Uno de los eventos relevantes ocurridos en las estructuras sindicales internacionales en las últimas décadas ha sido la creación de la Confederación Sindical Internacional (CSI o ITUC por sus siglas en inglés).
Puesta en marcha en 2006 tras la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación Mundial del Trabajo, devino en la estructura sindical más grande del mundo con 207 millones de trabajadores en 163 países.
- De su presencia, dos cosas han sido destacables. Una, que la CSI ha tenido un rol más activo y crítico en el mundo del trabajo que sus predecesores. La otra es que desde 2014 pasó a publicar el Índice Global de los Derechos (Laborales), con un subtitulo que desde luego reveló su intencionalidad: Los peores países del mundo para los trabajadores.
- El Índice trabaja con una escala Likert extendida a seis niveles. En el primero aparecen los mejores países para los trabajadores, donde las violaciones a sus derechos son esporádicas. En un nivel sexto-último (5+) aparecen los peores países para los trabajadores, donde no hay garantía alguna para los derechos laborales debido a “la destrucción del Estado de Derecho”.
- Entre ambos extremos se ubican cuatro categorías mediadas. En las categorías dirigidas al nivel más negativo se ubican países con derechos no garantizados y países con violaciones sistemáticas de los derechos. Entre las categorías dirigidas al nivel más positivo, aparecen países con violaciones regulares de los derechos y violaciones repetidas de los derechos, en ese orden.
En el primer reporte de CSI (2013-2014) México apareció como un violador sistemático de los derechos laborales. En los primeros años de la administración López Obrador México mejoró su posición a nivel 3, de violaciones regulares, reconociendo el nuevo marco institucional del trabajo del país y el esfuerzo del gobierno por avanzar en la aplicación de la ley.
- En su reporte recién publicado (2024) México ha regresado al nivel 4, como violador sistemático de los derechos laborales. Con ello, CSI suma México a otros doce países que (califica) deterioraron sus estándares en el último año:
- Costa Rica, Finlandia, Israel, Madagascar, Nigeria, Kazajistán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Suiza y Venezuela. Desde la perspectiva de CSI, México se suma también a la tendencia mundial reciente –y que define como la mayor preocupación–:
Más gobiernos y empresas que atropellan los derechos fundamentales del trabajo, (encaminados a) atacar el derecho de huelga, y el derecho mismo a exigir de manera colectiva unos salarios más justos, contiguo a atropellar la democracia y el Estado de Derecho. Todo ello “mientras millones de hogares se debaten en un extenuante escenario de reducción de ingresos y una arraigada crisis del coste de la vida”.
¿Cómo entender que CSI haya regresado a México a la posición de país violador sistemático de los derechos laborales, cuando el país cuenta con instituciones del trabajo que nunca contó y se han mejorado los salarios mínimos de manera constante (110% efectivos en estos años)?
La respuesta es relevante, digna de reflexión e información. La premisa debiera ser resistirse a los extremos: de los críticos por sistema de la empresa, el gobierno y sus instituciones que aprovecharán el informe para decir “se los dijimos, todo va mal”. Pero también resistirse a la defensa por sistema de gobierno, y la tentación de descalificar el informe, antes de reunir información y argumentos. De ahí que vale recordar que CSI y su informe han sido en las últimas décadas actores importantes del dialogo sindical global.
Sin pretender aquí tener la respuesta, propongo unos puntos de partida para la reflexión.
- Primero, el mundo de nuestros días se sigue complejizando. Lo mismo en lo laboral que en varios y contiguos ámbitos. Hoy al lado de esfuerzos tan plausibles para los trabajadores como el acuerdo T-MEC para atar el comercio al cumplimiento de los derechos laborales, al igual que la ley de Diligencia Debida de Europa Central para seguir la responsabilidad corporativa en la observancia de los derechos humanos, hay fuerzas poderosas actuando en dirección opuesta. Ejemplos, la escalada contra el derecho de huelga crece; en tanto se precarizan todo tipo de derechos en los países en guerra y confrontación.
