De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) al presentar el Análisis del comportamiento de delitos en 2020, enfoque especial en homicidio doloso, destacó que durante el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.
- El director general del ONC, Francisco Rivas, consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28% en tasas por 100 mil hab.) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal. Este porcentaje, dijo, refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.
“No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló.
El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia y que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro, que la disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un
efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio.
- Francisco Rivas dijo que, hasta el pasado noviembre, 2020 seguía siendo el año con más víctimas. La disminución anual, explicó, se debe a un descenso importante en el mes de diciembre. Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. “El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.
- El director del ONC advirtió que el recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, insistió, no debe ser manejado políticamente. Y fue más allá al establecer que la comunicación de las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable. Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía si no que favorece la toma de malas decisiones de política pública, sentenció.
- El Análisis del comportamiento de delitos en 2020. Enfoque especial en homicidio doloso, del ONC señala que a pesar de las deficiencias aún existentes en el registro e investigación de los feminicidios —todavía 3 de cada 4 se investigan como homicidio doloso de mujer— 2020 fue el año con más víctimas de este delito desde que se tiene registro.
- El documento destaca que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección de estos, dijo, favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.
También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Estos delitos, asegura, exhiben la debilidad del sistema y demuestran que existe violencia política que trasciende al número de victimas, por lo que se debe poner particular atención al desarrollo de una estrategia de seguridad puntual, preventiva y no meramente reactiva
- El análisis advierte además que el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.
Ante este escenario, la organización recomendó que el gobierno federal, que más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, debe velar por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la violencia política./Agencias-PUNTOporPUNTO
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