México registró en la última década el asesinato de 154 activistas ambientales, 131 de ellos entre 2017 y 2021, reveló un reporte de la organización internacional Global Witness.
Casi la mitad de los activistas asesinados en México eran indígenas, y los conflictos por la tierra y la minería estuvieron relacionados en dos tercios de estos homicidios, y esa misma proporción de asesinatos se concentraron en Oaxaca y Sonora.
Tan sólo en 2021, México fue el País con mayor número de asesinatos de este tipo, al sumar 54, por encima de los siguientes:
-Colombia, con 33 asesinatos
-Brasil, con 26 asesinatos
-Filipinas, con 19 asesinatos
El activista José Santos, asesinado en Jalisco
De entre los casos, está el de José Santos Isaac Chávez, opositor a un proyecto minero en Jalisco y asesinado en 2021. Dirigente indígena y abogado, era candidato a encabezar el Comisariado Ejidal de Ayotitlán.
- «Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones. Lo encontraron muerto en su coche, que había sido conducido hacia un precipicio. Su cuerpo mostraba pruebas de tortura», indica el reporte.
- «El asesinato está lejos de ser el primero relacionado con la mina. Reporteros y activistas locales han denunciado desapariciones y asesinatos relacionados con la oposición a Peña Colorada, por los que nadie ha sido llevado ante la justicia».
El reporte añade que esa mina a cielo abierto ha representado un alto costo ambiental en una zona indígena, que incluye la destrucción del Cerro de Los Juanes.
- «Además, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha desarrollado un interés en la minería ilegal. El grupo impone sus condiciones y violencia contra el comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano».
La desaparición forzada de activistas
Global Witness advierte también sobre las desapariciones forzadas de activistas ambientales, dice, para sembrar el temor entre familias y comunidades, de las cuales documentó 19 en el año pasado.
Sostiene que las desapariciones son perpetradas por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada.
- Se refiere en particular al caso de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio yaqui, en el sur de Sonora, y al hallazgo de los restos de 6 personas en la zona, en septiembre del mismo año.
- «Tras múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad yaqui el año pasado, funcionarios declararon que creían que los cárteles de la droga eran los responsables.
- Algunos integrantes de la comunidad, sin embargo, dijeron que sospechan que gobierno y corporaciones interesadas en la tierra yaqui y los recursos están también involucrados», se apunta.
El reporte señala, además, el caso de la ambientalista mixteca, Irma Galindo Barrios, desaparecida en Oaxaca en octubre de 2021.
«Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte como resultado de su defensa de los bosques», se detalla.
Las obligaciones de México, según ONG
La organización argumentó que el Gobierno de México debe cumplir con sus obligaciones de investigar e impartir justicia en casos de violaciones de derechos humanos de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
- Asimismo, debe establecer una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluya la coordinación entre poderes del Estado, generación de políticas, así como para financiación que garantice la justicia ambiental.
También, se establece que debe diseñar, implementar y supervisar mecanismos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la información y al consentimiento bajo estándares internacionales
Estados de la República no cuentan con leyes de protección
Un par de periodistas asesinados más y 2022 será el año más sangriento del Siglo XXI para el gremio de comunicadores mexicanos; a la fecha, van 11 homicidios relacionados con la labor periodística, según datos de la organización Artículo 19. Pese a ello, 13 estados de la República no cuentan con leyes de protección en materia.
- Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son las entidades federativas sin legislaciones propias sobre seguridad para defensores de derechos humanos e informadores.
- No obstante, el total de estados sin mecanismos de protección para dichas personas asciende a 17, porque cuatro de los 19 territorios con leyes enfocadas en el tema no contemplan tal figura, de acuerdo con estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Que existan leyes así brinda certeza jurídica y amparo a los periodistas y defensores ante el contexto de riesgo y violencia prevalente en su trabajo, sin embargo, no asegura un ejercicio de su labor sin riesgo y sin agresiones, indicó a Publimetro Luis Knapp, coordinador de Defensa en Artículo 19.
Múltiples esfuerzos se necesitan para resguardar la actividad periodística y el activismo en favor de los derechos humanos, agregó el especialista; de entrada, que las autoridades cumplan cabalmente sus funciones, dijo, así como coordinación entre cada nivel de gobierno –federal, estatal y municipal.
“El que exista una legislación así es un paso a favor, pero no es una solución. Las soluciones para tratar de afrontar este clima de violencia e inseguridad contra periodistas requieren muchos esfuerzos, y no solo de una institución o una autoridad, sino un trabajo de Estado”, subrayó Luis Knapp.
- La Secretaría de Gobernación (Segob) encabeza la instancia Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; su cobertura es nacional. Hasta enero de 2022, los 10 estados con más personas registradas son Ciudad de México –192–, Michoacán –103–, Chiapas –101–, Jalisco –88–, Estado de México –81–, Veracruz –81–, Tamaulipas –67–, Guerrero –114–, Oaxaca –146– y Quintana Roo –74–; como se mencionó, estos tres últimos no cuentan con legislaciones en materia.
Un mecanismo de protección local tampoco es una solución porque las agresiones contra periodistas y defensores, en su mayoría, provienen de servidores públicos pertenecientes a los municipios o estados, apuntó el coordinador de Artículo 19.
Entonces, la persona periodista cuando le sucede una agresión así no confía en la autoridad estatal, para nada. Es muy común que nos digan eso los periodistas que documentamos con agresiones, es más, no recuerdo alguno que me diga «sí, yo quiero el mecanismo estatal porque le tengo mucha confianza y quiero que mi caso lo conozca».