CSI llama la atención en ello, y los riesgos de retroceso de los derechos laborales que se enfrentan incluso en regiones definidas como la última frontera de lo social, lo humano y del trabajo –como Europa Central y los países nórdicos–.
- Segundo, el Índice de CSI pondera la presencia y la calidad de las instituciones del trabajo (leyes, oficinas, recursos, capitales humanos y sociales, etc.), pero también su ejercicio (¿qué está pasando en el mundo del trabajo real y efectivo?), y el medio ambiente contextual donde todo lo previo opera. Más la opinión de líderes y representantes productivos.
- Tercero, ¿cuál es el saldo de México? ¿El nuevo andamiaje institucional que existe en el país ha alcanzado o no a impactar decisivamente las viejas prácticas laborales, clientelares y de manipulación en que anidaron las relaciones laborales del México post-cardenista? ¿O será que la ausencia de cambios laborales sustantivos en los múltiples ámbitos de gobierno (el mayor empleador del país), pesa mucho más de lo que creemos?
- ¿Y/o será que las luchas y casos conocidos de cambio en industrias estratégicas (como los sometidos al mecanismo de respuesta del T-MEC) no pueden ser suficientes para alterar las relaciones preexistentes? ¿Al final del día qué nos dice la persistencia de los mismos términos contractuales y la ausencia de mejora significativa en los salarios de estos trabajadores estratégicos?
A pesar de lo fuerte o fuera de lugar que nos pueda parecer la nota de CSI para el país, éstas son preguntas que hay que administrar, y ante las que hoy no tenemos respuesta porque carecemos de estudios e información suficientes y apropiados.
¿Es posible que el Índice de CSI haya exagerado y esté fuera de lugar esta vez en la calificación de México? Si, es posible. Pero para contraargumentarlo con propiedad, es preciso primero investigar, reunir información e informar.
19 estados del país se observaron mejorías
El respeto a los derechos laborales mejoró en 19 estados del país, entre 2023 y 2024, debido a factores como la mejora del salario mínimo y eliminación del outsourcing.
- Así lo revela el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP), cuyo objetivo es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho.
- Según el reporte, el avance se dio en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En la revisión anual se evalúan los derechos laborales colectivos, en cuanto a no inclusión de infantes y los individuales, siendo estos últimos los que presentan “la principal mejoría, en factores como el salario mínimo, eliminación de outsourcing, derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ausencia de discriminación laboral, de trabajo forzado e infantil, entre otros”, detalló Eréndira González, líder del equipo del Índice de Estado de Derecho en México de WJP.
Evaluación
Entre los puntos que toma en cuenta el Índice de Estado de Derecho del WJP destacan:
- Salario mínimo.
- Derecho a la seguridad social.
- Ausencia de trabajo infantil.
Apuntalan los derechos laborales
Alza al salario mínimo, seguridad social, ausencia de discriminación y salud en el trabajo son algunas de las mejorías.
Diecinueve entidades de la República Mexicana mejoraron su adhesión al Estado de derecho respecto de los derechos laborales, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP).
- En su reporte, la organización independiente señala que el avance se dio, de mayor a menor medida, en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
- “Observamos que, además de los 19 estados que mejoraron, seis se quedaron igual y siete disminuyeron. La mejoría responde a los cambios importantes al sistema de justicia laboral”, dijo a Excélsior Eréndira González, líder del equipo del Índice de Estado de Derecho en México de WJP.
Señaló que en la revisión anual se evalúan los derechos laborales colectivos, laborales en cuanto a que no hay inclusión de infantes, y laborales individuales, siendo estos últimos los que presentan “la principal mejoría, en factores como el salario mínimo, eliminación de outsourcing, derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la ausencia de discriminación laboral y la ausencia de trabajo forzado y del trabajo infantil, entre otros”.
Quedan temas pendientes como qué va a pasar con las juntas de conciliación y arbitraje. “Se necesita que las entidades asignen mayor presupuesto al respecto”, advirtió la líder de investigación de WJP México.
- El objetivo de WJP es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho. Desde 2015-2016, comenzó a hacer un trabajo muy específico centrado en un país, en este caso, México fue el elegido. Se analiza de manera estatal debido a que no son las mismas fortalezas y debilidades las que tiene cada entidad y, a través de 600 variables, divididas en ocho rubros, miden el Estado de derecho.
