Según investigaciones y testimonios recabados por la Fiscalía General de la República (FGR), al menos cuatro ex gobernadores que eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están implicados con la llamada “Estafa Maestra”.
Este era un mecanismo a través del cual durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior de diversos estados, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
- Según el mismo rotativo, entre los señalados por testigos se encuentran los ex mandatarios estatales del Estado de México, el actual senador Eruviel Ávila Villegas (16 de septiembre de 2011-15 de septiembre de 2017); de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz (1 de abril de 2011-4 de septiembre de 2016).
- Así como los ex gobernadores de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes (12 de septiembre de 2010-11 de septiembre de 2016); y, Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo (5 de abril de 2011-24 de septiembre de 2016).
- Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR.
Según el ex funcionario federal, tanto Peña Nieto, como Robles Berlanga orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades en las que se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social.
Dichas instituciones recibieron los contratos de la llamada “Estafa Maestra”, recursos para las campañas priístas que se operaron durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones Rivera (20 de agosto de 2015-20 de junio de 2016) y Enrique Ochoa Reza (12 de junio de 2016-2 de mayo de 2018) en el PRI nacional.
Según el mismo rotativo, otro personaje clave en la operación de la llamada “Estafa Maestra” fue Simón Pedro de León Mojarro, cuñado del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y ex coordinador de delegaciones de la SEDESOL durante la titularidad de Robles Berlanga en ambas secretarías.
“Además de Zebadúa, hay otros tres ex colaboradores de Robles que también negociaron el criterio de oportunidad para ser colaboradores de la FGR”, según indicó el diario Reforma.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones; y, María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU y la desaparecida SEDESOL.
“Horacio Duarte Olivares, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, operador electoral de Morena y actual director de Aduanas, adelantó que en la trama de la ‘Estafa Maestra’ surgirán más implicados”, abundó el rotativo.
“Se desmorona el pacto de silencio construido desde el interior de las mafias que gobernaron a México. Peña Nieto, Emilio Zebadúa, Rosario Robles y una lista de más nombres que están por salir.”#UnPeligroParaMexico”, escribió Duarte Olivares en su cuenta de la red social Twitter.
Fuentes del Gobierno Federal “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario [Zebadúa González] acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.
“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.
“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó Reforma.
Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
- Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.
“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.
Zebadúa busca eludir la cárcel
Emilio Zebadúa, brazo derecho de Rosario Robles, puede salvarse de la cárcel, aun cuando es el principal implicado en más de 20 averiguaciones y carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío de cinco mil millones de pesos.
Durante un año logró evitar su comparecencia antes los fiscales y jueces que siguen el caso de La Estafa Maestra y ahora, perdidos todos los recursos, ofreció a la FGR denunciar y probar que dicho fraude fue ejecutado por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y la que fuera su jefa en esas dependencias Rosario Robles, y que el destino de los recursos eran las campañas del PRI, de acuerdo a lo publicado hoy por Reforma.
- Zebadúa comenzó una negociación con la FGR hace una semana con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) para buscar el denominado “criterio de oportunidad”, es decir, volverse testigo colaborador para denunciar a presuntos criminales de mayor rango, a cambio de que los casos en su contra sean cancelados.
El primer encuentro con Zebadúa ocurrió el pasado lunes 19 de octubre en las instalaciones centrales de la FGR en Ciudad de México, según confirmó Animal Político. La reunión estuvo encabezada por el propio titular de la SEIDF, Juan Ramos López, funcionario que además es considerado la mano derecha del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
- El acercamiento de Zebadúa no es fortuito. Ocurre en un momento en que el exoficial Mayor ha perdido la mayor parte de los juicios de amparo que intentó promover en contra del citatorio que en su momento le giró un juez federal, a petición de FGR, para que compareciera a una audiencia en agosto de 2019. Misma audiencia a la que sí se presentó voluntariamente Robles y que dio pie a su encarcelamiento preventivo.
Con el paso de los meses Zebadúa amplió en juzgados federales de Chiapas sus demandas de amparo para que incluso no se le citara o no se procediera en su contra en ninguno de los casos que estaban abiertos, evitando con ello que se le giraran órdenes de aprehensión y se le considerara un prófugo de la justicia.
Los jueces federales que analizaron los casos terminaron concluyendo que no había razón para frenar las acciones legales en contra del exfuncionario y le negaron los amparos. Pero en los meses previos a dichas resoluciones y por cuestiones de procedimiento sí le concedieron suspensiones provisionales y definitivas lo que, en suma, le permitió al político chiapaneco permanecer mas de un año sin comparecer ante la justicia.