No basta una normatividad
Se necesita una estructura normativa homologada a nivel estatal para proteger a los defensores y a los periodistas, pues el mecanismo nacional de Segob no basta para la terrible cantidad de ataques y de asesinatos vistos en la actualidad, aseveró en entrevista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
- La problemática en torno al tema no solo está en la legislación, añadió la senadora del Partido Acción Nacional, sino también en la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno, en el presupuesto destinado y en las políticas públicas. En la mayoría de las entidades federativas no se reconoce el conflicto, abundó, por lo cual le dejan a la federación esa gran responsabilidad
“Primero, (el problema con la protección para periodistas y defensores) es una falta de reconocimiento; segundo, una falta de entendimiento de que la solución se debe encontrar también a nivel estatal; y tercero, falta una estrategia clara de construir una ley, de generar un mecanismo y, por su puesto, de dotarlo de las herramientas necesarias para que funcione”, explicó Kenia López Rabadán.
- Hay estados con leyes de dicha naturaleza, pero no se ha visto una mejora en la situación de protección y seguridad hacia periodistas y defensores de derechos humanos, detalló, por su parte, el integrante de Artículo 19.
- Agregó, la Ciudad de México tienen un marco jurídico para garantizar la labor periodística, pero, conforme a lo documentado por la organización internacional, es uno de los territorios que año tras año registra más agresiones.
“Al no existir una ley, pues, las autoridades dicen ‘bueno, yo no estoy obligado a nada, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma que me obligue a hacer esto’. Entonces, las autoridades tienen ahí un incentivo perverso para lavarse las manos”, indicó Luis Knapp.
¿Leyes estatales? Un riesgo
Víctor Martínez Villa, abogado de la organización Propuesta Cívica, consideró que las legislaciones locales para proteger periodistas y defensores no son viables porque la mayoría de los victimarios son funcionarios de los gobiernos municipales o estatales.
Tres son los principales problemas de las leyes estatales en materia, abundó: agresores dentro de los mecanismos de resguardo, falta de coordinación entre las autoridades locales y federales y poco presupuesto destinado para su operación.
- Entre 2010 y junio de 2022, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejerció acción penal sobre 224 servidores públicos. Cinco ilícitos concentraron el 93.2% de las imputaciones hacia funcionarios: abuso de autoridad (53.1%), tortura (15.6%), contra la administración de justicia (9.4%), tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (7.6%) y lesiones (7.1%).
“Si yo me viera en riesgo por mi labor de defensa de derechos humanos y quisiera asistir a un mecanismo, la pregunta es ¿a qué mecanismo tengo que asistir, al federal o al local? Y eso solo hablando del tema del mecanismo, porque se cruzan un buen de temas más: procuración de justicia, atención a víctimas, desplazamiento, etcétera», cuestionó en entrevista Martínez Villa.
Pese a violencia récord contra periodistas, presupuesto proyecta aumento mínimo
A pesar de que 2022 ya es, con al menos 15 periodistas asesinados en 9 meses, el año más letal para periodistas en México desde que se tiene registro, el nuevo Proyecto de Egresos 2023 prevé un aumento mínimo para la Fiscalía encargada de investigar los ataques a la prensa.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) proyecta un presupuesto de 16 millones 272 mil pesos.
Esta cifra supone en términos reales, es decir, calculando ya la inflación, un aumento del 5%. Sin embargo, en términos prácticos se trata de un aumento de apenas 800 mil pesos más en comparación con el presupuesto que se solicitó para este 2022.
- De hecho, el presupuesto de la FEADLE es, junto al de la Fiscalía especializada en investigar delitos contra las personas migrantes (con unos 3 millones de pesos), uno de los más bajos en toda la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras llevan años catalogando a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y como un país donde prevalece la impunidad, ya que de 140 mil investigaciones abiertas entre 2010 y 2018 por crímenes en contra de comunicadores, solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que arroja unos niveles de impunidad superiores al 99%.
Para dimensionar el presupuesto solicitado a la FEADLE: mientras para la investigación de los ataques a comunicadores y activistas se prevé un gasto de 16 millones, la Fiscalía electoral, por ejemplo, proyecta 183 millones, es decir, 10 veces más; mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos tendrá 330 millones, hasta 20 veces más.
- Cabe señalar que esta Fiscalía especializada tiene como responsabilidad investigar los homicidios, desapariciones y ataques en contra de periodistas y también de activistas y defensores de derechos humanos, otro sector muy golpeado por la violencia.
- Por ejemplo, 2021 fue el año más violento para defensores ambientales en México con 25 asesinatos, mientras que en lo que va de sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman al menos 58 personas defensoras ambientales asesinados, de acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Otra Fiscalía especializada que tendrá un aumento marginal, pese a la gravedad y al tamaño de los delitos que enfrenta, es la Fiscalía de desaparición forzada.
De acuerdo con datos del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en más de 20 años solo se han emitido tan solo 33 sentencias federales en México por desapariciones cometidas por elementos policiacos y funcionarios del Estado.
Sin embargo, para 2023 se pidió un presupuesto para esta Fiscalía de 22 millones de pesos, siendo otros de los más bajos en toda la FGR. Esta cifra supone un aumento en términos reales del 6%, aunque en la práctica son solo algo más de dos millones de pesos extra./PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
decade_of_defiance_defenders_report_spa_-_september_2022
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