El reporte destaca que, aunque en seis de esos ocho rubros el país se mantuvo estancado, hubo avance, además del tema de derechos laborales, en el acceso a justicia alternativa.
“Hemos visto tendencias que son comunes entre los 32 estados. En fortalezas identificamos mejoría, aunque no reflejada en las tasas de homicidios ni en las de victimización, en la percepción de seguridad. En materia de justicia hay dos áreas, la civil y la penal, en la primera, nosotros medimos mecanismos alternativos de solución de controversias, que son los que, a través de un mediador, las personas que tienen un problema de carácter civil, van, acuerdan, dialogan y llegan a soluciones a partir de mediadores, evitando el sistema tradicional de justicia”, puntualizó González.
- Con una medición de 0 a 1, WJP puntualizó que los estados con los puntajes más altos en garantizar el Estado de derecho son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). Esta es la tercera ocasión en la cual Querétaro se encuentra en el primer lugar, mientras que es la segunda ocasión en que Guanajuato y Aguascalientes ocupan las mismas posiciones. Los estados con los puntajes más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35) y Quintana Roo (0.36).
Persiste la brecha
González refirió que, a nivel nacional, lo que vemos es una brecha importante para alcanzar un Estado de derecho fuerte. “Viendo el promedio por entidades, llegamos al 0.41, en una escala del 0 a 1, lo que evidencia una deuda pendiente en materia de Estado de derecho”, dijo.
Respecto de los retos que WJP identificó este año, en la sexta entrega del reporte, está que la mayoría de los estados muestra una contracción en la participación ciudadana, la seguridad, con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, así como el gobierno abierto.
“En el tema de gobierno abierto, cerca de 21 entidades disminuyeron su puntaje, principalmente en transparencia y participación ciudadana, esta última disminuyó en 22 entidades, lo que expone que el gobierno no está generando, de forma proactiva, canales para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas favorables”, subrayó González.
También alerta el tema de ausencia de corrupción; en los últimos años ha habido un retroceso en 20 entidades, principalmente en la policía estatal y en los ministerios públicos.
Así como la justicia penal, que no ha tenido avances y es el rubro peor calificado, con 14 estados en retroceso, diez se quedaron igual y sólo ocho tuvieron algún tipo de mejora, indicó a este diario la representante de WJP México.
Contrapesos, en juego
- La especialista señaló que en los últimos años vieron un retroceso en los temas de contrapesos en cuestión de democracia a nivel estatal. “El contrapeso más afectado es la prensa, así como la sociedad civil”, dijo.
- “Los contrapesos tienen una relación importante en el tema de cumplimiento regulatorio, particularmente en los derechos de propiedad y en el tema en general de Estado de derecho. Cuando hay retracción en ese contrapeso, los mercados lo resienten”.
Y, bajo este panorama y con miras al cambio de gobierno en nueve entidades federativas, González hace un llamado a las nuevas administraciones: “Deben ponderar la importancia que la iniciativa privada tiene en la certeza de reglas claras y un juego democrático establecido, con contrapesos y espacios para disentir”.
Supera 20% la brecha salarial entre hombre y mujeres
Los incrementos al salario mínimo han ayudado a mejorar el sueldo de mujeres trabajadoras, en particular de aquellas que ganan menos, sin embargo, aún persiste la brecha de participación y salario con respecto a los hombres, derivadas de condiciones sociodemográficas como el estado civil, presencia de infancias, grados escolar y flexibilidad de horarios, factores que afectan empleabilidad el ingresos de ellas.
- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) presentó el informe mensual sobre el comportamiento de la economía de marzo, Señaló que una de las explicaciones es la manera en que los centros de trabajo de determinadas ocupaciones y/o sectores dan incentivos a personas que trabajan más horas, perjudicando principalmente a las mujeres que demandan mayor flexibilidad en sus horarios de trabajo, o que no pueden hacerlo en horas extra por las labores no remuneradas que realizan en sus hogares.
