REDACCIÓN
Con una política de «limpieza social», el Gobierno del Distrito Federal (GDF) recurre a instituciones de seguridad y procuración de justicia para imputar penalmente a poblaciones callejeras, acusó el director de la organización civil El Caracol, Luis Enrique Hernández, que trabaja con poblaciones callejeras desde hace más de 20 años.
Hernández acusó el abuso a raíz del caso de ocho jóvenes que fueron sentenciados por los delitos de narcomenudeo y de robo agraviado calificado en pandilla por el Juzgado Cuarto de lo Penal en la Ciudad de México.
Durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), los jóvenes fueron detenidos, junto con otros 11 varones el 22 de abril de 2014, en la calle Artículo 123; donde vivían. Además de la detención de los 17 hombres, ese día fue desalojado el grupo de alrededor de 30 personas que ocupaban la banqueta de la calle como vivienda y sus cosas fueron tiradas, en su presencia, a un camión de basura.
Los 17 detenidos fueron retenidos por aproximadamente dos horas antes de ser puestos a disposición de una autoridad judicial, de acuerdo con El Caracol. A seis se les acusó ante un juez cívico por faltas administrativas, mientras que los otros 11 fueron presentados ante el Ministerio Público: a cinco se les acusó de narcomenudeo y a los seis restantes de robo agravado.
La sentencia, de cuatro años con 9 meses en prisión, fue emitida tras un proceso de 11 meses, durante el cual, la defensa de los seis jóvenes presentó diversas pruebas como fotografías, videos de la SSPDF y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y más de 10 testigos, para acreditar que los imputados no cometieron el hurto del que se les acusa.
Johana Sánchez Rojas, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y quien ha acompañado el proceso legal de los jóvenes, acusa que todas las pruebas fueron desestimadas por la juez del caso.
En un video producido por El Caracol, dos de los jóvenes que fueron detenidos ese 22 de abril de 2014, así como una de sus compañeras callejeras, dan sus testimonios anónimos sobre lo ocurrido ese día.
Como pruebas del delito se presetaron 56 grapas de cocaína que supuestamente portaban cinco de los detenidos.
Sánchez Rojas refirió que una persona cercana a las organizaciones posteriormente a la detención identificó en un operativo policiaco a la mujer que supuestamente fue asaltada.
Pese a que la defensa de los seis jóvenes callejeros solicitó a la jueza que investigara si la supuesta víctima de robo era policía, ésta se negó, a decir de Sánchez Rojas.
Los seis jóvenes han pasado su proceso internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se ha violado su derecho a la comunicación y a recibir visitas, de acuerdo con El Caracol. Además, durante el proceso han sido víctimas de actos discriminatorios, acusó Sánchez Rojas, quien refirió que la sentencia se apelará.
Hernández dijo que el grupo de personas callejeras de Artículo 123 es “paradigmático” en el tema de criminalización de poblaciones callejeras, pues han sido objeto de violaciones recurrentes de la SSPDF o de ”particulares contratados”, según los propios afectados, desde hace 10 años.
En la década que el grupo lleva en las calles han padecido 11 acciones calificadas por El Caracol como de “limpieza social”, como desalojos, detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad e internamiento forzado en un centro para tratamiento de sustancias.
Asimismo, la organización El Caracol, que desde 2002 los apoya en procesos de acompañamiento y educación, ha sido objeto de amenazas, desalojo por parte de particulares, difamaciones, detenciones y la intervención de su servidor de internet.
Sin embargo, en el desalojo del grupo de callejeros ocurrido en abril de 2014, se recurrió a un nuevo estadío de la criminalización, a decir de las organizaciones acompañantes.
“Ya no sólo es retirar a población callejera sino fabricarles delitos”, expresó Sánchez Rojas.
“Hay una decisión política de desalojar a poblaciones callejeras sin ofrecerles alternativas de inclusión social”, dijo Hernández, quien subrayó que las organizaciones que trabajan con poblaciones callejeras no defienden que permanezcan en las calles, sino que se garantice su acceso a sus derechos a través de una política integral de inclusión social.
El Caracol, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras y la Red por los Derechos de la Infancia en México solicitaron, en un pronunciamiento conjunto, que la instancia jurídica que ahora analizará el caso tome en cuenta las pruebas aportadas por la defensa, así como que el gobierno capitalino ponga fin a las acciones de “limpieza social” contra poblaciones callejeras.
También demandan la creación de una política pública de atención integral desde una perspectiva de derechos humanos, que privilegie la seguridad humana por encima de la seguridad pública.
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