Al menos 28% de la POBLACIÓN en el PAÍS ha sido VÍCTIMA de un Delito de DERECHOS HUMANOS

De entre el 24 al 28% de la población en México ha sido víctima de algún delito o ha visto violados sus derechos humanos, estimó la maestra Nora Robledo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde la desaparición forzada y hallazgos de fosas clandestinas son la característica principal de los últimos años tras la “militarización” en el país.

• Con motivo del décimo aniversario de la Ley General de Víctimas (LGV), la Universidad Iberoamericana (UI) se dio a la tarea de analizar el desempeño de la autoridades en materia de combate a la inseguridad y el comportamiento delictivo en la república.
• De acuerdo con el académico, explico para el medio Publimetro, aseguro que se puede saber que las tareas de seguridad pública —a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)— no son las más eficientes en materia de restitución de derechos humanos (DD.HH.) y las fiscalías estatales usualmente no entregan las mejores respuestas en relación a este tipo de casos.

Fosas clandestinas

De acuerdo con las investigaciones del departamento de DD. HH. De la Ibero, con el inicio de la llamada “guerra contra el narco, algunos fenómenos de la violencia se intensificaron, como los hallazgos de fosas clandestinas, por lo que las cuantificó.

• De enero de 2020 a diciembre de 2022, la UI contabilizó mil 134 fosas clandestinas, es decir 35.5 por cada entidad federativa; sin embargo, tres de ellas concentraron 476 fosas, o sea, el 41.9% del total, pues Guanajuato, Sonora y Guerrero registraron 187, 179 y 110, respectivamente.

Al desagregar esta información, se aprecian focos rojos en algunos municipios: Acapulco, Guerrero (66 fosas); Salvatierra, Guanajuato (65); Tecomán, Colima (53); Hermosillo, Sonora (49); Guaymas, Sonora (46), por mencionar algunos. Así mismo, en esas demarcaciones se encontraron cantidades considerables de cuerpos: Tecomán, Colima (101); El Salto, Jalisco (95); Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (93); Tijuana, Baja California (88); y Hermosillo, Sonora (87).

Desempeño de las Fiscalías

Al tratarse de un problema que afecta el tejido social, la UI evaluó los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) el desempeño de las Fiscalías estatales en relación a las fosas clandestinas y la calidad de las respuestas que proporcionan; al respecto, expuso que las entidades que dan información “insuficiente” han ido en aumento.

• En 2020, sólo en Morelos y Querétaro daban información insuficiente; en 2021, el número de entidades pasó de dos a seis, en dicho listado estaban CDMX, guerrero, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Veracruz; para 2022, el listado quedó en seis, pero cambiaron algunas de las entidades: CDMX, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San luís Potosí y Veracruz.

Desempeño de las Fuerzas Armadas

Desde que inició la guerra contra el narco en 2007, muchas de las tareas de seguridad pública recayeron en los hombros del Ejército o de la Marina; asimismo, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Policía Federal (PF) tenía una gran injerencia en dicho trabajo; sin embargo, con el arribo de AMLO a la presidencia, se desaparece la PF se crea la Guardia Nacional (GN).

Asimismo, cuando en 2019 se constituye este nuevo brazo armado, se especifica que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estará cargo —primero hasta 2024 y después hasta 2028— de su operatividad y administración.

• Esto fue visto con malos ojos por la académica universitaria, quien refirió que en México, la mayoría de los casos de uso indebido de la fuerza pública recaen en las FF. AA. Entonces, continuar y legitimar el uso del Ejército para combatir a la inseguridad le pareció arriesgado.

“En 30 de las 73 quejas por privación de la vida, tortura y desaparición forzada por autoridades federales recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estuvieron implicadas las Fuerzas Armadas”— CNDH

Sin embargo, sí ha habido un avance en materia de DD. HH. en la actuación del Ejército durante su cumplimiento del deber. Mientras que en 2011 se estimaron que 11 mil 461 personas sufrieron agresiones posteriores a su detención por el Ejército, en 2022 fueron 2 mil 589. De manera inversa, en 2019, el 68% de las personas detenidas dijeron que no sufrieron agresiones tras su detención mientras que en 2008 este número sólo representaba el 6 por ciento.