- Bajo ese contexto, la Conasami realizó un ejercicio para estimar la brecha salarial entre hombres y mujeres para diferentes rangos de jornada laboral: para las personas que trabajan más de 48 horas a la semana, de 40 a 48 y de 35 a 40 horas. Indicó que se tomó el salario promedio por hora de la población ocupada, subordinada y remunerada, asalariada, de 25 a 54 años de edad para calcular la brecha salarial.
“Se encontró que la brecha salarial de género para el grupo de las personas que trabaja más de 48 horas a la semana es de a 20.3 por ciento. Para las personas ocupadas de 40 a 48 horas es de 18 por ciento; por último, para las personas ocupadas que trabajan de 35 a 40 horas los resultados son cercanos a cero y son no significativos, por lo que no se puede hacer inferencia de este grupo”.
- En el estudio también se agregó una estimación de la probabilidad de las mujeres de participar en el mercado laboral. De los resultados destaca que las mujeres casadas tienen una probabilidad 21.5 por ciento menor de participar respecto a aquellas que no están casadas; la presencia de infancias de hasta 5 años y de infancias de 6 a 12 años reduce la participación en 7.1 y 2.8 por ciento, respectivamente, en comparación con aquellos hogares sin infancias.
- En caso contrario, se observó que, a mayor escolaridad mayor es la posibilidad de ser parte de la fuerza de trabajo, con una probabilidad de participar 31 por ciento superior para las mujeres con estudios universitarios y de posgrado respecto a aquellas que no tienen la educación básica terminada.
Dados estos resultados, se evidencia que la brecha salarial de género crece dependiendo las ramas de actividad y de ocupaciones, así como si se tiene una jornada laboral más extendida.
Persiste la precariedad laboral pese al alza al salario mínimo
Con grandes avances “institucionales” como la reforma laboral, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hereda un país con cerca de 40 millones de trabajadores que no rebasan los límites de la pobreza laboral, con un incremento de personas ocupadas en el sector informal, sin oportunidades de ocupación para jóvenes preparados académicamente, mientras que el crimen organizado se ha convertido en el “quinto empleador” más grande del país.
- A partir de la sistematización de datos oficiales, Willebaldo Gómez Zuppa, integrante del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical (Calis), doctor en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa, expone para Proceso algunos de los pendientes que deja el gobierno de López Obrador, que generó grandes expectativas en 2018, pero que en los hechos “no modificó la matriz económica productiva”, de corte neoliberal, que tiene México desde el gobierno de Miguel de la Madrid.
- Investigador y académico de la UAM Cuajimalpa y de la Facultad de Economía de la UNAM, Gómez Zuppa reconoce que la matriz económica laboral del país “no se puede cambiar en un sexenio”, y que ha significado “una pesada losa que los gobiernos neoliberales desde los años ochenta empezaron a implementar, colocando a México como un país atractivo para el capital extranjero, mediante la inversión extranjera directa a través de los recursos naturales y a través de la oferta de la mano de obra barata y muy calificada”.
Continuar con este modelo ha significado descuidar “la innovación tecnológica, donde hay empleos más ligados a los desarrollos científicos y tecnológicos”.
- El investigador, que se define como “un optimista informado”, admite como uno de los grandes avances en el país el incremento del salario mínimo, por arriba de la inflación, al pasar de 88.40 pesos en 2018 a 248.90 en 2024, aumento que dio pauta a los empleadores para fijar un tope para no pagar más de uno a dos salarios mínimos, de manera que la pirámide salarial se ensancha en quienes tienen esas percepciones.
“En 2018 teníamos 8 millones 487 mil trabajadores que ganaban el salario mínimo, en diciembre de 2023, según datos del INEGI, quienes ganan un salario mínimo son 20 millones 670 mil trabajadores, un incremento de 143.5%”, explica Gómez Zuppa.
- Si a esa cifra se le agregan otros 20 millones de personas que ganan dos salarios mínimos, resulta que la mayor parte de los 58 millones de trabajadores que hay en el país no pasan de percibir entre 250 a 500 pesos al día, “pero no podemos estar hablando hoy de que este conjunto de personas logren rebasar el nivel de pobreza laboral que define el Coneval”, que se refiere al ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, apunta.
