Siguiendo la lógica de austeridad que emana desde la cúspide del Gobierno federal, durante 2022 al menos 25 de los 32 órganos electorales de los estados sufrieron recortes presupuestales para su operación, señala un diagnóstico del Instituto Nacional Electoral (INE).
- El documento clasifica a cuatro Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en alerta roja, debido a que las restricciones presupuestales ponen en riesgo la operación de los institutos.
- Se trata de los órganos de la Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos, la mayoría gobernados por el partido oficial Morena, y a los cuales el año pasado los gobiernos locales les pasaron tijera por entre 41 y 65% de sus recursos.
Con riesgo moderado, debido a que los recortes ya comienzan a afectar sus actividades, están los Oples de Campeche, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
- En las restantes entidades, aunque se les han ministrado menores recursos a los que solicitaron, todavía no se tiene un impacto en la organización de elecciones.
- Respecto al caso de la Ciudad de México, el INE resalta que “el recorte presupuestal que se aplicó para 2022, por más del 50%, afectó tanto la operación como el financiamiento público de los partidos políticos”.
Ante la insuficiencia de recursos, el órgano electoral tuvo que utilizar parte de los recursos de financiamiento de partidos políticos de 2022 para cubrir sus gastos operativos, lo cual tuvo como consecuencia que se solicitarán al Gobierno de la capital del país ampliaciones por 39 millones de pesos para reponer los recursos que se tomaron de los partidos y por 16 millones de pesos para atender las demandas laborales que derivaron de los despidos por la reestructura de funciones.
Lo anterior, es una situación que en los próximos meses podría enfrentar el INE, pues la instrumentación de la reforma electoral federal, conocida como Plan B, según el propio instituto, implicaría recortar casi siete mil plazas.
- En la Ciudad de México, de manera adicional, el órgano electoral informó que estaban a la espera de que Morena cumpliera el compromiso de reintegrar 80 millones de pesos de su financiamiento local, lo cual hasta diciembre pasado no había sucedido.
- Respecto a Colima, el estudio señala que la tijera del gobierno morenista recortó 65% del gasto operativo del Ople, el cual urgió a una ampliación de 16 millones de pesos para pagar sueldos de funcionarios y gastos operativos.
- Tras lo cual el instituto local recibió un depósito de 4.2 millones de pesos, lo cual solo le alcanzó para cubrir los sueldos atrasados de trabajadores.
Entre las acciones de austeridad que implementó el órgano electoral de Colima está “privilegiar la modalidad de trabajo a distancia, cierre de los Consejos Municipales y que las sesiones, tanto del Consejo General como las Comisiones, se efectuarían de forma virtual, además de la suspensión de todas las actividades internas o externas que requieran la inversión de recursos”.
Aún con el cierre de actividades, el Ople, a finales de 2022, quedó con sendas deudas, como el “pago de rentas de los inmuebles que albergan los 10 Consejos Municipales Electorales, así como del de la oficina central; los servicios básicos, las aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado y el pago de impuestos federales y estatales”.
- En Durango, la falta de recursos generó que el órgano electoral de la entidad quedará a deber 2.8 millones de pesos de gastos operativos y 5.8 millones de pesos de adeudo por la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la pasada elección de gobernador.
- Respecto a Morelos, el INE destaca que el Congreso estatal negó las solicitudes de ampliación por más de 28 millones de pesos, lo cual dejó con un déficit al organismo electoral para enfrentar ese año y sin cumplir varios proyectos, como una consulta en materia de candidaturas indígenas.
Para 2023, según el diagnóstico del INE, los Oples del país solicitaron un total de 6 mil 306 millones de pesos para sus gastos operativos; 2 mil 360 millones de pesos, destinados a la organización de procesos electorales, y 6 mil 259 millones de pesos para financiar a los institutos políticos; es decir, un total de 14 mil 917 millones de pesos, sin tomar en cuenta los recortes presupuestales que pudieran presentarse a lo largo del año.
Oples tendrán 2 mil millones de pesos menos este año
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) operarán este año con dos mil 86 millones de pesos menos al presupuesto solicitado, pues en conjunto recibirán 12 mil millones de 14 mil requeridos.
