SinEmbargo

Los números hablan: al menos 89 mexicanos, entre estos 14 niños, murieron arbitrariamente a causa de las balas disparadas por efectivos del Ejército mexicano en comisiones oficiales. Así que esas muertes llevan las siglas de H&K.

¿Cómo y a cuánto asciende el horror que llega con un fusil G-3, una subametralladora MP-05 o una pistola P-7, las armas de cargo de la tropa mexicana y fabricadas en México bajo licencia de Heckler and Koch?

SinEmbargo analizó las 126 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación, en 1990, hasta el presente dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a las garantías cometidas por el Ejército mexicano en el ejercicio oficial de la fuerza.

Es con esas armas por delante que 10 personas permanecen en calidad de desconocidas, que 268 mexicanos sufrieron actos de tortura, que 32 hombres y mujeres fueron violados sexualmente por soldados y que miembros del Ejército perpetraron 401 detenciones ilegales.

Cada recomendación emitida por la CNDH es, a la vez que el relato de muertes, golpizas, procedimientos de asfixia y violaciones sexuales, la demostración de la falsedad de declaraciones en que incurren los soldados involucrados y, en ocasiones, sus mandos.

Los militares acusados por violaciones a los derechos humanos en México reportan situaciones de enfrentamiento con fuerzas del crimen organizado, pero las investigaciones del organismo demuestran que, al menos en los casos sobre los que se pronuncia, tales situaciones de peligro no existieron para los efectivos.

Esto siempre ha sido así. Existe un caso, a principios  de los 90, en que un ciudadano australiano tuvo la mala idea de fumar marihuana en Puerto Vallarta y terminó detenido por el Ejército mexicano. Un médico militar reportó ausencia de lesiones, pero en un hospital civil le atendieron por fractura de ambas muñecas, los dos tobillos, todas las costillas de un costado, la nariz…

Y está un muchacho de Guerrero con 16 años y una discapacidad cognitiva tal que los hace funcionar como un niño de cinco seis. Se ganaba algunos pesos recolectando latas de bebidas hasta que un a noche, al salir de una fiesta, se encontró con militares. Estos, sin sensatez, le dispararon y le volaron una rodilla. Nadie supo nada de él en las siguientes 44 horas, cuando apareció en un hospital civil con la pierna partida, pero sin atención médica anterior, y acusado de tráfico de drogas y de portación de un arma de fuego sembrada en la misma bolsa negra en que el chavalo llevaba las latas para el reciclaje.

O un anciano a quien sumergieron tantas veces en un abrevadero para animales que en el hospital mostró signos internos y externos de asfixia. Los militares explicarán el asunto diciendo que el viejo huyó a la carrera, tropezó en una tina llena de agua y ahí dentro cayó su cabeza.

TECOMÁN

“Es una secta satánica”, concluyó por alguna misteriosa razón el sargento luego de ver a una muchedumbre en medio de la noche y de la nada alrededor de fogatas.

Dio la orden.

Sus soldados levantaron los fusiles Heckler and Koch y dispararon.

Poco antes, el 19 de enero de 2001, alrededor de 200 integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Todo por Gratitud se reunieron en Rancho Viejo, en el kilómetro 263 de la carretera Playa Azul-Manzanillo, municipio de Tecomán, Colima, en el occidente mexicano. El lugar se debía entender como un lugar seguro: a ocho kilómetros se encuentra el 88º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al día siguiente, 40 muchachos del 88º establecieron un puesto de revisión de vehículos en el que permanecieron hasta la medianoche, cuando decidieron volver al cuartel.

Antes de hacerlo, el subteniente de infantería encargado, Benito Ortiz Moncayo, ordenó a su personal dirigirse hacia la carretera de Tecomán-Cerro de Ortega para patrullar una brecha donde existe o existía una fábrica de cocos.

Avistaron personas alrededor de fogatas y, en ese momento, concluyeron que no podría tratarse de ninguna otra cosa más que de una “secta satánica, por lo que [Ortiz Moncayo] ordenó al conductor del vehículo que detuviera su marcha a fin de investigar qué actividad se estaba realizando en ese lugar, instruyendo al personal militar a fin de que efectuara un movimiento semienvolvente en tres grupos.

“Una vez que el grupo que encabezaba el sargento Brígido Santiago Ponciano Tepach se constituyó en el predio donde se encontraban los ahora agraviados, sin anunciar su presencia y ni identificarse plenamente ante los mismos, procedió a accionar sus armas de cargo hacia las personas sin que le antecediera a dicha acción alguna provocación o agresión que los facultara a realizar dicha conducta y, posteriormente, al momento en que dicho personal militar accionó sus armas, otros elementos del Ejército mexicano se acercaron al grupo de civiles, entre ellos mujeres y niños, hacia quienes se condujeron con palabras impropias y amenazándolos con sus armas de cargo”, es decir, las H&K.