- Explica que, considerando que, de acuerdo con el INEGI, una familia promedio está integrada por 4.3 personas, “un trabajador tendría que allegarse poco más de 4 mil pesos, por persona; si pensamos en una familia tendrían que ser 16 mil pesos para rebasar el nivel de pobreza, pero en el caso de las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos no logran llegar a este nivel”.
- Para el investigador, pese a los avances registrados en esta administración, “todavía tenemos una pesada losa como país para revertir esa pobreza laboral, porque a pesar de que tú puedas tener trabajo, tengas contrato, trabajes de ocho o 10 horas, no puedes salir de los niveles de pobreza porque los niveles salariales son muy bajos; ahí todavía tenemos un pendiente para desarrollar”.
Gómez Zuppa alerta que mientras la mayoría de los trabajadores se encuentran en pobreza laboral, “las personas que ganan más de cinco salarios mínimos pasaron de 2 millones 385 mil en 2018, a 678 mil trabajadores en diciembre de 2023 hay una caída drástica de 71.5%”.
Como dato adicional, que considera a los 58 millones de trabajadores del país, es que 60.5% no tiene acceso a servicios de salud, “no cuentan con el IMSS, IMSS-Bienestar ni con el ISSSTE ni con otro sistema de seguridad social en los estados o municipios”, mientras que 38.7 de trabajadores sí cuentan con acceso a la salud por el trabajo.
- El catedrático de la UAM y la UNAM advierte que ese porcentaje de trabajadores sin seguridad social prácticamente se mantuvo inamovible en los últimos años, pues en 2018 era 61% de la base trabajadora, por lo que “el problema es la inspección al trabajo”.
Se incrementó el trabajo informal
- El investigador considera como una de las grandes deudas el crecimiento del trabajo informal, que representa 30% de la base trabajadora, lo que habla de “una economía que no logra dar los mínimos establecidos en la ley, son sectores donde no se reconoce una relación laboral y que no pagan impuesto por la vía del producto del trabajo”.
Recuerda que cuando se declaró la pandemia por covid 19, “se dice que no se cayó mucho el consumo, porque la mayor cantidad de gente que perdió su empleo se fue al sector informal, siguió ganando dinero, no se iba a quedar a morir de hambre en su casa, pero el sector de la informalidad se mantiene prácticamente en el mismo nivel que con los gobiernos neoliberales”.
Gómez Zuppa alerta que una de las consecuencias de no modificar la matriz económico laboral es que el sector de servicios, “donde se requiere poca calificación”, sigue creciendo, y es donde se ubica 60% de los trabajadores.
Preparados pero sin empleo
- En ese sentido, para el investigador se deja una gran deuda para los jóvenes, sobre todo a quienes tienen educación media superior, superior o nivel posgrado.
“En 2018 tenía 875 mil trabajadores con educación media superior y superior como desempleados, y en 2023 estamos hablando de más un millón de personas, es decir, en cuanto tenemos trabajadores más preparados con bachillerato, licenciatura, ingeniería o posgrado la posibilidad de quedarse sin empleo es mucho mayor. Ahí sí sigue un tema de preocupación”.
- En sentido contrario, “los sectores que más se ocuparon son aquellos que tienen primaria completa. El nivel de desocupación pasó de 215 mil trabajadores en 2018, a 150 mil trabajadores, reducción de poco más de 60 mil que lograron tener empleo, situación derivada de no cambiar la matriz económico laboral”.
Ante la falta de oportunidades, Gómez Zuppa advierte que muchos jóvenes preparados, incluso con dominio del inglés, “terminan migrando al otro lado (Estados Unidos), haciendo una actividad igual a la que harían en México, vincularse al sector servicios o a cualquier otro sector, pero ganando diez veces más de lo que se ganaría en nuestro país”, migración que se traduce en el incremento de remesas.
“Se presenta como una buena noticia que hayan crecido las remesas, pero es evidencia de que México sigue teniendo esta gran deuda con sus trabajadores jóvenes para brindarles buenos empleos y bien remunerados”, apunta.
