ALERTA: En MÉXICO más de la mitad del TERRITORIO presenta altísimo estado de DEGRADACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2023, el mundo pierde anualmente 10 millones de hectáreas de bosques, una extensión similar a la de Islandia. Aproximadamente un millón de especies animales y plantas se encuentran en peligro de extinción.

• El organismo internacional informa que cada año se pierden 24 mil millones de toneladas de suelo fértil en el planeta. En el caso de México, más de la mitad de su territorio nacional presenta algún nivel de degradación, ya sea física, química o biológica.
• Ante esta situación, Silke Cram Heydrich, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, señala que la humanidad debe comprender que cada acción que emprenda repercutirá en la Madre Tierra. “Cuidar de ella siempre será beneficioso para nosotros; no hacerlo se nos revertirá, y eso queda refrendado con la crisis ambiental que vivimos”.

El ser humano debe aprender a convivir con todos los seres vivos, pues no está solo en la Tierra. La convivencia nos beneficia a todos; tenemos que encontrar un equilibrio para asegurar que esos otros seres tengan un lugar donde vivir”.— Silke Cra

Energías renovables

En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, correspondiente al año 2023, se indica que el acceso a energías y tecnologías limpias mejora la salud, especialmente en el caso de mujeres y niños.

• Asimismo, la electrificación con bajas emisiones de carbono, los desplazamientos a pie y en bicicleta, y el uso del transporte público impactarán en la calidad del aire, la salud y las oportunidades de empleo, a la vez que fomentan la equidad.
• “Estoy de acuerdo en que se conmemore este día. La frase ‘Día de la Tierra’, la que nos sustenta a todos los seres vivos, no solo a los humanos, destaca la necesidad de cuidarla. Sin embargo, debemos ser conscientes de que no se trata solo de un día”, señaló la doctora en Agronomía
• En 2009, la Asamblea General de la ONU designó el 22 de abril como el “Día Internacional de la Madre Tierra”, en el cual se destaca la necesidad de promover la armonía con la naturaleza del planeta.

Mantos acuíferos, en rojo

Los acuíferos, principal fuente del líquido que llega a los hogares de México, están en números rojos debido a la sequía y el consumo indiscriminado.

• Su sobreexplotación se ha agravado, pues mientras en 1975 había 32 acuíferos en esta condición, el número subió a 114 el año pasado, 256% más, indican datos de autoridades ambientales y la Conagua.

Además, casi la mitad de los acuíferos del país está en déficit porque, aunque tienen líquido, ya está comprometido para cubrir las concesiones otorgadas por el gobierno, lo que se suma a que no existe un volumen de recarga suficiente para compensar el agua que se extrae.

Mientras que a la agricultura se destina casi 65% del agua superficial (ríos, arroyos y lagos), el abastecimiento público se nutre en casi 60% de los acuíferos, por lo que la sobreexplotación de éstos amenaza directamente el consumo de agua de la población.

• De acuerdo con la Semarnat, en 2003 existían 102 acuíferos sobreexplotados, 15.6% de los 653 que hay en el país. Para 2023, datos de la Conagua revelan que había 114 en condición de sobreexplotación (17.5%).
• Para Rubén Gregorio Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, México sufre una “metástasis hídrica”, es decir, el problema está en todo el país.

La sequía y el consumo indiscriminado han dejado en números negativos los acuíferos de México, principal fuente del agua que llega hasta los hogares del país.

• En los últimos 50 años, la sobreexplotación de los acuíferos en México se ha agravado, pues mientras en 1975 había 32 en esta condición, para 2023 el número pasó a 114, lo que representa un incremento de 256%, de acuerdo con datos de las autoridades ambientales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
• Aunado a esto, actualmente casi la mitad de los acuíferos del país están en déficit, debido a que, aunque cuentan con líquido, éste ya se encuentra comprometido para cubrir las concesiones otorgadas por el gobierno y no hay un volumen de recarga suficiente para compensar el agua que se extrae.

Mientras que a la agricultura se destina casi 65% del agua superficial (ríos, arroyos y lagos), el abastecimiento público se nutre en casi 60% de los acuíferos, por lo que la sobreexplotación de éstos amenaza directamente el consumo de agua de la población.

