La crisis del desplazamiento forzado a raíz de la violencia en México apenas comienza. Casi una tercera parte de los municipios del país tienen actualmente menos habitantes de los que tenían antes del aumento de los homicidios en todo el país.
En la última década la tendencia de crecimiento de población en México comenzó a cambiar en 691 municipios del país: en ese 28 por ciento del total de ayuntamientos la población disminuyó.
Aunque estos municipios que están despoblándose se reparten en todo el país, la gran mayoría se concentran en tres regiones ubicados en las principales zonas de conflicto entre organizaciones criminales:
- El noroeste y occidente, controlado por el Cártel de Sinaloa;
- En el noreste, controlado por Los Zetas;
- Centro y norte, controlado por el Cartél Jalisco Nueva Generación; y
- Sureste, en estados dominados por La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.
El fenómeno de desplazamiento forzado interno también puede ser atribuido a otras causas como los desastres naturales y el desarrollo de megaproyectos de inversión, pero las zonas de mayor despoblamiento coinciden con los puntos en los que también hubo un aumento repentino de la violencia homicida.
La violencia homicida
En el país cada año nacen más personas de las que fallecen gracias a lo cual la población del país crece, según estimaciones oficiales, a un ritmo de 1,4% anual. Esta tendencia permanece desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Sin embargo, en los últimos 20 años, en algunas partes del país surgieron y comenzaron a expandirse algunos puntos en los que la tendencia fue a la inversa: zonas que, en vez de tener cada vez más habitantes, comenzaron a perder población.
Los registros censales e intercensales del INEGI señalan que, sólo entre 2010 y 2015, 691 municipios del país comenzaron a despoblarse.
Según el “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la movilidad de las personas registrada en el país en los últimos años es originada por “una violencia diferente”.
Esta es ejercida por “grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional”; incluso en centro del país, y cuya operación “no se ha podido frenar por parte de las autoridades”.
Infructuosos “esfuerzos”
En diciembre de 2016 se cumplió una década desde la puesta en marcha de la que popularmente se denominó “guerra contra el narco” y, aunque es difícil determinar con exactitud los resultados obtenidos con esta estrategia oficial, algunos rasgos de esta confrontación entre fuerzas públicas y grupos criminales sí pueden analizarse.
- Estadísticas del INEGI dejan ver, por ejemplo, que entre 2006 y 2010 en 827 municipios del país se experimentó un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: en ellos hubo un incremento repentino de la violencia homicida, que coincide con el inicio de la guerra contra el narco.
- La violencia continuó aún después del cambio de administración federal: entre 2011 y 2015 (los últimos dos años de gobierno del expresidente Calderón y los primeros 3 del presidente Peña), y se registró un nuevo incremento en el primer año de gobierno de López Obrador.
- En este último lustro, otros 275 municipios se sumaron a la lista de localidades en las que aumentaron los homicidios. Así, entre 2010 y 2015, un total de 1.102 municipios del país sufrieron un aumento en esta violencia homicida. Eso equivale a 49 por ciento de los municipios del país.
Cruda realidad
Uno de los testimonios recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ilustra dicha violencia:
- “Fuimos desplazados por la delincuencia organizada”, narró una víctima de Guerrero. ” Somos 58 familias y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Fuimos atacados en nuestras casas […] Llegaron cinco veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27 [víctimas fatales]. Una niña de ocho años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí”.
Esta problemática, sin embargo, “no ha sido documentada y analizada de forma integral por el Estado – Gobierno, lo cual constituye el principal obstáculo, de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno”, tal como concluyó la Comisión Interamericana, al presentar su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el país.
4T, incapaz ante el desplazamiento forzado
Familiares de desplazados acudieron el 27 de noviembre pasado a buscar una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas. Acusaron falta de voluntad política en un documento: “no hay una voluntad política para resolver nuestras demandas, regresarnos a nuestras casas”.
- Los activistas señalan que el desplazamiento forzado no es una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ha continuado; incluso hoy en día golpea las alcandías de la propia Ciudad de México, como por ejemplo: GAM, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y la Cuauhtémoc.
