AGENCIAS
Las autoridades mexicanas dieron hoy detalles sobre la violenta noche del 26 de septiembre en Iguala y señalaron como principales responsables al alcalde y su esposa, aunque no dijeron nada sobre el paradero de los 43 estudiantes, el principal reclamo de miles de mexicanos que hoy se movilizaron.
Casi un mes después de aquella jornada en la que murieron seis personas y 25 resultaron heridas tras varios ataques cometidos por policías locales, comienzan a descifrarse las incógnitas de este suceso que hoy volvió a sacar a las calles a miles de mexicanos que exigen justicia.
El fiscal general, Jesús Murillo, explicó en una conferencia de prensa que los autores intelectuales de todo lo sucedido aquella noche son el entonces alcalde, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda, y el secretario de Seguridad, Felipe Flores.
Abarca, quien fue separado de su cargo el pasado día 17 por el Congreso del estado de Guerrero, está en paradero desconocido desde dos días después de lo sucedido, cuando se presentó a la prensa para decir que él no tenía nada que ver porque estaba «en un baile».
Aquella noche la primera dama local tenía un acto público en el que su marido estaba presente y este recibió el aviso de su secretario de Seguridad de que un grupo de estudiantes de la conflictiva escuela Normal Rural de Ayotzinapa estaba aproximándose al municipio.
Ante el miedo de que sucediera algo similar a lo acontecido en junio de 2013, cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa se sumó al ataque al ayuntamiento protagonizado por campesinos, Abarca dio la orden de reprimirlos, sin saber que los alumnos solo acudían al municipio para pedir dinero para financiar sus actividades diarias.
Un alumno de la Normal (dedicada a la formación de maestros de primaria) confirmó a Efe que sí participaron en estos hechos violentos de 2013, en solidaridad con un grupo campesino, aunque entonces desconocían que Abarca estuviera tan relacionado con el crimen organizado.
Lo sucedido la noche del 26 de septiembre ha podido saberse gracias a la detención de 52 personas: policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula, así como delincuentes del cártel de los Guerreros Unidos, incluido su líder, Sidronio Casarrubias.
Las declaraciones de este último, contó Murillo, han servido también para descubrir que el crimen organizado estaba completamente infiltrado en el ayuntamiento, que recibía del cártel entre dos y tres millones de pesos de manera regular.
Pineda, familiar de dos operadores del cártel, era la encargada de distribuir este dinero con la complicidad de su esposo y de Felipe Flores, afirmó Murillo, quien añadió que ya se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los tres.
Cada mes, al menos 600 mil pesos eran destinados al control de la policía local y los propios miembros del cártel eran quienes decidían sobre los nuevos ingresos a la corporación.
Aunque ya hay medio centenar de detenidos, faltan las piezas clave. Y es que los estudiantes, tras ser atacados, fueron llevados en patrullas a la comisaría y después trasladados por un camino de terracería al cerro de Pueblo Viejo, controlado por un lugarteniente de los Guerreros Unidos de nombre «Gil».
Este avisó a Casarrubias de los hechos de violencia, pero los atribuyó a «un grupo delictivo contrario».
Por ello, el líder del cártel avaló «las acciones para la defensa de su territorio en Iguala», señaló el fiscal, quien recordó que esa organización se disputa varias zonas de Guerrero con Los Rojos, ambas escisiones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En este mismo cerro de Pueblo Viejo es donde han sido halladas un total de nueve fosas con 30 cuerpos y es aquí donde se le pierde la pista a los estudiantes.
Las pruebas de ADN realizadas a partir de muestras tomadas por la fiscalía de Guerrero revelaron que los restos no corresponden a los jóvenes desaparecidos, pero ante la posibilidad de «un error» las autoridades están a la espera de los resultados de las muestras tomadas por peritos argentinos.
Pese a los avances en las investigaciones y en el móvil de este suceso, el principal reclamo de la sociedad mexicana es que se descubra el paradero de estos 43 jóvenes estudiantes de magisterio.
Por ello hoy miles de personas se reunieron en distintas ciudades del país, para expresar su solidaridad con las familias y exigirle al Gobierno que intensifique las labores de búsqueda.
En la marcha multitudinaria realizada en la propia ciudad de Iguala un grupo de maestros y estudiantes incendiaron el ayuntamiento en que trabajaba Abarca.
En la capital mexicana está por comenzar y se espera que sea la más numerosa tras la llegada de decenas de autobuses desde Guerrero, en los que viajan compañeros y familiares de los jóvenes desaparecidos.
Además de las marchas, centenares de escuelas se declararon hoy en huelga para unirse a las protestas por estos hechos violentos y exigir la aparición con vida de sus compañeros.
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