SinEmbargo
Una entidad sumida en la violencia, pobreza, deuda y agresiones a periodistas, así es como Javier Duarte de Ochoa dejará a Veracruz a poco menos de un año de concluir su gestión y sin que le mortifique el desastre.
Esta semana dos hechos colocaron a Veracruz como centro de la noticia: el hallazgo de los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y el secuestro y posterior asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, tragedias que confirmaron las alertas de diversas organizaciones acerca de la violencia que se vive en el estado.
El pasado 11 de enero, cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 años, desaparecieron después de que policías se los llevaron en la región de Tierra Blanca cuando cargaban gasolina en una estación de servicio. Los jóvenes habían ido a la ciudad de Veracruz a divertirse y regresaban por carretera a su pueblo, Playa Vicente.
Cámaras de video registraron el paso de la patrulla y el vehículo y el regreso una hora después con menos gente.
De acuerdo con las autoridades, hay indicios de la participación de terceros. Al parecer, los policías los entregaron a algún grupo delictivo. No se sabe el motivo.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el pasado 8 de febrero que los restos hallados en el rancho “El Limón”, en el municipio de Tlalixcoyan, correspondían a dos de los cinco jóvenes: Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años de edad, y de José Alfredo González Díaz, de 25 años.
Para los padres de los jóvenes desaparecidos, la red de complicidad de las autoridades de Veracruz con el crimen organizado ha quedado demostrada.
Por este caso, que empieza a ser llamado el Ayotzinapa de Veracruz, han sido detenidos hasta el momento siete policías como probables responsables.
“Es obvio que las corporaciones policiacas están infiltradas por el crimen organizado en Veracruz; es sabido, pero no todos tenemos la voz para decirlo; pero a nosotros, como desgraciadamente nos tocó vivir esta etapa, no nos tiembla la mano para contarlo a los cuatro vientos: que la Policía está a la orden del crimen organizado”, dijo Bernardo Benítez, en entrevista con SinEmbargo después de recibir la noticia de que restos óseos encontrados coinciden con el perfil de su hijo.
Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías. Más del 90 por ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la atención que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha dado al caso de los cinco de Playa Vicente llevados de Tierra Blanca.
AGRESIÓN A PERIODISTAS
De la larga lista de acusaciones contra Javier Duarte de Ochoa destacan la agresiones a los periodistas, los encargados de informar la realidad que acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados.
El pasado 9 de febrero, Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana de 32 años y madre de dos niños y que había sido reportada como desaparecida, fue asesinada y su cuerpo lanzado en la cuneta de una carretera, confirmó la Fiscalía de Veracruz.
Flores Salazar se convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Duarte de Ochoa, de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19.
En 2015, la organización documentó 67 agresiones en Veracruz; de las cuales sobresalen tres asesinatos y el desplazamiento forzado de cuatro periodistas.
El asesinato de Anabel Flores confirmó las alertas de organizaciones internacionales que ubican a Veracruz como la más violenta contra la prensa en México.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, emitió una alerta temprana para proteger la libertad de expresión en dicho estado. De nada sirvió, Anabel está muerta.
El documento reveló que quienes acuden a esta institución señalan que las agresiones devienen en un 37.5 por ciento por policía estatal; 25 por ciento por autoridades municipales; 6.2 por ciento por policía municipal, elementos del Ejército, y elementos de la Marina, cada uno.
Para Carlos Lauría, director de Programa y coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Gobernador Duarte ostenta un registro deplorable en materia de investigación de los crímenes contra periodistas.
“La mayoría de los casos no se han resuelto. Los asesinos de periodistas caminan libremente por las calles del estado”, destacó en un comunicado.
Uno de los rasgos que distinguen al gobierno de Veracruz es su tendencia a desestimar vínculos entre los asesinatos y el trabajo informativo de los periodistas locales, incluso, en varias ocasiones ha señalado de tener relación con la delincuencia organizada.
El caso de Anabel Flores, el más reciente, la Fiscalía dijo en un primer comunicado que en agosto de 2014 la periodista había sido vista junto a un supuesto integrante de un grupo criminal cuando éste fue arrestado. Las autoridades anunciaron que estaban analizando posibles vínculos entre Flores Salazar y ese individuo.
De acuerdo con Carlos Lauría, en 2012, a más de un año de que Duarte asumiera la gubernatura, el entonces corresponsal del CPJ en México, Mike O’Connor, viajó a Veracruz y escribió: “Es un hermoso, extenso y estrecho estado en la costa del Golfo de México donde muchos periodistas están aterrados no solo por los grupos del crimen organizado que asesinan y ejercen control sino también por el gobierno estatal. El miedo a que funcionarios estatales ordenen asesinarlos por lo que investigan o escriben ha obligado a una decena de periodistas a abandonar el estado, mientras afirman que el terror también paraliza la cobertura periodística a quienes permanecen en Veracruz”.
Nada ha cambiado. Veracruz sigue siendo una entidad donde ser periodista es un riesgo y donde los asesinatos quedan impunes.
“El Gobierno de Veracruz que encabeza Javier Duarte de Ochoa está permeado por la delincuencia (…) Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado pedir”, expusieron 43 periodistas de Córdoba en una carta abierta en repudio por la muerte de Anabel.
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