Luego de la aprobación en lo general de la reforma al Poder Judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, insistió en sus reclamos en contra de estos cambios.
“Reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México”, remarcó.
- En este sentido, sostuvo que los legisladores deberían replantear los cambios que se busca hacer a la judicatura para que ésta no se vea afectada.
- “Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, sostuvo.
Apenas el 1 de agosto pasado, Satterhwaite envió una comunicación al Consejo de Derechos Humanos, en la que dijo que es especialmente alarmante la manera en la que se están impulsando estos cambios a la Constitución.
- Estos comentarios fueron duramente criticados por el presidente López Obrador, quien pidió al organismo internacional no involucrarse.
- “Es un problema también de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos”, acusó.
Dentro de su escrito, Satterthwaite señaló que con los cambios que impulsa el partido gobernante se pone en riesgo la independencia judicial, además de que es lamentable que se haya presionado a los juzgadores desde otras ramas del gobierno en el proceso.
- Esto, “dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces”. En cuanto al contenido de la reforma, Satterthwaite aseveró que las iniciativas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura.
- Al hablar sobre la elección de juzgadores, señaló que “estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”.
En cuanto a la reducción del periodo en el que los juzgadores estarán en el cargo, la relatora recordó que este planteamiento ya ha sido rechazado anteriormente.
“Este mandato también ha concluido que la selección de jueces por periodos cortos debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces”, apuntó.
Satterthwaite también destacó que la reducción en los sueldos a los integrantes de la judicatura podría ser contraproducente.
Colegios de abogados se pronuncian contra reforma
Colegios de abogados se pronunciaron contra la reforma judicial porque “dañaría” la democracia y “sometería” al Poder Judicial, que es contrapeso del gobierno mexicano.
Es indigno que un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo quieran someter, hincar y quieran doblar a un Poder Judicial de la Federación que es el contrapeso en la democracia“, dijo en una conferencia de prensa José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco que reúne mil 700 profesionales.
- Señaló que con la aprobación de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca instaurar la elección popular del Poder Judicial, el Ejecutivo pretende tener “jueces, ministros y magistrados a modo” para sus intereses personales, por lo que pidió al pleno del Legislativo que “no se deje engañar”.
- La reforma judicial impulsada desde el oficialismo, que la discutirá en el Congreso a partir del lunes, prevé la renovación total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la mitad de los jueces en todo el país mediante el voto popular a partir de 2025.
Tello afirmó que la elección popular de los jueces y magistrados tendrá un costo de cerca de 64 mil millones de pesos que podrían destinarse a educación o salud.
Afirmó que el paro indefinido que realizarán los jueces y magistrados a partir de este miércoles es una de las acciones para presionar contra esta iniciativa.
“Esto es un ejemplo claro (de las acciones), mientras el Ejecutivo no razone y tenga los pies firmes para darle una marcha atrás a esa reforma al Poder Judicial, porque es errónea y porque interrumpe y viola las garantías individuales y sobre todo el Estado de derecho”, expresó.
- Los abogados afirmaron que cualquier profesional que quiera estar en el Poder Judicial debe tener una capacitación especial que no cualquier persona puede tener, pues requiere de conocimientos en temas jurídicos y legislativos.
- El presidente del Colegio de Abogados en Juicios Orales, Agustín Flores, dijo que la reforma pretende crear un Tribunal de Disciplina que castigue a los malos funcionarios, una medida innecesaria porque ya existen órganos de control.
“Siempre hay controles, el Consejo de la Judicatura Federal tiene su comisión de disciplina y tienen una figura jurídica, que es la queja administrativa, cualquier persona que advierta que un funcionario no está realizando su función puede hacer saber esa conducta inadecuada”, explicó.
El Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco expuso que uno de cada 10 jueces tiene malas prácticas y que solo en Jalisco hay 2 mil 100 quejas por actos de corrupción de jueces o magistrados que deben ser resueltas por el Consejo de la Judicatura a nivel federal.
Juristas piden una reforma con equilibrio de poderes
Un colectivo de juristas, encabezado por Rafael Estrada Michel, se pronunció a favor de una Reforma Judicial en México que cuide, en todo momento, el equilibrio de poderes.
- No hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave”, afirmó el ex director general de la Judicatura Federal y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- En un comunicado emitido, Estrada Michel indicó que “en el derecho siempre hay complejidad, contexto e interpretación, que no hay normalmente casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre se llega más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión”.
Se detalló que en este colectivo participan también César Alejandro Ruíz Jiménez, Juan Carlos Cruz Razo, Luis Vega Ramírez y Arturo Pueblita Fernández.
- Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público”, consideró Estrada Michel, abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la Universidad de Salamanca.
- El colectivo destacó la importancia de que las propuestas que actualmente se discuten para una reforma judicial, no lesionen la división de poderes “que ha costado décadas instrumentar y poner en práctica”.
- Aquellos que realizan el delicado trabajo de juzgar en todo momento deben tener claro que no tienen por qué agradar a nadie, mucho menos a aquellos que lo votaron, porque su única obligación es encontrar la solución más justa en el marco del orden constitucional”, consideró Ruiz Jiménez, ex asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El colectivo aseguró que la carrera judicial es una de las pocas áreas del Servicio Civil que funciona en el país, por lo que se debe perfeccionar, pero extendiendo su influencia a fiscalías y defensorías públicas.
