La falta de plena autonomía, junto con obstáculos externos y reticencias internas limitan a las fiscalías estatales anticorrupción indicó la oficina de Washington para América Latina (WOLA).
- “A la luz de lo anterior, los esfuerzos por mejorar su trabajo de estas fiscalías, incluyendo mediante la cooperación internacional en su caso, deben buscar superar obstáculos estructurales como procesos de nombramiento y jerarquías institucionales que amenacen o socaven la independencia de las y los fiscales”, dice el informe, “México: Una mirada más cercana a las fiscalías estatales anticorrupción”. Para este estudio, WOLA se centró en el trabajo de las fiscalías estatales anticorrupción de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz.
Los datos reportados por las fiscalías estatales muestran diferencias en los niveles de financiamiento que recibe cada fiscalía anticorrupción.
Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020 Coahuila inició 537 investigaciones, con cuatro órdenes de aprehensión; Jalisco, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, inició tres mil 25 investigaciones con cuatro órdenes de aprehensión.
- Entre marzo de 2018 y septiembre de 2020, Nuevo León, abrió 592 indagatorias, sin aprehensiones; entre octubre de 2015 y septiembre de 2020, Sonora cuenta con 900 investigaciones y 73 órdenes de aprehensión.
- Finalmente, Veracruz entre 2019 y septiembre de 2020, tuvo un total de mil 691 investigaciones iniciadas y, con datos a partir de 2020, ocho órdenes de aprehensión obtenidas.
En su análisis, WOLA emitió recomendaciones para el mejor desarrollo de esas instancias, como contar con el apoyo normativo, institucional y político necesario para hacer su trabajo eficazmente, y la rendición de cuentas.
Sugirió superar obstáculos estructurales, como procesos de nombramiento y jerarquías institucionales que amenacen o socaven la independencia de la fiscalías.
Contar con planes de persecución que dieran prioridad a la corrupción de alto impacto, así como que la competencia de las fiscalías incluyera todas las prácticas corruptas relevantes.
ESTADOS REZAGADOS
La lucha contra la corrupción en los estados ha detonado muchas denuncias, pero pocas judicializaciones y contadas sentencias.
- Una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señala que las demandas en la materia entran en una zona de opacidad ubicada entre las fiscalías anticorrupción (Poder Ejecutivo), las auditorías fiscalizadoras (Poder Legislativo) y los jueces que dictaminan los casos (Poder Judicial), para luego recorrer los laberintos burocráticos del sistema hasta atorarse en los escritorios de funcionarios sin pericia.
- El reporte, basado en entrevistas con integrantes de Sistemas Estatales Anticorrupción en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua, revela que los estados no logran procesar judicialmente a gobernadores u otros altos funcionarios involucrados en casos de abuso de poder, pero sí castigan, en cambio, a funcionarios públicos de poca monta, como policías o adversarios políticos.
Entre las principales deficiencias están la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, la falta de personal capacitado para procesar los expedientes y la escasez de sentencias.
Javier Garza, Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, señaló que uno de los grandes lastres es la lentitud en la integración de las carpetas de investigación y en el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias.
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre, reconoció que muchos de los expedientes a resolver tienen muy mala fundamentación, lo que hace que pierdan alrededor del 95 por ciento de los casos.
DURANGO, CDMX y EDOMEX CON MÁS ACTOS DE CORRUPCIÓN
El Inegi expuso que en el país se observa que la implementación de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como la existencia de planes y programas a nivel estatal para combatirlo, aún no tienen un efecto en la vida cotidiana de la población.
Al retomar estadísticas sobre la última encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente del 2013 al 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.
- Mientras que del 2017 al 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; es decir, el gasto promedio por persona afectada pasó de 2,273 pesos en 2017 a 3,822 en 2019.
- La población, refirió el Inegi, enfrenta niveles de corrupción crecientes, sobre todo en los trámites del ámbito estatal, por lo que es posible afirmar que la estrategia de combate a la corrupción debe centrarse en lo local.
- El órgano autónomo precisó que a nivel nacional las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción en 2019 fueron Durango, CDMX y el Edomex.
Por otro parte, el Inegi indicó que de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades que actualmente cuentan con una política estatal anticorrupción son: Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.
Mientras que a nivel municipal los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales ya que en 2010 casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, para 2018 un 20% reportó contar con un plan o estar en proceso de elaborar uno./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en Inglés:
Mexico-State-Anti-Corruption-Prosecutors
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