- En su último reporte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) registró de enero a diciembre de 2018 un total de 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en el territorio mexicano.
- Con 13 casos, más de la mitad de esos eventos ocurrieron en Guerrero (13), mientras que a nivel nacional, 11 mil 491 personas fueron forzadas a dejar sus hogares. La CMDPDH registró 5 mil 56 personas desplazadas sólo en Guerrero; 590 son menores de edad.
Desplazamientos no han parado en 2019
Durante este año huyó más gente de las comunidades de la zona serrana en la entidad. También, de Zirándaro, Tierra Caliente, de acuerdo con el Centro Regional José María Morelos y Pavón.
Familiares desplazados acudieron el 27 de noviembre pasado a buscar una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Acusaron falta de voluntad política en un documento: “no hay una voluntad política para resolver nuestras demandas, regresarnos a nuestras casas”.
Los activistas señalan que el desplazamiento forzado no es una prioridad del gobierno federal. Para las víctimas, López Obrador ha mostrado negligencia y desdén. El gobierno federal canceló diversas citas con los desplazados de Guerrero y Michoacán, así como otras entidades del país afínales de 2019 y este 2020.
Los casos críticos en Guerrero se concentran en la región de la Tierra Caliente. En el municipio de Zirándaro tan sólo hay mil 800 desplazados; en Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, 208 personas están “retenidas por un grupo paramilitar”.
- Son lugares fantasma, con iglesias, escuelas y casas abandonadas. En enero participaron con una comisión de funcionarios en la elaboración de una ley que sancione y dé responsabilidades puntuales a los responsables de este despojo, pero nada sigue haciendóse.
- Sólo una vez se pudieron “colar” en una reunión con López Obrador, pero con familiares de desaparecidos de Ayotzinapa. A los desplazados y sus familias nunca los recibió ni aun acampando más de un mes frente a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.
“La desaparición va de la mano con el desplazamiento. En Leonardo Bravo se tuvieron que desplazar familias. A una le quitaron un hijo, un esposo. Los de Copalillo, región norte, les pasó lo mismo. Primero hay desaparecidos y luego el desplazamiento, López Obrador no puede atender sólo a desaparecidos: el desplazamiento va de la mano”, advierte Teodomira.
Desplazamiento hormiga, otro problema
- La gente se va de uno a uno por miedo. Eso ocurre en zonas donde por la presencia de grupos armados, como en Guerrero, Sinaloa y Michoacán, que hay tres de tráfico de drogas y dos autollamadas policías comunitarias de civiles armados, no pueden llegar.
- Han pedido el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también las locales, pero son misiones difíciles de lograr, y cuando llegan ven pueblos abandonados, masacrados y como siempre, cuando acuden a las zonas en conflicto ya es muy tarde.
- “No hay una estrategia de seguridad nacional clara, acusan víctimas y expertos en seguridad. Y si la hay cuando menos nosotros vemos que este problema del desplazamiento no forma parte de la estrategia de seguridad nacional.
Desplazamientos estratégicos
De acuerdo con ONG´s y activistas en derechos humanos las zonas donde ocurren los desplazamientos coinciden en la riqueza de recursos naturales. Son territorios principalmente colindantes con el Estado de México, Michoacán y Guerrero, pero ahora igual en regiones con alto poder adquisitivo como el centro de la CDMX.
- “Los desplazamientos se dan en zonas productoras de amapola. En zonas que tienen muchos recursos naturales, como madera y agua, pero también son regiones que tienen concesiones mineras.
- “Es una estrategia de Estado. Finalmente para aplicar, ejecutar condiciones mineras, tanto para el Estado como las empresas mineras, es mejor tener zonas despobladas, donde no haya exigencia de nada”.
Aunque las cifras varían de región en región, la CMDPDH coincide en las zonas y alerta un incremento del fenómeno, durante 2018 y 2019. Hay un contexto desatendido de manera histórica en México que abre paso al desplazamiento, explica el Centro Morelos en su resumen de episodios de desplazo./Agencias- PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