Los juzgadores deben ser independientes de las mayorías
La propuesta de elegir a los juzgadores mediante voto popular no asegura la calidad en su desempeño y en sus decisiones, indica análisis interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- La iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero último, fue analizada por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de la Corte en el contexto del inicio de los foros de discusión de la propuesta en el Poder Legislativo.
Actualmente esta iniciativa es de gran interés para el presidente, quien ya ha dicho públicamente que buscará que el Poder Legislativo la apruebe en septiembre próximo, antes de que él entregue el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum.
- De toda la propuesta el punto que más ha sido criticado es el de la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces federales, pues existe preocupación sobre los perfiles que serán postulados para ocupar esos puestos.
- De acuerdo con el documento, elaborado por CEC y consultado por Proceso, la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y formación judicial puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes y no resolver los problemas identificados por el Ejecutivo federal en su iniciativa. El centro de estudios advierte:
- “Es posible conceder que la elección tiene el potencial de dotar de legitimidad inicial a las personas electas, pero las condiciones previstas serán, muy probablemente, insuficientes para sostener su legitimidad en el mediano o largo plazo.
“Un sistema democrático constitucional es aquel en el cual el poder político es el poder de las mayorías y en el que las mayorías se encuentran limitadas por la Constitución. En este contexto, las personas juzgadoras —sobre todo aquellas responsables de garantizar el respeto de los límites impuestos por la Constitución— deben ser independientes de las mayorías.
“Si los juzgadores dependen de la voluntad del pueblo para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones pretendan agradar a la de las mayorías en vez de controlar, a costa de decidir en contra de ellas.
“En este sentido, la pretensión de dotar de legitimidad a las personas juzgadoras podría impactar negativamente la posibilidad de asegurar el cumplimiento mismo de la Constitución”.
- Los analistas de la Corte prevén la posibilidad de instituir un esquema intermedio para abrir los concursos de oposición al público en general, como ocurrió recientemente para designar a los nuevos jueces laborales.
- Además, destacaron que una gran parte de los servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo e incluso algunos legisladores federales y estatales no son elegidos directamente por la ciudadanía.
Así, 277 trabajadores de la administración pública federal, como secretarios de estado o titulares de órganos descentralizados, no son electos democráticamente; en el Congreso de la Unión 200 diputados y 32 senadores tampoco son electos directamente por el pueblo, pues se les elige por representación proporcional “sin controles o filtros robustos que garanticen su idoneidad para desempeñar el cargo”.
La propuesta para elegir a juzgadores
La elección de los juzgadores es el primer gran eje en el que se concentra el contenido de la iniciativa de reforma e implica eliminar los concursos que actualmente se realizan para designar a jueces de Distrito y magistrados de Circuito, así como el sistema de designación de ministros mediante el envío de ternas propuestas por el presidente de la República.
- Para ello, el mandatario federal propuso modificar el párrafo octavo del artículo 94 constitucional, que prevé los concursos de oposición para jueces y magistrados para precisar que estos funcionarios serán electos mediante “voto directo y secreto de la ciudadanía”.
Los concursos de oposición seguirán vigentes para designar al resto de los funcionarios del PJF que pertenecen a la carrera judicial: secretarios de acuerdos, proyectistas y, actuarios, entre otros.
“La designación de jueces federales y en la mayoría de los estados es resultado de un ascenso dentro de los escalafones de la carrera judicial (con múltiples exámenes y cursos obligatorios), así como un examen de oposición que asegura que quienes ocupan el cargo cuenten con conocimientos y competencias necesarias para desempeñarlo satisfactoriamente”, señaló el CEC.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente propuso modificar el artículo 95, que establece los requisitos para ocupar este cargo, mediante la precisión de que ya no serán designados sino electos.
Como parte de esta nueva modalidad, también propone adicionar a la fracción VI del mismo artículo un impedimento para ser ministro de la Corte: que el año previo al día de la elección el aspirante haya ocupado el cargo de magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- La convocatoria para elegir ministros será emitida por el Senado el mismo día en que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección, es decir, el 1º de septiembre de cada tres años para que los tres Poderes de la Unión puedan proponer, procesar, votar y postular hasta a 10 candidatos.
- El presidente podrá postular a 10 candidatos; el Congreso de la Unión cinco por cada cámara y el Poder Judicial, a través del Pleno de la Corte, otros 10 candidatos.
El Senado recibirá las postulaciones y verificará que los candidatos propuestos cumplan con los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución y las leyes secundarias, enviará el listado al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC, organismo que sustituirá al actual INE, según otra propuesta enviada de reforma por el presidente) a más tardar el 31 de diciembre del año previo a la elección para que analice y procese el listado, fije las reglas en materia de tiempos oficiales y fechas de foros de debates, periodos de campaña, mecanismos de fiscalización, entre otras.