• Una reducción similar se ve en el rango de letalidad, pues desde que inició el gobierno de Peña Nieto se notó una marcada caída en la cantidad de civiles muertos por la Sedena en sus tareas de seguridad y protección ciudadana.

Asimismo, existe un análisis por sexenio entre las 14 principales formas de tortura, donde el gobierno peor evaluado fue el de Felipe Calderón (FCH), en segundo lugar el de Enrique Peña Nieto (EPN) y el mejor evaluado fue el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, esto no quiere decir que la tortura no ocurra. Porcentaje de personas encarceladas que reportaron agresiones después de su detención por el Ejército Mexicano:

1. Golpes con la mano o patadas: FCH 73%, EPN 42% y AMLO 25%
2. Ataduras: FCH 66%, EPN 27% y AMLO 9%
3. Golpes con objetos: FCH 56%, EPN 26% y AMLO 14%
4. Ser aplastado: FCH 50%, EPN 27% y AMLO 15%
5. Asfixia: FCH 55%, EPN 24% y AMLO 6%
6. Sumergimiento: FCH 47%, EPN 19% y AMLO 3%
7. Descargas eléctricas: FCH 31%, EPN 13% y AMLO 6%
8. Lesión genital: FCH 33%, EPN 12% y AMLO 4%
9. Acoso sexual: FCH 16%, EPN 6% y AMLO 3%
10. Quemaduras: FCH 12%, EPN 3% y AMLO 2%
11. Violación sexual: FCH 7%, EPN 3% y AMLO 1%
12. Arma de fuego: FCH 6%, EPN 3% y AMLO 2%
13. Encajar agujas: FCH 7%, EPN 2% y AMLO 0%
14. Heridas con arma blanca: FCH 5%, EPN 2% y AMLO 2%

Ante estos resultados, la maestra Robledo Frías apuntó que las Fuerzas Armadas continúan ejerciendo prácticas que vulneran los derechos humanos de las personas; además, sugirió que las autoridades deben de dirigir más recursos a la atención de víctimas, pues por cada 28 mil, sólo hay 1.3 funcionarios para atenderlas y acompañarlas.

En este sentido, finalmente, aclaró que no se trata de que no existan marcos regulatorios en México para evitar este tipo de tratos, sino que, al momento de llevarlos a la práctica, las autoridades son omisas de su deber ser en la impartición de justicia y trato humano tanto de la víctima como de los detenidos.

En México se violan los derechos humanos todos los días

Durante la presentación del Informe Anual 2023-2024 sobre la situación de derechos humanos en México, Olivares reclamó que hay crímenes que se siguen presentando por la falta de acción por parte del gobierno para evitarlos.

“A pesar de los avances en legislación, en instituciones que se crean para atender estas violaciones a derechos humanos, los feminicidios no cesan, las desapariciones no cesan porque el Estado no tiene una política pública de prevención”, reclamó.

• Además, señaló que “tenemos instituciones que son como cascarones vacíos, y mientras sigamos teniendo eso en las comisiones de derechos humanos, en el mecanismo de protección, en la Secretaría de Gobernación, en institutos para mujeres, vamos a continuar estando así, denunciando violaciones”.

Por otro lado, Olivares lamentó que el presidente López Obrador haya mantenido una actitud cerrada hacia las organizaciones, y soltó que es de los pocos presidentes en América que no han recibido a AI en lo que va de su mandato.

Este patrón se repite con otras entidades, ya que, según la directora ejecutiva, en los últimos años ha aumentado la resistencia de las autoridades de escuchar a la sociedad civil. “Lo que sí hemos visto es que en los últimos años se está incrementando la resistencia de las autoridades a atender y escuchar a las organizaciones de la sociedad civil”, apuntó.

Agregó que “las mujeres buscadoras en México están exigiendo, están casi rogando a la Presidencia que les atiendan, y no son atendidas”.

• Olivares también afirmó que hay preocupación en AI por la Ley de Amnistía, ya que se le puede dar un mal uso, por lo que pidió regulaciones que establezcan cómo se va a aplicar.
• Antes, Olivares Ferreto reclamó que persisten las violaciones de derechos humanos en el país, ya que éstas se presentan todos los días.