- Nueve Oples serán los más afectados al enfrentar reducciones de entre 50% y 75% en sus asignaciones, a lo que se suma que ya habían tenido recortes en 2022.
- El de Nayarit encabeza la lista con 75.87% menos presupuesto, seguido de San Luis Potosí, con 74.35%; Colima, 70.28%; Puebla, 63.82%; Oaxaca, 59.55%; Zacatecas, 53.08%; Querétaro, 52.17%; Nuevo León 50.75% y Yucatán, con 49.83 por ciento.
- Nayarit concluyó el año fiscal con una reducción de 10.86%; para 2023 pidió 86 millones de pesos de gasto operativo, pero se le asignaron 20.7 millones.
- San Luis Potosí finalizó 2022 con 33.78% menos recursos y para 2023 su recorte ascenderá a 74.35%, pues de 296.4 millones solicitados, sin contar financiamiento a partidos, sólo dispondrá de 76 millones de pesos.
Colima requería de 64.2 millones para su gasto ordinario, pero el Congreso local le otorgó solamente 18.5 millones, 70% menos.
Con un recorte de 42%, el Ople de Campeche también operará en números rojos y con adeudos de seis meses en el pago de rentas y diversos servicios.
Encararan el Plan B electoral de AMLO
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) harán un frente común con el Instituto Nacional Electoral (INE) para encarar las modificaciones aprobadas en el Plan B de la Reforma Electoral, principalmente porque afecta las estructuras electorales y a los integrantes del servicio profesional electoral.
- La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) prepara los recursos jurídicos que presentarán por las “afectaciones a la autonomía” que generan los cambios a las legislaciones secundarias avaladas por el Congreso antes del pasado cierre del periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con el presidente de la organización que agrupa a todos los OPLES del país, Oswaldo Chacón, la ruta a seguir contempla el camino conjunto, aunque en algunos casos también habrá recursos individuales por las legislaciones locales.
- Explicó que en algunos estados “choca” lo avalado por el Congreso con las leyes estatales, lo que también puede dar pie a impugnaciones ante los tribunales estatales.
- Pero indicó que la ruta principal es llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la par de lo que hará el INE, por su propia vía.
Hay ejercicios diferentes con el mismo fin, por eso se tiene que concretar el análisis de los impactos de las reformas que sí se publicaron y de las que todavía prevén aprobar, según su agenda, en el Congreso al inicio del periodo ordinario.- Oswaldo Chacón, Presidente de la AIEEF
“Desde el inicio, es decir, desde que se avalaron las reformas del Plan B, los OPLES comenzamos el análisis, independientemente de lo que está haciendo el INE con sus juntas locales y distritales, con las que también trabajamos a nivel estatal.
“La realidad es que tenemos que proceder en conjunto y en lo individual, de acuerdo con las implicaciones y alcances a las legislaciones locales; entonces, hay ejercicios diferentes con el mismo fin, por eso se tiene que concretar el análisis de los impactos de las reformas que sí se publicaron y de las que todavía prevén aprobar, según su agenda, en el Congreso al inicio del periodo ordinario”, dijo.
- Comentó que es claro que toda esta reforma no afectará en este momento los comicios de este año, porque la reforma no tiene cabida para Coahuila y el Estado de México, pero apuntó que el impacto será directo en los comicios federales y locales del 2024, lo que generaría un efecto importante.
“Por eso se debe establecer con claridad cuáles serán las reglas para los próximos comicios y eso lo va a definir la Suprema Corte, será la que definirá la validez o no”, apuntó Oswaldo Chacón.
Explicó que uno de los elementos en los que se debe poner un énfasis especial es en lo que se refiere a la propaganda por parte de los servidores públicos, donde parecería que quedó un vacío o confusión por la contradicción entre la legislación aprobada y lo que establece el 134 constitucional, por lo que las autoridades electorales tendrán que suplirlo mientras lo resuelven los ministros del máximo tribunal del país.