• Según datos de Conagua, en 1950 la cantidad de agua renovable promedio anual por persona era de 17 mil 740 metros cúbicos. Para el año 2000, este indicador había descendido a cuatro mil 690 m3, debido, en gran medida, al incremento poblacional, pero también al alto nivel de consumo y falta de políticas de ahorro. En la actualidad, se estiman tres mil 298 m3 de agua disponibles por persona al año, en promedio.
• Las regiones en donde la disponibilidad es menor a mil 700 metros cúbicos por año se considera que presentan estrés hídrico, donde puede presentarse escasez con frecuencia. Cuando la disponibilidad es inferior a mil metros cúbicos por año, se considera que pueden presentarse problemas para la producción de alimentos y el desarrollo económico”, explica la Comisión Nacional del Agua.

Señales de alerta

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2003 existían en México 102 acuíferos sobreexplotados, 15.6% de los 653 que hay en el país. Para 2023, datos de la Conagua arrojan que había 114 acuíferos en condición de sobreexplotación (17.5%). A esta situación se suma que 286 del total, un 43.8%, no tenía disponibilidad para extraer más agua de la ya concesionada, ya que ello pondría en peligro el equilibrio de los ecosistemas.

• En 2023, siete de los acuíferos sobreexplotados tenían disponibilidad de líquido: Alfredo V. Bonfil, en Baja California Sur; Las Delicias, Coahuila; Laguna de Palomas, Chihuahua; Silao-Romita y Valle de Acámbaro, Guanajuato; Huichapan-Tecozautla, Hidalgo, y Agualeguas-Ramones, en Nuevo León.
• A éstos se suman 107 acuíferos sobreexplotados y sin disponibilidad, ubicados en las regiones de Aguas del Valle de México (CDMX y Edomex); las Cuencas Centrales del norte (Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas).
• También Lerma-Santiago-Pacífico (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Edomex, Michoacán. Y Querétaro); Noroeste (Sonora); Pacífico Norte (Baja California), y Río Bravo (Coahuila, Chihuahua y Nuevo León).

Además, la Conagua marca 179 acuíferos sin disponibilidad, pero subexplotados, principalmente en las regiones hidrológico-administrativas de Río Bravo, Península de Baja California, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Balsas, Cuencas Centrales del Norte, Golfo Centro, Golfo Norte, Lerma-Santiago-Pacífico y Noroeste.

«Degradación ambiental impacta en 4.1% del PIB»

Los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) en México en el 2022 sumaron un total de 1,210 millones, 847,800 pesos lo cual representó 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2022, el año pasado el costo total por agotamiento como proporción del PIB fue el mismo que en el 2021.

Sin embargo, existe una diferencia si se compara el dato del 2022 con el del 2003, ya que, en ese año, la proporción los CTADA de PIB fue de 6 por ciento.

• Por componentes, los costos por agotamiento representaron 0.5 %, que equivalen al menos a 141 millones 771,600 pesos, mientras que los costos por degradación fueron equivalentes a 3.6%, lo cual se traduce en 1,069 millones 76,200 pesos.
• El Instituto Nacional de Estadística mexicano detalló que, durante el 2022, los mayores costos ambientales se relacionaron con las emisiones al aire, las cuales generan un impacto equivalente a 2.5% del PIB del país, lo cual en pesos sería un monto de 738 millones 950,100 pesos.
• Mientras que la degradación del suelo registró 0.5%, es decir, 154 millones, 194,900 pesos y los residuos sólidos urbanos documentaron el año pasado 113 millones 632,400, lo que equivale a 0.4% del PIB.

El resto de los componentes, de acuerdo con los datos del Inegi, sumaron 0.7 % y se integraron por el agotamiento de hidrocarburos (0.3%) que en pesos el costo fue de 72 millones 674,800 pesos, el agotamiento de agua subterránea (0.1%) que fueron 32 millones, 881,900, las descargas de aguas residuales y no tratadas (0.2%) con un total de 62 millones, 298,800 pesos.

También dentro de apartado, el Inegi consideró los costos de agotamiento de recursos forestales (0.1%) que significó un costo de 36 millones, 214,900 pesos.

Gasto en protección

Por otro lado, el Instituto de Estadística refirió que, en el 2022, los gastos de protección ambiental totales del sector público ascendieron a casi 0.2 billones de pesos, lo que equivalió a sólo 0.7% del Producto Interno nacional, mientras que en año anterior se alcanzó un monto equivalente a 0.6 por ciento.

“Los gastos en protección ambiental total del sector público, de acuerdo con la Clasificación de Actividades Ambientales de Naciones Unidas, se distribuyeron de la siguiente manera: 23.7 % en actividades de protección del aire-ambiente y clima, 20.3 % en gestión de los recursos hídricos y 18.1 % en gestión de los residuos”, se explicó en los resultados.

