, la criatura es mi hijo, no se vale”.
Hoy los asesinos de López Guillén cumplen una condena por secuestro y robo agravado.
La muerte del padre José Guadalupe Rivas quiso pasar por esto mismo, una supuesta explosión que lo hace irreconocible, otro cadáver del que no hay identidad, latas y botellas de alcohol y la irresponsable declaración de un alcalde que pronto se vino abajo cuando la misma CNDH, el 21 de mayo, “solicitó la implementación de medidas cautelares.
- A efecto de evitar daños irreparables al derecho a la vida, a la seguridad e integridad de los familiares del padre, de la persona encontrada a su lado, y de los integrantes y personas en contexto de migración que se alojan en la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tecate, Baja California”, lo que podría apuntar hacia un indicio de que la actividad pastoral del sacerdote pudiera ser una de las causas de su condenable asesinato.
La Conferencia del Episcopado Mexicano no condenó los hechos, sino que señaló su tristeza por la muerte del sacerdote y la de un niño de tres años asesinado al interior del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Fresnillo, y llamó a “deponer las armas y acabar con toda forma de violencia” rogando oraciones para tener los mejores caminos de pacificación y de seguridad./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
