Proceso
Unos 300 integrantes de diversas organizaciones civiles se apostaron frente al Palacio de Gobierno estatal para retar al gobernador Eruviel Ávila a un debate público sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, tras insistir en que las incursiones policiacas en Atenco, Xochicuautla y Coyotepec estaban destinadas a ser las primeras para legitimarse con ella.
La movilización estaba programada para realizarse en la Plaza de los Mártires, que fue resguardada por vallas y elementos antimotines para impedir la ocupación por parte de los manifestantes, lo que desde el punto de vista de Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es una forma de reprimir y atentar contra el libre tránsito, la libertad de expresión y manifestación.
“Esa es la ley Eruviel, la ley Peña Nieto, la ley del Poder”, señaló.
A la movilización se unieron además el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, organizaciones contra el feminicidio, dirigentes de la CNTE, entre otras.
Del Valle Medina precisó que en esta ocasión se optó por un traslado simbólico a la Plaza de los Mártires, con el objetivo de que el grueso de los militantes del Fuego de la Digna Resistencia se ocupara de resguardar todos los flancos de la lucha, por la necesidad de estar alertas ante cualquier acción sorpresiva de las autoridades.
El ejidatario recordó, sin embargo, que todas estas comunidades y organizaciones civiles coinciden en la necesidad de abrogar, en su totalidad, la denominada ley Eruviel, pues queda claro que es sólo un pretexto para legitimar el uso de la Fuerza Pública contra manifestantes.
“Busca intimidar al pueblo de México para que no proteste porque se expone no sólo a que lo persigan o señalen, sino a que lo encarcelen o asesinen. Por eso tenemos que echarla atrás, no parcialmente, no nos beneficia una ley que lo que pretende es coartar la libertad de expresión. El derecho no se mendiga: se pide cuando no se da, se exige cuando no se da, y se toma lo que le corresponde legítimamente cuando no tiene otra alternativa”, consideró.
Este panorama represivo, lamentó, no es exclusivo de Atenco, es un problema nacional, “por el entreguismo del patrimonio del pueblo: territorio, agua, ecología, por parte de las autoridades a grandes intereses económicos”.
Para el atenquense es incongruente que en momentos de contingencia ambiental se promuevan megaproyectos de muerte que atentan contra los pueblos originarios.
“Retamos a los gobiernos federal y estatal a que debatan y discutan públicamente estos proyectos y a detalle la ley Atenco”, añadió.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México fue promovida en diciembre pasado por el gobernador Eruviel Ávila, aprobada en marzo por la Legislatura local, quien en abril también promovió acción de inconstitucionalidad contra la misma norma, derivado de la inconformidad social que la interpretó como una propuesta represiva y de la petición del mandatario estatal.
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