• Mientras que 37.9% que resto fue otorgado en actividades diversas, como protección y conservación de la biodiversidad, agua, suelo, gestión de recursos minerales, energéticos y acuáticos, así como en actividades transversales, como investigación y desarrollo, educación y gestión de la protección ambiental.
• De acuerdo con el Inegi, el gasto en actividades de protección ambiental como proporción del PIB es similar al de otros países como el caso de Suiza que es de 0.6%, Suecia, con la misma proporción, Austria (0.4%), o Dinamarca (0.4%).
• “Las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (…) su objetivo general es medir el impacto sobre la economía que tienen el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente ocasionados por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”, explicó el Inegi.

México, con frandes desafíos para enfrentar degradación y crisis climática

El paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco, Guerrero, y la falta de avances en la reubicación de la comunidad de El Bosque en Tabasco ante la subida del nivel del mar evidencian que México enfrenta desafíos para la degradación ambiental y la crisis climática, resultado del calentamiento global, de acuerdo con el Índice de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, que evaluó la capacidad de 33 países de la región para enfrentar los riesgos, la vulnerabilidad y los daños ante un desastre natural.

• Los efectos del inminente aumento en la temperatura global llevaron a analizar si las políticas públicas en materia ambiental y crisis climática empatan con el potencial de destrucción en infraestructura, pérdida de fuentes de empleo y de vidas humanas, animales y vegetación que las sociedades enfrentarán en un futuro inmediato, como sucede ahora en Acapulco.
• El informe Índice de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023 de la Universidad de las Américas Puebla, midió los niveles de impunidad ambiental de 33 países en la región donde el crecimiento económico y la protección del medioambiente prevalecen con contradicciones.
• Los países en Latinoamérica se caracterizan por contar con una amplía biodiversidad reconocida en el mundo. Ejemplo de esto son México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil que, mundialmente, son catalogados como países ‘megadiversos’. Sin embargo, en materia de justicia ambiental la evaluación de este reporte los coloca con deficiencias en el acceso a mejores condiciones ambientales.

De acuerdo con la plataforma Biodiversidad Mexicana, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), para que un país tenga la categoría “Megadiverso” debe contar con, al menos, 5 mil especies endémicas de plantas, diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores como: géneros, familias, entre otros, y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales.

Aunque los países de la región Latinoamericana son ricos por sus recursos naturales y diversidad cultural, el informe del Índice de Impunidad Ambiental señala que la región también lidera conflictos socioambientales, deforestación y altos niveles de desigualdad socioeconómica y exclusión social, lo que la hace altamente vulnerable a la crisis climática y la degradación ambiental.

De acuerdo con las personas investigadoras que fueron parte de este informe, Celeste Cedillo González, Juan Antonio Le Clercq Ortega, Azucena Cháidez Montenegro y el resto del equipo que conformó la investigación, señalan que medir comparativamente la impunidad ambiental de estos 33 países evaluados permite comprender las brechas que existen en la capacidad institucional, el acceso a la justicia, la voluntad política para proteger el medioambiente por parte de los gobiernos y el respeto a los derechos ambientales de los más vulnerables.

Ricos en naturaleza, pobres en justicia ambiental

Para analizar la injusticia ambiental en medio de la crisis climática mundial, se debe partir de los impactos generados por la actividad humana en los ecosistemas, esto implica nombrar a las víctimas y afectados ambientales, a grupos de la población vulnerables que aumentan por condiciones socioeconómicas, desequilibrios de poder o exclusión a la justicia formal.

Además, involucra prácticas económicas extractivas y proyectos de desarrollo que violan los derechos ambientales y la integridad de territorios comunitarios e indígenas.

• Esto deriva en daños socioambientales irreversibles o reversibles pero sólo a largo plazo ya que, con el aumento en la temperatura global se pone en riesgo el incremento y la vulnerabilidad de las comunidades.
• De acuerdo con los resultados en el informe, de los 33 países que fueron analizados por el Índice de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, sólo 15 de estas naciones obtienen un resultado superior al promedio, es decir, que su desempeño ambiental es intermedio y presentan desafíos estructurales y funcionales para lograr los objetivos medioambientales que permitan a la región hacer frente a la degradación ambiental y la crisis climática.
• El índice de Impunidad Ambiental arrojó un resultado máximo de 64.76 puntos y mínimo de 46.09 puntos, mientras que el promedio se ubica en 54.86 puntos.

Para analizar las problemáticas comunes y niveles comparables de impunidad ambiental, el grupo de especialistas de la Universidad de las Américas Puebla identificó tres grupos para determinar un nivel de impunidad media baja, impunidad media alta e impunidad alta entre los países.

