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La activista Aracely Salcedo, perteneciente al Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Veracruz y beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos, denunció que ha sido detenida en al menos unas 25 ocasiones y que durante los más de tres años en los que ha buscado a su hija, Fernanda Rubí, desaparecida en septiembre de 2012, las amenazas y el hostigamiento no cesan.
Esto luego de que de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares denunció, a través de la Red Retoño, el pasado 30 de abril que la activista fue encañonada por elementos de la Policía Estatal de Veracruz y de la municipal de Orizaba. Ante estas acusaciones, el Ayuntamiento rechazó haber agredido a Salcedo y aseguró que fue una revisión de rutina “que se aplica a todos los ciudadanos”, por lo que no podía ser considerada como hostigamiento.
En este contexto, la madre de Fernanda Rubí, secuestrada en septiembre de 2012, recriminó: “Desde que comencé la búsqueda de mi hija, se han mantenido las amenazas y hostigamientos por llamadas y vía mensajes privados en Facebook. La verdad ya no sabemos por dónde nos pegan, si del lado del Gobierno o de la delincuencia”.
“Al menos unas 25 veces me han detenido en carretera, pero yo no soy una delincuente, solo busco a mi niña desaparecida”, denunció Salcedo, en entrevista con Blog Expediente.
Con base en la relatoría de la Asociación Civil Red Retoño, así como en la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el día 29 de abril de 2016 aproximadamente a las 19:00 horas, Aracely Salcedo fue interceptada por ocho patrullas de policías estatales y del municipio de Orizaba, quienes portaban armas largas.
Tales hechos sucedieron en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, entre las calles norte 10 y Oriente 31. Los elementos rodearon el vehículo, descendieron de sus unidades, fotografiaron y encañonaron a las personas que iban a bordo de éste, entre quienes se encontraba Aracely Salcedo y su cuerpo de seguridad.
Posteriormente, el 5 de mayo de 2016, la Alcaldía de Orizaba, dijo en un comunicado, que “se trató de una revisión rutinaria que aplica para todos los ciudadanos y que no puede ser considerada ‘hostigamiento’, pues en ningún momento se les agredió ni se les faltó el respeto”.
Detalló que que la “Secretaría de Gobernación federal no reconoce que esta policía o alguna u otra división de seguridad esté prestando ese tipo de servicio a la señora Salcedo” y que hasta el momento la activista no ha informado a las autoridades municipales sobre el equipo que la vigila.
Ante tal aseveración, Aracely Salcedo dijo que su cuerpo de seguridad, sí proviene de la Procuraduría General de la República, (PGR) y que además, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya está enterado de la situación y pronto se reunirá con ella en Veracruz.
La madre solicitará una llamada de atención al cuerpo policial del municipio orizabeño.
Las asociaciones civiles que respaldan la causa de la madre de Fernanda Rubí, como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, coinciden en que Aracely Salcedo estaría en todo su derecho de proceder legalmente contra el Ayuntamiento de Orizaba por el delito de Abuso de autoridad y difamación.
ACOSO, SECUESTROS Y AGRESIONES
El acoso contra la señora Aracely Salcedo, se suma a los de otros familiares de víctimas de desaparición, que han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, en muchos de ellos, el Gobierno de la entidad es señalado como el responsable.
Se tiene el registro de la señora Ana Lilia López Ortiz, madre de Alexander Figueroa López, desaparecido el 05 de diciembre de 2014, a ella el pasado 16 de marzo de 2016 la intentaron secuestrar. Lo que finalizó en un enfrentamiento a balazos entre los presuntos criminales y los escoltar de López Ortiz.
Otro caso, es el de Claudia Ivonne Vera García, quien busca a su sobrina de seis años de edad, desaparecida desde el año de 2011. La activista fue sustraída de su domicilio, el pasado 23 de marzo de 2016, presuntamente, por sujetos armados y encapuchados.
Por su parte, Eloísa Campos, madre de Randy Julián Mendoza Campos, desaparecido en Orizaba el 02 de agosto de 2014, recriminó: “Es fácil que desaparezcan a nuestros hijos, lo difícil es buscarlos, ya ni a eso tenemos derecho. [Es] una ofensa para todas nosotras”.
Para muestra, basta mencionar el expediente de tres integrantes del Colectivo Por la Paz Xalapa, denuncia FGE/FIM/MP9/CI/42/2015, interpuesta por Yolanda Espíritu Mota, Abiram Hernández Fernández y Sara González Rodríguez, representante de la agrupación.
El pasado 16 de noviembre de 2015 fueron agredidos físicamente, al grado de desprenderle las uñas a la representante de la agrupación; los responsables, presuntos escoltas del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante su V informe de gobierno en el Velódromo Internacional Xalapa.
“Vengo a manifestarme porque a mi hijo y a mi nuera se los llevaron los policías de Veracruz el 14 de marzo de 2010. Que me escuche el señor Gobernador. Es mentira que está haciendo algo por los desaparecidos” emitió con voz bravía Sara González. A medio año de haber sido violentados, la denuncia permanece congelada; sin responsables, sin castigo, en la impunidad.
Otro caso es el de Gaspar Rosales, hijo de Palemón Rosales Santos, de 84 años secuestrado el 11 de julio del 2009 en Ixtaczoquitlán, Veracruz. A la fecha el hombre, de 60 años y militar retirado, declara que al menos en 20 ocasiones ha sido detenido en la vía pública, por policías municipales de Orizaba, Veracruz.
“Si hablo, es para decir que la señora Salcedo no miente, a mí me han hecho lo mismo, ya conocen mi carro y aun así se empeñan en encañonarme y exigir que baje con las manos en alto, luego me recargan sobre el vehículo, como si fuera un delincuente”, asegura Gaspar Rosales.
A la hija de Alejandra Pérez Rosas, de 16 años, una voz anónima desde el teléfono le advirtió: “Si no me mandas 50 fotos y videos desnuda les vamos a cortar las cabezas a todas”, cinco mujeres que buscan a Yair Déctor Pérez, desaparecido el 25 de febrero de 2013, en el operativo Veracruz, Seguro, en Río Blanco.
Ana Lilia Jiménez, madre de Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desaparecido el 1 de septiembre de 2012, no solo ha tenido que cargar con la ausencia de su hijo, las amenazas han ocasionado que su hija viva desplazada, lejos de Veracruz y de la muerte.
Los activistas han denunciado que mediante amenazas o ejerciendo la violencia en su contra algunos son orillados a detener la búsqueda de sus hijos. Denuncian además como responsables del acoso al gobierno y a los delincuentes.
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