- Una vez que el INEC realice el cómputo de votos, deberá comunicar de inmediato al Senado para que éste publique la suma y remita sus resultados a la Sala Superior del PJF para que resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare sus resultados antes de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, para que los ganadores tomen protesta el 1 de septiembre del año de los comicios.
En el caso de los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, el presidente precisó que su elección se hará por circuito judicial conforme a la legislación electoral vigente.
- Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, los capitalinos tendrían que elegir a los tres magistrados que integran los más de 40 tribunales colegiados y a los jueces de más de 40 juzgados de Distrito que hay en la demarcación.
- El procedimiento de postulación es similar al de los candidatos a ministro de la Corte, pero en este caso será el órgano de administración judicial quien remita el listado que contenga el número total de vacantes a cubrir, la materia de especialidad y el circuito judicial.
- En este caso, cada poder de la Unión podrá enviar al INEC dos personas por cargo a elegir; en total el listado será de seis candidatos por cargo.
Para evitar el financiamiento ilegal de las campañas, el presidente propuso prohibir la contratación de espacios de radio y televisión para promocionar a los candidatos y prohibir a los partidos políticos realizar actos de proselitismo en favor o en contra de algún candidato.
“La experiencia internacional sugiere que las elecciones judiciales son elecciones de baja información, es decir, es difícil lograr que las personas adquieran suficiente información sobre la función judicial y sobre las competencias de los candidatos y candidatas para hacer una decisión informada”, indica el documento del CEC.
“La iniciativa, al limitar los actos, tiempos y financiamiento de las campañas, propone condiciones para que esta dinámica se replique en México. Esto se traduce en que las elecciones judiciales sean, muchas veces, influenciadas por cuestiones poco relevantes para la función judicial -como la posición del candidato o candidata en la boleta-. Esta ausencia de información de calidad en el proceso de elección posiblemente merme la legitimidad de los jueces y juezas electos”.
- Actualmente, cuando un trabajador del PJF gana el concurso de oposición para ser juez de Distrito o magistrado de Circuito, no puede elegir a qué estado de la República será asignado, esto depende exclusivamente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por lo que muchos pueden ser adscritos a otras entidades lejos de sus lugares de origen o de residencia.
En su iniciativa de reforma, el presidente señaló que, como resultado de la elección, los ganadores no podrán ser enviados a otros estados diferentes a aquel en el que fueron elegidos y sólo podrán ser removidos por el Tribunal de Disciplina Judicial (que sustituirá al CJF según la propuesta) en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la Ley Orgánica del PJF.
Más cambios para juzgadores
Actualmente la Corte está conformada por 11 ministros que permanecen en su cargo durante 15 años y en Pleno resuelven acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, recursos en materia de seguridad nacional y excepcionalmente de algunos amparos de trascendencia nacional.
Los ministros se dividen en dos salas, integradas por cinco de ellos cada una, que conocen de asuntos en materia civil, penal, en la Primera Sala; y administrativo y laboral en la Segunda Sala.
- El Presidente propone reducir el número de ministros a nueve, la duración de su cargo a 12 años y la eliminación de las salas para que sea el Pleno el que resuelva todo asunto.
- La reducción del periodo que durarán los ministros en el cargo se justifica en la iniciativa en que su elección se haga de manera homologada con los comicios federales.
- “La temporalidad actual resulta excesiva e impide una renovación efectiva de los perfiles que integran el órgano máximo del Poder Judicial”, señala la iniciativa.
La duración del cargo de los magistrados de Circuito y de los jueces de Distrito será de nueve años con posibilidad de reelegirse por uno o varios periodos adicionales.
Se adicionan otros requisitos para ser magistrado de Circuito o juez de Distrito como el haber residido en México durante el año anterior al día de la elección y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni gobernador de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su elección.
Como parte de este proceso de elección, el régimen transitorio de la reforma establece que los actuales ministros, jueces de Distrito, magistrados de Circuito, magistrados electorales y consejeros de la Judicatura renuncien a sus cargos el día que tomen protesta los nuevos juzgadores que resulten ganadores de la contienda electoral que, por única ocasión, será realizará de manera extraordinaria.
- Es decir, que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, el Senado tendrá 30 días para integrar las listas de los candidatos y el INEC tendrá un plazo no mayor a un año, también a partir de que la modificación esté vigente para realizar la elección.
- Así, los primeros ministros de la Corte que resulten electos en esta modalidad duren, cada tres de ellos, ocho, 11 y 14 años en el cargo, periodos que serán determinados en función del número de votos que obtengan para que quienes tengan más votos, duren en el cargo por más tiempo.
- Los ministros que renuncien, es decir, que estén en funciones al momento de la elección de los nuevos integrantes de la Corte, no contarán con el haber de retiro que actualmente se les otorga de manera vitalicia a los ministros en retiro o que renunciaron.
Los periodos de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito que sean electos en esta primera ocasión vencerán el último día de agosto de 2030 y quienes tuvieron que renunciar por la entrada en vigor de la reforma podrán ser candidatos para la elección extraordinaria. /PUNTOporPUNTO
Documentos Íntegro en los Enlaces:
https://www.eld.edu.mx/Biblioteca/Estudio-sobre-la-Reforma-Judicial-version-ejecutiva.pdf
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