Murió Rodrigo Torres Silva y quedó lesionada la menor Yuliana Mercado Vargas, quien vivió en adelante con las cicatrices de tres esquirlas de proyectil de arma de fuego.

BERLÍN I

El politólogo mexicano con residencia en Alemania Carlos A. Pérez Ricart obtuvo mediante una solicitud de transparencia hecha a la Secretaría de la Defensa Información sobre los orígenes del armamento adquirido por las fuerzas armadas mexicanas.

Descubrió que la SEDENA mantiene acuerdos comerciales con 28 empresas extranjeras: 10 de ellas son estadounidenses, tres españolas, tres checas, dos italianas, dos belgas y dos alemanas. El resto son brasileñas, uruguayas, turcas, israelís y canadienses. Las dos empresas alemanas reconocidas en el documento como importadoras de armamento ligero a México son Carl Walther y Heckler & Koch.

Pérez Ricart cerró la lente para observar de cerca H&K y encontró que, entre 2006 y 2008, esa empresa vendió a México entre ocho mil y diez mil fusiles HK G-36V, HK G-36KV y HK G-36C, todos subtipos del HK G-36 de referencia.

“Se trata de un caso de corrupción que involucra a funcionarios alemanes y mexicanos por igual pero que, mientras en Alemania ha merecido la atención de periodistas, investigadores, partidos políticos y la investigación de la Fiscalía de Stuttgart, en México apenas ha resultado en la sospechosa indiferencia de la clase política”, sostiene Pérez.

Pérez Ricart es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín en el Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios: Movimientos, actores y representaciones de la globalización”. Desde 2011 coordina el área de investigación de México vía Berlín en el cual ha publicado trabajos sobre la exportación de armamento de Alemania a México y sobre los procesos de militarización mexicanos.

El especialista explica el mecanismo por el cual el gobierno alemán permite a las fábricas armamentísticas en su territorio realizar exportaciones.

Las empresas realizan una solicitud de exportación al Ministerio de Economía y Tecnología el cual, en trabajo conjunto con los Ministerios del Interior y de la Defensa, certifica que la solicitud no transgreda ninguna de las reglamentaciones mínimas de exportación aprobadas por la República Federal Alemania insertas en el marco de las directrices establecidas por la Unión Europea en 2008.

Según estas pautas, los estados europeos deberán detener toda exportación de armamento y tecnología militar cuando “tecnologías y/o herramientas exportadas son o puedan ser utilizadas para fines represivos al interior de la sus fronteras nacionales” y/o cuando el gobierno del país receptor alargue conflictos armados o se aproveche de tensiones y conflictos preexistentes para fines particulares.

El gobierno alemán, por otro lado, debe cancelar los permisos de armas si se considera —con base en un “riguroso estudio de caso”— que la exportación de ese armamento supone un peligro de inestabilidad regional o es un factor que agrava la violencia.

“Estos tres criterios, de entre las cinco causales formales para impedir la exportación de armamento y tecnología, deberían ser razón suficiente para esperar que el gobierno alemán rechazara las solicitudes de empresas alemanas de armas para exportar armas a México; país cuya situación política y social bien podía catalogarse entre alguno de los criterios expuestos”, enfatiza Pérez Ricart.

—Desde 1990, el Ejército mexicano ha recibido 128 recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones a las garantías individuales. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura han ocurrido desde Tabasco hasta Baja California. ¿Qué decir sobre esto en relación a que las fuerzas armadas mexicanas utilizan como armas de cargo las producidas por Heckler and Koch o bajo licencia de esta firma alemana? —pregunto a Pérez Ricart.

—La ley alemana prohíbe la exportación de armas a regiones en conflicto o regiones en donde la eventual llegada de armas pudiera potenciar un conflicto interno. Las recomendaciones emitidas por la CNDH, así como los propios registros de inteligencia del gobierno alemán señalan que el caso mexicano cumple con ambos criterios. Claramente los permisos de exportación no debieron otorgarse.

Más aún, el hecho de que el gobierno alemán considerase ilegal el envío de armas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, pero legal al resto del país es una decisión sin sentido.  Verbigracia, ¿acaso Veracruz o Sinaloa no mantienen situaciones de crisis similares? ¿Acaso las policías en Oaxaca o Tamaulipas son más confiables? El gobierno alemán demostró —si se quiere pensar bien— ignorancia; si se quiere pensar mal, mala leche.

— ¿Cómo observa y qué consecuencias distingue en que los Ministerios del Exterior y de Economía de Alemania hayan cerrado los ojos ante la crisis de derechos humanos existente en México y con respecto a su industria armamentística?

—Lo lamentable es que el caso mexicano no es excepcional. La política de exportación de armas del gobierno alemán tiene casos similares que se remontan a la década de los años sesenta. Vende a quien le compre y luego busca las justificaciones políticas necesarias para legitimar la decisión. Las armas alemanas están repartidas en todo el mundo. México es un caso más.

Alemania financia —con su mano izquierda— fundaciones políticas y organizaciones de derechos humanos; con la mano derecha exporta armas y permite a sus empresas formas de operación que jamás admitiría en su territorio. Actúa como potencia capitalista.