“En México se violan derechos humanos todos los días: todos los días son desaparecidas personas; son atacadas y amenazadas las mujeres que buscan a sus familiares; diariamente son asesinadas alrededor de 10 mujeres; las familias de las víctimas de feminicidio viven diariamente la violencia institucional; periodistas y personas defensoras de derechos humanos son atacados y amenazados (sic) por su labor”, sentenció.

Asimismo, sostuvo que México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental, esto por los, al menos, cinco asesinatos que se contabilizaron el año pasado.

• Además, la directora lamentó que estos riesgos se vean incrementados desde la máxima tribuna del país todos los días. “La desigualdad, la corrupción y la impunidad continúan imperando en el país, y como si todo esto fuera poco, el pan nuestro de cada mañanera (del presidente López Obrador) son los ataques a las organizaciones de la sociedad civil, a periodistas, o cualquier organización colectiva que disienta mínimamente de las decisiones gubernamentales”.

Por esto, señaló que para este año, México tiene que prestar especial atención a los actos del gobierno que ponen en riesgo las garantías de las personas.

“Este 2024 viene con enormes retos en materia de derechos humanos para nuestro país, miles de personas siguen siendo víctimas de la violencia del Estado y de los grupos criminales, las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos hacen frente a grandes riesgos, ataques y amenazas”, indicó.

AMLO no cumple con la protección de periodistas

La organización Reporteros Sin Fronteras, en un comunicado resaltó que en los cinco años y medio de presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que el próximo 1 de octubre deja el cargo, han sido asesinados al menos 37 comunicadores.

«Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a los candidatos que se comprometan de una vez por todas en la adopción de medidas concretas para proteger a los periodistas y luchar contra la impunidad», señaló Artur Romeu director, de la Oficina de RSF en América Latina.

El documento resalta que si bien el combate a la inseguridad es un tema central en las campañas de los tres candidatos presidenciales, ninguno se pronunciado sobre la «trágica» situación de los periodistas en México.

Se hace indispensable que incluyan propuestas concretas al respecto en sus programas electorales y en sus propuestas de campaña», añadió.

• En su informe, RSF recordó que al asumir la presidencia el 1 de diciembre de 2018, López Obrador prometió: «No habrá más periodistas asesinados».

«El balance es desolador: más allá de la cifra aterradora de reporteros que han perdido la vida, no se ha llevado a cabo ninguna reforma del sistema de protección de los periodistas, a pesar de las recomendaciones sobre la materia de organizaciones como RSF», añadió el comunicado.

La organización deploró además que AMLO haya sostenido de manera recurrente «un discurso hostil contra la labor de los medios» en sus conferencias mañaneras.

• López Obrador deja «un dramático balance, fruto de la normalización de la violencia contra los periodistas. No ha priorizado su protección y ha permitido que prospere una espiral de violencia contra la prensa y un mayor número de ‘zonas de silencio’», apuntó Romeu.

Según un recuento de RSF, desde 1995, al menos 156 periodistas han sido asesinados por investigar temas relacionados con el crimen organizado, la inseguridad o el narcotráfico, lo que convierte a México en un de los países más peligrosos para la prensa.

El 43% de ataques a periodistas, serían de funcionarios

Cuatro de cada 10 ataques contra periodistas y otro personal de medios de comunicación en México, habían sido obra probablemente de funcionarios públicos, revelaron datos de Amnistía Internacional.

• En su informe titulado «Nadie garantiza mi seguridad»: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, la organización reveló que, desde octubre del 2012 a noviembre del 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México registró un total 834 ataques.

De este total, el Mecanismo concluyó que 356 (43%) habían sido obra probablemente de funcionarios públicos y 276 (33%) de actores no estatales, incluidos, entre otros, grupos de delincuencia organizada.

Mientras que, el informe detalló que el Mecanismo no pudo identificar a los probables culpables de los restantes 202 (24%) incidentes.

“A pesar del elevado número de ataques contra la prensa, desde 2012 hasta diciembre de 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) logró que se dictaran únicamente 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años de prisión”, reveló el informe.

De ese total, la organización indicó que la Feadle sólo logró ocho condenas por asesinatos de periodistas en dicho periodo.