- El investigador alienta a imaginar lo que significa para los jóvenes mexicanos enfrentarse a una encrucijada ante la pobre oferta laboral que ofrece el país, en donde la mayor aspiración es “trabajar por dos salarios mínimos, que representan algo así como 500 pesos, 15 mil pesos al mes, que significa trabajar por más de 48 horas a la semana, pero si se vincula a cualquier trabajo ilegal, en este caso la distribución o comercialización o trasiego de narcóticos, eso es lo que se puede ganar en un día”.
Gómez Zappa lamenta que “para muchos jóvenes no hay otro espacio laboral” más que el ilegal, sólo así se explica que el crimen organizado esté entre el “top cinco de los más importantes empleadores, un dato para asustarse, porque significa que tienes una economía con este gran déficit de brindar espacios laborales que permitan el desarrollo armonioso de la vida social para los trabajadores”.
El investigador apunta que, ante esos datos, poco ha logrado el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, supuestamente diseñado para alejar a la juventud de las redes criminales, pero que en los hechos sólo ha permitido que las grandes empresas vean crecer sus ganancias.
- Explica que si bien a través de ese programa los jóvenes adquieren experiencia laboral, “esa formación no le cuesta al empleador, lo que significa un financiamiento al capital privado, por eso observamos que las ganancias de los grupos empresariales crecieron en este sexenio”.
- Agrega que “el gran problema es que nada los obliga a darle trabajo al joven que tuvieron durante un año o dos, sino que lo desecha y van por otra persona que van a usar por unos años y les va a salir gratis la capacitación”.
Esta situación lleva al investigador a referirse a la rotación laboral, que ronda en 40%, es decir, que por cada 100 que entran al mercado laboral en enero lo más seguro que al final del año 40 se hayan ido. Eso sigue siendo un problema, porque entonces los trabajadores no generan antigüedad, no generan derechos, no generan esta vinculación con sus espacios laborales, más aún cuando más de 50% de los 58 millones de personas ocupadas son menores de 40 años”.
Los sindicatos
El profesor e investigador considera que sin duda una de las apuestas que se tuvo con esta administración fue la democratización sindical, es decir, “construir nuevos espacios de representación, tener una conexión con la base y que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus dirigentes”.
A cinco años de la reforma laboral, Gómez Zappa alerta que sólo 5% de las representaciones sindicales del país han sido electas de manera democrática, y que corresponden a los sectores automotriz y manufacturero, que son los que los socios comerciales del T-MEC, Estados Unidos y Canadá, tenían interés en cambiar las condiciones laborales.
“Tenemos prácticamente las mismas estructuras sindicales que han dominado el escenario laboral, este corporativismo sindical del Congreso del Trabajo, la CTM, la CROM, la CROC la CTC, y se presentan en la actualidad con un halo supuestamente democrático, porque ahora cumplen con la ley, desde ahí sostenemos que se vive un proceso de simulación.
- “Sin duda en este sexenio hubo un cambio importante en materia institucional, la modificación de las leyes, pero el otro tema es la aplicación y la revisión de lo que sucede dentro de los espacios laborales, insistimos en que lo que falta por afinar es el tema de la inspección en materia de trabajo”, sostiene el investigador.
- Al destacar que el trabajo de Calis es precisamente analizar los datos para “ubicar los puntos conflictivos”, Willebaldo Gómez Zuppa refiere que la herencia en materia laboral para el próximo gobierno es muy compleja, y que hasta ahora no se ve reflejado ese diagnóstico en las propuestas de los aspirantes a suceder a López Obrador.
“Las cosas no se resuelven con una varita mágica, que es un poco el discurso de este gobierno, que llegando al poder, teniendo democracia y no corrupción las cosas van a cambiar. Es algo más complejo, tiene que ver con muchos más factores.
“Lo que no leemos en las propuestas, los programas de gobierno, en los planes de las candidatas y el candidato es cómo lograr resolver estos problemas que en el ámbito laboral aquejan a la clase trabajadora mexicana”, alerta el investigador del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2024_ituc_global_rights_index_es.pdf
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
