Expertos de la ONU en derechos humanos de los migrantes denunciaron que el Gobierno de México no atendió las opiniones que le transmitió en el pasado y que cuestionaban el uso extendido de los centros de retención, como el que sufrió recientemente un incendio en el que murieron 40 personas indocumentadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
- El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes sostuvo que, en el 2017 y en el 2022, expresó a México su preocupación por el patrón de detenciones de migrantes y pidió entonces a las autoridades que el encierro de éstos fuese una medida de último recurso.
- En esa ocasión, el comité también recomendó “desarrollar un plan de acción para asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso y por el menor tiempo posible”, así como “garantizar condiciones dignas y adecuadas en los centros de detención, erradicando el uso de celdas de castigo, y poniendo fin a las situaciones de hacinamiento y superpoblación”.
- El comité también recomendó adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir los abusos a los derechos humanos en los centros de detención de migrantes, al investigar los abusos con prontitud e independencia cuando ocurran, imponer las sanciones correspondientes y brindar medidas de reparación adecuadas a las víctimas.
Por esa razón, ahora sus integrantes pidieron a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación exhaustiva que dé con los responsables, y una reparación del daño para las familias de las víctimas del incendio ocurrido el 27 de marzo pasado.
Precisamente, familiares de migrantes de Venezuela denunciaron que hasta el momento no tienen información sobre la entrega de cuerpos de las personas que fallecieron en el incendio del centro de detención migratoria, debido a que su consulado sigue sin darles respuesta.
Ayer, durante una conferencia de prensa que realizaron en esa localidad, señalaron que se han visto en la necesidad de pedir apoyo a otros consulados para saber que se trata de sus seres queridos, e incluso se han visto en la necesidad de acompañarse del sacerdote de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo, para pedir apoyo a las autoridades.
De acuerdo con reportes locales, apenas ayer ya se habían acercado al Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez diversas funerarias, lo que abría la esperanza de que comenzara la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas; sin embargo, no ha resultado y aún no hay fecha para ello.
Insta CIDH a México a investigar muerte de migrantes en Chihuahua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a conducir las investigaciones “en su rol de garante de la integridad de migrantes bajo custodia”.
- A través de redes sociales, recordó que los Estados deben tomar medidas para erradicar la privación de la libertad de personas en contexto de movilidad. “No obstante, deben garantizar que la detención se utilice excepcionalmente, según lo autorizado por ley, y cuando sea estrictamente necesaria, razonable y proporcional a un propósito legítimo”.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) México señaló que lo que sucedió “es un botón de muestra de lo que ocurre en la mayoría de los centros de detención”. La directora ejecutiva de esta organización, Edith Olivares, expuso que el hecho de que existan espacios de este tipo, refleja “una política criminalizante de la migración, que no respeta ni garantiza los derechos de las personas a migrar, que además está arrastrándoles a peligros que pueden derivar incluso en la muerte”.
- Al presentar el informe anual de AI, reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos y al de México “a reelaborar su política migratoria que sea una garante de los derechos humanos, que respete el derecho de las personas a migrar, (porque) esto no es un delito y las personas que estaban recluidas (en Ciudad Juárez) no cometieron ninguno”.
- En el informe capítulo México, AI destacó que el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a derechos humanos.
El INM “ocupó el tercer lugar con mil 997 denuncias y la Comar el décimo con 333”, dijo Olivares.
Además, mencionó, las autoridades mexicanas detuvieron al menos a 281 mil 149 personas migrantes y deportaron a 106 mil 8, incluidas niños y niñas no acompañados.
“Durante 2022 las autoridades mexicanas detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en aeropuertos de todo el país, sometiéndolas a tratos inhumanos y degradantes”, enfatizó. Asimismo, indicó que las personas expulsadas a México desde Estados Unidos también “fueron sometidos a múltiples formas de violencia, incluyendo secuestros, violencia sexual y robo”.
SCJN advirtió sobre fallas en centros del INM
Desde el 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión fue omiso, al no incluir regulación alguna para estaciones migratorias y desde hace 11 meses el Senado dejó congelada en comisiones la propuesta para resarcir esa omisión, pese a la evidencia de violación a los derechos de los migrantes y de las pésimas condiciones de las instalaciones.
- En el recurso de revisión 282/2019, la Corte concedió el amparo y la protección al quejoso, “en contra de la omisión del Congreso de la Unión de emitir las normas sobre el control de la detención en materia migratoria, en cumplimiento a la obligación a su cargo a que se refiere el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para los efectos precisados en esta sentencia; así como respecto de los artículos 100 de la Ley de Migración, por los motivos, fundamentos y para los efectos precisados en la sentencia recurrida”.
La Corte notificó a las Cámaras del Congreso de la Unión, es decir, el Senado y Diputados, para efectos de resarcir la omisión respecto de la regulación de las estaciones migratorias.
Ante la inacción en el Senado, por parte de la mayoría que encabeza Morena, la panista Nadia Navarro presentó el 27 de abril del 2022 la propuesta para que se regularan las estaciones migratorias.
- La legisladora recordó que de acuerdo con estudios realizados entre las comunidades de migrantes que estaban en esas estaciones, se ha documentado que en ellas “no se respeta el deber de informarles sobre sus derechos.