Apuntó que, ante esta situación, las autoridades electorales, como en este caso los OPLES, están obligados a trabajar con mayor transparencia ante el ambiente de polarización que se vive en el país y la falta de una reglamentación clara.
- Al respecto, Paula Ramírez Höhne, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, comentó que los OPLES, junto con el INE y todas las autoridades electorales, forman parte de todo el sistema electoral nacional, por lo que las afectaciones a su funcionamiento son para todos.
- Es el desmantelamiento y una afectación significativa a las autoridades electorales y a la competencia política misma por el tema de la propaganda gubernamental, por lo que las impugnaciones procederán.- Paula Ramírez Höhne, Presidenta del IEPC
Dijo que por ello todos procedieron de inmediato a la revisión de las reformas del Plan B en materia electoral y también actuarán para su impugnación.
Mencionó que, en el caso de su estado, un ejemplo del contraste entre lo que contienen las reformas del Plan B y que afecta la legislación estatal es lo que reformaron respecto a los mecanismos de participación ciudadana, además de que, en lo general, se busca reducir la capacidad operativa de todas las autoridades electorales.
“Entonces todas nuestras funciones compartidas se ven debilitadas; es el desmantelamiento y una afectación significativa a las autoridades electorales y a la competencia política misma por el tema de la propaganda gubernamental, por lo que las impugnaciones procederán”, indicó.
El instituto alega sólo para seguir con privilegios: senadores
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “son una élite burocrática que quiere mantener sus privilegios”, para ellos la austeridad es algo descabellado y por eso no dudan en tratar de manipular y engañar a la opinión pública respecto al contenido de la nueva legislación en la materia, afirmó ayer el presidente del Senado, Alejandro Armenta.
- En respuesta a la decisión del instituto que encabeza Lorenzo Córdova de presentar todos los recursos jurídicos posibles para impedir que entren en vigor las reformas que afectan a seis leyes electorales, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, Armenta exhortó a los consejeros a entender que no forman parte de una aristocracia y no pueden ya vivir en la opulencia y “disponer de los recursos públicos con exceso y con abuso”.
- El senador resaltó que tanto el INE como la oposición están en su derecho de controvertir la reforma electoral ante la Suprema Corte, pero Morena y sus aliados la apoyarán, ya que el objetivo es que haya una verdadera democracia y el árbitro no actúe de forma abusiva y lejos de la austeridad republicana.
Resaltó que la minuta con las modificaciones a cuatro leyes que conforman la parte central de la reforma electoral se discutirá en el Senado la primera semana del próximo periodo ordinario, que se inicia el primero de febrero.
En entrevista aparte, el senador Napoleón Gómez Urrutia coincidió en que el “ataque frontal” del INE a la reforma es porque los consejeros quieren mantener el manejo indiscriminado de recursos públicos, los salarios millonarios que tanto han peleado y poder seguir actuando de manera parcial, siempre en contra de Morena.
La reforma avanza a una mayor democracia electoral e impide excesos del INE, como los ocurridos en el pasado proceso electoral, en el cual el organismo invalidó sin motivo real las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, recordó Gómez Urrutia. “Con la nueva ley no lo podrá hacer más”.
- Armenta señaló que el presidente del INE y otros consejeros “mienten, manipulan y engañan a la opinión pública”, al asegurar que la reforma impedirá fiscalizar las campañas y pondrá en riesgo la operación de la elección de 2024.
- Expuso que el Senado demostró que puede operar con un presupuesto mucho menor que el de hace años, pero en el INE insisten en pedir mayores recursos.
Armenta planteó: “¿Por qué tendría que haber un presupuesto ordinario obeso este año, cuando solamente hay elecciones en los estados de México y de Coahuila?”
Por su parte, el coordinador senatorial de Morena, Ricardo Monreal, subrayó que respeta al INE, mantiene su voto particular contra la reforma electoral, pero finalmente es la Suprema Corte la que tendrá la última palabra.
El bloque opositor en el Senado, que conforman PRI, PAN, MC y PRD, presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las dos primeras leyes del plan B de López Obrador, que ya se promulgaron./Agencias-PUNTOporPUNTO
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