El que Zebadúa ya no cuente con recursos que frenen incluso su posible aprehensión es clave para la Fiscalía porque, de acuerdo con denuncias que han promovido tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el principal implicado en la trama de corrupción en dichas dependencias.
Lo anterior debido a que Zebadúa era el Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu y por tanto el responsable último de autorizar la salida de los recursos. La FGR tiene en curso más de 20 averiguaciones y carpetas de investigación donde Zebadúa figura como probable responsable de delitos de corrupción, entre otros.
- No obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) abre la puerta a personas implicadas en ciertos delitos a negociar posibles salidas alternas a delincuentes que se declaren culpables, o incluso cancelar procesos en su contra si a cambio denuncian hechos de mayor gravedad o alcance.
La propia Rosario Robles había adelantado en una carta que hizo pública la semana pasada que excolaboradores suyos buscaban negociar acuerdos con la Fiscalía para denunciar a políticos de alto nivel a cambio de evitar la cárcel.
¿Qué sigue para Zebadúa?
El artículo 256 del CNPP señala que para conceder un criterio de oportunidad como el que busca Zebadúa se debe aportar información útil y fidedigna que facilite al Ministerio Público proceder en contra de personajes de mayor jerarquía criminal que el probable responsable que es investigado.
- En los hechos esto se traduce en que Zebadúa deberá aceptar sostener ante un juez los hechos que declare ante la Fiscalía convirtiéndose de esta forma en un testigo colaborador. Además, y por regla general debería cubrir de alguna manera (devolución de bienes o dinero) el daño que haya causado.
- En el caso de Zebadúa, como en el de Robles, dicho daño asciende a cinco mil millones de pesos. A Robles, a diferencia de Zebadúa, no se le ha responsabilizado de ordenar la salida del dinero pero sí de no evitarlo (omisiones), y la Fiscalía ha pedido que regrese dicha cantidad de dinero.
La concesión de criterios de oportunidad es una práctica que ya se ha presentado en grandes casos de corrupción en los últimos años. Sucedió con los desvíos millonarios en el gobierno de Javier duarte en Veracruz, donde los fiscales aceptaron retirar cargos al menos a tres implicados, incluyendo el propio extesorero del estado Tarek Abdalá, a cambio de que declararan en contra del propio Duarte.
El caso mas reciente es el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya quien ya denunció hechos de corrupción ante la FGR implicando incluso a expresidentes, con lo que busca obtener el criterio de oportunidad y que así se le cancelen los procesos abiertos en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. En este caso en particular la Fiscalía aun no decide si conceder o no dicho beneficio a Lozoya.
Zebadúa debe decir en dónde está el dinero: exaAuditora
Para la exauditora Muna Dora Buchahin, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Rosario Robles Berlanga, el hecho de que Emilio Zebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quiénes participaron en los actos de corrupción.
De acuerdo con esa versión, Emilio Zebadúa ofreció revelar que Robles, presa desde agosto de 2019 acusada de participar en una red de corrupción de presuntos desvíos, fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales.
- Al respecto, la exauditora Muna Dora Buchahin dijo en entrevista con SinEmbargo, que desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por las investigaciones periodísticas y por las declaraciones de algunos implicados, el esquema de participación está más que claro. Pero al ser Zebadúa un personaje clave en las dos dependencias, puede dar más luz sobre el destino del dinero para que éste sea recuperado y se abone más en la reparación del daño.
El equipo cercano que Robles trasladó a la Sedatu en 2015, estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
Zebadúa, en la Oficialía Mayor, fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 12 de diciembre de 2012, Rosario Robles Berlanga tomó protesta a su equipo de trabajo en la Sedesol. En la imagen Emilio Zebadúa González, quien fue designado como Oficial Mayor en esa dependencia durante ese año.
- La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
- El 4 de agosto de 2019, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Robles Berlanga y Zebadúa. Días después, el 29 de ese mismo mes, este hombre habría obtenido de un juez federal una suspensión definitiva contra cualquier intento por parte de la Fiscalía para ejercer un procedimiento penal en su contra. No fue la única acción, sino que intentó con amparos que le fueron negados.
Zebadúa es clave: exAuditora
–No es menor que el Oficial Mayor de Rosario en Sedesol y Sedatu se haya acercado con la FGR. Si esto se confirma, ¿qué representaría en el caso Rosario?