En el grupo de ‘Impunidad media baja’ se encuentran 11 países. Este grupo cuenta con 4 puntos por encima del promedio, es decir, que tienen los menores niveles de impunidad, pero esto no implica que se defina como impunidad ambiental baja.

• Este grupo presenta 64.76 puntos del índice, es decir, el mejor nivel, según señalan especialistas del informe y cuenta con países como Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua y Panamá.
• El grupo de ‘Impunidad media alta’ también se conforma por 11 países cuyo resultado va de los 3 puntos por encima o por debajo del promedio general, es decir, se encuentran entre los 56.91 hasta 51.42 puntos.

En él se encuentran países como Venezuela, México, Dominica, El Salvador, Brasil, Cuba, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Bahamas y Barbados.

• Finalmente, el tercer grupo que tiene una evaluación de ‘Impunidad alta’, es decir, sus niveles de impunidad alejan a los países de esta terna de manera negativa del promedio, desde 50.68 y hasta 46.09 puntos, siendo la puntuación más baja de la escala.
• En esta categoría se encuentran Honduras, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Paraguay, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

El análisis sobre la capacidad institucional para manejar la crisis climática, se caracteriza por tener los valores más bajos del Índice donde Bolivia con 58.8 puntos, México con 56.6 puntos y Brasil con 54.97 puntos tienen el mejor desempeño; mientras que, Haití con 14.71 puntos, San Vicente y Trinidad con 13.27 puntos y Tobago con 8.41 puntos cuentan con el valor más bajo.

Estos datos representan una advertencia sobre los altos niveles de vulnerabilidad a los que están sujetos los países de la región ante las limitadas capacidades institucionales y las dificultades para implementar una política ambiental efectiva que garantice mecanismos de seguridad y justicia ambiental.

“América Latina es una región increíblemente desigual hacia su interior y esto tiene un impacto directo en los efectos sociales de la crisis ambiental”, se lee en el informe.

• La dimensión de la degradación ambiental también forma parte de las ternas evaluadas en el índice de Impunidad Ambiental en la región Latinoamérica donde los países pequeños tienden a tener un mejor desempeño.
• En este grupo se encuentran Dominica con 71.54 puntos, Panamá con 70.92 puntos y San Vicente con 70.21 puntos se encuentran mejor posicionados; mientras que, países como Brasil con 53.95 puntos, Barbados con 52.9 puntos y México con 45.35 puntos se ubican en los últimos lugares.

Los resultados anteriores muestran que las naciones con mayor extensión, población y tamaño de su economía, como Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y México, se encuentran entre los ocho peor evaluados. En el caso de Colombia, que cumple con estas características, sólo se encuentra un par de puntos por encima del promedio, es decir, 62.54 puntos.

Estas cifras señalan que los países con mayores capacidades no necesariamente pueden hacerlas funcionar con efectividad para proteger el medioambiente y garantizar plenamente el derecho a su disfrute. Demuestran, además, que cuentan con poca capacidad para incorporar a las poblaciones indígenas más vulnerables.

Respecto al análisis de crimen ambiental en la región, especialistas que realizaron este índice, señalan la necesidad de “interpretar con prudencia” los resultados en esta fracción ya que la información suele ser desigual e inconsistente entre casos y no es descartable que involucre prácticas de subreporte de información y altos niveles de cifra negra o delitos no denunciados.

En este grupo países como Dominica con 99.28 puntos, St. Kitts con 97.26 puntos y Jamaica 94.21 puntos obtienen los mejores resultados. Contrario a estas naciones, se encuentra Colombia con 62.42 puntos, México con 51.48 puntos y Brasil con 48.54 puntos lo que se traduce en contar con el peor desempeño.

• Estos resultados son un llamado a los gobiernos de la región para comenzar a tomar en serio las actividades relacionadas con el crimen ambiental y, al mismo tiempo, generar mejores acciones que protejan a la población y los derechos ambientales, así como desarrollar sistemas de información pública abierta que permitan medir el fenómeno y actuar de forma temprana y efectiva.
• Aunque el 42.4 % de los países de Latinoamérica firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, como México, el cuál se caracteriza por ser una acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe; en contraparte, el 91 % de los países no cuenta con procuradurías y fiscalías ambientales nacionales.

Como parte de los resultados, las personas investigadoras en el Índice señalan que, desafortunadamente, los países de la región no cuentan con las capacidades institucionales para enfrentar las amenazas que se desprenden de la crisis ambiental y climática, esto advierte que los niveles de riesgo y vulnerabilidad para la población en los países de Latinoamérica son muy altos./Agencias-PUNTOporPUNTO