—Tus investigaciones revelan la compra de alrededor de 10 mil armas mediadas por la Secretaría de la Defensa para las policías estatales, ¿sabemos cuántos fusiles, subametralladoras y pistolas ha comprado México a H&K para abastecer a sus soldados?

—Lamentablemente no lo sabemos con certeza. El gobierno de México esconde la información por considerar que podría servir al crimen organizado. El caso de la exportación de armas alemanas refleja todos los males juntos: falta de transparencia, corrupción y el involucramiento de un país hegemónico en la potencialización de un conflicto.

— ¿Qué sabes del funcionamiento de las licencias que ha otorgado H&K al Ejército mexicano para la fabricación de sus armas?

—Estas son las siguientes armas que se producen bajo esquemas de licencia:

Producidas en México con licencia de producción de Heckler & Koch:

• Hecker & Koch G-3 (6.72 X 51mm NATO) rifle de batalla
• Heckler & Koch HK-33 (5.56 X 45mm NATO) rifle de asalto
• MP5 ( 9×19mm Parabellum) pistola semi automática
• HK21 (7.62×51mm NATO)
• Hecker & Koch  MG3

Estas armas son producidas por acuerdos binacionales entre Alemania y México:

• Heckler & Koch AG-C/GLM (40 x 46 mm) lanzagranadas
• HKP7 ( 9×19mm Parabellum) pistola

En México se han producido  179 mil 377 mil fusiles G-3.

—¿Cómo lees el pronunciamiento hecho por el Ministerio de la Defensa alemán de fines de marzo pasado respecto a los problemas técnicos del fusil HK G-36?

—Se trata del golpe más duro a H&K en años. Se trata de información que el Ministerio de Defensa tenía desde hace años y no se atrevió a divulgar antes. Al parecer, los fusiles ven entorpecido su funcionamiento (su puntería) en situaciones de calor. Si eso es un problema en Alemania, en México lo es doble. Aun así, los acuerdos comerciales entre el Ministerio de Defensa y H&K sigue viento en poca. Hay un lobby tremendo.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Ya estaba bien arriba el sol la mañana del 14 de febrero de 1996, cuando aparecieron cuatro camiones del Ejército mexicano en el rancho ganadero donde trabajaban Jesús Daniel, José Rosario, Tiburcio y Ramón en una comunidad de San Luis Río Colorado, Sonora, en el noroeste del país.

Descendieron 25 soldados.

“¡Salgan del cuarto!”, tronó la voz marcial.

Los hombres salieron a la luz del día y se vieron rodeados por tantos hombres uniformados como fusiles. Debieron ser de Heckler and Koch: la tropa mexicana no utilizaba en ese tiempo de ningún otro tipo.

Hombres del campo, los civiles calzaban huaraches que los militares les ordenaron quitarse. Los vendaron de los ojos y los separaron.

Ordenaron a Jesús Daniel que corriera a ciegas por un pedazo de tierra que inmediatamente sintió cubierto de espinas. Le patearon los testículos y lo amenazaron con una daga que le ponían en la cara y en la boca. Introdujeron el cañón de un arma entre sus labios y le advirtieron que lo violarían. Le quemaron las manos amarradas. Lo golpearon en la cabeza con la culata de sus armas, lo hincaron en la tierra y le introdujeron el pene o un dedo en la boca.

Todo al mismo tiempo que le preguntaban sobre una supuesta avioneta que aterrizó por esos lugares cargada con droga.

Los soldados quitaron a Jesús Daniel la venda de los ojos y lo fotografiaron junto con sus demás compañeros.

José Rosario sintió la sujeción de sus manos.

— ¡El clavo! —vociferó uno de los militares en referencia a un cargamento de droga. —¿Dónde está el clavo? Si no cooperas, te irá mal.

Pero el campesino no tenía con él las palabras que los soldados buscaban. Lo arrastraron hasta lo que sabría era el abrevadero de las reses. Lo arrodillaron frente a la tina y empujaron su cabeza hacia el agua.

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces.

José Rosario se desmayó.

Despertó.

— ¡El clavo!

—Yo, yo, yo…

— ¡Cállese!

Al agua.

— ¡El clavo!

— Es que…

— ¡Bájenle los pantalones! —ordenó uno a los demás.

— ¡El clavo!

José Rosario no supo qué responder.

Uno de los uniformados le colocó el mango de una pala sobre el pecho.

— ¡El clavo!

—Es que, yo no sé…

Lo derribaron. Abrieron sus piernas, apartaron sus nalgas y apoyaron el mango de la pala contra su ano.

Se escuchó un camión cerca. Los militares pausaron.

— ¡Tú no dices nada, cabrón!

El ruido cesó y uno de los militares empujó el palo al interior del recto del hombre.

Se acercó otro.

—Ya pasaste la prueba, cabrón —susurró y otro le pateó los genitales.