–Tendría que representar, uno, que va a rebelar lo que ya sabemos los que realizamos la investigación, los que estuvimos a cargo. Es una realidad que no se puede esconder. No solamente por la evidencia contundente, documental que hay detrás del dinero y resultado de las auditorías, sino también por las manifestaciones que han hecho quienes estuvieron laborando cerca de Rosario y gente vinculada que estuvo en las universidades y demás y que fueron parte de la operación de todos estos recursos. Eso es algo que va a tener que quedar claro.
A lo mejor más allá de esto, de ver qué le significa a ella es ver qué le significa a todos en este país, cómo poder obtener todos un beneficio, que es la devolución de los recursos. Y la otra parte importante es reafirmar la capacidad en las áreas de investigación, de detección de aquellas conductas que pueden ser vinculadas a hechos y faltas a hechos delictivos, porque necesitamos separar estas dinámicas que prosiguen en este país.
–En la carta que envió Rosario el pasado 26 de octubre, ella se adelanta al decir que la FGR estaba ofreciendo impunidad, de acuerdo con sus propias fuentes, a personas que estuvieron cerca de ella en los delitos de los que se le acusan. ¿Usted cómo ve esta versión de Rosario en la que ve más venganza política que cargos en su contra?
–A través de todo lo que hemos conocido por las investigaciones, que no solo es Emilio, sino que hay otros actores vinculados a ella que fueron también en su momento señalados como probables responsables que no tenían en este contexto responsabilidad e incluso habían denunciado en el Órgano Interno de Control (OIC) porque habían falsificado sus firmas en convenios y otros que sí tuvieron conocimiento perfecto de los hechos y se prestaron a ello por órdenes de Rosario y Zebadúa, según informaron.
Entonces se habían acogido a este criterio de oportunidad que brinda la propia ley, que dice que si otorgas información útil que pueda servir para procesar a quienes están arriba de todo y tener una mejora en los hechos judicializados se puede optar por ello.
Si esto que estamos leyendo es cierto, los lleva a un testigo más. Emilio es uno de los otros colaboradores que se están prestando a esto y por supuesto, no hay que dejar pasar, que él estuvo amparándose, a lo mejor estaba esperando que todo sucediera para favorecerle y nos enteramos que no, se declinaron sus amparos y en este caso el acercamiento con la FGR fue la mejor opción que tuvo a la mano.
Él es una de las piezas clave, por supuesto, pero también los demás operadores testificaron en los demás hechos y en todos está involucrado.
–Entonces la idea de que todo es una venganza contra ella, con todos estos datos se hace más débil.
–Yo entiendo que alguien que está en una situación como la de ella, siempre van a alegar su inocencia, que inclusive es parte de sus herramientas y derechos de debido proceso. Nosotros que realizamos la investigación y yo en particular tengo claro cómo se dieron los hechos. Y son públicos.
No hay otro modo de poder justificar. Ya tenemos los testimonios de quienes participaron y nos dijeron claramente que a ellos solo les ordenaban –y no de uno, de varios–, tenemos las pruebas del lugar donde se fabricaban todas las evidencias, la renta del dinero, de las empresas, de quiénes operaban, de los rectores que participaron y que unos se prestaron a ser colaboradores.
Tenemos toda la información, el de Zebadúa es un testimonio más que puede dar contundencia, sin duda alguna, pero es uno más que suma a toda la investigación de la cual fuimos precursores.
Yo lo vería como algo complementario porque sabe que en este contexto no puede librarlo y que tiene que saberse la realidad. Ojalá comunique algo más allá de lo que ya sabemos, porque todo lo demás ya lo sabemos, lo difícil siempre es comprobarlo.
Que tengan todos los elementos que se tienen, toda la serie de actos, inferencias, datos de prueba, fuentes que aportamos de prueba nosotros para poder judicializar la carpeta de investigación.
A mí me gustaría que Emilio dé datos claros de los cientos de contratos que se realizaron, el flujo, quién operaba cada uno, cómo se fueron dando, pero con un entramado claro, que nos permita ver cuándo y dónde, todos los hechos y las circunstancias. Eso sería lo interesante.
–Y todo en el afán de encontrar algo del dinero, como decía usted al inicio.
–Todo el dinero ¿no? ¿Quién se puede gastar tanta lana junta? Son millones y millones, hay prestanombres, tantas cosas.
Hay que recuperar todo y asegurarnos de que quede lo mejor, porque si se recupera para que se vuelva a quedar guardado, pues no. Hay que recuperarlo y parte de eso tiene que ver con la restauración del daño./Agencias-PUNTOporPUNTO
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