AGENCIAS
El capturado líder de los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, y cinco subordinados suyos fueron puestos a disposición de un tribunal federal por acusaciones de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó hoy la Fiscalía.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) indicó que el 7 de marzo fueron puestos a disposición del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, con sede en Toluca, Omar Treviño Morales, Juan Pablo Téllez de la Cerda y Ricardo Aurelio Torres Rodríguez.
También fueron puestos a disposición del tribunal, dentro de la misma causa penal, Miguel Ángel Anzaldua Meléndez, Rodolfo Campbell Encinas y Carlos Arturo Jiménez Encinas, apuntó la institución en un comunicado.
El mismo sábado 7 de marzo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, trasladaron Omar Treviño para ser internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, «Altiplano», en Almoloya, estado de México, añadió.
Carlos Arturo Jiménez fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, en Puente Grande, estado de Jalisco; mientras Miguel Ángel Anzaldua, Juan Pablo Téllez, Ricardo Aurelio Torres y Rodolfo Campbell fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, en Villa Aldama, Veracruz.
Corresponde ahora a la autoridad judicial resolver la situación jurídica de los acusados, puntualizó la PGR.
Treviño, alias «Z-42», fue capturado el 4 de marzo en una operación federal encabezada por el Ejército en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, y en una acción simultánea fue arrestado su operador financiero, Carlos Arturo Jiménez.
En ambas operaciones fueron detenidos también otros cuatro miembros de los Zetas, agrupación que se formó en 1999 por desertores del Ejército y, tras más de una década como brazo armado del cártel del Golfo, se independizó en 2010 para emprender una cruenta guerra con otros grupos criminales por el control del territorio mexicano.
Entre las acciones violentas atribuidas al grupo se cuentan ataques a legaciones diplomáticas de Estados Unidos en Nuevo León y Tamaulipas, el incendio de 2011 en el Casino Royale en Monterrey (Nuevo León), en el que murieron 52 personas, y la matanza de indocumentados en San Fernando (Tamaulipas) en 2010.
La agrupación es señalada como responsable de tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de personas y de armas, entre otros delitos.
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