— ¡Mátenme, mátenme…! —suplicó José Rosario.

—No, de lo que se trata es de que sufras.

Los soldados destruyeron sus utensilios de cocina, cama, ropa, un remolque y les robaron un rifle calibre .22.

Cuando terminaron, colocaron a los cuatro campesinos contra la pared y los amenazaron con matarlos si giraban la cabeza.

Y se marcharon.

Cinco días después, el 19 de febrero de 1996, los militares volvieron a la zona y repitieron la rutina con un hombre llamado Cesáreo y esposa.

NUEVA CIUDAD GUERRERO

El 3 de abril de 2010, 13 personas son alcanzadas por tiros y granadas de fragmentación disparados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras circulaban a bordo de una camioneta entre Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.

Murieron los niños Martín y Brayan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, y cinco personas más resultaron heridas en esta región noreste del país.

La Sedena informó oficialmente que los hechos sucedieron durante un enfrentamiento derivado de la agresión de un convoy de siete camionetas a militares y que el vehículo de las víctimas viajaba en medio de otras dos. Que en este auto encontró a una persona viva con heridas en las piernas y a un menor muerto, Martín Almanza Salazar. Posteriormente, un individuo les pidió ayuda, por lo que otorgaron asistencia médica y el traslado de 11 personas a un hospital de Miguel Alemán.

“La versión de la Sedena es incompatible con las evidencias obtenidas por la CNDH, ya que los testimonios de las víctimas son coincidentes en señalar que no llevaban camionetas adelante ni atrás, la visibilidad era clara, disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales, avanzaron cuando un elemento militar les dio el paso e inmediatamente después les empezaron a disparar, por lo que huyeron al monte, hasta que encontraron una casa en un rancho donde les brindaron auxilio”.

ZONGOLICA

Ernestina Ascensio Rosario murió cuando se encontraba pastoreando ovejas en la comunidad de Tetlatzinga. Cuando fue encontrada, tirada sobre el zacate y todavía viva, dijo que fue agredida por soldados. La primera autopsia confirmó que sufrió violación sexual. El médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, responsable de realizar la primera necropsia al cadáver de la indígena, siempre ha sostenido que encontró semen abundante tanto vaginal como rectal y denunció una amplia conspiración gubernamental para proteger la imagen del Ejército.

Todo ocurrió en la Sierra de Zongolica, Veracruz, un lugar apartado, indígena y pobre del sureste de México.

LA SEDENA

¿Qué tan extendida es la violación a los derechos humanos cometida por el Ejército mexicano? Tan extendido como está el narcotráfico, su proliferación a otros delitos, la violencia que se le asocia y el encarnizamiento de la guerra entre los cárteles.

Las recomendaciones de la CNDH muestran lesiones a las libertades civiles de los mexicanos en 20 de las 32 entidades federativas, desde la frontera con Guatemala hasta el límite con Estados Unidos.

El estado más afectado es Chihuahua con 28 de las 126 recomendaciones existentes. Le siguen Guerrero, con 15, y Michoacán, con 14. Yucatán y Campeche, con pocos homicidios asociados al crimen organizado y nula presencia militar en tareas de seguridad pública, no han sido escenario de una sola recomendación.

Los hechos que motivaron esas 126 observaciones ocurrieron, en 27 de los casos, entre 1990 y el 1 de diciembre de 2006 y, los otros 99 entre la declaratoria de guerra que hizo Felipe Calderón al narcotráfico y el 30 de junio de 2014, durante la matanza de Tlatlaya.

Es decir, el 78.5 por ciento de las violaciones a los derechos humanos confirmadas y denunciadas por el ombudsman por parte del Ejército mexicano, han ocurrido en tan sólo ocho años y en el contexto de la prohibición a las drogas.

¿Qué puede presumir a cambio la Secretaría de la Defensa Nacional?

Estas son las cifras oficiales de aseguramientos para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012:

* 10 mil 429 toneladas de mariguana

* 37.7 toneladas de cocaína

*4.6 toneladas de goma de opio

*5.1 toneladas de metanfetaminas

*79 mil vehículos terrestres

*540 aeronaves

*229 embarcaciones

*126 mil armas de fuego

*10 mil 772 granadas

*13 millones de cartuchos

*50 mil 967 personas

*181 millones dólares

*363 millones de pesos

*879 laboratorios

*3 mil 922 pistas

*98 mil 354 hectáreas de mariguana

*86 mil 428 hectáreas de amapola

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014:

*685 toneladas de mariguana

*3 toneladas de semilla de mariguana

*3.6 toneladas de semilla de amapola

*1.2 toneladas de cocaína

*288 kilos de heroína

*1.2 toneladas de goma de opio

*15 toneladas de metanfetamina

*8 mil 213 vehículos terrestres

*14 aeronaves

*8 embarcaciones

*2,219 armas cortas

*4,310 armas largas

*647 granadas

*1.1 millones de cartuchos

*6 mil 203 personas

*25.6 millones de dólares

*41 millones de pesos

*112 laboratorios

*354 pistas de aterrizaje clandestinas

*5 mil 731 hectáreas mariguana

*21 mil 648 hectáreas de amapola

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015:

*1 mil 111 toneladas de mariguana

*3.3 toneladas de semilla de mariguana

*1.4 toneladas de semilla de amapola

*4.7 toneladas de cocaína

*306 kilos de heroína

*635 kilos de goma de opio

*7.7 toneladas de metanfetamina

*8 mil 439 vehículos terrestres

*18 aeronaves

*8 embarcaciones

*1,174 armas cortas

*3,204 armas largas

*712 granadas

*862 mil cartuchos

*5 mil 12 personas

*17.5 millones de dólares

*45 millones de pesos

*170 laboratorios

*412 pistas de aterrizaje clandestinas

*5 mil 660 hectáreas mariguana

*24 mil hectáreas de amapola

Entre las anteriores cifras no existe el dato de las 125 mil personas muertas durante la crisis de seguridad. A la vez, todas las encuestas conocidas sobre adicciones muestran que el consumo de sustancias enervantes no sólo no se ha reducido, sino que se ha incrementado para todas las drogas y entre todos los grupos de edad y sexo.

***

¿Está de acuerdo el Ejército mexicano con el actual estado de las cosas y los términos en que se le integró en el combate al narcotráfico? No todos los militares lo están.

Uno de esos mandos es Roberto Badillo Martínez, general de división Diplomado del Estado Mayor retirado, quien en abril de 2012 publicó El Libro Verde de las Fuerzas Armadas, un libro disponible en instalaciones militares, entre estas el Museo del Ejército, en el centro del Distrito Federal.

“El fracaso de los políticos para dirigir el país, considero que deviene de su ambición personal por ejercer los cargos para disfrutar el presupuesto, y de su impreparación para desempeñarlos. Considero que en esto, la mala fe no es determinante”, sostiene Badillo en la introducción del texto, aparecido al final de la administración panista de Felipe Calderón.

Badillo es un militar priista veracruzano con medio siglo de trayectoria en las fuerzas armadas. Fue comandante militar en Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, es decir, en al menos en cinco estados asolados actualmente por la violencia relacionada con el crimen organizado.

Fue agregado militar en Argentina, Uruguay y Paraguay y ocupó un lugar en la Cámara de Diputados entre 2006 y 2009, esto es, a partir del inicio de la declaratoria de guerra hecha por Calderón al narcotráfico.

Esto explica en parte el enfoque crítico de Badillo a las políticas antidrogas, mismas que no cambiaron durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, excepto en el aspecto de la comunicación social.

El general compara la Iniciativa Mérida, el tratado internacional de asistencia técnica y financiera en materia de seguridad firmado en 2008 entre Estados Unidos con México y países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Este acuerdo ha recibido críticas de especialistas en el tema de contrabando de narcóticos por no reducir el consumo de estos y crear un esquema de militarización que lesiona los derechos humanos.

El general Badillo cuestiona el plan desde la perspectiva de la soberanía nacional.

“(…) La aprobación por el actual de gobierno [el de Calderón] de la Iniciativa Mérida, haciendo partícipe en la misma a un gobierno militarista y guerrerista como es Estados Unidos, que no ayuda a países sino que desestabiliza países para aprovechar las ventajas de la desestabilización para sus compañías, para sus empresarios y para su gobierno.

“(…) aplicada de la forma en que se hizo, con Estados Unidos diciendo lo que debe hacerse y México aceptándolo todo, es el elemento ideal para que pasara lo que pasó: la desestabilización del país y la penetración de las agencias de información y del Pentágono en territorio mexicano, incluyendo las centenares de miles de armas de todo tipo que han provocado la muerte de más de 50 mil mexicanos.

“En nuestro tiempo la Iniciativa Mérida está haciendo lo que en su época Inglaterra hizo en China, mediante la imposición de la guerra del opio (dos etapas del conflicto, de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860 basado en el interés inglés de controlar la ruta del opio de India China), o sea, la introducción masiva de drogas a la población y el sometimiento político del país”.

BERLÍN II

Wolf-Dieter Vogel es un periodista berlinés que ha dedicado cuatro años de su experiencia en entendimiento del negocio de las armas de su país con México.

Nunca le han permitido ingresar a la fábrica de H&K, pero también ha documentado las relaciones comerciales entre la marca y el Ejército mexicano y encuentra que el principal negocio de la armería alemana entre el Ejército mexicano es licencia que la primera ha vendido al segundo.

“Lo más importante seguramente es la producción bajo licencia del G-3, que produjeron hasta el 2005 o algo así. Después empezaron a fabricar el FX-05 Xiuhcóatl, que puede ser una copia del G-36; no podemos comprobarlo, pero hay indicios”, dice el investigador en entrevista con SinEmbargo.