“La impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo. En las contadas ocasiones en que las autoridades logran que se dicten sentencias condenatorias, suele ser contra quienes llevaron a cabo los ataques, pero no contra quienes los ordenaron”, se puede leer en el informe.

Desempeño del Mecanismo

En esta investigación conjunta de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas, se informó que, desde octubre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección recibió un total 943 solicitudes de protección de periodistas y otro personal de los medios de comunicación.

• Sin embargo, no todas han sido aceptadas, pues el Mecanismo, bajo la supervisión de la Segob, aprobó 762 de estas solicitudes y rechazó 181.
• De acuerdo con el análisis de las organizaciones, el número de rechazos ha aumentado notablemente en los últimos años, pues en el 2020 se registró uno, para el 2021 se documentaron 14.

En el 2022, la cifra se disparó hasta 49 casos y para los primeros 11 meses del 2023, las organizaciones documentaron un total de 49.

“Algunas de estas solicitudes no procedían de personas a título individual sino de colectivos, y hasta noviembre de 2023 el Mecanismo había acordado medidas de protección para un total de 931 periodistas: 666 hombres y 265 mujeres”, se abundó en el documento.

Casos relevantes

Ante las cifras ya mencionadas, ambas instituciones ejemplificaron con tres casos las graves deficiencias en la gestión de las situaciones de alto riesgo por parte del Mecanismo.

• El primero es el de Rubén Pat Cauich, periodista que murió por disparos en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, el 24 de julio de 2018, apenas dos meses después de inscribirse en el Mecanismo.
• Otro de los casos es el de Gustavo Sánchez, periodista que solicitó su inscripción en el Mecanismo más de 13 meses antes de morir por disparos cerca de su domicilio en Morro de Mazatán, estado de Oaxaca, el 17 de junio de 2021.

Sin embargo, el Mecanismo se demoró más de ocho meses en aprobar su solicitud.

Finalmente, el Mecanismo de protección decidió, en agosto del 2023, que Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala, ya no estaba en peligro, pese a que ha sido golpeado, amenazado, detenido por agentes de policía e intimidado por presuntos miembros de un cártel de la droga.

México #1 en violaciones a libertad de prensa

El informe indica que 2023 fue otro año mortal para la prensa mexicana, pues a lo largo del año, 5 personas periodistas fueron asesinadas: Marco Aurelio Ramírez Hernández Puebla, Luis Martín Sánchez en Nayarit, Nelson Matus Peña en Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara en Sonora e Ismael Villagómez Tapia en Chihuahua.

• Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 163 periodistas en México. En tanto, en el actual sexenio no se reportan reformas a los sistemas de protección existentes ni avances en la lucha contra la impunidad.

El reporte indica que en el caso de México los factores que se combinan para dar origen a esta situación son una fuerte presencia en el territorio de grupos del crimen organizado y la prevalencia entre las autoridades públicas y en instituciones del Estado de discursos y políticas anti-prensa.

El año pasado en México se reportaron 696 alertas generales, y 34 con agravante de género.

Se consideran alertas de violencia a la libertad de prensa los ataques contra periodistas en forma de:

• Asesinatos
• Secuestros
• Detenciones arbitrarias
• Agresiones y ataques
• Tortura
• Desaparición forzada
• Procesos civiles y penales
• Discursos estigmatizantes
• Usos abusivos del poder estatal
• Restricciones en el acceso a la información y en internet
• Marcos jurídicos contrarios a estándares internacionales
• Violencia sexual

El informe considera imperativo que las actuales y futuras autoridades se comprometan a tomar acciones concretas para proteger a las personas periodistas y defender la libertad de prensa, empezando por el cese del discurso estigmatizante contra medios de comunicación y periodistas.

Por otra parte, sugieren a las autoridades del poder judicial y particularmente jueces, de abstenerse de iniciar procesos judiciales en el ámbito civil, penal o electoral contra periodistas críticos o medios de comunicación.

Finalmente, ante la violencia letal del crimen organizado, consideraron fundamental el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección a periodistas, incluyendo la ampliación de las medidas de protección integral disponibles y la adecuación de planes de protección y análisis de riesgos.

