Redacción
La Asociación civil Alto al Secuestro manifestó su inconformidad por diversos puntos contenidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
A través de una carta que enviaron a la Cámara de Senadores, la asociación que preside Isabel Miranda de Wallace señaló que en los artículos 89 y 94 del decreto se exenta a las instituciones gubernamentales del castigo económico por el abuso que pudieran cometer, ya que la reparación del daño a una víctima de tortura correrá a cargo del fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Fue el pasado 29 de abril cuando el pleno del Senado de la República aprobó, con 90 votos a favor y cuatro en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Después de este proceso la ley aprobada fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
La organización civil también expresó su desacuerdo porque en dicha ley la tortura como violación a los derechos humanos se establece como imprescriptible, lo que, según la consideración de Alto al Secuestro, “creará una gran impunidad” y nunca habrá justicia para las víctimas de algún delito.
Argumentó que la tortura como violación a los derechos humanos perdura indefinidamente, pero como delito tiene vigencia.
Lo anterior porque en el decreto se autoriza la intervención de peritos particulares, quienes podrán determinar si el acusado de algún delito fue torturado por las autoridades; situación que, según la organización civil, permitirá que cualquier imputado pueda contratar a un experto para que testifique a su favor.
Alto al Secuestro dijo que el Senado de la República considera a los elementos de Seguridad Pública y a los agentes del Ministerio Público como “ciudadanos de segunda”, ya que si éstos son acusados de tortura podrán ser separados de su cargo para optimizar la investigación, y su probable testimonio en contra de los delincuentes quedará invalidado.
Además acusó que dicha ley no toma en cuenta a las víctimas del delito, ya que éstas, en su calidad de denunciantes, serán condicionadas a tener una sentencia condenatoria para acceder a los fondos de reparación del daño causado por la tortura.
Finalmente la asociación hizo un llamado para que los puntos antes señalados sean corregidos en el próximo periodo de sesiones por la Cámara de Diputados.
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