“Después ha sido la exportación de los G-36. Los documentos confirman la venta de 10 mil de estas armas, pero no es muy claro, pues los mexicanos hablan de hasta 18 mil, los alemanes en el gobierno comprueban que fueron 9 mil y de lo que me parece existe más certeza es de 10 piezas.

“Aparte de eso, Carl Walther, fabricante de pistolas [y popular por su alto desempeño y porque, en las películas, James Bond suele empuñar una de estas escuadras] exportó pistolas en 2006 por un valor de 1.5 millones de euros. Eso es lo que proporciona el gobierno si le preguntas. La empresa no dice nada. Por eso sólo sabes para cuáles armas el gobierno entregó permisos de exportación a la empresa. ¿Qué es lo que realmente exportan? No se sabe. No dicen cuántas, no dicen de qué tipo.

— ¿Qué permite a las empresas alemanas vender armas a un gobierno severamente cuestionado en materia de Derechos Humanos? —pregunto a Wolf en un café del distrito de Kreuzberg, un barrio con años de tradición en la recepción de inmigrante turcos.

—En Alemania existen reglas para conseguir permisos y que consideran el respeto a los derechos humanos en el país de exportación. También hay otras condiciones, como el interés geopolítico en el sentido de qué tan importante es para Alemania tener una buena relación con el país de destino. Y todos estos puntos, son cuatro o cinco aspectos según los que tienen que decidir si dan un permiso o no.

La Oficina General de Exportación es un área integrante del Ministerio de Economía. Normalmente, ellos deciden para la mayoría de las exportaciones, pero son los que no pueden llegar a un punto polémico, por ejemplo, las exportaciones a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón… Son unos 11 mil, hasta 15 mil permisos que cada año dan sin que alguien les pida cuentas. Hay otros destinos más difíciles, por ejemplo México o Colombia, donde la exportación podría provocar problemas o un debate polémico. En estos casos hay un gremio que se llama Consejo Federal de Seguridad, compuesto por secretarios y subsecretarios de Economía, Ministerio del Exterior, la Cancillería, el representante de Derechos Humanos… El gobierno, finalmente. Si hay una exportación de tanques a Arabia Saudita, por ejemplo, y también lo de México, eso se decide en este nivel. Así decidieron lo de México.

—¿Qué decidieron? ¿Cuándo lo decidieron?

—Cada año deciden de nuevo y empezaron con el rifle G-36 en 2005. Permitieron la exportación de unos 2 mil 200 en 2006, de 6 mil 800 en 2007… Finalmente fueron estos casi 10 mil fusiles que permitieron para la exportación a 15 estados de México. Antes ocurrió la polémica entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Economía, porque algunos oficiales de alto nivel de Economía están en una relación muy cercana con la empresa Heckler and Koch. La exportación y los permisos fueron exactamente en 2006, cuando inició la guerra de Calderón. El Ministerio de Exterior dijo: “tenemos problemas con la situación de derechos Humanos”, y el Ministerio de Economía dijo: “pues… a ver cómo lo resolvemos”. Había negociaciones y extrañamente el Ministerio de Economía representó tanto los intereses de la empresa, porque ellos deben decidir con aspectos objetivos y finalmente propusieron: “Bueno, vamos a excluir cuatro estados como Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Chiapas, ¿cómo lo ven?”, y el Ministerio del Exterior: “Bueno, pues no sé”. Aparte de eso vamos a aplicar la regla que por cada arma que exportamos los mexicanos tienen que destruir un arma vieja.

— ¿Y el Ombudsman alemán que ha criticado la situación de derechos humanos en México?

—Él puede decir lo que quiera, pero no tiene influencia. No es como allá la CNDH, aquí solamente es una persona que formalmente representa los Derechos Humanos. La diferencia es que en México la CNDH sí critica a los abusos de derechos humanos enMéxico; la idea en Alemania, que es una mentira, es que aquí no hay abusos de derechos humanos. La cuestión es más bien cómo es la situación en países en comparación como Colombia, México, Indonesia…

—¿A Indonesia también le vende Heckler and Koch?

—A Indonesia se venden armas alemanas, creo que también Heckler y Koch. Arabia Saudita sí, allá hay una producción de licencia, lo que iban a hacer en México lo hacen ahora en Arabia Saudita. El G-3, por ejemplo, se hace con licencia en más de 30 países. Vendieron a Irán en tiempos del Sha, antes de la revolución islámica. Arabia Saudita está produciendo todo el tiempo, alimentando todas las guerras y todas las facciones de la guerra…. Llegarán seguramente tanto al Estado Islámico como a Al-Asad, a todos alimentan.

—¿Puede de alguna manera oponerse el Gobierno alemán a que Heckler and Koch conceda esas licencias de producción?

—Sí, claro. Si no les dan el permiso.

—Pero el gobierno alemán lo da.

—Lo dio a Arabia Saudita, sí.

—Y a México.

—Ahora no. A partir de 2010 no dieron permisos.

—¿Se los negaron? ¿O posiblemente México declinó de pedirlos?