El olvido de las periodistas desplazadas

El 3 de junio de 2017, cuando Marcela de Jesús Natalia cumplió 54 años, un sicario le disparó en la cabeza en tres ocasiones justo al salir de su turno en la radiodifusora en la que trabajaba en Ometepec, Guerrero. Una bala le atravesó la muñeca, otra le destruyó el lado izquierdo de la mandíbula y el último lo recibió en la sien derecha.

Estuvo al borde de la muerte. Se tuvo que someter a seis operaciones con las que salvó su vida y rehabilitó su habla, pero sigue esperando el apoyo para terminar su recuperación y que las condiciones le permitan volver a su hogar cerca de sus cinco hijos y diez nietos, y también de su radio. Marcela de Jesús es una periodista desplazada, una de las varias que hay en el país.

En el caso de México resulta imposible conocer la cantidad de personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos que se encuentran desplazadas tras sufrir diversos tipos de agresiones y amenazas, mientras que la ley general para prevenirlo se encuentra congelada hace cuatro años en el Senado.

• Diversas organizaciones cuentan con datos estadísticos generados por las mismas víctimas. En tanto que el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, no lo tiene clasificado como tal, y a quienes atiende en situación de desplazamiento forzado interno les llama “en refugio temporal”.
• Hasta noviembre último estaban adheridos al mecanismo federal 651 periodistas, de los cuales 182 son mujeres, mientras que de los mil 310 defensores un total de 717 son mujeres. En el caso de las medidas adoptadas para asignar un refugio temporal suman 238 casos de periodistas, sin que se sepa cuántas de estas personas son mujeres porque no está desglosado por género.

Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), una de las organizaciones que se ha abocado a documentar estos casos, aunque reconoce que existen muchos de los que no hay registro porque, incluso, las mujeres periodistas pudieron dejar de ejercer su profesión, ha documentado 21 periodistas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.

En el documento Dejar todo, un diagnóstico sobre el desplazamiento de mujeres periodistas, Cimac precisa la necesidad de “reconocer que el desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos y, desde ese enfoque, quienes lo experimentan son víctimas para las que se busca la restitución y reparación del derecho violado”.

También señala que resulta complejo calcular la cifra de periodistas desplazadas por la “secrecía y clandestinidad en las que se ven obligadas a huir, en aras de salvaguardar la vida”.

Morna Macleod, Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ha investigado el tema de desplazamiento forzado de periodistas, apunta que no hay datos oficiales de desplazamiento forzado interno de periodistas, lo cual perjudica mucho para las políticas públicas.

De acuerdo con la académica, Enrique Irazoque, excoordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, había reconocido en 2022 el desplazamiento de 30 periodistas en México.

Para Marcela de Jesús no hay duda, quien está detrás del ataque violento del que fue víctima es la actual presidenta municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, la priista Aceadeth Rocha Ramírez, pues en aquel momento denunció la corrupción en el ayuntamiento, además de la discriminación contra la población indígena del municipio.

Pese a ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) cerró su caso sin señalar a la autora intelectual, aun cuando se comprobó que dos hombres la esperaban afuera de la estación de radio para matarla y recibieron 50 mil pesos para realizar el ataque.

Aunado a esa situación, la periodista denunció que el mecanismo federal ya no le da acompañamiento; le dijeron que su caso ya no es de competencia federal. Sólo le dieron diez sesiones de terapia psicológica y, en su momento, el resguardo para su reubicación temporal.

“Es difícil. Tengo diez nietos. Quisiera convivir con ellos… Estoy perdiendo mucho, estoy perdiendo lo que construí durante muchos años como credibilidad porque esta mujer me ha criminalizado; la autora intelectual, lejos de que se le investigue, sigue teniendo el poder político y económico para hacerme daño”, denunció.

El desplazamiento no sólo alejó a Marcela de su familia, también de sus costumbres, de su estilo y proyecto de vida.

“Cada una de las desplazadas y desplazados tenemos características diferentes. Yo soy de pueblo y soy indígena. Yo soy mujer, tengo mi forma de vestir, se deshace y aquí no puedo comprar con una tarjeta de despensa la indumentaria que uso. Llevaba varios años trabajando la tierra, consumiendo orgánico, todo eso en mi casa se está deteriorando, está en el abandono”.