“Sólo el 66.9% señaló haber sido informado sobre los motivos de su detención, el 57.0% dijo conocer que tiene derecho a un retorno asistido a su país; sólo el 41.6% está informado sobre la posibilidad de pedir refugio; el 38.0% refirió que sí le informaron la dirección de la Estación Migratoria en la que se encontraba y el 35.4% expresó que recibió por escrito las reglas de operación del recinto migratorio.
“Las condiciones físicas de los recintos migratorios no son óptimas. Respecto a la valoración de las instalaciones, se les pidió a las personas entrevistadas que mencionaran tres cosas que funcionaban de forma óptima al interior del recinto migratorio. Los resultados arrojaron: en primer lugar, los alimentos 23.2%, después la higiene de las instalaciones 14.7%, las condiciones de las instalaciones en general 12.6%, los dormitorios, colchonetas y cobijas 8.1%, el trato digno y la actitud del personal del Instituto Nacional de Migración 7.9%”, citó la senadora Navarro.
- También recordó que estos estudios arrojaron que “en mucho menor medida se consideró que funciona bien la atención médica, psicológica y la prescripción de medicamentos 3.7%, las actividades y espacios recreativos 3.6%, la seguridad y orden 2.8%, la telefonía y permisos para realizar y recibir llamadas 2.1% y los artículos de higiene personal 1.1 por ciento.
“La no discriminación y trato digno. Se les preguntó si durante su estancia fueron maltratados, o si consideran que fue violado alguno de sus derechos, 2.8% refirió sufrir gritos, 1.1% insultos, 0.9% burlas, 0.5% castigos, 0.4% robo de pertenencias, al 0.2% les pidieron dinero, al 0.2% lo discriminaron por su color de piel o por su religión y el 0.1% se sintió acosado sexualmente”, establece la exposición de motivos de la iniciativa que la panista Nadia Navarro presentó desde el 27 de abril del 2022 y que hasta el momento ha sido ignorada en las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y Estudios Legislativos.
A pesar de la muerte de 40 migrantes, por quemaduras y asfixia, después de ser encerrados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, sin que nadie les abriera las rejas aún cuando se expandía del fuego, hasta el momento las comisiones del Senado no tienen planeado aprobar la propuesta de la panista.
Amnistía Internacional señaló a México por tratos inhumanos a migrantes
Mientras Estados Unidos siguió implementando prácticas como la devulución de migrantes a México amparado en el Título 42 – implementado a raíz de la pandemia de Covid-19 – y generando “daños irreparables” en las personas expulsadas, una vez en suelo mexicano estas personas fueron recluidas de manera masiva en centros de detención, en donde fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes, mientras que algunos solicitantes de asilo fueron deportados.
Es este último factor el que generó, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que una protesta de migrantes contra su deportación, terminara con la muerte de al menos 37 personas como consecuencia de un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Otros ejemplos de ello, son los constantes hallazgos de personas migrantes ahogados en distintos puntos del Río Bravo, que buscan ingresar a Estados Unidos de manera ilegal o el secuestro del que son víctimas al transitar por las carreteras del país rumbo a la frontera norte.
- Amnistía Internacional presentó su Informe sobre La situación de los Derechos Humanos en el Mundo, en donde puntualizó el clima de violencia que se vive en México, la violencia contra la mujer, casos de desaparición, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero también la situación migratoria que enfrenta el país.
Si bien se señaló una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en materia migratoria en toda la región de las Américas, es en su extenso informe sobre México que la organización advirtió que el Instituto Nacional de Migración (INM) es la tercera institución con más quejas por violaciones a derechos humanos en el año 2022, pues congregó un total de mil 997 quejas.
Mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tramita permisos a migrantes para su estadía en el país, se ubicó en el décimo lugar entre las instituciones con más quejas, al documentarse un total de 333.
- Los números de la tragedia: Los números que presentó el informe revelaron que durante el último año se recluyeron a al menos 281 mil 149 personas en centros de detención y se expulsó a 98 mil 299. Además de que se recibieron 118 mil 478 solicitudes de asilo, principalmente de migrantes procedentes de países del Caribe, como Cuba y Haití, pero también de Honduras y Venezuela.
Amnistía Internacional reveló que entre las personas expulsadas se encontraron casos de personas procedentes de América Central, aunque recientemente se ha reportado la presencia de ciudadanos de Afganistán e incluso de India, quienes buscan atravesar el país para ingresar a Estados Unidos.
“Durante el año, las autoridades detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en los aeropuertos de todo el país y las sometieron a tratos inhumanos y degradantes”, advirtió la organización.
- El efecto Trump: Como parte de este informe también se advirtió sobre el efecto que tuvo la política migratoria de Estados Unidos en México, como la aplicación del polémico Título 42, el cual se implementó durante la administración de Donald Trump para expulsar a migrantes hacia México bajo el pretexto de la pandemia de Covid-19.
Al ser devueltos a México por los distintos puestos de entrada y salida de Estados Unidos, los migrantes fueron sometidos a diversas formas de violencia, e incluso fueron víctimas del crimen organizado y parte de la comisión de diversos delitos como secuestro, violencia sexual y robos.
Aunque se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró sentencias históricas para la protección de personas migrantes, se precisó que el Ejecutivo federal no ha publicado protocolos oficiales claros para la protección de migrantes que son devueltos a México bajo las políticas estadounidenses.
Entre las sentencias que Amnistía Internacional destacó se encuentran la declaración de inconstitucionalidad en contra de las revisiones migratorias, al considerar que son discriminatorias./Agencias-PUNTOporPUNTO
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