—No negaron. Hubo la queja judicial de Jürgen Grässlin, del sur de Alemania, que entregó la denuncia a la Procuraduría de Baden-Württemberg, el estado en que se encuentra Heckler and Koch. Eso ya tiene cinco años y medio y ahora decidirán si van a aceptar la denuncia, cuando regularmente debería ser un proceso de año y medio, pero partir de este momento fue que el gobierno alemán negó permisos a la empresa Heckler and Koch de exportar a México —explica Wolf-Dieter Vogel, entrevistado a principios de octubre de 2015.

Semanas después, en noviembre de este año, el gobierno alemán emprendió acciones contra seis directivos de H&K por la venta de armas que terminaron en Guerrero y vinculadas a la represión de estudiantes de Ayotzinapa en que murieron dos muchachos el 12 de diciembre de 2011, evento precedente del que conllevó a la desaparición forzada de 43 alumnos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

También se acreditó la existencia de rifles G-36 en Chihuahua en manos de policías estatales.

Pero, sobre las licencias vendidas al Ejército mexicano para fabricar el G-3, nadie, ni en México o en Alemania, han dicho nada.

AYUTLA DE LOS LIBRES

La carne se secaba reluciente bajo la sal y el impaciente sol de Guerrero, suroeste de México.

En el patio de la casa de Inés Fernández Ortega, las rebanadas de res parecían lujos. Estaba rodeada de sus cuatro niños de nueve, siete, cinco y tres años de edad.

El agua sobre la estufa de Inés estaba a unos grados de hervir ese 22 de marzo de 2002.

—¡Te robaste la carne! —gritaron tres militares aparecidos como una tolvanera a la entrada de la casa. Había otros ocho hombres de armas buscando ladrones de comida en Ayutla de los Libres, un municipio con nueve pobres por 10 habitantes y más de la mitad de estos con hambre.

—¡Te robaste la carne!—reclamaron nuevamente.

Las 16 letras pronunciadas en español se hicieron nudos en la cabeza de la mujer indígena.

Trató de ordenar una respuesta. Buscó por toda su boca una frase articulada y comprensible, pero el miedo le imponía hablar solamente en tlapaneca.

Los hombres avanzaron hacia ella. Los balbuceos de la mujer se ahogaron bajo las lenguas arremolinadas de los soldados.

La violaron varios de ellos.

Hasta que la tolvanera se escurrió por el patio.

Hasta la carne se llevaron los soldados.

Inés acudió a un ministerio público del fuero local, pero la investigación fue atraída por la justicia militar la cual, recomendó cerrar el caso en febrero de 2003 aduciendo, entre otras razones, el desinterés de la mujer en ratificar la indagatoria.

Para la justicia militar no importaron los problemas del idioma ni distintos errores procesales, como el envío de un citatorio a una dirección equivocada.

El caso fue tomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que sus recomendaciones trajeran justicia a Inés.

Una agresión similar ocurrió días antes contra de Valentina Rosendo Cantú, también indígena de Guerrero, y cuyo camino procesal trascendió hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

***

El 23 de mayo de 2004, Amnistía Internacional publicó su informe “Mujeres indígenas e injusticia militar” en que denunció seis casos de ataques sexuales presuntamente cometidos por militares en Guerrero en los 10 años comprendidos entre 1994 y la publicación del texto.

Ese documento contiene las historias de Inés y de Valentina.

El organismo acusa que los ilícitos cometidos por los uniformados, aún en contra de la población civil, son atraídos por la jurisdicción militar, caracterizada por una “alarmante” indisposición a la rendición de cuentas y ausencia de imparcialidad e independencia.

“Amnistía Internacional cree que los casos de violación presuntamente cometidos por miembros del Ejército constituyen tortura y deben ser investigados como violaciones graves de derechos humanos”, se indica en el estudio.

La organización considera la vulnerabilidad de las mujeres indígenas ante los distintos factores de discriminación que enfrentan y en el trato “descuidado” y “desdeñoso” tanto en los órganos de justicia civil como militar cuya tendencia se encamina a negarles la reparación y el resarcimiento del daño.

“Las investigaciones realizadas por los fiscales militares han sido lamentablemente deficientes y han estado plagadas de graves errores y omisiones. Estas investigaciones demuestran claramente la incapacidad, la ineficacia y la falta de voluntad política del sistema de justicia militar mexicano a la hora de realizar investigaciones independientes e imparciales y celebrar juicios para las víctimas civiles de violaciones de derechos humanos.

“El ámbito actual del sistema de justicia militar para investigar casos de violaciones de derechos humanos en los que están implicados miembros de las fuerzas armadas mexicanas menoscaba las limitaciones impuestas a la jurisdicción militar y está en contradicción directa con las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas al gobierno de México”, asienta el reporte.

Aparte de los seis casos de Guerrero, Amnistía Internacional recuerda otros asuntos enterrados bajo los papeles de la justicia militar.

