Dada la situación coyuntural por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, casi 60 por ciento de la población ocupada en México se encuentra en informalidad laboral, es decir, en riesgo de perder el empleo y, por ende, su ingreso y seguridad social, advirtió la doctora Abigaíl Rodríguez Nava, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
- “Ante ese panorama, los gobiernos federal y locales han implementado diferentes estrategias para intentar revertir –en el corto plazo– la pérdida de empleos, por ejemplo otorgando créditos que ayuden a mantener abiertos algunos micronegocios”, explicó en la conferencia Economía y políticas con derechos humanos. El trabajo vinculado para atender la pandemia, en el ciclo Martes y Jueves de divulgación de la ciencia.
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) instrumentó, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, apoyos financieros a algunas pequeñas empresas –incluso a particulares– para postergar el pago de créditos, con el propósito de y ayudar a que algunos negocios se mantuvieran abiertos y siguieran ofreciendo empleo.
“Existen otras propuestas tratando de imitar lo que se hace en otros países, como el salario básico universal y la idea de que los gobiernos debieran apoyar a las grandes empresas con el pago cuando menos de una parte del salario para evitar el despido de trabajadores”, detalló la académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.
También se ha planteado postergar o disminuir de alguna manera las tasas impositivas que pagan las personas formales al gobierno, sobre todo a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), “aunque en la práctica es muy complicado instrumentar estas últimas acciones dadas las condiciones generales macroeconómicas que vive México”.
- La coordinadora de la Licenciatura en Economía detalló que de acuerdo con las carencias sociales que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018, 57 por ciento de los mexicanos no contaba con acceso a seguridad social.
- En tanto, 25 millones de personas –poco más de 20 por ciento de la población– padece carencias por falta de acceso a la alimentación y alrededor de 21 millones –poco más del 16 por ciento– tiene rezago educativo.
“Esto nos permite afirmar que en México actualmente 52.4 millones de personas se encuentran en pobreza por ingreso y por carencias sociales, en tanto quienes están en situación de vulnerabilidad sólo por carencias sociales son 36.7 millones y 8.6 millones viven en situación de inseguridad por ingreso”.
Sin embargo, “estas cifras son excluyentes porque no contemplan a las personas en condiciones de vulnerabilidad dentro de los datos de pobreza en el país, que señalan que cerca de 90 millones de mexicanos están en una situación de pobreza o fragilidad y solamente 21.9 por ciento no es pobre ni vulnerable por ingreso o carencias sociales”.
- Para la Investigadora Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores resulta cuestionable que a pesar de que el país lleva más de 20 años aplicando políticas públicas para erradicar la pobreza, esta no se ha reducido, por lo que es necesario hacer una revisión de cuáles son los programas sociales, a quienes están dirigidos y si realmente han tenido un impacto positivo entre la población.
O si más bien “sólo se trata de programas que están resolviendo la situación de inestabilidad y pobreza en el corto plazo, porque a la larga estamos observando que no han sido capaces de mejorar la condición de la sociedad”, concluyó en la plática virtual moderada por la diseñadora Cecilia Ezeta Genis, responsable del Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la Unidad Xochimilco.
Retiros de Afore por desempleo subieron 30% en enero
Los retiros parciales de ahorro en las Afore por desempleo comenzaron el año con un incremento de 30 por ciento, en comparación con enero de 2020, de acuerdo con datos oficiales. Con ello, continúa la tendencia al alza, la cual se intensificó a principios del año pasado como consecuencia de la crisis que provocó la pandemia de Covid-19.
- De acuerdo con Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), durante enero los trabajadores retiraron de sus fondos de pensión mil 630 millones de pesos, cifra superior a los mil 252 millones de pesos registrados en el mismo mes de 2020.
- Según el funcionario, los mexicanos que se vieron en la necesidad de utilizar parte de su ahorro pensionario durante enero fueron 142 mil 257, quienes dispusieron en promedio de 11 mil 500 pesos.
El retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores formales, el cual pueden realizar una vez cada cinco años y no debe ser superior al 11.5 por ciento del monto que se tiene ahorrado; sin embargo, tiene afectaciones, pues además de reducir el monto para la jubilación, disminuye las semanas acumuladas de cotización.
A raíz de la pandemia de Covid-19 los retiros parciales por desempleo cerraron 2020 en un nivel sin precedente, pues llegaron a 20 mil millones de pesos, cifra 66 por ciento superior a los 12 mil millones de 2019.
El mecanismo de retirar dinero de la cuenta para el retiro comenzó en México en 2009, y hasta el año pasado fue el único país en permitirlo.
- En 2020, Chile y Perú siguieron el ejemplo de México. En el caso de Chile, se promulgó el llamado Decreto de 10 por ciento para permitir que sus trabajadores pudieran retirar ese porcentaje de sus ahorros.
- Lo anterior dio como resultado que cerca de 9.5 millones de chilenos, de los 11 millones afiliados a fondos de pensiones privados (AFP), hayan retirado parte de su ahorro, como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia.
En el caso de Perú, país con 32.5 millones de habitantes, de los cuales sólo 7.7 millones están afiliados a una AFP y tienen una cuenta individual, ya se han retirado cerca de 4 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 10 por ciento del ahorro total en las administradoras. Las cuentas de 1.9 millones de peruanos han quedado en cero.
Ante este escenario de retiros masivo, destacó Vela Dib, los sistemas de pensiones de esos países se han agravado, dando como resultado que las autoridades estén contemplando incrementar en cinco años la edad de retiro y elevar las aportaciones obligatorias de sus trabajadores con el fin de compensar parcialmente el impacto en los fondos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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