Lucila, especialista en desplazamiento interno forzado con perspectiva de género, cuyo nombre fue cambiado por razones de seguridad, explicó que para las mujeres es más delicado dejar el lugar donde viven y trabajan porque en lo primero que piensan es en su familia.

“Siempre son a las que más les cuesta trabajo desplazarse de manera más clara”, señala al referirse que las mujeres piensan en llevarse a sus hijas e hijos, al papá o a la mamá enfermos.

La experta recuerda que, en 2010, cuando empezó a documentar casos, el tema era desconocido y la gente se refería a este fenómeno como si alguien saliera huyendo del lugar donde vivía.

“Todo mundo decía que huían las personas y no le habían dado el término de desplazamiento forzado hasta que empezamos a investigar (…) Así van cuatro sexenios y sigue sin reconocerse el fenómeno. Ahora la gente se cambió de lugar, están saliendo de Guanajuato y de Veracruz”, señala.

Para las mujeres el desplazamiento genera otros problemas, principalmente cuando son cabezas de familia y se ciñe sobre ellas la amenaza de ser reclutadas por el crimen organizado para servicios sexuales o domésticos.

Morna Macleod coincide en que una de las preocupaciones principales de las periodistas desplazadas son hijas e hijos, aunque también ha detectado que, a diferencia de sus colegas hombres, las reporteras desplazadas buscan a sus redes de apoyo para moverse de su lugar de origen.

CDMX, la principal receptora de periodistas desplazados

La Ciudad de México se ha convertido en la principal receptora de periodistas en situación de Desplazamiento Forzado Interno, debido al riesgo que corren de seguir en sus entidades de origen, lo que demanda reformular los mecanismos de articulación institucional para atenderlos integralmente, informó la Comisión de Derechos Humanos local.

• Un total de 72 periodistas, recordó, se encontraban en la ciudad en el año 2020, como parte de las Medida Urgentes de Protección; entre ellas 15 mujeres y por lo menos 11 que se trasladaron con sus familias.
• Dicho fenómeno exige de las autoridades una atención integral durante su estancia, que comprende aspectos psicosociales, acceso a un nivel de vida adecuado, vivienda, empleo, salud y educación, indicó.

Este año la conmemoración del Día de Libertad de Expresión en México, afirmó, se da en un contexto profundamente preocupante; las agresiones a periodistas y comunicadoras de medios tradicionales y digitales, en particular las que culminan en asesinatos, han aumentado de forma alarmante.

• Desde 2010, el Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya identificaba al país como el más peligroso del continente para el ejercicio periodístico, con 10 homicidios.
• Sin embargo, se ocupa ese lugar, pero a nivel mundial, apenas delante de países como Corea del Norte, Siria y Vietnam, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, registrándose ahora en sólo 6 meses 11 asesinatos, destacó.

La libertad de expresión es un derecho de todas las personas, no sólo de periodistas o defensores de derechos humanos, pero debido al relevante papel que desempeñan estos últimos en la sociedad, cuando se les priva de este derecho merece una atención distinta.

Su trabajo, argumentó, debe ser valorado, en función del deber que tiene el Estado para garantizar que toda persona tenga libre acceso a información plural y oportuna, tal como lo establece el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El abanico de las agresiones es amplio, Artículo 19 emitió solo en abril y mayo pasados 10 alertas relacionadas con: allanamiento, acoso judicial, amenazas y abuso de la fuerza pública en agravio de personas periodistas.
• Además el 54 por ciento de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país han observado un incremento en amenazas, por lo que se requiere, de manera urgente, que se recupere la confianza de periodistas y defensoras de derechos humanos en las instituciones.

El avanzar en lo inmediato en la revisión del marco normativo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es urgente, porque, de acuerdo con el Diagnóstico de la Organización de Naciones Unidas (ONU), será insostenible en 2024 por el número creciente de personas acogidas.

Mencionó que, en dicha revisión deben participar periodistas y la sociedad a fin de reformular las herramientas y mecanismos de coordinación y articulación de acciones efectivas y eficientes entre la federación y los estados; ya que, sin esa acción integral, la actual situación de emergencia no va a frenarse./Agencias-PUNTOporPUNTO