Ahí quedan los nombres de las hermanas tzetzales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, atacadas en junio de 1994 por soldados apostados en Altamirano, Chiapas, situación también conocida por grupos internacionales.

BERLÍN III

Lars Von Dewitz es secretario de las comisiones de Interior y Cultura y secretario general de la Conferencia de Ministros del Interior de Alemania en el Bundesrat, el órgano constitucional federativo y legislativo en que están representados los 16 estados federados de Alemania, una especie de cámara alta de menor importancia, pero complementaria del Bundestag, el órgano que elige al Canciller de este país europeo.

Entrevistado en sus oficinas, dentro de la antigua Sala de Señores de Prusia, Von Dewitz explica la incapacidad de los órganos legislativos alemanes para impedir el envío de armas a países como México, del que se describe la masacre de Tlatlaya y se le distingue de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, evento del que tiene algún conocimiento.

En realidad, para los alemanes y su clase política los eventos de México y América Latina pueden tener tanto interés social como el que en México se tiene, por ejemplo, de África. Su importancia estriba, según los críticos del sistema de negocios internacionales, en el interés económico que representen.

“¿Qué le correspondería hacer al Bundesrat?”, pregunta Lars Von Dewitz con respecto de las armas H&Ky se responde: “Hacer o modificar leyes en el sentido de restringir o prohibir la exportación de armas y esto es algo que no se ha propuesto”.

CASTAÑOS

—¡Preparen… apunten! —ordena un militar a sus hombres que dirigen sus G-3 de Heckler and Koch hacia unas mujeres desnudas.

Los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret, en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, hieden a miedo.

—¡Fuego! —exige, pero no sale plomo de los cañones sino carcajadas de las bocas.

Es 11 de julio de 2010 en el norte mexicano.

Poco antes, un hombre que tropezaba, mentaba madres y retaba a los golpes a cuanto paisano se le atravesara fue apaleado.

El hombre de pelo casi a rape aclaró con la boca partida que era un militar del Ejército mexicano y que a todos, muy pronto, se los cargaría la chingada.

Lo arrestaron policías municipales, pero en la comandancia dieron oportunidad al borracho de mostrar sus credenciales militares y lo liberaron.

El tipo volvió al regimiento de caballería motorizada con sede en Múzquiz, pero apostados en Monclova y encargados de cuidar el material electoral de la elección de 2009. Les contó del deshonor y 20 de sus más enardecidos compañeros subieron a los camiones y camionetas verde olivo y se internaron en los chaparrales polvorientos. Irrumpieron en la zona de tolerancia del pueblo de Castaños, una o dos hileras de bares con mujeres cansadas y hombres con la mirada perdida.

Ahora el militar que había jurado reparar su honor está de vuelta y, junto con siete de los suyos atraviesa la neblina de los salones El Pérsico y Las Playas. Un pedazo del Ejército mexicano, el 14º Regimiento Motorizado, está furioso.

Levantan los fusiles, encañonan cualquier cosa que parezca tener vida e inician su fiesta.

Desnudan a las bailarinas y las meseras.

Simulan hacer de las paredes un paredón y ahí las hacen desfilar.

Las meten a los cuartuchos de servicio sexual.

Las violan a varias una y otra vez.

Se lee en la recomendación emitida por la CNDH para el caso:

“(…) Frente al cuarto había cuatro militares uniformados y con metralletas, apuntando hacia adentro del cuarto donde estaban; el que apodaban Yahir o Líder les ordenó, con insultos, quitarse la ropa, y al estar desnudas uno de ellos, que vestía de civil, les introdujo el dedo en las vaginas y anos; los soldados les agarraban las nalgas; se reían de ellas (…).

Ajustan cuentas con siete policías municipales.

Los golpean una y otra vez.

A nadie se le ocurre defenderse. ¿Quién hace algo cuando la furia anda abrazada de un fusil G-3?

Un soldado delgado se acerca a una de las mujeres, una a la que tocaría llevar por nombre la clave A6.

El sardo la toma del brazo izquierdo con su mano derecha.

—Vamos a coger —informa el hombre de armas.

—Estoy embarazada —tiembla ella.

—Mejor vienes —resuelve y la encañona con su arma, un fusil G-3 o una subametralladora MP-05, las estrellas de Heckler and Koch. —O te lleva la chingada.

El hombre empuja a la mujer con la punta del cañón hacia el cuarto número cuatro. Le jalona la ropa y la arrebata la blusa.

Se aparta y recurre a la automática con capacidad de disparar 12 tiros por segundo.

—¡Quítate el short! —apresura.

Ella se niega. Él avanza y arremete con un puñetazo en el abdomen de la mujer. La muchacha se rinde, se despoja de la ropa y él la penetra durante cinco minutos.

—Ya retírate, me duele el estómago —pide ella.

—Cállate o te mato —brama el hombre de las fuerzas armadas de México.

Apenas tiene oportunidad, la mujer corre por el campo, entre las piedras. Para. Siente otra humedad entre sus piernas y se ve ensangrentada.

A6 aborta. *